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El Banco Central padeció de ilusión monetaria

Se trata de creer que porque suben las variables nominales se está mejor. Por eso se habla de récord de recaudación de impuestos, alzas de salarios y de jubilaciones y de depósitos bancarios y créditos a niveles inéditos, o puntos máximos de gasto en supermercados y shopping.

Sin embargo, los economistas bautizaron como variables reales no sólo a los niveles físicos de producción y venta de bienes -sea automóviles, cemento, cosechas, carne, etcétera-, sino también al efecto de depurar a las variables monetarias del impacto de la inflación, para poder detectar si realmente se está mejor porque se tienen más dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria, o si por el contrario, se está peor porque los precios se incrementaron en mayor cuantía. Obviamente que puede ocurrir lo contrario, como se observó en el primer lustro desde la salida de la convertibilidad fija de un peso en un dólar.

Claramente, esa distinción la hacen a menudo los economistas, no necesariamente el conjunto de la población que tras cada aumento de salarios y de jubilaciones que recibe cae en la ilusión monetaria de creer que comenzará a estar más aliviada para satisfacer sus necesidades, pese a que desde el mismo momento del anuncio de la suba de ingreso hasta que se lo percibe ya sufrió algún desagio. Eso lo comprueba con contundencia a la larga cuando ve que comprar las mismas cantidades de siempre le exige desembolsar más pesos, y aun así no logra el objetivo, entonces luego lo refleja en el voto en las urnas cada dos años.

Sin embargo, en el discurso de apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2013, tres días antes de que fuera despedida de la presidencia del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont había hablado más como ama de casa que como economista profesional y máxima autoridad de política monetaria, financiera y cambiaria del país, cuando dijo: “nosotros pensamos que es fundamental para garantizar la fase de transformación productiva tener un régimen de flotación administrada que un régimen de metas de inflación”.

Para eso ejemplificó con la supuesta convicción de que como “desde antes de la crisis de 2007 en adelante, el tipo de cambio nominal en la Argentina aumentó 95%, mientras que en la región, salvo Venezuela porque tuvo una devaluación fuerte el año pasado, el tipo de cambio nominal cayó un 5%”, se promovió y garantizó el proceso de industrialización, porque “no es neutro en materia de precios, no es neutro en términos de disciplinamiento que supone la apreciación cambiaria para regular las tensiones inflacionarias”.

Sin embargo, Marcó del Pont omitió hacer el análisis en términos reales, no ya con los datos de inflación acotados que informa mes a mes el ultradevaluado Indec, sino con el que brinda la real medición alza de los precios. Aunque reconoció que en materia de inflación “algo había que hacer” y provocó, a ojos de muchos analistas la apertura de la puerta de salida.

Atraso cambiario y pérdida de competitividad
Así, en el caso de la región la baja nominal de 5% del tipo de cambio tuvo lugar en un escenario de alza de precios de menos de 40% en los seis años que tomó como referencia Marcó del Pont, en tanto en la Argentina el salto en 95% de la paridad cambiaria oficial se dio frente a un promedio de incremento del Índice de Precios Implícitos en el cálculo oficial del PBI de 175%, en tanto que el consenso del mercado, sintetizada en la denominada inflación Congreso, se amplió a 320 por ciento.

En consecuencia, mientras que en el promedio de los países sudamericanos las monedas se apreciaron en términos reales un 30%, en la Argentina se verificó un fenómeno casi idéntico si se toma el IPI del PBI, pero se acentuó a más de 53% si se ajusta por la inflación verdadera.

Eso quiere decir que, en el primer caso, el valor de la producción de bienes y servicios se encareció en términos de moneda extranjera poco más de 40%, a un ritmo de 5,8% anual acumulativo, aproximadamente, mientras que en el segundo saltó más de 115%, a una tasa acumulativa por año de 13,6 por ciento.

Claramente, una apreciación real de la moneda del orden de 5 a 6% por año puede ser absorbida por el sector productivo con ganancias de productividad en el uso de los factores de producción, junto a cambios estratégicos en la estructura productiva y aumento de la oferta de productos, para no perder competitividad con el resto del mundo.

