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¿Qué hay detrás de la embestida contra los bancos?

Desde un tiempo a esta parte se ha hecho reiterado en el relato presidencial y, por extensión en el de funcionarios del área económica, la crítica a las ganancias que registran los bancos. “Deben subordinarse al proyecto de desarrollo con inclusión social”, avanzó el viceministro Axel Kicillof.

No sólo como ocurrió con el campo, agricultura con altas retenciones y ganadería con desincentivo a exportar, y con la megaminería en Santa Cruz, ahora también se busca allanar el camino para sacar una tajada de las ganancias de los bancos, y también de las rentas financieras.

Se sabe que en economía se habla con singular ligereza de los números en forma absoluta (millones de pesos) o relativa (porcentaje), según sea funcional al relato oficial. Eso es lo que sucede con los bancos: ¡ganan miles de millones de pesos!, pero ¿respecto de qué? ¿Se la compara con el activo; o con el patrimonio, qué sucede si se coteja en términos reales?

Claramente eso no interesa y sólo se advierte voracidad fiscal para pagar los gastos crecientes en un año electoral, porque el cobro de los impuestos tradicionales ya no alcanza.

El economista Juan Carlos de Pablo hizo en su newslettter, Contexto, un par de preguntas incómodas, porque resalta que “como aprendí en la facultad, lo óptimo es lo mejor de lo posible, no lo mejor de lo mejor”. Esas preguntas aún no encontraron respuestas por parte de los impulsores del impuesto a la renta financiera que se quiere crear, que suena como muy progresista, pero que en una Argentina con alta inflación encuentra severos escollos.

“Primera pregunta: los depósitos que devengan interés, como los de caja de ahorro y plazo fijo, reciben tasas de interés nominales mucho menores que la tasa de inflación bien medida. En otros términos, el poder adquisitivo interno de los depósitos disminuye sistemáticamente a lo largo del tiempo. ¿Cobrarle impuesto a las ganancias a los depósitos, es decir, aumentar todavía más la negatividad de la tasa de interés? Me parece que el dólar blue se va a enterar de que algo está pasando”, observa De Pablo.

“Segunda pregunta: los títulos públicos están exentos del pago de impuestos. ¿Le cobrarán impuesto a las ganancias a dichos títulos? En el caso de los ya emitidos es fácil, registrarán una caída en las cotizaciones. Pero como la vida sigue habrá que emitir nuevos títulos. ¿Alguien puede creer que, cuando haya que pagar impuesto a las ganancias, el Estado podrá emitir títulos públicos sin tener que aumentar la tasa de interés? Pero si esto es así, ¿cuál es la base imponible sobre la cual recaerá el impuesto a las ganancias?

En otros términos, ¿cuál es la dimensión de la “renta financiera”, sobre la cual se podrán cobrar nuevos impuestos?”, plantea el economista y catedrático desde hace más de 40 años.

Letras de Tesorería
Frente a un previsible claro fracaso del impuesto a la renta financiera, sea que se implemente sobre un mercado muy chiquito, sobre todo si se excluyen a los títulos públicos y a los depósitos de menos de $100.000, sea que se desista, es entonces probable que las autoridades económicas necesitadas de obtener recursos adicionales para poder financiar un gasto que caprichosamente acelera el ritmo de crecimiento en un año electoral estén pensando en reeditar las viejas Letras de Tesorería.

Ya he comentado cómo los adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería alcanzaron dimensiones que no se pueden sostener y menos aún ampliar. El impuesto inflacionario ya ha comenzado a hacer mella sobre la actividad económica, al erosionar la capacidad de consumo de las familias, en particular de bienes tradicionales, como carne, pan y tomate.

Subir los encajes bancarios o intentar absorber fondos del sistema financiero a través de la licitación de Letras y Notas del Banco Central, sólo conduciría a aumentar las tasas de interés y con ello a afectar aún más las decisiones de consumo e inversión de las empresas y familias.

De ahí que, abortado el camino de la creación de impuestos y frente al fallido intento que amenaza constituirse un improvisado mecanismo de exteriorización de capitales en moneda extranjera, sólo queda la creación de un “bono patriótico” o la emisión de Letras de Tesorería. ¿Quiénes serían los principales suscriptores? Los bancos. No tanto por evaluaciones de riesgo, oportunidades de inversión y diversificación de cartera, sino simplemente por presiones “ad hoc” de funcionarios de turno.

