Una vez más, la ministra de Industria, Débora Giorgi, cargó contra los sectores que demandan moneda extranjera. Ahora fue el turno de los importadores a quienes responsabilizó de ser impulsores de la “devalueta” del peso.

La respuesta de los empresarios agrupados en la Cámara de Importadores de la República Argentina no se dejó esperar y advirtieron que “la entidad jamás pidió la devaluación”, al tiempo que “rechazaron el término vulgar que el Ministerio de Industria emitió en su propio comunicado”.

No se trata de tomar partido por uno o por otro, sino simplemente de comprender la racionalidad del debate en los términos utilizados.

En primer término, se sabe que la ministra, como economista profesional que dedicó gran parte de su carrera al asesoramiento de empresas privadas, no desconoce que si hay algo que favorece a los importadores es el tipo de cambio oficial barato, resorte de la política oficial que ejecuta el Banco Central, hoy bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, aunque siguiendo directivas directas de la Casa Rosada.

Por tanto, cuanto más se atrasa el tipo de cambio, sea contra el dólar, o el real, o cualquier otra divisa, respecto de la inflación -reflejo de la suba de los costos internos-, más se alienta la compra de bienes y servicios en los EEUU, Brasil o Europa, porque se requieren menos pesos de los que se necesitarían en un contexto de paridad alta como mantienen los principales socios comerciales de la región. Por el contrario, se desincentivan las exportaciones a esos destinos, porque los costos de la producción nacional en términos de moneda extranjera son cada vez más altos.

Una historia de larga data que hace crisis
Durante más de un lustro, desde 2007 hasta los últimos meses, ese fenómeno no se percibió con la nitidez de estos días, porque entonces los precios internacionales de los productos que más vende la Argentina transitaban por una carrera alcista y superaba con creces al de los bienes de consumo y de inversión que el país adquiere en el resto del planeta. Es lo que los economistas definimos como los términos del intercambio. Mientras que ahora se asiste al escenario opuesto.

Esta nueva restricción afecta tanto a los privados, en particular los exportadores, porque atraso cambiario y disminución de las cotizaciones de los cereales y oleaginosas se ha convertido en un cóctel indigerible, como al sector público, porque ha hecho del cobro de las retenciones y de las proyecciones siempre alcistas que hizo del precio de la soja, la base de financiamiento de un gasto creciente.

Los importadores también se vieron perjudicados, pero más por trámites burocráticos que por la tímida aceleración del ajuste del tipo de cambio, al no contar con un fluido sistema de aprobación de las declaraciones juradas de necesidades de importación (DJAI en la jerga del mercado) y otras trabas aduaneras para la nacionalización de la mercadería.

En este punto no parece ocioso recordar que de las compras en el exterior, sólo una pequeña porción corresponde a bienes de consumo que compiten con la industria nacional, principalmente en precio, pero también en calidad, ya que la mayor parte se origina en cubrir necesidades internas ante la insuficiente oferta, como es el caso de los combustibles, o para generar un “intercambio compensado” con exportaciones, como el de la rama automotriz y el resto en máquinas y equipos que no se fabrican domésticamente, o en insumos y partes que tampoco se producen localmente o en forma insuficiente y que forman parte de procesos de agregar valor para su posterior exportación, o para obtener productos que se destinan al consumo doméstico.

Es decir, no todos los importadores alimentan el comercio y compiten con la producción nacional, provocando la destrucción de empleos en la industria, como se argumenta sin muchos fundamentos habitualmente, sino que, por el contrario, la mayoría contribuye al desarrollo de la actividad productiva, al transporte de carga por todas las vías, las transacciones financieras, seguros, además del empleo en la actividad mercantil mayorista, al menudeo y de logística.

Competitividad cambiaria y productividad
Por cada punto que crece la generación de riqueza doméstica aumentan más de tres las compras en el resto del mundo, principalmente de insumos, partes y bienes de inversión; esta alta elasticidad ingreso que tienen las importaciones respecto del PBI explica el fracaso del cepo cambiario, las DJAI y el desaliento al ingreso de capitales que imponen, a la par del default que persiste con el Club de París, las trabas al pago de dividendos a los accionistas del resto del mundo de empresas argentinas.

Menos importaciones llevan a menos producción, ya que las sustituciones que se promueven son parciales y no derivan en un cambio positivo en la estructura del comercio exterior.

Si el país necesita de divisas para hacer frente a compromisos financieros con el exterior, lo primero que debe fomentar es la generación de moneda extranjera, a través del fomento a las exportaciones de todo tipo, agropecuarias, mineras, industriales y energéticas, vía incentivos fiscales, como la eliminación de las retenciones y el aliento al capital foráneo para que sea aplicado a la inversión productiva, aun cuando parte de ésta exija compras de maquinarias y tecnologías fuera de las fronteras.

Devaluar puede facilitar el proceso, pero en muy corto plazo, si no va acompañada con una política macroeconómica sustentable, es decir que esté dirigida a reducir al mínimo la inflación, recuperar el superávit fiscal sin contabilidad creativa y cerrar el capítulo pendiente de la parcial cesación de pagos del Estado nacional, para poder recrear el ahorro e impulsar el crédito interno y externo.

Sólo generando un marco amigable para los negocios, con reordenamiento de los denominados precios relativos, luego de las enormes brechas que se abrieron entre la suba de precios de los productos básicos, los salarios, el nivel de las tasas de interés y el ajuste de la paridad cambiaria, así como el impulso de una reforma tributaria integral que se aboque más a premiar la producción y la inversión orientada a la creación de empleos y expandir el comercio exterior con mayor superávit comercial, que a alentar el consumo de las familias con tarifas subsidiadas, se podrán alcanzar índices de competitividad en diversas industrias, que conduzcan a superar las actuales tensiones que predominan en el mercado cambiario.

Llegado a ese punto, será clave en trabajar en políticas que favorezcan el aumento de la productividad del uso de todos los factores de producción: el empleo, el capital, la tecnología y los recursos naturales, para alinearlos a niveles internacionales.

La Presidente eligió en el encuentro con empresarios comparar a la Argentina con Australia y Canadá, convencida de que esas naciones desarrolladas no están tan bien. Omitió hacer referencia que mientras en esas naciones el PBI por habitante supera los u$s40.000 al año, aquí, con contabilidad creativa apenas supera u$s11.000. Es decir, acusan una productividad simple cuatro veces más elevada, la cual se traduce en la mejor calidad de vida del conjunto de la población y menores brechas de ingresos entre los que más y menos ganan.

El promedio mundial registra una proporción equilibrada entre exportaciones e importaciones, con una apertura de la economía de 59% del PBI, en cambio, en el caso de la Argentina, las ventas de bienes y servicios al resto del mundo representan menos de 20% del PBI y las compras poco más de 17% del producto. Es decir el grado de apertura al mundo es 20 puntos porcentuales inferior al agregado del planeta.

Por tanto, en lugar de cerrar la economía con crecientes impuestos y trabas al comercio exterior, de entrada, pero también de salida, la política interna debiera focalizarse en todos los componentes de la demanda agregada: el consumo, la inversión y la exportación, sin descuidar la oferta: la producción y las importaciones.