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Del ajuste al desajuste

La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares.

Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado a un renunciamiento voluntario, porque no incluye a la energía eléctrica.

De ahí que se avanza poco en la reducción de la brecha tarifaria que favorece a los porteños y a los habitantes de la provincia de Buenos Aires en comparación con lo que paga la mayoría de los residentes en las restantes provincias.

Menos aún se avanzará en reducir significativamente el gap entre el promedio de tarifa de gas y agua que abona el promedio de los argentinos respecto de los habitantes en los países vecinos, Europa o los EEUU.

Ni qué hablar de que no se atiende al reclamo de los economistas de las consultoras privadas, y también de gran parte de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, de que la base de la rebaja de los subsidios a los sectores de medianos a altos ingresos debiera seguir dos objetivos esenciales: reducir el gasto público para achicar el exagerado rojo fiscal y transferir recursos de usuarios a las empresas para que puedan intensificar sus inversiones para mejorar la calidad de los suministros.

Para el ministro de Economía bajar el gasto es hacer un ajuste, por eso opta por el camino opuesto; esto es, profundizar el desajuste, porque el supuesto ahorro que se obtendría con la rebaja de los subsidios se destinará a intensificar los planes asistenciales, principalmente la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, y en menor medida reforzar las finanzas de las empresas proveedoras de los servicios de gas y agua, aunque en proporciones no definidas.

Mientras que Kicillof y De Vido no consideran ajuste que para los consumos inferiores el monto a pagar de los servicios se duplicará en cinco mes y para los extremos se multiplicará por casi cuatro. Es cierto que en valores absolutos, los montos a pagar seguirán siendo paupérrimos respecto de otros consumos esenciales, como el transporte o el abono del celular.

De este modo, seguirán pendientes las medidas de racionalidad en el manejo del gasto público, entendido como tal que, al menos no crezca más que lo hacen los recursos tributarios. No hay economista o consultora privada que esté haciendo un llamado al recorte de las jubilaciones o de los salarios, como suelen esgrimir los ministros, sino simplemente atenuar la tasa de aumento nominal. Para que no queden dudas: si los ingresos suben 1.000 millones de pesos, lograr que el gasto, como extremo, no crezca más de 1.000 millones. De ese modo no bajará el déficit fiscal, pero al menos dejará de expandirse y elevar las presiones inflacionarias a través del financiamiento con emisión espuria por parte del Banco Central de la República Argentina.

Consumo racional

Se trata de una linda definición, pero pensar que quien tiene altos ingresos reducirá sus niveles de consumo de gas y agua porque la tarifa bimestral de gas podrá llegar a 500 pesos a fines de agosto es pensar que ese monto tiene un impacto relevante sobre sus presupuestos y que son individuos que lograron un buen pasar por haber dilapidado sus recursos.

Por el contrario, entre los consumos medios es posible esperar un uso más racional, pero si hubo despilfarro de gasto eso fue posible hasta 2011, comienzo de 2012, porque desde entonces, la aceleración de la suba de los precios, el freno de la actividad económica y, más recientemente, el encarecimiento del dinero, la reducción de oportunidades laborales y el recorte de la jornada laboral fueron forzando un manejo más cauteloso de los siempre menguantes presupuestos de las familias.

Si te fue bien, me ocuparé de que te vaya mal

Esa parece ser la consigna del Plan Económico día por día que el trio Capitanich, Kicillof, Fábrega levantó como bandera desde que asumieron el 20 de noviembre de 2013 al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía y el Banco Central.

A esa altura nadie dudaba, ni propios, ni mucho menos extraños, de que a la economía le estaba haciendo falta un “service” (la palabra ajuste no aparece en el diccionario del Gobierno) para no caer en un escenario de mayor desequilibrio de precios y aceleración del derrumbe de la actividad productiva y comercial.

Pero pasadas las primeras semanas de “luna de miel”, que casi como un rito sagrado le concede el mercado a los nuevos funcionarios, para que puedan ver desde las más altas esferas de sus carteras el paño que deben reordenar, se advierte que lejos de haber encontrado el rumbo para apuntalar lo que marchaba bien y enderezar aquello que se encaminaba mal, se tomó un sendero por el cual se han ido consolidando los desajustes, pero con el agregado de nuevos actores.

Pareciera que la nueva lógica es “ley pareja, ley rigurosa”: ¿si a la mayoría le estaba yendo mal, por qué algunos privilegiados como la construcción, las terminales automotrices y concesionarias y el sector financiero, tenían que seguir sosteniendo un creciente nivel de actividad?

