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El uso político de la economía

La Presidente dedicó el primer tercio de su balance de gestión antes de dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional a los singulares logros en materia económica y se amplió a más de la mitad de su oratoria de poco más de tres horas y medias si se toman en cuenta las referencias a los aspectos sociales vinculados con la economía, como los programas asistenciales, los salarios docentes y las obras de infraestructura.

El uso político de la economía quedó puesto de manifiesto en el tiempo y prioridad que le dio Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, sino fundamentalmente en destacar como grandes méritos a lo que fueron claros fracasos, y principalmente en omitir muchos de ellos.

Entre los primeros la Presidente resaltó la política de desendeudamiento, tanto en términos absolutos, dólares, como también en valores relativos al nivel del PBI, producto de la quita de unos u$s65 mil millones con el canje da en default en 2005; el pago al FMI de u$s9.530 millones al FMI en los primeros días de enero de 2006 y haber concretado otros pagos por unos u$s70.000 millones en los últimos doce años.

Sin embargo, pese a esas realidades, los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación dan cuenta de que mientras la deuda pública total, interna y externa, era equivalente a fines de diciembre de 2001, último año de la convertibilidad fija de un peso y un dólar, a u$s144.500 millones y 53,7% del PBI, en junio de 2003 asciende a u$s152.600 millones y 138,7% del PBI; desciende a un mínimo de u$s125.400 millones en septiembre de 2005, un 61% del PBI. Desde ese momento y pese a los pagos efectuados con uso de reservas y aumento de la presión tributaria sobre las empresas y también los asalariados, escaló a junio de 2014, último dato, a u$s198.900 millones. Al cambio oficial representó 43% del PBI, pero al libre actual se amplía a más de 58% del PBI.

También fue un claro fracaso la supuesta industrialización de la economía, porque no sólo el conjunto del sector manufacturero perdió participación en el PBI, sino también en la contribución a generar empleos respecto del total registrado, e incluso en su aporte a la generación de divisas si se agrega el componente energía y combustibles.

La Presidente ponderó que la Argentina registra el nivel de industrialización más alto de América Latina al alcanzar el 20% del PBI, relegando a segundo lugar a México que, según dijo, es de 17,5% del PBI; Perú 14% y Brasil 12%. Sin embargo, de las cuentas nacionales surge que dicho 20% a precios de 2004, cuya serie comienza en 2006, es equivalente a 15,7% a precios del PBI de 1993, y representa un punto porcentuales menos que en 2003 y más de dos puntos porcentuales por debajo del pico de 18,2% que había alcanzado veinte años antes.

Tampoco la estadística oficial avala el logro de la disminución de la primarización de las exportaciones, esto es la mayor participación de las ventas al exterior de manufacturas industriales no agropecuarias y de energía y combustibles sobre el total del sectores productores de bienes generadores de divisas, porque de un promedio de 41,2% en los 90 y un pico de más de 49% en los últimos dos años de la convertibilidad cayó a 40% del total en el último año.

En línea con la contundencia de esos datos, las devaluadas estadísticas del Indec también revelan que el empleo registrado en el sector manufacturero si bien creció en los últimos once años en un 50%, esto es 400 mil puestos netos, respecto del total, público y privado, que aporta al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declinó de 24,2% en 1994 a 17,7% en junio de 2003 y a 15,1% en el último dato a septiembre pasado.

Del mismo modo podría cuestionarse la relación del salario mínimo vital y móvil actual de $4.716, como el más alto de América Latina, porque los u$s530 al cambio oficial se reduce a menos de 365 al dólar libre.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec no avala la referencia que hizo la Presidente a la creación de seis millones de empleos, tanto en el agregado de los 31 aglomerados urbanos relavados, como incluso la extrapolación al total nacional. El aumento neto entre mediados de 2003 y fines de 2014 fue de 3,6 millones de personas, y se amplía poco más de 5 millones si se toma como referencia el mínimo anotado en mayo de 2002, bajo el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, quien entregó el mando un año después con la economía en recuperación y creación de 1,4 millones de puestos de trabajo netos.

Los grandes ausentes
La Presidente decidió omitir aspectos relevantes de la economía donde el país ocupa los primeros puestos en el mundo, por su nivel de descrédito de la gestión.

Entre ellos sobresalen una tasa de inflación que pasó en los últimos ocho años de tasas de un dígito porcentual al año a un rango de dos dígitos altos, más de 35% en la actualidad.

El nivel de pobreza e indigencia, también en el rango de dos dígitos porcentuales de la población total, razón por la cual se dejó de elaborar la estadística a partir de la segunda mitad de 2013.

La fuga de capitales, que pasó de un total acumulado de 109 millones de dólares a fines de 2001 y 122.500 millones en diciembre de 2003 a 154.000 millones en 2007 y a más de u$s227.000 millones en el último dato a septiembre de 2014, según comunicó el Indec, por la política hostil contra la inversión extranjera directa y el impuesto inflacionario.

