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Llegó la hora de cambiar

Finalmente, la Corte Suprema de los EEUU rechazó in límine el caso argentino. Ni siquiera consideró su tratamiento. Devolvió el caso al juez Thomas Griesa para que implemente los pormenores de una decisión ya tomada en sus estrados. Esos “pormenores” significan instrumentar lo que haga falta para que los acreedores, que ganaron el juicio en las dos instancias, cobren.

Hace unos 10 días Griesa dijo que la Argentina nunca se había acercado a su juzgado para ofrecer una plan. Que de haberlo hecho se la habría atendido con mucho gusto y se hubieran analizado las opciones que el país proponía.

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Otro peligro más

Hay días en que uno francamente quisiera que no hubiera nada que comentar. Que el país tuviese un día tan normal y sin anuncios preocupantes que no fuera necesario agregar nada. Pero es inútil: todos los santos días nos enteramos de una novedad que siempre pega en el mismo punto: la preocupación por la libertad.

Luego de la increíble introducción de la Secretaría del Pensamiento Nacional -cuyo solo nombre hace correr frío por la columna vertebral- la presidente presentó el día jueves la SIMEFA, un nuevo ente burocrático que se encargará de formular un ráting nacional que medirá la audiencia de los programas de TV y radio de todo el país.

En su discurso, la Sra. de Kirchner admitió desembozadamente que el Estado quiere “saber que escuchan y miran los argentinos… cuáles son sus preferencias”. Se trata de un capítulo más de esta escalofriante novela de Orwell en donde un Gran Hermano omnipresente “coordina estratégicamente” el pensamiento de todos y averigua lo que los súbditos miran y escuchan.

Más allá de este impresentable argumento, resulta obvio que el gobierno intenta un nuevo avance sobre la vida individual para avasallar el cerco de soberanía personal de los ciudadanos. Debe haber un pensamiento nacional coordinado estratégicamente por el Estado y, también el Estado, debe saber lo que escuchamos y miramos. Es la fascia en acción: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Solo falta Benito.

La ofensiva tiene como destinatarios una vez más los medios privados independientes que tienen una visión diferente a la del gobierno en materia económica, política y social. La Sra. de Kirchner jamás aceptará esas disidencias y quiere asfixiar económicamente a quienes las escriben y las comentan. Ya intentaron hacerlo con los diarios y los supermercados, apretándolos mafiosamente para que no anuncien en los medios que tienen una postura críticos hacia el gobierno.

Esa vez lo hicieron como los gángsters actúan en las películas: sin dejar nada por escrito, aplicando amenazas telefónicas y sin escribir una sola línea que permitiera encontrar una prueba documental del plan.

Ahora han salido a la luz. Es más,  es llamativo lo “pretencioso” de la postura siendo que el gobierno está teóricamente en sus últimos meses de mandato. Esta épica sería más compatible con un gobierno caracterizado por la prepotencia de los inicios, pero no por uno cuyos días finales se empiezan a contar cada vez más rápidamente. El incidente sirve para confirmar que estamos enfrente de “cuadros”, de “soldados”, de “mili… tares” no, simplemente de “militantes”.

En efecto, la movida sirve para confirmar una vez más la concepción bélica de la existencia que tiene la Sra. de Kirchner y quienes la siguen: hay un enemigo que utiliza la publicidad para financiar su ofensiva. Si cortamos ese chorro, la ofensiva caerá. Como la publicidad está regida por los rátings, la estrategia es elaborar una medición nueva para que el flujo de recursos publicitarios deje al enemigo y venga con nosotros. La presidente fue descarnadamente sincera, en ese sentido, en su presentación.

El modelo sigue lo que fue la ley de medios. Un pomposo nombre que trasmite la idea de la transparencia y la pluralidad para esconder la verdadera intención de unificar y monopolizar de modo hegemónico la palabra y, finalmente, el pensamiento, para ser coherentes con la creación de la Secretaría que a partir de antes de ayer lleva ese nombre. Se trata de un círculo que cierra y tiene una lógica impecable de dominación, pensamiento único y sojuzgamiento de la sociedad a un poder absoluto.

En este caso también el nuevo ente es presentado como una unidad que vendrá a “federalizar” las mediciones para terminar con los índices que solo miden Capital y GBA. El pararse sobre una anomalía verdadera le da sustento al argumento. Pero aquí no se generan las condiciones para que inversores privados multipliquen las agencias de medición, como antes existían -al lado de IBOPE- IPSA y Mercados y Tendencias. No. Aquí es el Estado el que se va a meter con lo que miramos y escuchamos.

La presidente, pensando que a lo mejor alguien le cree, puso énfasis en decir que el nuevo sistema será transparente y no gubernamental, porque se convocó a once universidades nacionales para estructurarlo. Pero, claro, olvidó decir que la “rectoría” del organismo estará a cargo de la Universidad de San Martín, cuya autoridad principal es Tristán Bauer, que, de casualidad, es el Secretario de Medios  de su gobierno.

Por lo demás, la Sra. de Kirchner quizás olvida que está entrando en un terreno en donde el resultado a entregar es una “medición”. Y el gobierno no puede exhibir en el campo de las “mediciones” antecedentes confiables. Mantuvo intervenido el Instituto de Estadísticas durante siete años y falseó los números de inflación, crecimiento y pobreza en la cara de todos. Persiguió, multó y le hizo juicio a todos aquellos que osaron informar estadísticas diferentes, hasta que la oposición en el Congreso tuvo que intervenir entregando un paraguas protector a todos ellos por la vía de publicar el llamado “índice Congreso”, para que el policía político Guillermo Moreno no pudiera emprenderla contra profesionales privados que lo único que pretendían era dar a conocer los resultados de su trabajo, apoyados en el iniciático principio de la libertad de expresión.

