De víctimas a responsables

La Argentina daría un paso enorme hacia la confiabilidad, la normalidad y, en suma, hacia la tranquilidad, si la presidente Cristina Fernández de Kirchner dejara de hacer comentarios llenos de indirectas, demagogias baratas, pero especialmente victimizaciones infundadas.

El lunes, en ocasión de anunciar un plan (Pro.Cre.Auto) por el cual se otorgan condiciones especiales para comprar autos 0 KM en cuotas de hasta 60 meses, la Presidente no se privó de hacer algunos comentarios como de soslayo -que justamente es lo peor del caso- respecto al tema de la deuda con los holdouts.

Primero dijo: “Siempre estamos en la cancha, aunque algún árbitro nos quiera bombear”, una obvia indirecta al juez de la causa, Thomas Griesa, quien prácticamente, por los términos que la propia Argentina escribió en los protocolos de los bonos de aquella deuda vieja y por cómo se comportó luego del default y –particularmente- con las disposiciones unilaterales que decretó en los canjes de 2005 y 2010, tenía la sentencia escrita aun antes de abocarse al estudio del caso.

La legitimidad de los títulos era tan clara y la discriminación consumada por la Argentina tan obvia que al “arbitro” (como metafóricamente lo denomina la Sra. de Kirchner) no le quedaba otra salida más que fallar como lo hizo. Nadie bombeó a nadie aquí. O, al menos, no lo hizo el juzgado de Griesa de acuerdo a las pruebas documentales que tenía enfrente.

El gobierno sí intentó “bombear” a parte de aquellos a los que ahora sugestivamente ya no llama “buitres” sino “acreedores” o “holdouts”, con la inconcebible -pero muy sugestiva- “ley cerrojo”. Sugestiva porque su sanción puso de manifiesto hasta donde el país creía realmente que podía ponerse en posición de establecer las condiciones en las que iba a pagar. Se trató de un monumental acto de soberbia: “Te sanciono la ‘ley cerrojo’ y listo, si no entraste al canje no existís, no te registro, no te voy a pagar nunca porque para mi pasaste a estar directamente borrado del mapa”.

El kirchnerismo no entiende que el mundo no se maneja así. Cree que puede ir con estas bravuconadas y el mundo se lo va a tolerar. No lo va a hacer y no lo hizo. Entonces, cuando esos jueces llegan a las sentencias lógicas que se desprenden de los propios documentos firmados por la Argentina en uso de sus facultades soberanas, dice que el “arbitro es un ‘bombero’”.

¿Por qué en lugar de seguir utilizando el tiempo para hacer demagogia no instruimos a la gente sobre cómo son las cosas en el mundo? En la Argentina hemos malacostumbrado a todos a una suerte de interpretación “elástica” de la ley y de la Constitución.

Anteyer, el abogado especializado Horacio Liendo planteó el tema directamente en términos de que en la Argentina está suspendida la vigencia de la Constitución para varios sectores desde la crisis de 2001, y que su validez plena no ha sido repuesta; que seguimos viviendo bajo un estado de excepción en donde son las razones de Estado y no las garantías constitucionales las que gobiernan el país.

En efecto, la Corte de nuestro país perdió la oportunidad de reponer la vigencia de esa arquitectura cuando declaró que el reconocimiento de derechos a acreedores que no entraron al canje iba en contra del “orden público argentino”, consolidando la concepción de la supremacía del Estado sobre los derechos individuales.

Parte de la sentencia de Griesa sobre la arbitrariedad de la discriminación entre acreedores -según el bono que tuvieran- se basó precisamente en que la postura argentina no era algo sostenido “solo” por el gobierno sino que los otros dos poderes (el Legislativo con la ley cerrojo y el Judicial con decisiones como ésa) habían dado señales claras de que el Estado de Derecho, como sistema protector de garantían individuales, no estaba vigente en el país, por lo que los individuos que se veían afectados debían contar con la protección de su corte.

En el mismo sentido de creer que la victimización sigue siendo una opción discursiva válida, la Presidente -siguiendo con las analogías futboleras- dijo: “Necesitamos salir a la cancha con un equipo, yo puedo ser la arquera y acá estamos atajando goles”.

Esos “goles” hubieran sido completamente innecesarios si el país y el gobierno de esta última década hubieran encarado su relación con el mundo de otra manera, tratando de integrarnos y de restaurar las relaciones normales con la comunidad internacional, en lugar de asumir el papel de un mojador serial de orejas, creyendo que con eso pasábamos a ocupar el sitial de los “vivos”.

La vocación de la Sra. de Kirchner por trasmitir la idea de que su misión al frente del país es una especie de sacerdocio sacrificado que nadie comprende y en el que está dejando la vida mientras la bombardean de todos lados es persistente y pertinaz. Sin embargo, es su propensión política la que la colocó allí, y convengamos que la inclinación beligerante siempre ha salido más bien del poder antes que de otro lado. Las referencias a que “el hombro lo tenemos que poner todos, porque nadie se salva solo” parecen a esta hora un chiste de mal gusto cuando durante años fue el gobierno el que se cortó solo, sin incluir a nadie que no pensar como ellos.

