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Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.

Los titulares juegan mal

Unos de los grandes estandartes de la política económica que surgió después de la crisis de la convertibilidad fue el logro de excedentes en las finanzas públicas y en las cuentas del sector externo.

Esa característica predominó en forma indiscutible hasta 2007, pero desde entonces, y en particular desde la crisis financiera y fiscal internacional de fines de 2008 y principios de 2009, se observó un claro debilitamiento, hasta tornarse en deficitario en 2012 y se observan claros indicios de que se profundizaron en la primera mitad del corriente año.

Al menos así surgen de los últimos datos de la ejecución de los gastos en la Administración Pública Nacional, los cuales crecen más de cuatro puntos porcentuales que los ingresos, a pesar de que éstos cuentan con un singular aporte expansivo de las utilidades que prevé contabilizar el Banco Central.

Y también del balance cambiario de la autoridad monetaria, que pasó de registrar un superávit de la cuenta corriente (suma del saldo comercial con el de los servicios) de más de u$s7.600 millones en la primera mitad de 2012 a un rojo de más de u$s2.300 millones, un año después.

Déficit Gemelos 1170 (1)

Las consecuencias de semejante giro de la política económica son el resurgimiento de altas tasas de inflación, atraso cambiario, pérdida de reservas de divisas en el Banco Central y extinción de la capacidad del sector privado para generar empleos productivos.

De ahí que tras el resultado adverso para el oficialismo en las últimas las PASO hubiera sido pertinente que la Presidente convocara a los titulares que condujeron a ese escenario, los cuales se encuentran en el Ministerio de Economía y el Banco Central, como cabezas sobresalientes, y en los casos específicos en la Secretaría de Hacienda, porque convalida una ejecución de gastos superior a los ingresos que percibe, a la Secretaría de Comercio porque se resiste a reconocer la ineficacia de los controles de precios y de las importaciones, la AFIP y el Banco Central también por el perjuicio que generó el cepo cambiario sobre el mercado inmobiliario y la atracción de inversiones.

Y ni qué hablar del Indec, que al subestimar en los últimos cinco años la tasa de inflación, ha sobrestimado el crecimiento del PBI y con ello infló la partida de pago a los bonistas que adhirieron al canje de deuda en 2005 y 2010 y tomaron bonos con cupones de PBI incluido en miles de millones de dólares. Cuántos conciudadanos se podrían haber sacado de las líneas de indigencia y pobreza con esos recursos, o cuántos empleos se impidieron generar, o construir más escuelas, hospitales, caminos, represas energéticas, mejorado el sistema de seguridad, en una apretada lista de las grandes asignaturas pendientes.

Tampoco escapan áreas específicas de Economía que alientan el vivir con lo nuestro y la reinversión forzosa de utilidades de las empresas en el país, aun de aquellas generadas por compañías con accionistas principales en el resto del mundo, y del Ministerio de Industria que impulsa la sustitución de importaciones, pese a que en muchos casos eso ha derivado en trabas a la producción agregada.

Impuesto inflacionario en expansión

Así se llega a un estadio en que el exceso del gasto público se acostumbró a financiarse con emisión espúria de dinero, acicateando el aumento promedio de precios para el consumo interno. Y para que esto no espiralice en subas más aceleradas, llevó a contener el ritmo de ajuste de la paridad cambiaria. Sólo la relevante devaluación del real de Brasil en los últimos meses indujo a cambiar de política, pero sin corregir los severos desvíos en el último lustro.

La consecuencia fue el deterioro de la posibilidad de sostener los negocios por parte de los exportadores, en particular de productos con valor agregado, porque sus costos internos subieron no sólo a tasas de dos dígitos por año en pesos, sino también en términos de moneda extranjera.

Mientras que, pese al cepo cambiario y las DJAI, se intensificaron las importaciones de bienes de consumo, en particular de automotores, como también la demanda indirecta de divisas para pagar los gastos de turismo en el exterior, por parte de residentes, con el uso potenciado de la tarjeta de crédito, ante las trabas para comprar billetes baratos (cambio oficial más un recargo de 20% a cuenta de pago futuro de impuestos) respecto del valor en el mercado libre, 60% más caro.

Esos movimientos, llevaron a poner un freno al crecimiento de la actividad productiva en general, con las excepciones transitorias de las cosechas y de las terminales automotrices, con el consecuente impacto negativo sobre el empleo, el consumo interno y la recaudación tributaria.

Ajustes cosméticos que no alcanzan
De ahí que ahora se intenta reanimar la demanda interna, a través de la mejora parcial del ingreso disponible de los asalariados alcanzados por Impuesto a las Ganancias, con la suba parcial del mínimo no imponible y la creación de otro impuesto, como a la renta financiera, en lugar de impulsar un reforma integral del sistema tributario y su coparticipación entre las provincias.

Los los severos desequilibrios que llevaron a la pérdida de los superávit gemelos que brillaron en la mayor parte de la última década, los cuales en pequeña parte pueden atribuirse a cambios en el escenario internacional, exigen mucho más que ajustes cosméticos en materia impositiva.

Se requiere de una reforma tributaria plena junto a un replanteo de la política de subsidios, menos general y más selectiva y la búsqueda de la disciplina fiscal, en la que el Presupuesto no sólo deje de ser papel mojado antes de que se inicie el ejercicio, sino también que deje de estar sometido a criterios de discrecionalidad por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, dado que debe ser un resorte exclusivo del Congreso.