Resultó ser que, como por arte de magia, cuando el gobierno decidió que la estafa era tan evidente que no podía continuar, de la noche a la mañana los nuevos índices de precios (llamados IPCNu) empezaron a coincidir llamativamente con los que informaban los que antes habían sido perseguidos.

¿Pasará lo mismo ahora, con los rátings de la SIMEFA? A las consultoras económicas privadas se las había ninguneado diciendo que ninguna contaba con la parafernálica estructura que se necesita para medir bien los precios; que sólo el INDEC tenía semejante logística. Todo eso terminó con Kicillof dando números iguales a los que antes daban Melconian, Ferreres o Todesca.

Ahora también el argumento es que solo el Estado será capaz de traspasar las fronteras del Gran Buenos Aires para saber bien “que escuchan y miran los argentinos”. ¿Cuánto dibujo habrá en esos números? ¿Cuánta intención de moldear las cosas para llegar a un resultado que, paradójicamente, será lo primero y no lo último que se ponga?

El gobierno está entrando en un terreno que, desde el punto de vista de las libertades públicas, es tan grosero como peligroso. Y su espíritu de avance no se detiene. Ni el horizonte de su final lo amilana. No hay final para ellos.

Zonceras que atrasan

Tres hechos, que parecen no estar conectados, tienen sin embargo algunos denominadores comunes, impensados si uno los mirara aisladamente.

En primer lugar surge, obviamente, el encuentro que protagonizaron la Presidente y el Jefe de Gobierno al dejar abierto el último kilómetro y medio de autopista Illia Norte que termina de conectar el centro porteño con la Gral Paz.

Con unas palabras que uno no sabe bien cómo interpretar la Presidente pidió “no mirar hacia atrás” y “celebrar el hecho de que el trabajo en conjunto y el sentido común permitan resolver problemas…” ¡Pero si eso era lo que medio mundo le ha venido diciendo los últimos ocho años!

Ese tramo de camino no podía completarse porque para hacerlo había que correr veinte metros hacia el Este un alambrado perimetral del aeropuerto Jorge Newbery y la Señora de Kirchner se negó persistentemente a hacerlo impidiéndole a millones de personas un tránsito más fluido y al país un enorme ahorro de combustible.

La presidente con la misma naturalidad habló de la “civilización” política que conlleva el hecho de poder hablar con representantes de otras ideas políticas sin que ello signifique un hito nacional. Pero, una vez más, ha sido ella y el gobierno que ella preside el que se encargó de trasmitir una idea monopólica del pensamiento según la cual sólo el gobierno defiende a los argentinos, solo los que piensan como el gobierno son argentinos y solo el kirchnerismo está en condiciones de interpretar el sentir de los argentinos.

Más allá de que en todo caso debe darse la bienvenida a este cambio, uno debe preguntarse hasta dónde es completamente real. La duda la alimenta justamente el otro caso que merece comentario y que encuentra precisamente aquí su punto de contacto con el episodio de la autopista.

Ayer fue designado en el área del ministerio de Cultura, que ahora preside Teresa Parodi, el llamado “intelectual” Ricardo Forster, uno de los integrantes más salientes de Carta Abierta. Su secretaría será la de la “coordinación estratégica del pensamiento nacional…” ¡¿Qué cosa!? “La coordinación estratégica del pensamiento nacional”.

¿Pero qué diablos es el “pensamiento nacional”?, ¿desde cuándo algo tan absoluta y definitivamente individual como el pensamiento puede transformarse en “nacional”?, ¿cuál de los pensamientos que tienen los millones de argentinos en su condición de ciudadanos libres, será elevado a la categoría de pensamiento nacional?, ¿con qué criterio?, ¿por qué el de Juan y no el de Pedro?, ¿qué significa intentar “coordinar estratégicamente” el pensamiento?, ¿acaso suprimir alguno y privilegiar otros?, ¿y por qué eso debería hacerlo Ricardo Forster?, ¿quién es Ricardo Forster más que Juan Perez?

La Presidente, en la autopista, decía que no había que mirar hacia atrás. ¿Y qué cosa sino “mirar hacia atrás” es volver sobre conceptos de los años ’40 que el mundo dejó atrás por fascistas, por manipuladores de la verdad y por censores del pensamiento libre?

Esta zoncera jauretchiana del “pensamiento nacional” es una mordaza a la libre expresión, es un escrache al desafío; es una policía intelectual. 

También respecto de esto medio país le viene diciendo a la Presidente, a sus laderos de Carta Abierta y a sus ubicuos de La Cámpora que esas son cuestiones que deben terminar en un país pretendidamente moderno como la Argentina. Igual que con la apelación al sentido común, a los principios de la civilización política y a la idea de resolver problemas de la gente común, nadie puede arrogarse la representación del “pensamiento nacional” porque eso supone necesariamente la aplicación de un criterio de selección (encarnado por un “seleccionador”) según el cual lo que opinen determinadas personas tendrá las salvaguardas del poder y lo que opinen otras tendrá la censura, la inequidad y, eventualmente, las persecuciones del poder.

Y, finalmente, la última cuestión aparentemente desconectada de estas dos pero a la que se le puede anotar un denominador común con ellas, es una publicación, justamente de La Cámpora, que en su último número publica un dibujo de Sergio Massa delante de una bandera norteamericana con la frase “vengo a proponerles un dueño”. Pero, ¿se puede ser tan estúpido?, ¿se puede seguir con esta payasada de los “agentes nacionales del imperialismo yanqui”?, ¿se puede seguir mirando -justamente- tan “atrás”?