La negociación de la deuda fue otro capítulo de ese autismo. Nunca estuvo dispuesto el gobierno a escuchar otras voces, a las que, si expresaban algo distinto a su voluntad, calificaban de “agentes al servicio de los intereses de los buitres”.

Las frases de juvenilias del secundario o de los primeros años de la facultad ya nos quedan lejanas. Todos hemos crecido y esas épicas suenan desfasadas en las bocas y en los oídos de gente grande. Es preciso ganar rápidamente en adultez y parte de ese crecimiento debe consistir en archivar para siempre el discurso que nos pone como víctimas en lugar de ponernos como responsables.

Llegó la hora de cambiar

Finalmente, la Corte Suprema de los EEUU rechazó in límine el caso argentino. Ni siquiera consideró su tratamiento. Devolvió el caso al juez Thomas Griesa para que implemente los pormenores de una decisión ya tomada en sus estrados. Esos “pormenores” significan instrumentar lo que haga falta para que los acreedores, que ganaron el juicio en las dos instancias, cobren.

Hace unos 10 días Griesa dijo que la Argentina nunca se había acercado a su juzgado para ofrecer una plan. Que de haberlo hecho se la habría atendido con mucho gusto y se hubieran analizado las opciones que el país proponía.

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El mayor engaño del siglo

Estudios recientes de la Fundación Libertad y Progreso, basados a su vez en investigaciones internacionales, demuestran cómo, no solo en la Argentina sino en el mundo entero, el mejoramiento del nivel de vida y el acceso a mayores oportunidades está directamente relacionado con los índices de libertad económica del que gozan los países, siendo peores las condiciones de vida en aquellos países abrumados por las regulaciones y mejores donde la libertad permite un amplio horizonte de movimientos a los individuos.

Esas regulaciones están a su vez directamente relacionadas con el nivel de gasto público, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales del PBI.

La vía regia para implementar estas políticas populistas son los planes asistenciales. Libertad y Progreso relevó la existencia de más de 100 planes de este tipo entre la nación y la provincia de Buenos Aires, sin contar los que existen en otras provincias. Esos planes insumen la friolera de ciento veinte mil millones de pesos anuales que, medidos al tipo de cambio oficial, trepan a casi 15 mil millones de dólares.

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Un proyecto olvidado que podría salvar a Boudou

El caso del vicepresidente Amado Boudou puede llegar a traer a colación -en un tiempo más cercano que lejano- una cuestión que desde hace un tiempo pareció salir de las noticias argentinas y olvidarse de los comentarios periodísticos, pero que sigue estando pendiente de resolución, respecto de la cual el gobierno no ha bajado sus pretensiones y que el Senado tiene en carpeta para aprobar.

Nos referimos a la limitación de la responsabilidad del Estado, cuyo proyecto surgió el año pasado y causó -como no podía ser de otra manera- un enorme revuelo jurídico y periodístico y que, pasado ese tsunami, quedó allí, metido en la nube del olvido con la que muchas veces el gobierno especula para obtener lo que se propone.

Según ese proyecto, el gobierno se propone deslindar la responsabilidad de los funcionarios por hechos cometidos durante su gestión, en una confesión lisa y llana de que la estructura del Estado es finalmente utilizada para privilegiar la situación personal de personas físicas y no el bien general.

La palabra “Estado” es utilizada frecuentemente en general por los gobiernos poco afectos a respetar las instituciones republicanas como un escudo para trasmitir la idea demagógica de que lo que se persigue desde la función pública es el bien de todos cuando en general esa superestructura es utilizada para beneficiar y privilegiar la situación personal de personas tan “privadas” como nosotros, tan “de carne y hueso” como nosotros, pero que se diferencian de nosotros precisamente por el hecho de que ellas están sentadas en las poltronas del Estado y nosotros no.

Ese pequeño detalle muchas veces trata de esconderse para no dejar ver el procedimiento por el cual se crea una verdadera casta desigual que se mueve en otro nivel diferente al nuestro, que disfruta de otro tipo de vida diferente a la nuestra y que está sujeta a otras reglas -más favorables- diferentes de aquellas a las que estamos sujetos nosotros.

Con este proyecto, el kirchnerismo ha innovado en el sentido de ser ya desembozado frente a la sociedad y descargarse con una ley que directamente les saque la responsabilidad de encima a los funcionarios por los actos que cometen mientras ejercen la función pública. Aquí la máscara de entelequia con la que suelen adornar al “Estado” para confundirlo con el gobierno e incluso con la Patria, ya cae definitivamente para decir: “Señores, los que no vamos a responder por los actos que cometemos somos nosotros, los funcionarios”.

Se trata de un círculo perfecto de impunidad que obviamente solo pueden completar los privilegiados que se sientan en los sillones del Estado. Ningún particular tiene la facultad de dictarse para sí mismo una ley que lo exima de las responsabilidades por sus actos. Los funcionarios sí. Ellos son el Estado. Ellos tienen el poder legislativo para regular nuestra vida y la de ellos. En la nuestra, para imponernos obligaciones, cargas y deberes; en la de ellos, para eximirse de responsabilidades.