Sólo así podrá comenzar a transitarse el camino hacia la vuelta de la estabilidad monetaria y la recuperación de la solvencia fiscal y externa.

Insaciable voracidad fiscal alienta más impuestos

Frente al recrudecimiento del rojo de las cuentas públicas, pese al escenario de recaudación récord de impuestos, muchos legisladores liderados por el oficialismo, pero también de grupos progresistas de izquierda, impulsan el tratamiento de un gravamen a la renta financiera.

Claramente que desde el punto de vista primario de la equidad tributaria y de la aceptada, aunque no siempre practicada, progresividad de los impuestos -“que pague más quién más gane”, no sólo en valores absolutos, sino en términos relativos a sus ingresos-, las iniciativas lucen razonables.

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Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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El Estado no es un buen administrador

No se trata de una muletilla extraída de los anales de los economistas liberales y de los movimientos libertarios que creen más en la fuerza del mercado como el mejor optimizador de los recursos escasos, por oposición a los estatitas que creen que el Gobierno central es el único capaz de asegurar una eficiente transferencia de ingresos de los que más tienen a los más carenciados.

Mucho más simple. Esa es la conclusión que, a menos en el caso argentino, surge de los datos oficiales, no sólo elaborados por un devaluado Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino también por la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Se sabe que con un Gobierno que ha hecho de la política de precios administrados y contención de la suba de las tarifas públicas para las familias, con algunas excepciones “sólo un tonto o un vivo cree que el Gobierno aumenta precios”, de acuerdo a lo dicho por la Presidente a comienzo de semana.

Pero también cada trimestre el Indec difunde el comportamiento de los principales sectores de producción de bienes y de servicios, así como del consumo público y privado, junto con el del índice de precios implícitos en cada uno de ellos.
Década Liderazgo

Este no es un dato menor, porque permite advertir cuál ha sido la tasa real de inflación que afectó al proceso productivo y comercial y quién ha sido más tolerante, al convalidarla.

Del lado de la oferta, la estadística correspondiente al primer trimestre indicó que el promedio de la economía acusó en doce meses una suba del IPI de 18% con 17,3% en el caso de los productores de bienes y 15,2% en el de los productores de servicios. Los parciales fueron menores a la media, porque estuvieron atenuados por un alza de sólo 13,5% en el componente importado.

Ahora bien, cuando se profundiza el análisis al interior de cada uno de esos dos grandes desagregados se observa que el mayor aumento del IPI se localizó en las actividades comunitarias y de servicio doméstico 26,6% y en la administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 22,2%. Mientras que del lado de la demanda en el consumo privado el IPI se elevó 15,6% y en el consumo público 22,2 por ciento.

No se trata de una brecha circunstancial entre la variación de precios más alta tolerada por el sector público que la convalida por las familias y empresas privadas, sino que, por el contrario es una constante. En una serie de 20 años el fenómeno se verificó en 14 y en los últimos 11 años en nueve.

De ahí que en una serie de tiempos se advierte que en los últimos 20 años frente a una inflación implícita en el PBI de 445%, en el caso del consumo privado fue de 350% y en el sector público 600%, en contraste con apenas 255% que difundió el Indec en el caso del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto que la brecha se acentuó en contra del IPI aceptado en los gastos del gobierno, en el agregado de sus tres niveles: nacional, provincial y municipal en los pasados 10 años, ya que mientras en ese caso el aumento fue de poco más de 459%, en los privados se limitó a 218%, determinando un promedio para el PBI de 271%, aunque el Indec reconoció en el IPC un incremento de 135 por ciento.

Sector Público Lidera Precios

Desequilibrios de las empresas públicas
Otra forma de ponderar la calidad de la administración pública, además de la señalada tolerancia de una tasa de inflación superior al promedio de la economía, es observar el comportamiento del resultado final de las empresas a cargo del Estado, según muestra mes a mes la Secretaría de Hacienda en la base caja.

Después de 13 años, entre 1993 y 2005 de resultados virtualmente equilibrados, es decir las empresas públicas no acusaban ni grandes pérdidas ni grandes ganancias, comienza un ciclo de creciente déficit, pese a que desde 2007 el Gobierno nacional elevó en forma singular los subsidios para evitar el alza de las tarifas y financiar un insuficiente programa de inversiones.

Así, de apenas $387 millones de rojo acumulado en los doce meses de 2007 saltó al cierre del primer cuatrimestre del corriente año a una proyección anualizada de más de $11.700 millones, mientras que la masa de subsidios se extrapola a más de $100.000 millones en el corriente año, fuertemente localizado en la deficitaria matriz energética.

Resultado Empresas Estatales
De ahí que si bien podría aceptarse, con gran esfuerzo intelectual, que el Gobierno no es el que aumenta los precios, pese a que fija las pautas de alza de salarios en las convenciones paritarias, y también fija la política cambiaria y regula el costo del dinero, no podrá sostenerse lo mismo cuando se advierte el creciente uso del poder de emisión del Banco Central para cubrir el abultado rojo fiscal y se abusa en el uso del financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Es justamente a través de ese manejo discrecional de la cantidad de dinero, con una inyección al mercado superior al deseado por las empresas privadas y las familias, como se presiona al alza de los precios, esto es se exacerba la tasa de inflación a un rango que ya comienza a ser intolerable por parte de los agentes económicos y afecta la capacidad de generación de riqueza.