Mientras los argentinos seguimos colgados de estas banderas que ya no le mueven un pelo a nadie, el mundo avanza y nos deja tristemente atrás. Rodeados de nuestros problemas de creciente inseguridad, narcotráfico, inflación, aislamiento, perdida de empleo. Todos van resolviendo sus problemas y nosotros seguimos atados a rocas atávicas que nos hunden en el fondo del mar.

Por más que la Presidente en un acto aislado le haga restregar los oídos a todo el mundo para asegurarse de que uno está escuchando bien lo que está escuchando, lo que valen son los actos de todos los días. La Señora de Kirchner podrá decir, trepada a una ruta en medio de una soleada tarde de Buenos Aires, que no hay que “mirar para atrás” y que “hay que actuar civilizadamente y con sentido común”, pero si luego se establecen secretarías desde donde se “coordinará estratégicamente el pensamiento nacional” o se pretende transmitir la idea de que el país puede vivir aislado y en la vereda de enfrente de la principal potencia de la Tierra, de nada valdrán los discursos de ocasión.

Es hora de que el espíritu de las palabras presidenciales se haga carne en el pensamiento presidencial y que luego ese pensamiento se transforme en acción. Es posible que así los otros que viven solo para chupar las medias de los poderosos, pretendiendo ser más papistas que el Papa, también se sumerjan en una increíble pero saludable y esperada metamorfosis. De no ser así, las palabras de la presidente solo habrán alcanzado para salir del paso y cumplir con la burocracia de inaugurar un tramo de un camino que será solo de asfalto, en lugar de ser de progreso, de crecimiento y de armonía.

¿Se cortó solo o actuó bajo la indicación de alguien?

Después de tener un gran día por la noticia del Club de París, el gobierno recibió la decisión del juez Ariel Lijo de llamar a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou como un balde agua fría. Obviamente se trata de una novedad de enorme importancia en la causa Ciccone. Tan importante como estirados han sido los plazos del juzgado para decidirla.

En medio de fuertes rumores sobre su desafección de la causa, el juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Di Lillo, que en el verano pasado había elevado esa petición atento a las pruebas que en su opinión se acumulan contra el vicepresidente.

Los considerandos del juez incluyen una ligera variante en la visión del caso. No solo espera interrogarlo sobre el ejercicio de acciones incompatibles con la función que Boudou ocupaba en ese momento -ministro de Economía- sino que tiene intención de saber si el hoy vicepresidente no quiso apropiarse de la empresa.

Ese detalle complicaría mucho más su posición porque las gestiones ante la AFIP ya no serían un mero “tráfico de influencias” sino una gestión para sí mismo, utilizando los organismos del Estado que integraba para favorecerse a sí mismo, en su patrimonio personal.

Son muchos los interrogantes que surgen a partir de esta novedad. En primer lugar, Boudou no ha sido citado solo. Vanderbroele, Nuñez Carmona y dos integrantes de la familia Ciccone también deberán responder las preguntas del juez. Eso puede provocar contradicciones y respuestas diferentes según sea lo que cada uno ese dispuesto a decir para cuidar su propia postura. Es posible que por razones políticas el vicepresidente esté dispuesto a llegar solo a cierto punto en su declaración, pero los demás que no tienen esos compromisos. ¿Callarán? Ese es un punto interesante a tener en cuenta.

El otro tema tiene que ver con la propia actuación del entonces ministro. ¿Se cortó solo o se movió bajo el amparo o quizás bajo la indicación de alguien?

Elisa Carrió sostiene en este punto que Boudou actuó por indicación de Néstor Kirchner. El periodista Hugo Alconada Mon destaca un sospechoso movimiento en la composición accionaria de The Old Fund (la teórica propietaria de Ciccone hasta su estatización) justo el día de la muerte de Kirchner a través de una sociedad uruguaya, denominada Dusbel, que si ni siquiera tenía radicación en la Argentina.

Por otro lado, Boudou se declaró distanciado de Nuñez Carmona pero sigue compartiendo el abogado. ¿Llevarán una táctica conjunta de declaración indagatoria?

Muchos consideran que dadas las características propias de este gobierno es imposible que una operación de esta magnitud pueda haber sido pensada y ejecutada por el ministro de economía para su propio beneficio sin la anuencia de autoridades superiores. Aún cuando haya sido una idea de Boudou, nadie cree que pueda haber actuado por las suyas.

También resultará interesante ver la reacción del gobierno, y particularmente de la presidente, Boudou ha sido su elegido en soledad. El nombramiento para la fórmula de 2011 sorprendió a más de uno y la responsabilidad por su elección lleva el nombre de Cristina Fernández en soledad.

Es muy posible, como ya ha sido insinuado por el ministro de Defensa Agustín Rossi, que el gobierno intente apoyarse en la figura de Mauricio Macri, que fue procesado por Oyarbide en el caso de las escuchas y que, aunque el juez Casanello anuló dichas actuaciones (decisión ahora apelada), se mantuvo en su cargo sin problemas mientras el caso se substanció.

También está la propia posición de Boudou, quizás la más disparatada de todas (aunque el gobierno la suscribió hoy en parte de la mano también de Rossi): declararse una víctima de “los sectores que no le perdonan haber estatizado las AFJP”. Esta versión es directamente risible.

Para asombro de todo el mercado asegurado por aquel sistema -que solo unos meses antes (y ante la presión del gobierno por lograr un “pasaje voluntario” al sistema de reparto para quedarse con todos esos recursos) se había expedido en una proporción de 8 a 2 a favor de mantener el sistema mixto de AFJP-, los operadores de aquellas compañías le entregaron el sistema envuelto para regalo con moño y todo. Jamás nos enteramos de que ninguna de aquellas empresas -muchas subsidiarias de bancos- hayan hecho un solo amague de defensa. El embretamiento al que el Estado había sujeto el mecanismo se había alejado completamente del espíritu original de construir un verdadero mercado de capitales y ninguno de los operadores estaba conforme con su funcionamiento. La estatización les sacó un problema de encima. ¿Quién se querría vengar de alguien que les hizo un favor?