Pero la exigencia se torna imposible si en forma repetida las empresas se ven presionadas por políticas discrecionales que niegan la realidad que llevan a una apreciación cambiaria de dos a tres veces más marcada que en el promedio de la región. La consecuencia se ve en el crecimiento de las reservas monetarias en divisas en la mayoría de los países de la región, en contraste con la Argentina, donde se asiste a una inquietante hemorragia que se busca detener con el auxilio de blindajes financieros por parte de los gobiernos de Francia y de China, como ya fallidamente se intentó en los últimos meses de la convertibilidad, en 2001, por parte de la dupla De la Rúa, en la presidencia, y Domingo Cavallo, en el Ministerio de Economía.

El reemplazo de Marcó del Pont por un técnico de larga carrera como bancario y de reconocido carácter para no ser dominado por caprichos y discrecionalidades dogmáticas que se contraponen contra la fuerza de la realidad, como se le atribuye a Juan Carlos Fábrega, es visto en el mercado como un cambio positivo hacia la vuelta a la austeridad monetaria, condición necesaria pero no suficiente para desacelerar el ritmo inflacionario y la pérdida de reservas monetarias internacionales.

La renuncia de Guillermo Moreno abre un camino de esperanza hacia la vuelta de la discrecionalidad, racionalidad en la regulación de la economía, pero aún el ahora formal ministro de Economía, Axel Kicillof, como el flamante Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y menos aún Cristina Kirchner, se han manifestado sobre qué rumbo tomará la política económica, en particular en lo referente a las áreas fiscal, comercial, cambiaria y de endeudamiento con el resto del mundo, donde se han acumulado severos desequilibrios y condicionado la política monetaria. Como sostiene Juan Carlos de Pablo, “sabemos que cambian personas y modos, ¿cambiarán también los contenidos?”.

El Banco Central baila salsa con las reservas

Parafraseando a Gloria Estefan, Mercedes Marcó del Pont dispuso “abrir puertas y profundizar las heridas“. Ya sé que la letra de la salsa es “Abriendo puertas y cerrando heridas”… pero la autoridad monetaria parece que escuchó mal.

Es que las puertas que hay que abrir para que se pueda revertir la sangría de dólares -aunque el caudal de los últimos días parece haber transformado en hemorragia que amenaza con comprometer la salud del paciente- es el de la ortodoxia monetaria y fiscal, obviamente por parte de un gabinete creíble que esté a la altura del mensaje de las urnas en agosto, en las PASO, y el 27 de octubre en las reales elecciones de medio término.

Limitar el crédito en pesos a los grandes exportadores por parte de la banca local, a través de la comunicación A 5.493, para forzarlos a que se endeuden en dólares, ¿en qué se diferencia de principios de los 80, cuando en los últimos tiempos de los gobiernos de la dictadura se alentó el crédito en moneda extranjera y puso al filo de la quiebra a muchas empresas luego de las fallidas devaluaciones de Lorenzo Sigaut? ¿Querrá Mercedes Marcó del Pont que vuelva Domingo Cavallo para que licue esos pasivos y salve transitoriamente a las empresas, pero no a la economía y a la sociedad en su conjunto?

¿Por qué forzar al endeudamiento en el exterior provocará más heridas? Porque no se trata de una sana estrategia para sacar provecho de las bajísimas tasas de interés en el mundo, sino simplemente para atraer dólares caros (por el seguro de cambio) para convertirlos a pesos al tipo oficial, con lo que se atizará más el fuego de la inflación y de los severos desequilibrios que ya acusa la economía.

Ese movimiento desesperado, avalado por un disminuido y devaluado directorio del Banco Central, no sólo porque la mayoría de sus miembros de peso está en comisión, sino porque se ha despreocupado de defender el valor del peso, más temprano que tarde llevará al Banco Central a devaluar la moneda nacional más intensamente que el 24% actual en prospectiva y más de 30% en perspectiva, y hará estragos a las finanzas de quienes se endeudan en dólares, gastan a cuenta con la tarjeta e importan energía e insumos para producir a pagar a plazo.

Caer en el desdoblamiento del mercado de cambios, con un dólar libre para turismo y para importación de bienes suntuarios, como autos de alta gama, como alientan muchos economistas que asesoran a los líderes de los partidos de la oposición, sólo podrá comprar tiempo, no curará las heridas que desde el cepo cambiario padece la sociedad en su conjunto. No veo cuál es la diferencia con una “devaluación desordenada”, como ya descartan varios economistas profesionales que asesoran al sector privado.