Si ese proyecto llegara a transformarse en ley podría tener un enorme impacto en el caso Boudou. Si bien en principio de lo que se habla allí es de la responsabilidad civil del Estado, la inexistencia de responsabilidad civil de Boudou en el caso Ciccone podría tornar abstracta la cuestión penal por la que el vicepresidente fue indagado el lunes. Y como en derecho penal rige el principio de la ley más benigna a favor del acusado, la aprobación en el Senado de la ley de “irresponsabilidad del Estado” (léase de sus funcionarios) podría tener un impacto importante en la situación procesal del vicepresidente.

Si Boudou no resulta civilmente responsable por lo actuado en Ciccone, mal podría haber cometido un delito. La cuestión caería dentro del amplio marco de discrecionalidad que los funcionarios pasarían a tener una vez aprobada esta ley. A esta altura es importante recordar que el vicepresidente viene insinuando veladamente que en algún momento revelará los costados “políticos” de la operación, como dando a entender que el plan de quedarse con empresas privadas consideradas “estratégicas” formaba parte de la matriz central del pensamiento y de la táctica de gobierno del kirchnerismo. En ese marco, con la ley de “irresponsabilidad del Estado” sancionada, Boudou podría argumentar que lo suyo fue una decisión política por la cual no le cabe responsabilidad.

Pero más allá de las implicancias para Boudou, lo que debería quedar claro frente a la sociedad es que el gobierno ha tenido la desfachatez de prepararse para sí mismo una ley de impunidad con la pretensión de hacerle creer a la gente que desde el Estado se la defiende. No hay mentira más flagrante frente a un proyecto que, en este sentido, pone las cosas en blanco sobre negro, bien claras: el gobierno pertenece a la escuela que cree que quien gana unas elecciones se apodera del Estado y tiene derecho a confundir la esencia de la nación con las personas de carne y hueso que acceden a los cargos. Desde allí como ellos son la Patria tienen derecho a hacer cualquier cosa y, quien se interponga, es un enemigo del país.

Esta secuencia, que ha estado clara desde el nacimiento del kirchnerismo en 2003, por este proyecto se blanquea inescrupulosamente. El gobierno nos dice que tiene el poder para sancionar normas que consagren el privilegio de los funcionarios por sobre los ciudadanos comunes y que lo va a hacer. Todo eso al mismo tiempo en que dice que es la representación de los ciudadanos comunes y en especial de aquellos más desposeídos , que menos tienen y que en peor situación están.

No hay dudas de que el vicepresidente Boudou se aprovechó de su función para beneficiarse personalmente o que trazó un plan para lograr ese cometido quedándose con la fábrica de hacer billetes, algo que claramente está muy lejos de poder ser hecho por un particular común, liso y llano.

No hay dudas de que la administración trató de tapar todo ese accionar sancionado por ley del Congreso la estatización de Ciccone, comprometiendo recursos públicos, aunque luego se haya cometido el doble crimen de no pagarle a nadie.

Muy bien, todo ese manejo, solo posible a la sombra de los mecanismos que permite el manejo del Estado, puede quedar impune por la sanción de una ley que sencillamente dice que, precisamente, el Estado (sus funcionarios) no es responsable por los actos que produce. ¿Qué delito puede haber cuando no hay responsabilidad? Esa buena noticia puede estar a la vuelta de la esquina en los expedientes de Boudou.

Otro peligro más

Hay días en que uno francamente quisiera que no hubiera nada que comentar. Que el país tuviese un día tan normal y sin anuncios preocupantes que no fuera necesario agregar nada. Pero es inútil: todos los santos días nos enteramos de una novedad que siempre pega en el mismo punto: la preocupación por la libertad.

Luego de la increíble introducción de la Secretaría del Pensamiento Nacional -cuyo solo nombre hace correr frío por la columna vertebral- la presidente presentó el día jueves la SIMEFA, un nuevo ente burocrático que se encargará de formular un ráting nacional que medirá la audiencia de los programas de TV y radio de todo el país.

En su discurso, la Sra. de Kirchner admitió desembozadamente que el Estado quiere “saber que escuchan y miran los argentinos… cuáles son sus preferencias”. Se trata de un capítulo más de esta escalofriante novela de Orwell en donde un Gran Hermano omnipresente “coordina estratégicamente” el pensamiento de todos y averigua lo que los súbditos miran y escuchan.

Más allá de este impresentable argumento, resulta obvio que el gobierno intenta un nuevo avance sobre la vida individual para avasallar el cerco de soberanía personal de los ciudadanos. Debe haber un pensamiento nacional coordinado estratégicamente por el Estado y, también el Estado, debe saber lo que escuchamos y miramos. Es la fascia en acción: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Solo falta Benito.

La ofensiva tiene como destinatarios una vez más los medios privados independientes que tienen una visión diferente a la del gobierno en materia económica, política y social. La Sra. de Kirchner jamás aceptará esas disidencias y quiere asfixiar económicamente a quienes las escriben y las comentan. Ya intentaron hacerlo con los diarios y los supermercados, apretándolos mafiosamente para que no anuncien en los medios que tienen una postura críticos hacia el gobierno.

