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Recursos abundantes, riqueza escasa

Cada vez que cambia un gobierno en una Argentina acostumbrada a caer en crisis cada 7 u 8 años, aparecen los temores de algunos sobre la llegada de tiempos de ajustes que traerán más angustias que satisfacciones a gran parte de la población: los asalariados y jubilados que ganan como el promedio, o menos. Más aún, cuando a los repetidos escenarios de crisis se llega por deliberadas políticas de atraso cambiario, tarifario, cierre de la economía y sobredimensionamiento del rol del Estado como bolsa de trabajo, por la incapacidad de fomentar políticas que incentiven el crecimiento privado y promuevan oportunidades laborales productivas.

Sin embargo, no hay razones sólidas para asegurar que no podrá ser de otra manera, más allá que basarse en una historia de recurrentes fracasos porque la mayoría de los gobiernos de los últimos 70 años se han caracterizado, salvo muy contadas excepciones, por sembrar en el primer mandato y cosechar en el segundo.

Dicho de otro modo, en el primer tiempo se recomponen las reservas en divisas y se reduce el desempleo, a partir de retomar la senda del mal llamado crecimiento, porque sólo se trata de una recuperación a partir de la reducción de las capacidades subutilizadas, y en la segunda etapa se consumen los stocks, al punto de terminar en general con las cajas vacías: sin reservas genuinas, atraso de inversiones, consumo de la infraestructura, y vuelta al alto desempleo -aunque se lo busque disimular con menor oferta de trabajadores-, y elevada pobreza.

Problemas de base
Una de las causas que explican esas recurrentes situaciones de auges efímeros y recesiones repetidas se origina en la falsa creencia de muchos políticos y economistas teóricos de que “la economía es la ciencia que se ocupa de la mejor utilización de los recursos escasos”, cuando en rigor es “la ciencia social que estudia los recursos disponibles y accesibles, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas”, la cual brinda una perspectiva de persistente progreso, como muestra la historia de la humanidad.

Aquella óptica ha conducido a la Argentina a un uso muy limitado y restringido de sus abundantes recursos naturales, humanos e incluso financieros, a contramano de lo que han hecho la mayoría de los países de la región, al punto que cada vez aparece más abajo en el ránking comparativo internacional de generación de riqueza e institucionalidad.

Sin embargo, hay en el planeta innumerables ejemplos de superación en los últimos 50 años de un estado de recurrente estancamiento a un estadio de desarrollo avanzado y con singular mejora de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes, a partir de la decisión estratégica de sus gobernantes de impulsar la puesta en valor de los recursos naturales y, sobre todo humanos, luego de estudiar los casos exitosos en el mundo.

En el caso de la Argentina la tarea cuenta con la ventaja comparativa respecto de la mayoría del resto de las naciones de que es una nación con abundancia de recursos naturales, con los cuatro climas; reservas de agua dulce; amplísima frontera minera e hidrocarburífera; diversidad de explotaciones agropecuarias; tanto extensiva como intensiva; reconocida generación de talentos humanos; bellezas turísticas en sus 24 provincias y singular atesoramiento de divisas como mera reserva de valor que podrían volcarse a la generación de riqueza.

De ahí que no estamos ni condenados al éxito, ni condenados al fracaso. Sólo se requiere de hombres y mujeres que sean capaces de tener una visión estratégica de país y del mundo amplias, orientada a elevar la calidad de vida de todos sus habitantes, y no de los partidarios de tal o cual agrupación política, a costa del resto.

Cambio de paradigma
Claramente, luego de un tremendo desbarajuste de la economía que ha afectado la realidad social de más de un tercio de las familias que habitan el país, con cada vez más amplia presencia de extranjeros en las regiones urbanas, es inevitable y necesario un ajuste u ordenamiento de las políticas de administración eficiente de los recursos monetarios y fiscales. Pero el potencial que ofrece la puesta en valor de la abundancia de recursos ociosos, naturales, humanos y financieros, torna posible llevar a la Argentina a un deseable estadio de también abundancia generación de riqueza como supo lograr a fines del siglo XIX, principios del XX.

Sólo será cuestión de desterrar la vieja creencia de que somos un país rico. “Sólo seremos ricos el día en que los argentinos decidamos poner en valor los abundantes recursos naturales, humanos y financieros”, me decía el siempre querido y recordado Tomás Bulat.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

La inflación la generan todos

En el último anuncio de seis medidas asistenciales para los sectores de menores ingresos de la población la Presidente encomendó a los empresarios a que no aumenten los precios en respuesta al incentivo al consumo que generará poner en millones de argentinos unos 1.400 millones de pesos por mes, durante un año.

Dijo Cristina Kirchner: “Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente porque parece ser que, cuando se habla de los precios, los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas de los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del Gobierno de los precios y no terminan hablando de ustedes”.