También estuvieron ausentes en el balance de gestión que hizo Cristina Kirchner las referencias al aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias de las empresas en unos 15 puntos porcentuales en términos del PBI, en forma agregada, por la concurrencia de la no actualización de los mínimos no imponibles y permitir el ajuste de los balances por inflación, sino también por el impuesto inflacionario que se suma por el desfase entre el período del aumento nominal de los salarios y jubilaciones, cada un período medio de seis meses, y la suba diaria del promedio de precios de la economía.

Y pese al singular incremento de la presión tributaria, el resultado de las finanzas públicas pasó de un superávit de más de dos por ciento del PBI a un déficit pico de 8,2% en diciembre último y más de 4% en el promedio de 2014, sólo a nivel nacional. Deben agregarse un par de puntos de desequilibrio de las provincias y municipios y también el cuasi fiscal que genera el Banco Central con el financiamiento a tasa cero al Tesoro nacional y pago de tasas de más de 26% anual a los tomadores de Letras y Notas, principalmente bancos e inversores institucionales, como la Anses, compañías de seguro y fondos de inversión.

También se omitió toda referencia al cepo cambiario, las trabas impuestas a las importaciones y la política deliberada de apreciación del peso, los cuales se aunaron para provocar una severa pérdida de competitividad de la producción nacional y la consecuente contracción del comercio exterior argentino.

La lista del uso político de la economía podría continuar con la deliberada desactualización de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos, en particular para los sectores de medianos y altos ingresos; o las deficiencias en materia de infraestructura, porque las obras, energéticas, viales, portuarias, amén de las necesidades de asistencia educativa y hospitalaria estuvieron lejos de cubrir las necesidades de la población y de las empresas, entre otras, amén de la persistencia del default de parte de la deuda pública y la consecuente imposibilidad de acceder al mercado internacional de capitales a tasas de menos de 5% anual, como le ofrecen a países vecinos y tener que aceptar costos de casi el 9% anual, como el que asumió YPF pocas semanas atrás.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

Las consecuencias tienen más prensa que las causas

En esta semana se ha observado con singular nitidez cómo el hematoma subdural crónico que afectó a la presidente Cristina Kirchner y su posterior internación e intervención superaron con creces en todos los medios al análisis de las causas que provocaron ese cuadro.

En la economía hace tiempo que se advierte ese fenómeno, al punto de que tanto en los análisis, como más aún en las recomendaciones de política que hacen los principales consultores de empresas y referentes en materia económica, se pone más la lupa en el día a día del dato de reservas en divisas en el Banco Central que en la evolución del gasto público. Es decir, el análisis se centra más en los síntomas que en las causas de la hemorragia que afecta al paciente, la Argentina.

Dicho de otro modo, comienzan abundar las recomendaciones de política para detener la demanda de dólares que se origina en un boom inducido del turismo al exterior a un cambio 20% más caro que el oficial pero 30% más barato que el cambio libre o blue.

Está claro que la mayoría de las actividades productivas, comerciales y de servicios reclaman un cambio de política, o al menos ajuste, en particular la que se agregó a fines de 2011, como el cepo cambiario, las trabas a las importaciones, la profundización de los subsidios, pese a que esa medida favorece a muchas personas con altos ingresos, y el aumento de la presión tributaria. Pero revertir todo eso caerá en saco roto si no se actúa sobre las causas que dieron origen a esa vuelta de rosca adicional de la heterodoxia económica.

Finanzas públicas al rojo vivo
El nudo gordiano que hay que comenzar a desarmar, más temprano que tarde, es el creciente gasto público por sobre la cota que posibilitan los recursos tributarios y el financiamiento voluntario de los agentes económicos al Tesoro Nacional.

La semana próxima pasada el secretario de Hacienda dio a conocer el resultado base caja hasta agosto, con recursos que aumentaron 24,4% y gastos totales 34,4%, los cuales provocaron un salto del deficit fiscal final a $750 millones, en contraste con un superávit de $17,4 millones de un año antes.

Más allá de que las reales necesidades de financiamiento, antes del pago de intereses, se elevaron más de doce veces en el mes y más de una vez en el acumulado de los ocho meses, en comparación con un año antes, las cuales sólo pudieron ser cubiertas con emisión del Banco Central y de la Anses, el punto inquietante es que sin contabilidad creativa el rojo fiscal conocido ya superó $32.000 millones y es equivalente a casi 2% del PBI.

Si a eso se suman las necesidades de fondos para pagar vencimiento de la deuda pública en moneda extranjera con la única asistencia del Banco Central, se explica por qué las reservas van camino a agotarse en poco tiempo, como ocurrieron con las energéticas.

No se trata de prohibir el uso de más de una lámpara de luz, o de no encender más que una hornalla y/o de restringir el uso del automóvil para preservar los escasos recursos energéticos, o elevar el cargo sobre los gastos con tarjeta fuera del país o poner cupo, para cuidar las pocas divisas reales que hoy tiene el Banco Central.