Esa vez lo hicieron como los gángsters actúan en las películas: sin dejar nada por escrito, aplicando amenazas telefónicas y sin escribir una sola línea que permitiera encontrar una prueba documental del plan.

Ahora han salido a la luz. Es más,  es llamativo lo “pretencioso” de la postura siendo que el gobierno está teóricamente en sus últimos meses de mandato. Esta épica sería más compatible con un gobierno caracterizado por la prepotencia de los inicios, pero no por uno cuyos días finales se empiezan a contar cada vez más rápidamente. El incidente sirve para confirmar que estamos enfrente de “cuadros”, de “soldados”, de “mili… tares” no, simplemente de “militantes”.

En efecto, la movida sirve para confirmar una vez más la concepción bélica de la existencia que tiene la Sra. de Kirchner y quienes la siguen: hay un enemigo que utiliza la publicidad para financiar su ofensiva. Si cortamos ese chorro, la ofensiva caerá. Como la publicidad está regida por los rátings, la estrategia es elaborar una medición nueva para que el flujo de recursos publicitarios deje al enemigo y venga con nosotros. La presidente fue descarnadamente sincera, en ese sentido, en su presentación.

El modelo sigue lo que fue la ley de medios. Un pomposo nombre que trasmite la idea de la transparencia y la pluralidad para esconder la verdadera intención de unificar y monopolizar de modo hegemónico la palabra y, finalmente, el pensamiento, para ser coherentes con la creación de la Secretaría que a partir de antes de ayer lleva ese nombre. Se trata de un círculo que cierra y tiene una lógica impecable de dominación, pensamiento único y sojuzgamiento de la sociedad a un poder absoluto.

En este caso también el nuevo ente es presentado como una unidad que vendrá a “federalizar” las mediciones para terminar con los índices que solo miden Capital y GBA. El pararse sobre una anomalía verdadera le da sustento al argumento. Pero aquí no se generan las condiciones para que inversores privados multipliquen las agencias de medición, como antes existían -al lado de IBOPE- IPSA y Mercados y Tendencias. No. Aquí es el Estado el que se va a meter con lo que miramos y escuchamos.

La presidente, pensando que a lo mejor alguien le cree, puso énfasis en decir que el nuevo sistema será transparente y no gubernamental, porque se convocó a once universidades nacionales para estructurarlo. Pero, claro, olvidó decir que la “rectoría” del organismo estará a cargo de la Universidad de San Martín, cuya autoridad principal es Tristán Bauer, que, de casualidad, es el Secretario de Medios  de su gobierno.

Por lo demás, la Sra. de Kirchner quizás olvida que está entrando en un terreno en donde el resultado a entregar es una “medición”. Y el gobierno no puede exhibir en el campo de las “mediciones” antecedentes confiables. Mantuvo intervenido el Instituto de Estadísticas durante siete años y falseó los números de inflación, crecimiento y pobreza en la cara de todos. Persiguió, multó y le hizo juicio a todos aquellos que osaron informar estadísticas diferentes, hasta que la oposición en el Congreso tuvo que intervenir entregando un paraguas protector a todos ellos por la vía de publicar el llamado “índice Congreso”, para que el policía político Guillermo Moreno no pudiera emprenderla contra profesionales privados que lo único que pretendían era dar a conocer los resultados de su trabajo, apoyados en el iniciático principio de la libertad de expresión.

Resultó ser que, como por arte de magia, cuando el gobierno decidió que la estafa era tan evidente que no podía continuar, de la noche a la mañana los nuevos índices de precios (llamados IPCNu) empezaron a coincidir llamativamente con los que informaban los que antes habían sido perseguidos.

¿Pasará lo mismo ahora, con los rátings de la SIMEFA? A las consultoras económicas privadas se las había ninguneado diciendo que ninguna contaba con la parafernálica estructura que se necesita para medir bien los precios; que sólo el INDEC tenía semejante logística. Todo eso terminó con Kicillof dando números iguales a los que antes daban Melconian, Ferreres o Todesca.

Ahora también el argumento es que solo el Estado será capaz de traspasar las fronteras del Gran Buenos Aires para saber bien “que escuchan y miran los argentinos”. ¿Cuánto dibujo habrá en esos números? ¿Cuánta intención de moldear las cosas para llegar a un resultado que, paradójicamente, será lo primero y no lo último que se ponga?

El gobierno está entrando en un terreno que, desde el punto de vista de las libertades públicas, es tan grosero como peligroso. Y su espíritu de avance no se detiene. Ni el horizonte de su final lo amilana. No hay final para ellos.

Zonceras que atrasan

Tres hechos, que parecen no estar conectados, tienen sin embargo algunos denominadores comunes, impensados si uno los mirara aisladamente.

En primer lugar surge, obviamente, el encuentro que protagonizaron la Presidente y el Jefe de Gobierno al dejar abierto el último kilómetro y medio de autopista Illia Norte que termina de conectar el centro porteño con la Gral Paz.