Esa movida se advierte detrás del relato oficial, desde la Presidente, hasta su viceministro de Economía y secretario de Comercio Interior, cuando aluden a las “ganancias” que registran los bancos y a que “deben subordinarse al crecimiento con inclusión social”.

Como ocurrió en su momento con las AFJP o la estatización de YPF, entrando por la ventana, se trata de predisponer a los legisladores para que voten proyectos de ley que pueden lucir razonables, pero que esconden objetivos muy distantes a los que se publicitan: financiar el verdadero rojo fiscal y direccionar la inversión pública.

Mucho daño para un pobre resultado
Ya, a través del Banco Central, por influencia del viceministro de Economía, se avanzó sobre las limitaciones de los cargos y comisiones, las cuales reducirán en unos $2.000 millones las ganancias anuales presupuestadas para el conjunto de las entidades, dado que la medida opera sobre el 7 a 10% de las utilidades de la banca, según el caso.

El impacto favorable sobre el consumo de las familias bancarizadas sería muy escuálido, si se tiene en cuenta que el efecto mensual sería del orden de apenas $165 millones por mes, frente a un gasto promedio para cada mes que se ubica en torno a 131.000 millones de pesos.

Por el contrario, podría tener mayor perjuicio sobre un mercado que no logra equipararse no sólo al de las economías desarrolladas, sino al de sus vecinas, por el desaliento al ahorro privado que genera convivir con alta inflación y las repetidas confiscaciones desde los ’70 a esta parte.

Llegado a este punto, me pregunto: ¿habrán evaluado las autoridades de Economía cuánto ganaron las familias en términos de tiempo, pero también de costos y seguridad física al no ir innecesariamente a su banco, por haber sido inducidas a través de altos cargos para operar con un cajero personalizado, a incursionar en la banca hogareña, a través de su computadora para confirmar la acreditación de la jubilación o el salario, hacer pagos de servicios públicos y privados, transferencias para pagar las expensas o la cuota del colegio de los chicos, o hacer un uso más intensivo del cajero automático más cercano para extraer efectivo?

En la Argentina existen variados ejemplos de que los cambios de hábitos que claramente conducen a una mejor calidad de vida se hacen más rápido cuando tocan al bolsillo, que cuando se basan en simples acciones de comunicación.

Otra vez, cómo surge el valor del dólar libre

En menos de seis meses volvieron a aparecer declaraciones de funcionarios públicos sobre quién determina el valor del dólar libre. En la última semana fue el turno del viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando dijo que “nuestro sistema financiero se ha dedicado más a la timba que a (financiar) la producción y el consumo” y que los “bancos deben subordinarse al objetivo central (del Gobierno) que es el crecimiento con inclusión social”. Y además, los acusó públicamente de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”.

Es que tras un veranito, donde a través de la capacidad del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de inducir a los principales operadores de las casas de cambio para que se abstengan de operar, la cotización del dólar libre perforó el piso de los $8 por dólar, en julio se reactivó la demanda del billete y su precio volvió a volar sobre los $9 por dólar. Hasta que nuevamente se ensayó un nuevo feriado virtual para inducir a una nueva baja del billete.

En ese escenario es que surgió la denuncia oficial de que los bancos son responsables de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”, aunque no se demostró con datos concretos, pese a la abundancia de estadísticas del Banco Central y de las certezas que tiene la Secretaría de Comercio de quiénes son los principales actores en el mercado paralelo.

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Insaciable voracidad fiscal alienta más impuestos

Frente al recrudecimiento del rojo de las cuentas públicas, pese al escenario de recaudación récord de impuestos, muchos legisladores liderados por el oficialismo, pero también de grupos progresistas de izquierda, impulsan el tratamiento de un gravamen a la renta financiera.

Claramente que desde el punto de vista primario de la equidad tributaria y de la aceptada, aunque no siempre practicada, progresividad de los impuestos -“que pague más quién más gane”, no sólo en valores absolutos, sino en términos relativos a sus ingresos-, las iniciativas lucen razonables.

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Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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El Estado no es un buen administrador

No se trata de una muletilla extraída de los anales de los economistas liberales y de los movimientos libertarios que creen más en la fuerza del mercado como el mejor optimizador de los recursos escasos, por oposición a los estatitas que creen que el Gobierno central es el único capaz de asegurar una eficiente transferencia de ingresos de los que más tienen a los más carenciados.