Y por último, aunque no menos importante, está el aspecto institucional. El vicepresidente es quien ocupa la presidencia en caso de ausencia del presidente. Es más, el día de su indagatoria, la Sra de Kirchner estará en Brasil en la reunión de los BRICS si es que decide aceptar la invitación de Rusia para asistir, cosa que obviamente ocurrirá. De modo que Boudou será el presidente en ejercicio.

Pero estos son solo detalles para un gobierno que ha demostrado más de una vez no estar demasiado preocupado por las formalidades republicanas.

Lo cierto es que los meses que siguen serán muy importantes para develar (o intentar hacerlo) los vericuetos de uno de los casos de corrupción pública que más estrépito han causado y cuyas raíces se sospechan pero no se saben con certeza. El mismo día que la justicia suiza confirmó que Báez depositó en uno de sus bancos U$S 22 millones, también se abre el primer paso para saber si Boudou fue un vivo que quiso aprovechar el poder para enriquecerse o fue un engranaje de un poder mucho mayor que el suyo.

Un primer paso bienvenido y plagado de interrogantes

El acuerdo dado a conocer ayer con el Club de Paris es muy importante. Cualquier gestión que vaya desbrozando el cardal de espinas que tendrá el gobierno que venga -cualquiera sea- es bienvenida.

Esta deuda es vieja y viene en default desde el estallido del 2001. Varias veces se anunció su pago, pero nunca se cumplió. Se elevó a la categoría de obstáculo insalvable la condición de auditoria por el FMI que el Club dispone para aquellos deudores que proponen planes de pago.

No están claras aun, a horas del anuncio, cómo serán las condiciones de ese seguimiento, pero, una vez más, todo arreglo que contribuya a volver a poner al país en el listado de los normales y sacarlo del conjunto de rebeldes sin causa que revolotean por los márgenes del mundo, bienvenido sea.

Se trata de una propuesta larga: cinco años con dos de gracia. Esto necesariamente comprometerá al próximo gobierno. Pero los perjuicios de seguir siendo un paria internacional son tantos que, llegado el caso, el país debía cerrar los ojos y arreglar estos entuertos antiguos.

La pregunta es si el gobierno considera esto algo necesario, positivo, y si comparte la concepción global por la que el resto de la comunidad civilizada entiende el episodio como un avance.

Porque frente a estos desarrollos el gobierno ha mostrado hasta aquí varias caras. Por ejemplo, ¿qué piensa Carta Abierta de este acuerdo?, ¿qué piensan los grupos afines al gobierno como Unidos y Organizados, D’Elía, Hebe de Bonafini y otros por el estilo que muchos estarán preparados para decirme que son “cuatro de copas” pero que a la hora de estar en la primera fila de los actos oficiales no faltan?

También estoy de acuerdo que todos ellos, como el mono, “bailan por la guita” y si las ordenes de la Jefa son que, para seguir usufructuando los privilegios de su omnipresencia en el Estado, es necesario acordar con el Club, pues se acordará con el Club.

Pero estos ingredientes marginales, que sin duda son útiles para discernir la verdadera aproximación del gobierno a estos acuerdos, también sirven para intentar saber si por el hecho de avanzar en estas negociaciones la Argentina mejorará su imagen al único efecto que sirve: que entren dólares al país.

Y allí entramos en un terreno pantanoso. Podríamos decir que, si bien el cierre de esas viejas deudas es una condición necesaria para que las divisas vuelvan a fluir a la Argentina en una época que el Wall Street Journal definía ayer como de “entrada de dinero a raudales a los mercados emergentes”, no es una condición suficiente.

Si en otros terrenos el gobierno sigue dando muestras de apostar a una radicalización intransigente de un modelo épico, en guerra permanente con las concepciones promedio del mundo global, pues el acuerdo tendrá un efecto parecido a lo que hasta aquí fue el arreglo con Repsol: si bien ese era un ítem también reclamado por la racionalidad económica, su efectivización no redundó en un cambio de la perspectiva de esa empresa respecto de la Argentina (por ejemplo para su participación en Vaca Muerta). Al contrario, ni bien resolvió aquello, vendió su participación restante en YPF y salió corriendo del país.

Por lo tanto la noticia se recibe con expectativa y con la visión puesta en los márgenes que aun quedan por dilucidar. La transformación del país en un centro de las inversiones mundiales no es el resultado de un acuerdo espasmódico para pagar lo que se debe. Eso, por supuesto se da por descontado. Pero es necesario agregarle toda una concepción global de la relación de la Argentina con el mundo que por ahora se ve muy difusa.

¿Cómo puede sonar, por ejemplo, en los centros de decisión mundial que el “think tank” que se supone es la usina de ideas del gobierno, diga que la eventual continuidad de este modelo no puede quedar en las manos de un “moderado”? ¿Y a quien buscan, a alguien que siga incendiando todo?

En ese contexto va a costar que el acuerdo con el Club de Paris produzca las consecuencias benéficas que anunciaban quienes que lo aconsejaban.

Por supuesto que el gobierno ha avanzado finalmente en el sentido de lograr un entendimiento por algo. No lo ha hecho por nada, gratis. La Sra de Kirchner no hace nada si no entrevé un efecto que la favorezca.

Las semanas que siguen serán cruciales para develar estas dudas que rodean el acuerdo con el Club de París. Por ahora se celebra el inicio de un camino que, al menos, cumple el primer objetivo de hacer de la Argentina un país honorable que honra sus deudas. Es el primer paso. Era necesario darlo. Solo el tiempo dirá si solo ha servido para recuperar parte de la honra perdida o si, además, pudo ser el primer indicio para volver a reingresar a la órbita de la Tierra.