Es obvio que los empresarios aumentan los precios de sus productos y servicios, sea porque estacionalmente se contrae la oferta, en el caso de los productos del campo, sea porque se reactiva la demanda, como el turismo, sea porque se alienta la suba de los costos, con más impuestos, con alza de salarios e incremento de los costos de importación de insumos con más burocracia, etcétera.

Pero también es un precio el salario de la economía, el cual se determina en convenciones paritarias, pero con clara orientación del Ministerio de Trabajo del porcentaje a consensuar, un porcentaje que luego se propaga por el resto de la economía.

Así como es un precio el tipo de cambio de la moneda nacional por una extranjera que determina arbitrariamente el Banco Central, con una variación diaria o semanal según sea el criterio apreciar o depreciar el peso.

Por supuesto que el precio del dinero es la tasa de interés, la cual regula el Banco Central a través de sus licitaciones de letras (operaciones de mercado abierto) o de la determinación del dinero que deben mantener las entidades autorizadas indisponible en sus tesoros para atender los requerimientos del público (encajes). Y muchas veces acude al auxilio del Banco Nación para que intervenga en el mercado prestando o pidiendo cancelación de créditos a las entidades privadas (call money).

Y también contribuye a la suba de los precios al consumidor la política impositiva de la Nación, las provincias y los municipios, cuando alienta el aumento de los impuestos y tasas.

Sin embargo, parece más simple cargar todas las culpas de la alta tasa de inflación “al empresario monopolista y oligopolista”, es decir concentradores de la oferta de bienes para vender a una demanda atomizada (más de 40 millones de habitantes), como sostienen los principales referentes del Gobierno, porque aún no aprendieron que en una economía abierta al mundo se puede también atomizar la oferta si se deja espacio a la competencia sana de las importaciones (sin dumping social y precios de liquidación).

Dinero espúreo
Junto a todo lo anterior se agrega el efecto del desborde del gasto público, en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal, por sobre la capacidad de financiamiento con los recursos de la recaudación tributaria, tasas y tarifas, porque en forma directa e indirecta requieren del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central.

Y no se trata de ser un ultraortodoxo monetarista que indica que la tasa de expansión de la cantidad de dinero en poder del público es la principal responsable del nivel del alza promedio de los precios de la economía, porque hay que agregar un componente no menor: la confianza de las familias y consecuente deseo de acrecentar o disminuir los saldos monetarios reales (cantidad de dinero respecto del PBI).

Es que en modo simple, la cantidad de dinero debe ser equivalente a la totalidad de bienes que se producen por su precio promedio. Por tanto, si sube el PBI, se requerirá más cantidad de dinero para comprarlo. En ese escenario, más dinero no es sinónimo de más inflación.

El problema aparece cuando por políticas y acciones que enturbian el ciclo de los negocios se fomenta la creación de dinero para financiar un desmedido aumento del gasto público y entonces en lugar de elevarse proporcionalmente la cantidad de bienes se incentiva el alza de los diferentes precios de la economía. De ahí surge el denominado impuesto inflacionario, cuyo principal responsable es la Administración Pública. Y éste no es un punto menor, no sólo por las distorsiones que genera, sino porque además de ser regresivo -afecta más a los que menos tienen-, no es coparticipable con las provincias y los municipios, como gran parte del resto de los impuestos, excluidos los vinculados con el comercio exterior y la caja de jubilaciones.

Cuando esos movimientos se tornan sostenidos y generalizados, es decir abarca a todos los sectores: gobierno, empresas y familias, se cae en un escenario inflacionario en el que todos tienen una cuota de responsabilidad. Incluso, la Presidente y sus ministros y secretarios, porque son los que fomentan una política centrada en impulsar el consumo, sin un paralelo incentivo a la producción, la inversión y el comercio exterior.

Alta capacidad ociosa
Los últimos datos del Indec sobre el uso de la capacidad productiva en la industria, correspondiente a abril, dieron cuenta de que en el promedio general se observa un grado de inutilización de las plantas fabriles de poco más de 24%. Es decir que casi un cuarto del potencial de producción se encuentra parado.

Las razones de ese fenómeno -que lejos de atenuarse se ha acentuado, se elevó en tres puntos porcentuales- son el exceso de regulaciones y limitaciones al proceso productivo, como las que impiden la fluidez de las importaciones de insumos básicos, pese a que no se producen en el país; las limitaciones para exportar que impuso una deliberada política de alta inflación y apreciación del peso (sólo atenuada en los últimos meses), porque deriva en alza de los costos en dólares y saca de mercado a la producción nacional y también los desaciertos en la política externa que han llevado a trabar las ventas aun a socios del Mercosur.

La inflación nunca podrá bajar por decreto o por un Estado gendarme a niveles tolerables, menos de 5% anual, sino cuando las políticas monetaria y fiscal y de ingresos estén orientadas hacia ese objetivo, lo cual no implica abandonar las acciones asistenciales para los más necesitados y las regulaciones de los mercados, sino de llevarlas a cabo sin conflictos entre los objetivos y los instrumentos que se elijan.