Mucho más simple. Esa es la conclusión que, a menos en el caso argentino, surge de los datos oficiales, no sólo elaborados por un devaluado Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino también por la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Se sabe que con un Gobierno que ha hecho de la política de precios administrados y contención de la suba de las tarifas públicas para las familias, con algunas excepciones “sólo un tonto o un vivo cree que el Gobierno aumenta precios”, de acuerdo a lo dicho por la Presidente a comienzo de semana.

Pero también cada trimestre el Indec difunde el comportamiento de los principales sectores de producción de bienes y de servicios, así como del consumo público y privado, junto con el del índice de precios implícitos en cada uno de ellos.
Década Liderazgo

Este no es un dato menor, porque permite advertir cuál ha sido la tasa real de inflación que afectó al proceso productivo y comercial y quién ha sido más tolerante, al convalidarla.

Del lado de la oferta, la estadística correspondiente al primer trimestre indicó que el promedio de la economía acusó en doce meses una suba del IPI de 18% con 17,3% en el caso de los productores de bienes y 15,2% en el de los productores de servicios. Los parciales fueron menores a la media, porque estuvieron atenuados por un alza de sólo 13,5% en el componente importado.

Ahora bien, cuando se profundiza el análisis al interior de cada uno de esos dos grandes desagregados se observa que el mayor aumento del IPI se localizó en las actividades comunitarias y de servicio doméstico 26,6% y en la administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 22,2%. Mientras que del lado de la demanda en el consumo privado el IPI se elevó 15,6% y en el consumo público 22,2 por ciento.

No se trata de una brecha circunstancial entre la variación de precios más alta tolerada por el sector público que la convalida por las familias y empresas privadas, sino que, por el contrario es una constante. En una serie de 20 años el fenómeno se verificó en 14 y en los últimos 11 años en nueve.

De ahí que en una serie de tiempos se advierte que en los últimos 20 años frente a una inflación implícita en el PBI de 445%, en el caso del consumo privado fue de 350% y en el sector público 600%, en contraste con apenas 255% que difundió el Indec en el caso del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto que la brecha se acentuó en contra del IPI aceptado en los gastos del gobierno, en el agregado de sus tres niveles: nacional, provincial y municipal en los pasados 10 años, ya que mientras en ese caso el aumento fue de poco más de 459%, en los privados se limitó a 218%, determinando un promedio para el PBI de 271%, aunque el Indec reconoció en el IPC un incremento de 135 por ciento.

Sector Público Lidera Precios

Desequilibrios de las empresas públicas
Otra forma de ponderar la calidad de la administración pública, además de la señalada tolerancia de una tasa de inflación superior al promedio de la economía, es observar el comportamiento del resultado final de las empresas a cargo del Estado, según muestra mes a mes la Secretaría de Hacienda en la base caja.

Después de 13 años, entre 1993 y 2005 de resultados virtualmente equilibrados, es decir las empresas públicas no acusaban ni grandes pérdidas ni grandes ganancias, comienza un ciclo de creciente déficit, pese a que desde 2007 el Gobierno nacional elevó en forma singular los subsidios para evitar el alza de las tarifas y financiar un insuficiente programa de inversiones.

Así, de apenas $387 millones de rojo acumulado en los doce meses de 2007 saltó al cierre del primer cuatrimestre del corriente año a una proyección anualizada de más de $11.700 millones, mientras que la masa de subsidios se extrapola a más de $100.000 millones en el corriente año, fuertemente localizado en la deficitaria matriz energética.

Resultado Empresas Estatales
De ahí que si bien podría aceptarse, con gran esfuerzo intelectual, que el Gobierno no es el que aumenta los precios, pese a que fija las pautas de alza de salarios en las convenciones paritarias, y también fija la política cambiaria y regula el costo del dinero, no podrá sostenerse lo mismo cuando se advierte el creciente uso del poder de emisión del Banco Central para cubrir el abultado rojo fiscal y se abusa en el uso del financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Es justamente a través de ese manejo discrecional de la cantidad de dinero, con una inyección al mercado superior al deseado por las empresas privadas y las familias, como se presiona al alza de los precios, esto es se exacerba la tasa de inflación a un rango que ya comienza a ser intolerable por parte de los agentes económicos y afecta la capacidad de generación de riqueza.