Poco de estos males estarían presentes si la autoridad monetaria se hubiera preocupado y ocupado por asegurar el valor del peso, en lugar de destruirlo, como la Secretaría de Comercio hizo con el Indec.

Es tiempo de ortodoxia

La receta para frenar la hemorragia de dólares es bien conocida, aunque no se podrá poner en práctica mientras Cristina Kirchner no retome la presidencia de la Nación: cambiar el gabinete, volver a la austeridad fiscal, entendida por un escenario en el que los gastos crecen a menor tasa que los recursos fiscales genuinos, esto es sin contabilidad creativa y financiamiento compulsivo del Banco Central y de la Anses.

Honrar los vencimientos de deuda con emisión de deuda a plazo y menor tasa.

Limitar la expansión de dinero a la demanda voluntaria de las empresas y familias y comenzar a desarmar una estructura tributaria en los tres órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal que ha llevado a asfixiar las finanzas de muchas empresas y desalentado la inversión productiva.

Eso requerirá terminar con los subsidios a los sectores de medianos y altos ingresos a sus consumos de luz, gas, agua, transporte, así como el turismo al exterior y la compra de autos importados, en especial de alta gama, y reforzar los descuidados a la asistencia social de los sectores vulnerables, pero a través de mecanismos transparentes fiscalizados por fuerzas de oposición, para evitar filtraciones hacia punteros políticos.

Si junto a todo eso, se encaran negociaciones serias para cerrar el capítulo del default con el Club de París, normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional, ofrecer acuerdos para superar los pleitos en el CIADI, incluyendo la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, las perspectivas de flujos de dólares al país es expansiva.

Del Gobierno depende proponérselo, de lo contrario, se intentarán abrir y cerrar puertas, pero no se curarán las heridas, las cuales ya han comenzado a paralizar la economía, según los últimos datos del Indec.

En el Gobierno culpan a los bancos de todos sus fracasos

En la última semana, el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto, en la 34ª Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas, y el titular de la AFIP lanzaron dardos contra el sistema financiero, en disconformidad con la forma y criterios con las que encaran su actividad, porque consideran que no contribuyen con el crecimiento de las empresas y con el rol esencial de canalizar el ahorro de las empresas y familias a la inversión y el consumo como deberían hacerlo.

Previamente, desde el ala económica, con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, y desde el propio Banco Central, la presidente de la entidad Mercedes Marcó del Pont, entre otros, justificaron la imposición de líneas de crédito subsidiadas para la inversión productiva, como el Crédito del Bicentenario y las destinadas a las PyME con un piso de 10% del total de depósitos que capten, por la reticencia de la banca de prestar para la producción.

En esa línea, el senador Pichetto dijo que “hay que replantear el rol de los bancos, porque no están prestando todo lo que le pide al sector productivo, porque dicen que las empresas no ofrecen suficientes garantías, que no califican, y eso no es siempre así”.

Incluso fue más allá el senador por el FpV y remarcó ante la atónita mirada de más de 200 ejecutivos de finanzas y medios periodísticos que “ha sido una imbecilidad creer que el Banco Central de la República Argentina debía ser independiente del poder político y por tanto tener una autoridad superior a la del propio Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego fue el turno del titular de la AFIP al destacar, primero en una entrevista casual que le hice en su ingreso a Aeroparque en la avanzada noche del sábado y luego el martes en conferencia de prensa para anunciar la recaudación de septiembre, que “los bancos no han colaborado una vez más para alentar la adhesión a la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera fuera del país, porque se ampararon infundadamente en que podían violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Saludable limitación de las normas prudenciales
En todos los casos, se omitió hacer mención a que gran parte, por no decir todo, del comportamiento cauteloso de las entidades responde a la catarata de medidas prudenciales que desde hace más de 20 años se fueron implementando en el país para que no se repitieran las crisis financieras con cierre de entidades y asistencia hipermillonarias por parte del Banco Central, como ocurrieron en los ’80. De hecho, la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner, ha resaltado en repetidos discursos y por cadena nacional la fortaleza del sistema financiero que se vio reflejada en la ausencia de cierres en las crisis de 2001 y 2002, y más reciente de 2008 a 2009, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, en los EEUU.