Con unas palabras que uno no sabe bien cómo interpretar la Presidente pidió “no mirar hacia atrás” y “celebrar el hecho de que el trabajo en conjunto y el sentido común permitan resolver problemas…” ¡Pero si eso era lo que medio mundo le ha venido diciendo los últimos ocho años!

Ese tramo de camino no podía completarse porque para hacerlo había que correr veinte metros hacia el Este un alambrado perimetral del aeropuerto Jorge Newbery y la Señora de Kirchner se negó persistentemente a hacerlo impidiéndole a millones de personas un tránsito más fluido y al país un enorme ahorro de combustible.

La presidente con la misma naturalidad habló de la “civilización” política que conlleva el hecho de poder hablar con representantes de otras ideas políticas sin que ello signifique un hito nacional. Pero, una vez más, ha sido ella y el gobierno que ella preside el que se encargó de trasmitir una idea monopólica del pensamiento según la cual sólo el gobierno defiende a los argentinos, solo los que piensan como el gobierno son argentinos y solo el kirchnerismo está en condiciones de interpretar el sentir de los argentinos.

Más allá de que en todo caso debe darse la bienvenida a este cambio, uno debe preguntarse hasta dónde es completamente real. La duda la alimenta justamente el otro caso que merece comentario y que encuentra precisamente aquí su punto de contacto con el episodio de la autopista.

Ayer fue designado en el área del ministerio de Cultura, que ahora preside Teresa Parodi, el llamado “intelectual” Ricardo Forster, uno de los integrantes más salientes de Carta Abierta. Su secretaría será la de la “coordinación estratégica del pensamiento nacional…” ¡¿Qué cosa!? “La coordinación estratégica del pensamiento nacional”.

¿Pero qué diablos es el “pensamiento nacional”?, ¿desde cuándo algo tan absoluta y definitivamente individual como el pensamiento puede transformarse en “nacional”?, ¿cuál de los pensamientos que tienen los millones de argentinos en su condición de ciudadanos libres, será elevado a la categoría de pensamiento nacional?, ¿con qué criterio?, ¿por qué el de Juan y no el de Pedro?, ¿qué significa intentar “coordinar estratégicamente” el pensamiento?, ¿acaso suprimir alguno y privilegiar otros?, ¿y por qué eso debería hacerlo Ricardo Forster?, ¿quién es Ricardo Forster más que Juan Perez?

La Presidente, en la autopista, decía que no había que mirar hacia atrás. ¿Y qué cosa sino “mirar hacia atrás” es volver sobre conceptos de los años ’40 que el mundo dejó atrás por fascistas, por manipuladores de la verdad y por censores del pensamiento libre?

Esta zoncera jauretchiana del “pensamiento nacional” es una mordaza a la libre expresión, es un escrache al desafío; es una policía intelectual. 

También respecto de esto medio país le viene diciendo a la Presidente, a sus laderos de Carta Abierta y a sus ubicuos de La Cámpora que esas son cuestiones que deben terminar en un país pretendidamente moderno como la Argentina. Igual que con la apelación al sentido común, a los principios de la civilización política y a la idea de resolver problemas de la gente común, nadie puede arrogarse la representación del “pensamiento nacional” porque eso supone necesariamente la aplicación de un criterio de selección (encarnado por un “seleccionador”) según el cual lo que opinen determinadas personas tendrá las salvaguardas del poder y lo que opinen otras tendrá la censura, la inequidad y, eventualmente, las persecuciones del poder.

Y, finalmente, la última cuestión aparentemente desconectada de estas dos pero a la que se le puede anotar un denominador común con ellas, es una publicación, justamente de La Cámpora, que en su último número publica un dibujo de Sergio Massa delante de una bandera norteamericana con la frase “vengo a proponerles un dueño”. Pero, ¿se puede ser tan estúpido?, ¿se puede seguir con esta payasada de los “agentes nacionales del imperialismo yanqui”?, ¿se puede seguir mirando -justamente- tan “atrás”?

Mientras los argentinos seguimos colgados de estas banderas que ya no le mueven un pelo a nadie, el mundo avanza y nos deja tristemente atrás. Rodeados de nuestros problemas de creciente inseguridad, narcotráfico, inflación, aislamiento, perdida de empleo. Todos van resolviendo sus problemas y nosotros seguimos atados a rocas atávicas que nos hunden en el fondo del mar.

Por más que la Presidente en un acto aislado le haga restregar los oídos a todo el mundo para asegurarse de que uno está escuchando bien lo que está escuchando, lo que valen son los actos de todos los días. La Señora de Kirchner podrá decir, trepada a una ruta en medio de una soleada tarde de Buenos Aires, que no hay que “mirar para atrás” y que “hay que actuar civilizadamente y con sentido común”, pero si luego se establecen secretarías desde donde se “coordinará estratégicamente el pensamiento nacional” o se pretende transmitir la idea de que el país puede vivir aislado y en la vereda de enfrente de la principal potencia de la Tierra, de nada valdrán los discursos de ocasión.

