En su discurso de apertura de sesión parlamentaria, el presidente Mauricio Macri hizo mención al acuerdo denominado “Declaración de Purmamarca”, que fuera firmado por todos los ministros de Educación de todas las provincias. Esta declaración establece, según Macri, los ejes de la revolución educativa que se pretende afianzar. Estaríamos, según esto, ante una revolución educativa impulsada por el Gobierno anterior tan denostado por el actual. La gestión de Macri confiesa continuar con lo hecho hasta el momento. Efectivamente, estamos ante una continuidad que profundiza lo realizado, es decir que afianza el retroceso educativo.
El primero de los pilares de la declaración mantiene la consideración de la educación y el conocimiento como bien público, que fue estipulado por el Gobierno de Néstor Kirchner en la ley de educación nacional. Sin embargo esta definición no deja de ser ambigua. Sabemos que toda la educación es pública y que, mediante una distinción no menor, se impartió la diferenciación según sea el carácter de la gestión, privada o estatal. Esta sutileza, no menor, habilita la implementación de la educación privada. Definir la educación como bien público no es garantía de evitar diversas injerencias privadas en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. De tal modo que algún tribunal de comercio podría determinar que la educación pública estaría cubierta bajo las reglas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) o de Tratados de Libre Comercio (TLC). Lo que incluiría todos los servicios educativos, incluso la enseñanza en el aula. Continuar leyendo