Se trata de normas prudenciales y preventivas, para resguardar al extremo los fondos que los confían los ahorristas, familias y empresas argentinas, principalmente, que en el mercado se conocen como Basilea II, III y las más recientes IV, las cuales exigen evaluar adecuadamente las garantías que ofrecen los potenciales tomadores de crédito, la capacidad de flujo de fondos para repagarlo, previo análisis del destino real de los recursos, para que no sean desviados a operaciones ilegales, como lavado de dinero, vínculos con el financiamiento al terrorismo, entre otras atrocidades.

Sin embargo, lejos están de tomar en cuenta todas de esas consideraciones instrumentales y el propio artículo 14 de la ley 26.860, promulgada el 31 de mayo de 2013, que estipula: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, que explican la actitud precavida de los banqueros.

Es más, sobre el final de ese artículo, el legislador habilitó a las entidades a tomar recaudos adicionales, antes de aceptar la exteriorización de capitales fuera del país al destacar que “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente”.

Sobre esa base, y ante la supuesta falta de respaldo de la documentación presentada por quienes querían regularizar su situación tributaria “muchos bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado. La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana”, justificaron analistas del sector.

¿Hay que ahorrar divisas o generarlas?

Una vez más, la ministra de Industria, Débora Giorgi, cargó contra los sectores que demandan moneda extranjera. Ahora fue el turno de los importadores a quienes responsabilizó de ser impulsores de la “devalueta” del peso.

La respuesta de los empresarios agrupados en la Cámara de Importadores de la República Argentina no se dejó esperar y advirtieron que “la entidad jamás pidió la devaluación”, al tiempo que “rechazaron el término vulgar que el Ministerio de Industria emitió en su propio comunicado”.

No se trata de tomar partido por uno o por otro, sino simplemente de comprender la racionalidad del debate en los términos utilizados.

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¿Qué hay detrás de la embestida contra los bancos?

Desde un tiempo a esta parte se ha hecho reiterado en el relato presidencial y, por extensión en el de funcionarios del área económica, la crítica a las ganancias que registran los bancos. “Deben subordinarse al proyecto de desarrollo con inclusión social”, avanzó el viceministro Axel Kicillof.

No sólo como ocurrió con el campo, agricultura con altas retenciones y ganadería con desincentivo a exportar, y con la megaminería en Santa Cruz, ahora también se busca allanar el camino para sacar una tajada de las ganancias de los bancos, y también de las rentas financieras.

Se sabe que en economía se habla con singular ligereza de los números en forma absoluta (millones de pesos) o relativa (porcentaje), según sea funcional al relato oficial. Eso es lo que sucede con los bancos: ¡ganan miles de millones de pesos!, pero ¿respecto de qué? ¿Se la compara con el activo; o con el patrimonio, qué sucede si se coteja en términos reales?

Claramente eso no interesa y sólo se advierte voracidad fiscal para pagar los gastos crecientes en un año electoral, porque el cobro de los impuestos tradicionales ya no alcanza.

El economista Juan Carlos de Pablo hizo en su newslettter, Contexto, un par de preguntas incómodas, porque resalta que “como aprendí en la facultad, lo óptimo es lo mejor de lo posible, no lo mejor de lo mejor”. Esas preguntas aún no encontraron respuestas por parte de los impulsores del impuesto a la renta financiera que se quiere crear, que suena como muy progresista, pero que en una Argentina con alta inflación encuentra severos escollos.

“Primera pregunta: los depósitos que devengan interés, como los de caja de ahorro y plazo fijo, reciben tasas de interés nominales mucho menores que la tasa de inflación bien medida. En otros términos, el poder adquisitivo interno de los depósitos disminuye sistemáticamente a lo largo del tiempo. ¿Cobrarle impuesto a las ganancias a los depósitos, es decir, aumentar todavía más la negatividad de la tasa de interés? Me parece que el dólar blue se va a enterar de que algo está pasando”, observa De Pablo.

“Segunda pregunta: los títulos públicos están exentos del pago de impuestos. ¿Le cobrarán impuesto a las ganancias a dichos títulos? En el caso de los ya emitidos es fácil, registrarán una caída en las cotizaciones. Pero como la vida sigue habrá que emitir nuevos títulos. ¿Alguien puede creer que, cuando haya que pagar impuesto a las ganancias, el Estado podrá emitir títulos públicos sin tener que aumentar la tasa de interés? Pero si esto es así, ¿cuál es la base imponible sobre la cual recaerá el impuesto a las ganancias?