Es hora de que el espíritu de las palabras presidenciales se haga carne en el pensamiento presidencial y que luego ese pensamiento se transforme en acción. Es posible que así los otros que viven solo para chupar las medias de los poderosos, pretendiendo ser más papistas que el Papa, también se sumerjan en una increíble pero saludable y esperada metamorfosis. De no ser así, las palabras de la presidente solo habrán alcanzado para salir del paso y cumplir con la burocracia de inaugurar un tramo de un camino que será solo de asfalto, en lugar de ser de progreso, de crecimiento y de armonía.

Una oportunidad única para funcionar como una república

El caso del vicepresidente Boudou sea probablemente el primero en donde el país puede dar una prueba del funcionamiento de las instituciones constitucionales mientras un integrante del gobierno está ejerciendo sus funciones y no luego de que se haya retirado del poder.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

Un primer paso bienvenido y plagado de interrogantes

El acuerdo dado a conocer ayer con el Club de Paris es muy importante. Cualquier gestión que vaya desbrozando el cardal de espinas que tendrá el gobierno que venga -cualquiera sea- es bienvenida.

Esta deuda es vieja y viene en default desde el estallido del 2001. Varias veces se anunció su pago, pero nunca se cumplió. Se elevó a la categoría de obstáculo insalvable la condición de auditoria por el FMI que el Club dispone para aquellos deudores que proponen planes de pago.

No están claras aun, a horas del anuncio, cómo serán las condiciones de ese seguimiento, pero, una vez más, todo arreglo que contribuya a volver a poner al país en el listado de los normales y sacarlo del conjunto de rebeldes sin causa que revolotean por los márgenes del mundo, bienvenido sea.

Se trata de una propuesta larga: cinco años con dos de gracia. Esto necesariamente comprometerá al próximo gobierno. Pero los perjuicios de seguir siendo un paria internacional son tantos que, llegado el caso, el país debía cerrar los ojos y arreglar estos entuertos antiguos.

La pregunta es si el gobierno considera esto algo necesario, positivo, y si comparte la concepción global por la que el resto de la comunidad civilizada entiende el episodio como un avance.

Porque frente a estos desarrollos el gobierno ha mostrado hasta aquí varias caras. Por ejemplo, ¿qué piensa Carta Abierta de este acuerdo?, ¿qué piensan los grupos afines al gobierno como Unidos y Organizados, D’Elía, Hebe de Bonafini y otros por el estilo que muchos estarán preparados para decirme que son “cuatro de copas” pero que a la hora de estar en la primera fila de los actos oficiales no faltan?

También estoy de acuerdo que todos ellos, como el mono, “bailan por la guita” y si las ordenes de la Jefa son que, para seguir usufructuando los privilegios de su omnipresencia en el Estado, es necesario acordar con el Club, pues se acordará con el Club.

Pero estos ingredientes marginales, que sin duda son útiles para discernir la verdadera aproximación del gobierno a estos acuerdos, también sirven para intentar saber si por el hecho de avanzar en estas negociaciones la Argentina mejorará su imagen al único efecto que sirve: que entren dólares al país.

Y allí entramos en un terreno pantanoso. Podríamos decir que, si bien el cierre de esas viejas deudas es una condición necesaria para que las divisas vuelvan a fluir a la Argentina en una época que el Wall Street Journal definía ayer como de “entrada de dinero a raudales a los mercados emergentes”, no es una condición suficiente.

Si en otros terrenos el gobierno sigue dando muestras de apostar a una radicalización intransigente de un modelo épico, en guerra permanente con las concepciones promedio del mundo global, pues el acuerdo tendrá un efecto parecido a lo que hasta aquí fue el arreglo con Repsol: si bien ese era un ítem también reclamado por la racionalidad económica, su efectivización no redundó en un cambio de la perspectiva de esa empresa respecto de la Argentina (por ejemplo para su participación en Vaca Muerta). Al contrario, ni bien resolvió aquello, vendió su participación restante en YPF y salió corriendo del país.

Por lo tanto la noticia se recibe con expectativa y con la visión puesta en los márgenes que aun quedan por dilucidar. La transformación del país en un centro de las inversiones mundiales no es el resultado de un acuerdo espasmódico para pagar lo que se debe. Eso, por supuesto se da por descontado. Pero es necesario agregarle toda una concepción global de la relación de la Argentina con el mundo que por ahora se ve muy difusa.

¿Cómo puede sonar, por ejemplo, en los centros de decisión mundial que el “think tank” que se supone es la usina de ideas del gobierno, diga que la eventual continuidad de este modelo no puede quedar en las manos de un “moderado”? ¿Y a quien buscan, a alguien que siga incendiando todo?

En ese contexto va a costar que el acuerdo con el Club de Paris produzca las consecuencias benéficas que anunciaban quienes que lo aconsejaban.

Por supuesto que el gobierno ha avanzado finalmente en el sentido de lograr un entendimiento por algo. No lo ha hecho por nada, gratis. La Sra de Kirchner no hace nada si no entrevé un efecto que la favorezca.

Las semanas que siguen serán cruciales para develar estas dudas que rodean el acuerdo con el Club de París. Por ahora se celebra el inicio de un camino que, al menos, cumple el primer objetivo de hacer de la Argentina un país honorable que honra sus deudas. Es el primer paso. Era necesario darlo. Solo el tiempo dirá si solo ha servido para recuperar parte de la honra perdida o si, además, pudo ser el primer indicio para volver a reingresar a la órbita de la Tierra.