Tal vez sea necesario imponer algunas limitaciones por un tiempo, sin llegar al extremo de esos ejemplos utilizados para visualizar la gravedad del problema, pero para que el resultado sea el buscado, sanear al paciente, hay que ir directo al análisis y tomar las medidas que combatan las causas que provocaron el actual cuadro crítico, sobre todo en perspectiva, para que después de salir del quirófano no se corra el riesgo de volver a ingresar en un estado más crítico.

En el Gobierno culpan a los bancos de todos sus fracasos

En la última semana, el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto, en la 34ª Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas, y el titular de la AFIP lanzaron dardos contra el sistema financiero, en disconformidad con la forma y criterios con las que encaran su actividad, porque consideran que no contribuyen con el crecimiento de las empresas y con el rol esencial de canalizar el ahorro de las empresas y familias a la inversión y el consumo como deberían hacerlo.

Previamente, desde el ala económica, con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, y desde el propio Banco Central, la presidente de la entidad Mercedes Marcó del Pont, entre otros, justificaron la imposición de líneas de crédito subsidiadas para la inversión productiva, como el Crédito del Bicentenario y las destinadas a las PyME con un piso de 10% del total de depósitos que capten, por la reticencia de la banca de prestar para la producción.

En esa línea, el senador Pichetto dijo que “hay que replantear el rol de los bancos, porque no están prestando todo lo que le pide al sector productivo, porque dicen que las empresas no ofrecen suficientes garantías, que no califican, y eso no es siempre así”.

Incluso fue más allá el senador por el FpV y remarcó ante la atónita mirada de más de 200 ejecutivos de finanzas y medios periodísticos que “ha sido una imbecilidad creer que el Banco Central de la República Argentina debía ser independiente del poder político y por tanto tener una autoridad superior a la del propio Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego fue el turno del titular de la AFIP al destacar, primero en una entrevista casual que le hice en su ingreso a Aeroparque en la avanzada noche del sábado y luego el martes en conferencia de prensa para anunciar la recaudación de septiembre, que “los bancos no han colaborado una vez más para alentar la adhesión a la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera fuera del país, porque se ampararon infundadamente en que podían violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Saludable limitación de las normas prudenciales
En todos los casos, se omitió hacer mención a que gran parte, por no decir todo, del comportamiento cauteloso de las entidades responde a la catarata de medidas prudenciales que desde hace más de 20 años se fueron implementando en el país para que no se repitieran las crisis financieras con cierre de entidades y asistencia hipermillonarias por parte del Banco Central, como ocurrieron en los ’80. De hecho, la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner, ha resaltado en repetidos discursos y por cadena nacional la fortaleza del sistema financiero que se vio reflejada en la ausencia de cierres en las crisis de 2001 y 2002, y más reciente de 2008 a 2009, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, en los EEUU.

Se trata de normas prudenciales y preventivas, para resguardar al extremo los fondos que los confían los ahorristas, familias y empresas argentinas, principalmente, que en el mercado se conocen como Basilea II, III y las más recientes IV, las cuales exigen evaluar adecuadamente las garantías que ofrecen los potenciales tomadores de crédito, la capacidad de flujo de fondos para repagarlo, previo análisis del destino real de los recursos, para que no sean desviados a operaciones ilegales, como lavado de dinero, vínculos con el financiamiento al terrorismo, entre otras atrocidades.

Sin embargo, lejos están de tomar en cuenta todas de esas consideraciones instrumentales y el propio artículo 14 de la ley 26.860, promulgada el 31 de mayo de 2013, que estipula: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, que explican la actitud precavida de los banqueros.

Es más, sobre el final de ese artículo, el legislador habilitó a las entidades a tomar recaudos adicionales, antes de aceptar la exteriorización de capitales fuera del país al destacar que “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente”.

Sobre esa base, y ante la supuesta falta de respaldo de la documentación presentada por quienes querían regularizar su situación tributaria “muchos bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado. La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana”, justificaron analistas del sector.

La economía que viene

Pasadas las primeras 72 horas de la gran encuesta nacional sobre las tendencias del electorado para renovar parcialmente las cámaras legislativas del Congreso Nacional, junto a la que tendrán lugar en varios distritos provinciales, no se advierten signos del Gobierno de los pasos a seguir. Todo lo contrario.

Es posible que se tome estos pocos más de dos meses que restan para las elecciones nacionales decisivas para definir ajustes, o continuar con más de lo mismo, si es que banqueros, gremialistas e industriales aceptan el debate que propuso Cristina Kirchner en Tecnópolis y no logran justificar las debilidades que ven en el modelo.

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Grandes ausentes en el Aniversario de la Bolsa

La conmemoración de los 159 años de la fundación de la Bolsa de Buenos Aires, el pasado 31 de julio, estuvo muy lejos de los que fueron los festejos durante los 29 años previos desde la vuelta de la democracia al sistema de gobierno en la Argentina.

Es que la sanción de la ley 26.831 que establece los lineamientos del nuevo régimen para el Mercado de Capitales, y cuya reglamentación parcial por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través de un improvisado decreto 1023, cuando se esperaba que lo hiciera la Comisión Nacional de Valores, como se esperaba dejó muchos puntos oscuros.

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