Grandes ausentes en el Aniversario de la Bolsa

Daniel Sticco

La conmemoración de los 159 años de la fundación de la Bolsa de Buenos Aires, el pasado 31 de julio, estuvo muy lejos de los que fueron los festejos durante los 29 años previos desde la vuelta de la democracia al sistema de gobierno en la Argentina.

Es que la sanción de la ley 26.831 que establece los lineamientos del nuevo régimen para el Mercado de Capitales, y cuya reglamentación parcial por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través de un improvisado decreto 1023, cuando se esperaba que lo hiciera la Comisión Nacional de Valores, como se esperaba dejó muchos puntos oscuros.

De ahí que el acto, más parecido a un velorio, donde muchos de los socios y operadores históricos compungidos optaron por no asistir, que a un cumpleaños, porque muchos consideraban que este festejo estaba destinado a ser el último, al menos como se conocía a la institución y su operatoria.

Se sabía que el mercado de capitales en la Argentina sólo se ha convertido en los últimos 50 años en un canal mayormente reservado a la captación del ahorro privado, familias y empresas, para financiar a las arcas públicas, nacionales y provinciales, que antes para ser una fuente de desarrollo y financiamiento accesible para la empresa privada, sin que se viera amenazado su control societario.

A eso han contribuido la larga historia de confiscaciones y desaliento del ahorro privado, a través de procesos inflacionarios, proteccionismos discrecionales y sin norte y una desmedida vocación por generar impuestos, aunque se los denominan de diversas formas para justificar una inexistente estabilidad tributaria.

Quienes faltaron
Además de referentes históricos del mercado, fue clara la ausencia de una palabra de tranquilidad de la Presidente de la Nación sobre la prudencia y excepcionalidad con la que la autoridad de aplicación dará lugar a la interpretación del art. 20 de la ley, el cual no estaba en el proyecto original, pero con fórceps se introdujo en el recinto del Congreso.

Se trata del que abunda sobre la protección del accionista minoritario, pese a que ya estaba ampliamente cubierto en el manual de procedimientos de la Comisión Nacional de Valores. Por eso el mercado se muestra inquieto, porque a ocho meses de que diera a luz la nueva ley del Mercado de Capitales aún persiste casi tres cuartas partes de la norma sin reglamentación, la cual se esperaba que estuviera a cargo de los idóneos de la CNV.

De ahí que sólo en el caso de las tenencias accionarias de la Anses, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay 37 de 42 empresas cotizantes en las que el Estado cuenta con más de 2% del capital social, y por tanto el Estado es “juez y parte” en el futuro de las acciones de las compañías. Lo lógico hubiera sido devolver al mercado esas tenencias, a través de licitaciones públicas, antes de la reglamentación de la nueva ley. También habría que agregar las tenencias en los portafolios de empresas públicas, en particular del Fondo Pellegrini del Banco de la Nación Argentina.

En el mercado se estima que como consecuencia de esa cláusula las cotizantes no se deslistarán del mercado, porque es muy costoso. Pero sí se asegura que de no observarse en el futuro ese artículo de la ley constituirá un severo obstáculo a la entrada de compañías, que es uno de los fundamentos de contar con un sistema federal y no mutualizado.

Será por eso que también estuvieron ausentes las menciones por parte de Cristina Kirchner a los fundamentos y oportunidades que ofrece la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera para atraer el ahorro privado e improductivo al mercado de capitales, para generar empleo y producción argentina en condiciones de alta competitividad y productividad.

Tampoco hubo referencia alguna al proyecto de ley de impuesto a la renta financiera, porque también su ambigüedad y falta de oportunidad sólo contribuye a desalentar el resurgimiento de un mercado de capitales a la altura de los que tienen nuestros vecinos Brasil, Chile, Colombia o Perú.

Es que previo a eso se requiere contar con una economía con estabilidad de precios, abierta en serio al mercado internacional, no sólo comercial, sino también financiera, y, en particular con una reforma tributaria integral, libre de parches, que se sustente en los principios básicos de cualquier régimen impositivo: capacidad de pago del contribuyente, equidad, progresividad, estabilidad, transparencia y certidumbre, entre otros.