A propósito del impuesto a las ganancias

La expresa decisión del gobierno, confirmada tanto por la presidente como por el ministro de economía, de que no van a modificar el mínimo no imponible de ganancias constituye otra confirmación -por si hiciera falta- del rumbo y del modelo que encarna la idea que gobierna al país desde hace once años.

Como se sabe, en la gestión de la Alianza, el ministro José Luis Machinea introdujo modificaciones al impuesto generando una serie de escalas según los ingresos (conocida como “la tablita de Machinea) para alcanzar a más personas a la base de tributación y con ello acercar más recursos a las siempre voraces y nunca conformes fauces del Estado.

De eso han pasado ya 14 años. Los valores en pesos de aquella “tablita” siguen siendo los mismos. Sí, sí, como lo escucha: los valores en pesos de aquellas escalas siguen siendo los mismos hoy, 14 años después de una inflación creciente y evidente.

Como consecuencia de ello, hoy prácticamente toda la población económicamente activa en blanco, en relación de dependencia o independientes, paga impuesto a las ganancias sin que ningún mínimo lo proteja. Es más, las injusticias entre trabajadores en relación de dependencia y autónomos, entre los que entran en escalas subsiguientes por un aumento nominal de salarios y entre las personas verdaderamente ricas y aquellas que han cometido el inverosímil pecado de estudiar, emplearse y tener un puesto más o menos importantes en una empresa, son absolutamente desquiciantes.

Frente a todo esto, el gobierno tiene un solo argumento: si cambiamos este esquema, actualizamos las escalas, aumentamos el mínimo no imponible o ajustamos por inflación el ingreso de los autónomos, no podemos financiar los programas sociales, así que “sáquense la careta y digan: nosotros queremos que baje o se suprima la asignación universal por hijo”. Esta fue palabras más, palabras menos, la reacción oficial.

La cuestión tiene importancia porque estas decisiones indirectamente definen el perfil de país que se ha construido en los últimos años y el modelo que se pretende profundizar. Se trata de un sesgo por la informalidad, de una preferencia por la miseria igualitariamente repartida, de una desconsideración al esfuerzo, al estudio, al deseo de progreso y una opción por el clientelismo y la pauperización de las condiciones sociales.

El gobierno prefiere dejar exhaustas a las fuerzas productivas formales de la economía aspirando todos los recursos que producen para transferírselos a los sectores informales que pasan a depender clientelarmente del Estado. El desafío “moral” de Kicillof (“digan que quieren eliminar la AUH”) no es otra cosa que una chicana.

El asalto al bolsillo de los argentinos productivos de todos modos resulta insuficiente para darle a los argentinos marginados un buen nivel de vida (la AUH, con la recomposición anunciada, no llega a $650), con lo cual el gobierno ha encontrado una ecuación perfecta para reunir de un solo plumazo lo peor de los dos mundos: deja esquilmados a los argentinos formales y, aun así, no puede llevar a la dignidad a los argentinos informales.

Antes de seguir con el análisis del costado económico de esta realidad, hagamos una digresión política: resulta obvio que con este procedimiento el gobierno coopta voluntades de gente que se forma la impresión de que es efectivamente posible vivir de la limosna estatal, “rebuscándosela” aquí y allá sin ingresar nunca en la economía formal. Se estima que hoy en día esa masa puede rozar el 20% de las personas en condiciones de votar.

Por lo tanto, es por aquí por donde deben buscarse las racionalidades de estas decisiones. Está claro que, desde el punto de vista económico, el sistema no resiste el menor análisis.

Si realmente se quisiera mejorar las condiciones de vida de esos sectores en la Argentina, deberían ocurrir dos cosas: por un lado el gobierno debería facilitar las condiciones para que se genere trabajo genuino y, por el otro, esos argentinos deberían estar dispuestos a aceptar esos trabajos que se generen en lugar de preferir los planes asistenciales.

Para lograr esto el sector productivo del país debería disponer de excedentes que puedan ser derivados a la inversión, al mejoramiento de la infraestructura y a la innovación tecnológica. Si esos excedentes son aspirados por el gobierno para alimentar planes con los que se captan voluntades políticas, seguiremos sin generar trabajo y fomentando la informalidad de vivir a la espera de un plan.

Por eso las definiciones de la presidente y de su ministro son importantes en el sentido “filosófico”, para saber el contorno de país que se prefiere y que se moldea.

Ese país es el del socialismo, aquel que Churchill definía así: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria.” Es el perfil que uno observa hoy en Caracas o en La Habana en donde se multiplican los edificios descascarados, las viviendas enmohecidas y precarias, en donde una extensa red de miseria cubre el campo visual de cualquier observador.

El llamado proceso de redistribución de la riqueza -para el que la herramienta impositiva es esencial- se ha convertido en un proceso generador de pobreza en la que caen los esquilmados trabajadores formales, los empresarios y los trabajadores independientes, y de la que no pueden salir los asalariados informales, los indigentes y los marginales.

El esquema económico en el que estamos profundizará este perfil. Bajo la demagógica careta de ayudar a los que menos tienen y bajo la chicana moral de que, quienes se nieguen a ello, quieren la exclusión de algunos argentinos, seguiremos construyendo un país cada vez más mísero, con menos trabajo real, con menos riqueza y con más dependientes de la limosna política. Será un perfil en donde el verso de la “moralidad” y la “solidaridad” tape la verdadera inmoralidad de mantener a propósito en la miseria a millones a cambio de que crean que el gobierno los ayuda y cubra la verdadera insolidaridad de perpetuarse para siempre en el poder.

La celebración de un fracaso

En el pasado día miércoles y con ánimo festivo, la presidente anunció el aumento de la Asignación Universal por Hijo a $644, un 40% respecto de la percepción anterior de $ 460.