El estallido de Randazzo

Florencio Randazzo explotó cuando le confirmaron que varios coches de las nuevas formaciones de los trenes recién comprados habían sido pintarrajeados con grafitis de letras en aerosol. Convocó a una conferencia de prensa para informar que el Estado le haría juicio penal a los padres del menor detenido poco menos que in fraganti y también un juicio civil por reparación de daños.

Más tempano, se había despachado a gusto y piacere en el aire de una radio de la Capital diciendo -refieriéndose al menor capturado- que “dan granas de matarlo”, que era un “energumeno” y que si hubiera sido su hijo “le habría dado vuelta el traste a patadas por pelotudo”.

Muchos firmaríamos esas palabras. Sin embargo, como tantas otras cosas en la Argentina, los graffitis se han desmadrado detrás de posturas pseudotransgresoras que se han enseñoreado en la vida de la sociedad y contra las cuales era practicamente un pecado hablar.

El gobierno alimentó esos sinsentidos. Detrás de su clásica demagogia y de sus estrategias para ganarse el favor juvenil, dejó traslucir la idea de que condenar esas mugres era poco menos que un accionar represivo propio de la dictadura. Permitió que los subtes se transformaran en una especie de miseria rodante en las que los pasajeros ni siquiera podían ver las estaciones por las ventanillas porque el “arte callejero” había arruinado los vidrios.

No sé cuánto dinero de los ciudadanos de la Capital habrá sido necesario gastar para limpiarlos. Pero mientras se los enchastraba se dejó actuar, trasmitiendo la idea de que ese accionar no era sancionable.

Ese “modelo social” de degradación de los bienes públicos corrió como reguero de pólvora. Hoy las paredes, los monumentos, las plazas, los edificios públicos y privados que sufren el ataque de los aerosoles se cuentan por miles.

Randazzo llevó adelante un plan de restauracion de los ferrocarriles y debe haber tomado conciencia de lo que cuesta llevar adelante el trabajo bien hecho. No había terminado de presentarlos cuando un “energumeno” se los arruinó. El hombre, con todo derecho, se salió de las casillas.

Pero para ser completamente justo, el ministro debería recordar las innumerables señales que el gobierno que integra dio en el sentido de que esos comportamientos eran poco menos que elogiables porque se trataba del fluir liberador del arte joven.

El gobierno que te obliga a vivir una vida en la que hay que pedir permiso para todo, porque para todo hay que registrarse, solicitar autorización, contar con un visado, tener un carnet, o contar con la venia del Estado (es decir de ellos mismos), es por otro lado “liberalísimo” cuando se trata aflojar los cimientos que impiden que el orden social se degrade.

La fealdad publica, la mugre, la ruina visual del ambiente, el que todo luzca derruido y abandonado, va socavando el espíritu cotidiano de los hombres que inconcientemente aceptan la pérdida de valor de todo cuanto los rodea. En ese estado es más posible que estén dispuestos a entregar su voluntad, en un desgano fofo y generalizado.

El verso del “arte callejero” es eso: un verso. Ahora resulta que tenemos que aguantar que uno de estos inimputables nos diga que “pintar los trenes nuevos es el punto máximo de un grafitero”, como dijo uno de estos zombies a quienes parte de la sociedad considera “artistas”. ¿Por qué no pintan las paredes interiores de sus casas, si están tan interesados en el arte?

Por lo demás esta estupidez es una reverenda antigüedad. Hace 30 años New York era una mugre, una especie de monumento a la decadencia, a la desidia y a la aceptación mansa de la degradación. Los subtes de la ciudad eran un asco, un peligro, cuevas de inseguridad y crimen. Tambien allí el street art era considerado un totem intocable. Pero todo eso cambió y, además de estúpido, hoy es un delito grafitear paredes, monumentos, trenes, subtes y edificios públicos o privados.

Por eso, al mismo tiempo que es entendible y atendible el enojo de Randazzo, el ministro debería admitir que las señales que envió el gobierno en el sentido de aflojar todos esos tensores sociales que mantienen en orden a una sociedad, han contribuido como nada a que él tuviera el disgusto que tuvo ayer.

La libertad se pierde de muchas maneras. Una de ellas es porque la voluntad de la gente se afloja y se presenta lista para ser conquistada por el autoritarismo. Como la droga destruye la voluntad, también lo hace la miseria, la descomposición de aquello con lo que convivimos, el aflojamiemiento de las reglas de urbanidad, la suciedad y el que todo de lo mismo.

Ojalá que este episodio haya tenido el costado positivo de detener a tiempo un proceso de deterioro moral que había logrado convencernos de que lo que está mal está bien y que lo que está bien está mal.

El secuestro del 25 de Mayo

En el día de hoy se celebra el 204 aniversario de la Revolución de Mayo, el día en que los habitantes de Buenos Aires se rebelaron contra el autoritarismo, contra la prepotencia real, contra la falta de libertad para comerciar, contra la censura, contra el puerto único, contra el miedo y el terror, contra el centralismo y la concentración del poder, contra una manera de concebir la política basada en el avasallamiento y la fuerza.

