Una oportunidad única para funcionar como una república

El caso del vicepresidente Boudou sea probablemente el primero en donde el país puede dar una prueba del funcionamiento de las instituciones constitucionales mientras un integrante del gobierno está ejerciendo sus funciones y no luego de que se haya retirado del poder.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

Los barras y el poder

El dantezco espectáculo ofrecido la semana pasada por la barra brava de Colegiales en el entierro de uno de sus capos -el Loco Pocho Morales- es una foto de la década ganada. En efecto si alguien ganó en esta década ha sido la marginalidad como incorporación cotidiana a la normalidad de la vida argentina.

Desde el peso de su investidura -casi al nivel de la venerada “juventud maravillosa” de Perón- la señora de Kirchner hizo pública su admiración por esos personajes que, colgados de los paravalanchas eran, según la presidente, la imagen misma de la pasión (“y saben qué, sin pasión no se puede vivir… Yo cuando mi papá me llevaba a la cancha de chica y luego, de grande, cuando fui con Néstor, no miraba el partido, los miraba embelesada a ellos…”)

La marginalidad ha dejado de estar en los márgenes en la década ganada; la marginalidad ha ocupado el centro. Ya no es la vergonzante situación de la que sus víctimas quieren salir. No, no. Ahora ellos son el poder, ahora ellos están en el centro de la escena; ahora ellos corren a la policía, son los dueños de la calle y te dan órdenes con la autoridad de lo oficial.

Ser barra es ser un profesional. Un profesional independiente que pone sus servicios a disposición de la política. Su escenario de desarrollo suele ser el fútbol. Pero esa sana pasión deportiva es una pantalla. Detrás de ella esconden sus negocios, la droga, la delincuencia y sus vínculos con el poder y la política. Hoy en día hay gente que se saca fotos con los barras. Han sido encumbrados a la categoría de celebridades. Son impunes y el poder les facilitó un atajo a la riqueza. Están metidos en los negocios sucios de la política y muchos los enmascaran con negocios “lícitos” de los clubes de fútbol, como la operación de sus estacionamientos, de sus servicios de comida o, en algunos casos, hasta de la irónica seguridad de los estadios.

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La estupefacción del gobierno dueño

Lo que está ocurriendo en la Argentina es francamente bizarro. Los problemas se acumulan y nadie los atiende. El gobierno de la señora de Kirchner parece paralizado detrás de paranoias incomprensibles para alguien que se ufana de haber construido un aparato estatal que todo lo controla y que a todo puede dar respuesta.

La reacción frente al programa PPT del domingo por la noche más que desmedida fue incomprensible. Sólo alguien muy fatigado por el poder podía no ver la magnitud del daño que se autoinfligiría tomado por el camino que tomó el gobierno.

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