Se trata de la admisión pública de un fracaso económico estridente. En primer lugar, la asignación debería ser por definición un programa  de emergencia asistencial  muy reducido, casi periférico, para una franja muy excepcional de la población. Contrariamente a eso, son cada vez más las personas que cobran ese plan y muchas las que casi dependen clientelarmente de él.

Que un país cuyo gobierno se ha estado vanagloriando de haber provocado un nivel de actividad económica que ha producido un crecimiento “chino” de su economía deba seguir asistiendo a millones de personas con una limosna impresentable de $ 650, es la admisión lisa y llana de que lo que ha ocurrido aquí es la venta de una enorme escenografía, una puesta en escena que tiene cada vez menos espacio para seguir convenciendo.

Otro de los reconocimientos tácitos que el anuncio implica es, obviamente, la tasa de inflación. El ajuste admite la pérdida del valor adquisitivo de la moneda local y la enorme devaluación de su capacidad de compra. Es más, considerando el rubro alimentos, la asignación anunciada ayer está por debajo de los movimientos de precios que en ese rubro se han producido desde junio del año pasado hasta ahora y también desde el año 2009, momento en que el plan fuera anunciado por el gobierno, tomándolo del proyecto de los diputados Prat Gay y Carrió.

Del anuncio de la Sra. de Kirchner también se desprende que todos los que reclaman un aumento del mínimo no imponible de ganancias deberían ir despidiéndose de esa aspiración. La presidente fue clara al decir que estos planes se financian con los ingresos de IVA y Ganancias y que cualquier retoque hacia la baja en esos impuestos haría imposible la continuidad del beneficio.

Esa confesión también revela que son los trabajadores con un sueldo en blanco los que pagan esta enorme transferencia de recursos. En efecto, hay más o menos un millón y medio de empleados en relación de dependencia a quienes se les aplica el impuesto a las ganancias para financiar, entre otras cosas,  la asignación universal.

Se trata de una manera cómoda y segura de proveerse los recursos para mantener esta situación clientelar. Resulta obvio que esta no es la manera ideal de vivir, ni el cuadro ideal de una sociedad. Con el flujo de recursos que circularon por el país en estos últimos 10 años deberían haber creado las condiciones económicas como para que el país genere una actividad genuina que emplee gente de modo auténtico en actividades concretas y verdaderas que multipliquen el producto real de modo de no estar hablando hoy de cifras infladas sino de estadísticas tocables y contables.

Es más, lo que la presidente definió como un “aumento del 40%” no es tal porque a esos números debería descontársele la inflación del período, ejercicio que, si se hace, arrojaría, como vimos, un resultado negativo en materia de poder de compra sobre la canasta básica de alimentos. “Aumento” habría sido si la inflación del período hubiera sido del 3%. En ese caso el “aumento” hubiese alcanzado al 37% neto.  Pero lo de ayer fue un nuevo acto de realismo mágico, solo explicable si se admite estar especulando con el bajo nivel de comprensión económica de vastos sectores sociales.

Ese es, también, un cinismo bajo y lastimoso: aprovecharse de que mucha gente no domina estos tecnicismos para hacer aparecer lo que se dice como una mejora manifiesta y encima como una concesión graciosa y bondadosa del Príncipe, ya entra en un terreno en donde el juzgamiento no debería  ser económico sino moral.

Esta presentación de los hechos confirma un estilo y una táctica. Lo que en realidad es la prueba de un fracaso económico, se presenta como un beneficio redistributivo fruto de la convicción revolucionaria de sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Ya vimos cómo, en realidad, se les saca parte de su ingreso a los que tampoco tienen mucho y, también, cómo los que reciben, reciben algo que no es lo ideal, ya que una economía organizada y productiva (que además por obra de la Naturaleza y de las condiciones internacionales y a pesar de las políticas oficiales, generó fortunas en los últimos 1diezaños) lo que debería haber entregado son buenos salarios, producto de la generación de trabajo real.

Quizás lo que nos viene ocurriendo -y que fuera ratificado anoche- es un enorme pacto tácito entre un gobierno que prefiere la demagogia y una sociedad que prefiere los planes. Lo ideal, obviamente, sería un gobierno que prefiriera la inversión y una sociedad que prefiriera el trabajo. Pero por algún sortilegio del destino, parecen haberse combinado en la Argentina dos conveniencias que se retroalimentan y se benefician mutuamente: un gobierno que regala dinero en lugar de generar las condiciones para que haya trabajo, y una sociedad (para ser sinceros una parte de ella) que prefiere la dádiva y el “rebusque” al trabajo formal.

Más de una vez dijimos que el socialismo está doctorado en escasez. Lo común en él es la limosna, la insuficiencia, el racionamiento, la pobreza; la igualdad ante la falta. El kirchnerismo ha puesto en ejecución esas ideas. Hoy el 80% de los jubilados cobra la mínima, una miseria de $ 2700. Cada vez más argentinos cobran la “asignación”, ahora de $ 644. Las cifras dan vergüenza. Son un cachetazo a la grandeza argentina. Pero lo más preocupante es la celebración; el ambiente festivo del que se rodean estos anuncios. Cuando la mera existencia de una “asignación por hijo” debiera ser una afrenta para un país moderno y afluente, aquí es una fiesta que exista y que “aumente”, aun cuando el “aumento” sea otro engaño.

Algo muy profundo anda muy mal en la Argentina para que tomemos como “normal” lo “anormal” y como “bueno” lo “malo”. Se trata de un retorcimiento tan grande del sentido común promedio de la sociedad que si Gramsci viviera no podría creer que el país que primero tradujo su obra en el mundo hubiera llegado tan lejos en su aplicación.