Y hoy también el gobierno se prepara para secuestrar lo que debería ser el festejo de todas esas nociones y cambiar la celebración de la idea de la libertad por una celebración partidaria que recuerde el 11 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, es decir la inauguración de un periodo nunca antes visto de concentración de poder, de unitarismo, de prepotencia, de gobierno por el miedo, de censura, de intimidación y coerción, de atropello, de restricción de los derechos civiles de la Constitución, de división y enfrentamiento.

Alguna vez la presidente tuvo la desafortunada idea de comparar el secuestro y la desaparición de personas con el secuestro de los goles, en las emisiones de fútbol por televisión. Fue una más de las cizañas que han sido sembradas en todos estos años.

Pero aquí estamos ante el secuestro partidario de una idea como posesiva de una sola parte de los argentinos; de aquellos que están con el gobierno. Y con la insalvable paradoja de encumbrar los contravalores de Mayo: el aislamiento, la restricción a las libertades fundamentales de los individuos, el reinado de las prohibiciones y de los permisos, el fiscalismo, el exprimir hasta dejar exhausto el bolsillo privado para alimentar un barril sin fondo encarnado por una Casa Real corrupta en aquellos días y por el Estado insaciable y también corrupto de hoy.

La Revolución de Mayo fue un hito de modernismo que pretendía acabar con la aldea y con la miseria, que apuntaba a las ideas de libertad que comenzaban a dividir al mundo entre la afluencia y la escasez. A eso apostaron aquellos hombres que, sin embargo, no tuvieron el coraje completo de emancipar definitivamente a la Nación de aquel sojuzgamiento y que la obligaron a mantenerse durante seis años en un limbo jurídico que, como un karma, nos persigue aun hasta nuestros días.

Porque incluso hoy, 204 años después, la Argentina no logra independizarse de la antigüedad, del paternalismo estatal, sigue con sus mejores energías atadas a regulaciones inútiles y a una casta enquistada en el Estado que ha venido a reemplazar el paquidermo Real del siglo XIX.

El 25 de mayo de 2003 es un hito en ese camino de retorno a la Colonia, al encierro, a los reglamentos, a la carga impositiva que exprime los bolsillos de los individuos, a la miseria -que de miseria aldeana pasó a convertirse en la miseria de las villas. Ese día comenzó una enorme involución hacia un régimen del que el país nunca pudo liberarse por completo.

Con el agravante de que en el día de hoy, el gobierno de la Sra. de Kirchner pretende reinvindicar esa contrarrevolución histórica desconociendo las verdaderas razones del pronunciamiento de hombres como Moreno, Paso, Saavedra, Castelli…

La palabra “revolución” ejerce un hipnotismo mágico sobre las cabezas del kirchenrismo. Creen que bajo la rebelión contra el orden establecido que regía en 1810 afloraba un justificativo a sus visiones de hoy. Parecen convencidos de que aquellos hombres querían reemplazar la dictadura de Madrid por la dictadura de Buenos Aires y consolidar un mero cambio de dueño en las vidas cotidianas de los hombres de la Argentina naciente. No. La Revolución de Mayo persiguió un corte con todo aquello; quería libertad donde había control, derechos donde había sumisión, respeto donde había terror, descentralización donde había concentración, riqueza donde había pobreza, abundancia donde había escasez, permisos donde había restricciones, apertura donde había aislamiento.

Probablemente no haya en toda la historía argentina dos fenómenos sociales más contrapuestos que el kirchnerismo y el Mayo de 1810. Su visión del mundo no podía ser más contradictoria, su concepción de la vida más enfrentada. Los unos pretendían romper las cadenas que mantenían sumergidas las mejores energías del país y los otros, al contrario, pretenden concentrar en un solo puño todo el poder y la facultad de decir qué se puede hacer y qué no.

Que en ese escenario la presidente pretenda apropiarse del festejo es una afrenta que se suma a las otras muchas que el país debió soportar a los largo de esos once años.

Hace poco, el ministro estrella de la presidente, Axel Kicillof, acusó en medio de una increíble conferencia de prensa (increíble porque en la Argentina no hay conferencias de prensa; esa vez no tuvieron más remedio porque el evento incluía a la presidente chilena) a una periodista de “antiargentina”. En efecto el kirchenrismo ha secuestrado la “argentinidad”. Se cree el resorvorio exclusivo de lo que es argentino y el juez supremo para decidir quién es argentino y quien “antiargentino”.

Si la “argentinidad” debiera definirse por los valores de Mayo, quizás Kicillof debería revisar sus ideas, porque a todas luces es él y el gobierno que integra el que más contradicciones tiene con las ideas que hace 204 años quisieron empezar a darle forma a un país muy diferente y que por obra de la mentalidad colonial que el gobierno actual representa como nadie, nunca terminó ni de formarse, ni de despegar, ni de independizarse de la concepción que lo ha mantenido bajo las formas del fracaso.