En otros términos, ¿cuál es la dimensión de la “renta financiera”, sobre la cual se podrán cobrar nuevos impuestos?”, plantea el economista y catedrático desde hace más de 40 años.

Letras de Tesorería
Frente a un previsible claro fracaso del impuesto a la renta financiera, sea que se implemente sobre un mercado muy chiquito, sobre todo si se excluyen a los títulos públicos y a los depósitos de menos de $100.000, sea que se desista, es entonces probable que las autoridades económicas necesitadas de obtener recursos adicionales para poder financiar un gasto que caprichosamente acelera el ritmo de crecimiento en un año electoral estén pensando en reeditar las viejas Letras de Tesorería.

Ya he comentado cómo los adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería alcanzaron dimensiones que no se pueden sostener y menos aún ampliar. El impuesto inflacionario ya ha comenzado a hacer mella sobre la actividad económica, al erosionar la capacidad de consumo de las familias, en particular de bienes tradicionales, como carne, pan y tomate.

Subir los encajes bancarios o intentar absorber fondos del sistema financiero a través de la licitación de Letras y Notas del Banco Central, sólo conduciría a aumentar las tasas de interés y con ello a afectar aún más las decisiones de consumo e inversión de las empresas y familias.

De ahí que, abortado el camino de la creación de impuestos y frente al fallido intento que amenaza constituirse un improvisado mecanismo de exteriorización de capitales en moneda extranjera, sólo queda la creación de un “bono patriótico” o la emisión de Letras de Tesorería. ¿Quiénes serían los principales suscriptores? Los bancos. No tanto por evaluaciones de riesgo, oportunidades de inversión y diversificación de cartera, sino simplemente por presiones “ad hoc” de funcionarios de turno.

Esa movida se advierte detrás del relato oficial, desde la Presidente, hasta su viceministro de Economía y secretario de Comercio Interior, cuando aluden a las “ganancias” que registran los bancos y a que “deben subordinarse al crecimiento con inclusión social”.

Como ocurrió en su momento con las AFJP o la estatización de YPF, entrando por la ventana, se trata de predisponer a los legisladores para que voten proyectos de ley que pueden lucir razonables, pero que esconden objetivos muy distantes a los que se publicitan: financiar el verdadero rojo fiscal y direccionar la inversión pública.

Mucho daño para un pobre resultado
Ya, a través del Banco Central, por influencia del viceministro de Economía, se avanzó sobre las limitaciones de los cargos y comisiones, las cuales reducirán en unos $2.000 millones las ganancias anuales presupuestadas para el conjunto de las entidades, dado que la medida opera sobre el 7 a 10% de las utilidades de la banca, según el caso.

El impacto favorable sobre el consumo de las familias bancarizadas sería muy escuálido, si se tiene en cuenta que el efecto mensual sería del orden de apenas $165 millones por mes, frente a un gasto promedio para cada mes que se ubica en torno a 131.000 millones de pesos.

Por el contrario, podría tener mayor perjuicio sobre un mercado que no logra equipararse no sólo al de las economías desarrolladas, sino al de sus vecinas, por el desaliento al ahorro privado que genera convivir con alta inflación y las repetidas confiscaciones desde los ’70 a esta parte.

Llegado a este punto, me pregunto: ¿habrán evaluado las autoridades de Economía cuánto ganaron las familias en términos de tiempo, pero también de costos y seguridad física al no ir innecesariamente a su banco, por haber sido inducidas a través de altos cargos para operar con un cajero personalizado, a incursionar en la banca hogareña, a través de su computadora para confirmar la acreditación de la jubilación o el salario, hacer pagos de servicios públicos y privados, transferencias para pagar las expensas o la cuota del colegio de los chicos, o hacer un uso más intensivo del cajero automático más cercano para extraer efectivo?

En la Argentina existen variados ejemplos de que los cambios de hábitos que claramente conducen a una mejor calidad de vida se hacen más rápido cuando tocan al bolsillo, que cuando se basan en simples acciones de comunicación.

Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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