El truco de los perejiles

El viejo truco de emprenderla contra los giles para hacer un poco de ruido que deje conformes a los que reclaman mientras, por el otro lado, se deja vivitos y coleando a los responsables principales de los hechos. Esto es lo que parece haberse operado en el juzgado de Casanello con el procesamiento de Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.

Lo que está ocurriendo es un plan

Hace una semana titulábamos esta columna Todo nuevo bajo el sol del crimen, en referencia a unos comentarios de la Presidente sobre el delito. La Señora de Kirchner decía en aquel momento, mostrando una tapa de Clarín del año 1993, que nada había cambiado en la Argentina en materia de inseguridad, que “no había nada nuevo bajo el sol”, en alusión a que los que delitos de hoy no habían empezado con su gobierno.

Nuestro argumento en aquella oportunidad fue que, al contrario, en los últimos años se había profundizado un cambio sustancial en la visión clásica sobre la delincuencia y el delito en el sentido de que ahora una corriente minoritaria pero muy presente en el activismo judicial y político había ganado el centro de la escena ideológica batiendo el parche de que los delitos y los delincuentes no son una actividad ilícita que proviene del simple hecho de violar la ley y de causar daños materiales o físicos a las personas, sino que son la consecuencia de un mal anterior -del verdadero y único mal, según esta idea- que comete la sociedad al excluir a determinada población del goce de una vida igualitaria.

Esa exclusión sería el resultado de la aplicación de medidas racistas, sexistas y oligárquicas que basándose en el color de piel, en el origen social o en el sexo de las personas, intencionadamente condena a una parte de ellas a la pobreza, a la marginación y a la miseria.

La reacción de esas personas contra la sociedad racista, oligárquica y sexista sería lo que a su vez ésta llama “delitos” porque los considera atentados contra su propiedad o incluso contra su vida. Como esa sociedad nefasta es la que tiene el poder de reprimir, sanciona leyes para hacer penalmente responsables a los que en realidad son sus víctimas; víctimas de la exclusión y de la segregación.

Esta teoría fue ratificada ayer en una participación en la Feria del Libro por dos fiscales del poder judicial de la nación. Los doctores Javier De Luca y Alejandro Alagia expusieron esta tesis en defensa del proyecto de nuevo Código Penal, explicando que la pena al llamado “delito” debía ser reducida a una mínima expresión porque su convalidación era una manera de continuar el daño que se le había hecho a las personas a quienes la concepción del actual código conservador y oligárquico persigue.

Estas personas, según ellos -y en coincidencia con lo que explicábamos hace una semana- son las verdaderas víctimas y su persecución y condena no sería más que un ensañamiento de la sociedad que, no conforme con el daño que ya les causó, los persigue y los encierra.

Ratificando lo que decíamos el 24 de abril, los delincuentes y el delito serían en realidad manifestaciones de respuesta de las víctimas de la sociedad hacia la sociedad: una forma de emparejar los tantos de la Justicia. La sociedad no sólo debería abstenerse de perseguir y castigar penalmente a estas personas sino que debería aguantar los “actos de justicia” que se comenten contra ella (robos, violaciones, asesinatos) porque esas conductas no serían delitos sino manifestaciones de un conflicto social no propuesto ni querido por quienes los cometen sino por la sociedad que los segregó.

Siguiendo esta línea de ideas, llegaríamos a la conclusión de que la presente situación en la que vivimos en la Argentina no es la manifestación del fracaso de una política de seguridad mal implementada o mal concebida sino el resultado querido por la concepción que logró imponer su punto de vista en el poder judicial y en las corrientes de opinión política.

Esto es lo “nuevo bajo el sol”. Hace 20 años estas teorías (como también ocurre con ellas en todo el resto del mundo civilizado en donde no puede anotarse un solo país que las aplique) estaban en los márgenes del pensamiento político, judicial y penal de la Argentina. Allí aparecía el inefable juez de los inmuebles de usos múltiples, Eugenio Zaffaroni, explicando sus alambicadas ideas sobre las verdaderas víctimas y los verdaderos victimarios, pero poco más podía anotarse en ese sentido. Veinte años de constante repiqueteo en la Academia no ha transformado a estos pensamientos en mayoritarios pero sí en minoritariamente influyentes.

El kirchnerismo ha sido un recipiente apto para recibir los agregados de estas ideas y hoy es la manifestación política que abre paso a su implementación. Las ideas que en materia social ha desplegado el gobierno han introducido, en efecto, en la sociedad, quizás por primera vez de manera masiva, los conceptos de racismo, clasismo, sexismo, segregación, exclusión. Se ha valido de una impresionante penetración en los medios para machacar sobre estos conceptos y ha logrado transformar en políticamente correcto el pensamiento según el cual la sociedad debe sentirse culpable por lo que le ocurre a parte de sus ciudadanos. Y en alguna medida debe pagar por ello. Ese pago consistiría en aceptar que se la robe, se la viole y se la mate porque esos actos equilibran la balanza de la igualdad y la Justicia.

El domingo, en un acto del kirchnerismo puro en donde estuvieron presentes y hablaron Milagro Sala, Carlos Zanini, Luis D’Elía y el candidato a presidente preferido de Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández, también habló el director del SEDRONAR el padre Juan Carlos Molina que dijo que para “ellos”, “nosotros somos basura, chorros, negros…”

Sin bien Molina no aclaró lo que debía entenderse por “ellos” y por “nosotros”, no es difícil interpretarlo si seguimos las instrucciones que surgen de estas ideas.

De modo que los que creen que son honestos deberían revisar sus conceptos. Los que, creyendo aquello, esperan que en algún momento se persiga a quienes en su criterio son los delincuentes, también deberían ir pensando en cambiar sus convicciones.

