Se legisló el aplazo educativo

El debate que despertó la modificación del sistema de calificación y promoción de la provincia de Buenos Aires expuso una vez más la situación alarmante de la educación en su conjunto. La considerada como controversial ley es, en definitiva, resultado y expresión de la Ley de Educación Nacional del 2006. Este novedoso texto, que fuera impulsado por el Sciolismo, contó con el apoyo del Frente Renovador y del FAP-Unen.

La ley que plantea quitar los aplazos numerados en 1, 2 y 3, utilizando como fundamento la subjetividad del niño recurre sin embargo al aplazo pero con el número 4 (cuatro). Esa misma ley, que dice querer evitar la estigmatización del niño, promueve una “libreta única de trayectoria” (que abarcará toda la primaria y el pase a secundaria) mediante la cual se clasifica desde el comportamiento hasta la adquisición de saberes, de modo tal que en caso de carecer de alguno de ellos deberán ser abordados al año (curso) siguiente. Se establece así un trabajo en donde prevalecerá la estigmatización con aquellos estudiantes que adeuden contenidos.

Como se ve, en el relato grandilocuente se esconde una pérfida reestructuración educativa de la que son parte integrante el oficialismo gobernante y sectores de la oposición. Continuar leyendo

Una ley para no asumir la responsabilidad del Estado

En las primeras semanas de septiembre la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado por el Frente para la Victoria (oficialismo) cuyo título es “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”.

La medida, que contó con el voto favorable de los bloques opositores, bien analizada, despierta ciertas preocupaciones. En primer lugar, cabe la pregunta sobre qué paso con la implementación, desde 2005, del “Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas” impulsado desde el Ministerio de Educación Nacional, que contiene producciones teóricas, investigaciones y entre sus objetivos se propone brindar herramientas a los docentes para que intervengan en situaciones de conflicto en el ámbito escolar. La nueva ley no hace mención a los esfuerzos ya realizados y, claro está, mucho menos a que esos esfuerzos y gastos no han evitado la situación actual.

Dos aspectos son fundamentales a la hora de pensar lo que desconsidera esta ley. En primer lugar la degradación del docente como profesional mediante un salario insuficiente si tomamos el costo de vida real, una actividad laboral que se encuentra bajo estrictos controles y evaluaciones en un marco de inestabilidad (miles de docentes no son titulares y otros tantos se encuentran bajo la modalidad de contratados). A esta situación estructural se suma la degradación del saber docente a través de la quita de contenidos curriculares que cuenta con la aprobación del Consejo Federal de Educación. La reforma que se pretende implementar en Capital Federal implica quitar alrededor de 140 orientaciones pedagógicas y formativas, en otras palabras: docentes perderán sus materias y los alumnos ven recortadas sus posibilidades de elección. La nueva escuela secundaria, según los lineamientos del Consejo Federal, pretende que el docente enseñe a “aprender a aprender” y que los jóvenes puedan “vivir juntos”. Se elimina el desarrollo del conocimiento de una disciplina por un “aprendizaje” diluido en el tiempo que instala una educación básica y postítulos, para especializarse, actualmente pagos. También se pretende que se enseñe a vivir juntos, algo que no requiere de un saber específico.

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