Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Daniel Sticco

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

Algunos analistas deducen que si no se hubieran usado esas divisas para pagar deuda las reservas hoy superarían largamente los u$s67.000 millones. Pero eso no hubiera cambiado en mucho la situación de la deuda, porque con esos recursos el Gobierno sólo cambió de acreedor, uno externo o incluso interno en moneda extranjera, por otro plenamente doméstico en moneda nacional.

Claro que en este caso siempre existe la tentación del “Pagadiós”, según surge de la repetida aclaración en el análisis de los expertos de Economía y de la autoridad monetaria de que el grado de vulnerabilidad de la finanzas públicas es mínima porque casi un quinto está contraída con el propio Gobierno, a través de Adelantos Transitorios del Banco Central y Letras del Tesoro y otros organismos oficiales. Además, sólo 13,7% es deuda externa del sector público nacional.

Aunque dada la decisión política de seguir cerrados al crédito internacional, por no buscar acuerdos con el Club de París para terminar con la larga historia de default parcial, esos u$s30.000 millones que utilizó el Banco Central se hubieran buscado en el mercado interno, con los consecuentes efectos alcistas sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y el receso de la actividad productiva y comercial y la destrucción de empleos privados.

Pero la novedad de los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública que con más de nueve meses de gestación difundió la Secretaría de Finanzas, encabezada por Adrián Cosentino, fue que por primera vez desde 2002 la deuda pública aumentó como porcentaje del PBI y por primera vez desde 2008 como porcentaje del total de las exportaciones del país.

Semejante giro no hizo más que explicitar que el anhelado y predicado superávit gemelos, de las finanzas públicas y del comercio exterior, sólo es parte de un relato que contrasta con la realidad. El primero se perdió en 2009, en términos base caja y el segundo se sostiene con contabilidad creativa y cepo a las importaciones, dada la suba exponencial de las compras de energía y combustibles para equilibrar las necesidades energéticas del país.

Subestimación de la realidad
Y si bien una relación deuda pública y PBI de 44,9% no parece inquietante, porque se encuentra entre las más bajas del planeta, sí lo es cuando se advierte a que dicha proporción se llega a través de la sobreestimación del PBI que provoca la subestimación de la inflación por parte del Indec. Un cálculo revisado eleva esa representatividad a 66,8%, trece puntos más que la que se computaba en la crisis de 2001.
Gráfico

Los datos de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Juan Carlos Pezoa, del desempeño de las finanzas públicas base caja, esto es según la diferencia de los recursos ingresados y de los pagos efectivizados de los gastos hechos en cada año, indicaron para 2012 un déficit financiero equivalente a 3,3% del PBI real y 5% si se agrega el efecto de la asistencia del Banco Central y de la Anses.

Mientras que si se mide el rojo fiscal, según la variación de la deuda pública, porque es una forma de reflejar el bache entre ingresos y gastos, surge que luego de haberse reducido a un mínimo de 0,4% en 2008 y 2009, por primera vez desde la salida de la convertibilidad, trepó a 6,3% PBI en términos brutos y 6,9% en valores netos de activos externos, porque, por el contrario, éstos han disminuido.

Tamaño desbalance fiscal explica la abusiva política de elevar la presión impositiva hasta niveles nunca antes vistos, tanto para empresas, como en particular para los asalariados, al punto de haber contribuido a debilitar la capacidad de consumo y contribución a la generación de riqueza, como también a abusar del impuesto inflacionario, provocando un fenómeno similar sobre la demanda agregada.

Un déficit fiscal bien medido de casi 7% del PBI y presión tributaria nacional de más de 47%, no dejan margen de acción para ensayar políticas fiscales y monetarias más expansivas sin que genere un desequilibrio macroeconómico con consecuencias sociales indeseadas: hiperinflación en 1989, hiperdepresión en 2002.

Aún pareciera que hay margen para enderezar el rumbo, pero los tiempos se acortan, dado que las tendencias mundiales comienzan a prenunciar un punto de giro en la liquidez internacional, con sus consecuencias alcistas sobre las tasas de interés y bajistas sobre los precios de las materias primas que más vende la Argentina.