Lo que está en marcha es un plan. No es la consecuencia de la mala praxis, de las malas leyes o de la mala suerte en la aplicación de una política de seguridad. No, no, no. Lo que está ocurriendo se quiere que ocurra. Y como tal, seguirá ocurriendo.

Sobre el “empoderamiento”

La presidente parece haber inaugurado el reinado de un nuevo término. No pasan dos frases en sus frecuentes apariciones en cadena nacional sin que pronuncie la palabra “empoderar”. Con este concepto la Sra. de Kirchner parece querer trasmitir la idea de que su gobierno está embarcado en la tarea de trasmitirle “poder” a la sociedad, en su criterio, retirándoselo a las “corporaciones”.

La luminaria tarea del kirchnerismo, aquella que vino a abrir una senda revolucionaria en la historia del país, sería, según este idea, la que consiste en producir un enorme trasvasamiento de poder a favor de “la gente”.

Pero cuando uno analiza estos años enseguida advierte una enorme contradicción. O estamos frente a una nueva mentira que, con una elipsis del lenguaje, pretende disimular una realidad opuesta, o la presidente tiene un concepto sumamente discutible de lo que debe entenderse por “sociedad” o por “gente”.

La sociedad es la resultante de un conjunto de individuos privados que, organizados bajo un orden jurídico racional, se da sus propias normas y elige sus propias autoridades para satisfacer el costado gregario del hombre que lo inclina a interactuar son sus semejantes en una determinada porción de territorio.

En esa interacción, las personas ponen en funcionamiento resortes de vida propios que, siempre de acuerdo con la ley, materializan el funcionamiento cotidiano del país, determinando su progreso, su estancamiento o su decadencia. Parte de la organización institucional supone la organización de un gobierno que se encargue de la administración común, pague los gastos y entregue las condiciones de seguridad mínimas para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida de acuerdo a cada uno de sus horizontes individuales.

Para realizarse en la vida cada individuo necesitará del otro, porque todos llegamos al mundo en alguna medida “incompletos”. La interacción con el otro nos permite “completarnos” y a partir de allí progresar.

Como resultado de esas múltiples interacciones surgirán por supuesto individuos (o uniones de individuos) más “poderosos” que otros, pero esta es, en alguna medida, la gracia de la vida: el hecho de que cada uno pueda avanzar gracias a su capacidad, a su esfuerzo, a su voluntad y al tipo de asociaciones o relacionamientos que desarrolle.

En ese sentido es correcto que en una sociedad surjan sectores fuertes, poderosos, “empoderados”, diría la presidente. El “empoderamiento” natural y espontáneo es el único “empoderamiento” democrático porque surge del ejercicio de la libertad y del uso combinado de los derechos civiles. En todo caso ese “poder” es accesible por todos, porque todos, en un ámbito de libertad y de igualdad de oportunidades, tienen la capacidad individual de construir una vida “empoderada”

Pero el sistema social que la Sra de Kirchner tiene en mente es muy diferente. Ella parte de un concepto también muy distinto de lo que debe entenderse por “sociedad” o por “gente”. Según esta idea la sociedad no es la resultante  de la vida conjunta de un grupo de individuos libres cuyo “poder” consiste justamente en vivir libremente y tejer las asociaciones que les permitan cumplir sus metas o realizarse en la vida. Al contrario, si por el imperio de la libertad y por el ejercicio normal de los derechos civiles, ciertas personas lograran formar asociaciones privadas “poderosas”, esa no sería una señal de que el poder lo tiene “la gente” o la “sociedad” sino que grupos “concentrados” le han arrebatado ese poder a los débiles por lo que es preciso la intervención del Estado para que ese “poder” regrese a la verdadera “sociedad”.

Es de ese “empoderamiento” del que habla Cristina. Cuando pronuncia esa palabra lo que busca es más poder para el Estado, con la única diferencia que lo disfraza, haciéndole creer a la gente que lo reclama para ejercerlo en su propio favor.

Para la presidente la “sociedad”, “la gente” es el Estado, y el Estado es ella. Cuando legisla para retirarle poder a los privados “poderosos” no lo hace para trasladárselo a nadie sino para quedárselo ella. Con la diferencia entre el poder que saca y la ilusión que vende hace lo que en la historia del mundo se conoce como demagogia.

No hay mejor manera de “empoderar” a la sociedad (si es que la presidente fuera sincera) que permitir un alto grado de ejercicio libre de los derechos para que justamente la ciudadanía privada que conforma la sociedad sea la realmente poderosa. El razonamiento contrario no “empodera” a la sociedad sino al gobierno, es decir a un conjunto de ciudadanos que por ejercer el monopolio de la política, se adueña de los sillones del Estado.

En realidad el “empoderamiento” de “la sociedad” como ente colectivo no existe. Para que “la sociedad” sea empoderada necesita encarnarse en alguien, porque los poderes los ejercen las personas, no las entelequias. Ni siquiera existiría el “empoderamiento” del Estado, porque el “Estado” también es un colectivo imaginario. Por eso estas historias que pueden resultar tan simpáticas a los oídos populares a primera vista (razón por la que se hacen) siempre terminan haciendo más fuertes a los burócratas y menos “poderosos” a los ciudadanos.

No sabemos si la presidente cae en esta confusión de manera inocente (es decir creyendo de verdad que su acción entrega más derechos a los individuos) o si lo hace por el cálculo político de saber que por ese camino la única que resultará con más poder será ella.

Pero quienes no pueden tener dudas sobre esto son los ciudadanos. Éstos son “poderosos” (o se hayan “empoderados”) cuando el ejercicio libre de sus derechos les permite ser independientes de los favores del gobierno. De lo contrario serán dependientes de esas dádivas y ningún dependiente estará jamás “empoderado” de nada.