Bajo esa visión se inscribirían las últimas inicitaivas, porque no sólo terminaron poniéndole freno, sino también le hicieron sentir el rigor de la angustia que venían sintiendo otros sectores por no poder alcanzar los objetivos y que palpen lo que significa caer en rojo respecto de lo presupuestado.

El sector público nacional fue pionero en mostrar ese camino, aunque -claro está- lo pudo disimular en este tiempo de carnaval con el ropaje que le brindaron las asistencias ilimitadas de pesos fabricados por el Banco Central y el remate de parte de la cartera de títulos públicos en poder de la Anses, aunque pertenezcan a más de 6 millones de jubilados y poco más de 10 millones de trabajadores registrados, y también algún con algún aporte forzoso del PAMI.

La consigna: ampliar la manta que tapa la realidad
Los indicadores oficiales de actividad productiva y comercial dieron cuenta de un acelerado desgaste de la capacidad de la economía para seguir generando más riqueza en forma generalizada, luego de que superada la depresión de 2002 se llegara a la etapa esperada del crecimiento sostenido y sustentable, tentativamente a partir de 2007.

Pero justo en ese momento se decide la intervención del Indec para deformar la real señal que emitían los precios de la economía y poder seguir con altas tasas de crecimiento y baja inflación, aunque los indicadores reales comenzaban a dar cuentas de grietas en las primeras y aceleración perturbadora en la segunda.

La historia de los últimos seis años es bien conocida, hasta que se llegó al 20 de noviembre de 2013 en el que el primer balance de situación por parte del flamante trío conductor de la economía advirtió que prevalecían algunos actores viviendo de fiesta: el sector turismo hacia el exterior, la rama terminal automotriz, el sector financiero, y otros, pese a todo, seguían con ímpetu: el consumo y la construcción.

Al primero se lo atacó con una brusca devaluación, aumento del pago a cuenta de impuestos de 20 a 35%, y la extensión del cargo financiero al componente de la demanda de billetes; al segundo con el impuestazo de Internos a la franja de alta gama, incluidas las motos, y las restricción de importaciones de productos terminados y también de partes; al tercero con el ataque a la composición patrimonial de activos externos y al resto con la estampida de las tasas de interés y la convalidación de alzas de precios para los “descuidados” y parciales de 6 a 8% en los “cuidados”, junto con el encarecimiento del transporte y de los pasos por puestos de peaje.

Todas esas acciones se hicieron en forma gradual a lo largo de los casi 90 días de conducción, y pareciera que aún no se han completado: resta la revisión de la política de subsidios a los servicios públicos que consumen los sectores de altos ingresos, una regla fiscal que ponga límite al aumento del gasto público y otra que reduzca la capacidad de asistencia del Banco Central, así cómo presentar un nuevo Presupuesto y Plan Monetario, para que los agentes económicos tengan claras señales hacia dónde se va.

El aparente sinceramiento de la inflación de enero es un progreso y es de esperar que se mantenga. Pero no fueron buenas señales que no se empalmara la serie con la anterior metodología de cálculo de la inflación y mucho menos que el Jefe de Gabinete dijera que “no hay motivos para modificar las pautas del Presupuesto 2014″.

Mientras nada de esto último ocurra, y se crea que un plan económico se puede armar día a día, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados de bienes, trabajo, divisas y financieros, seguirán presentes y los desequilibrios macroeconómicos se extenderán a la micro, esto es a las empresas y a las finanzas de las familias, con lo que se achicará la brecha entre los pocos que estaban bien y los muchos que hace tiempo debieron ajustar sus cinturones.

Para el mercado, 8 pesos no es un cambio de equilibrio

El ministro de Economía definió el viernes último que la parcial flexibilización del cepo para pequeñas operaciones de cambio, aunque con singular profundización para los grandes contribuyentes (se redujo el máximo autorizado de compra de dos millones dólares por mes a sólo u$s2.000, a la milésima parte!) se hacía porque “ocho pesos es un tipo de cambio de equilibrio para la sustentabilidad macroeconómica”. Sin embargo, ni Axel Kicillof, ni Jorge Capitanich, precisaron cómo entienden el equilibrio macroeconómico.

En tres días de apertura mínima del canal de ahorro en dólares se presentaron solicitudes de compra por poco más de u$s113 millones, pero sólo se efectivizaron menos de 42 millones de dólares, y las reservas del Banco Central cayeron a ritmo de 181 millones de dólares por día, pese a subir las tasas de interés en seis puntos porcentuales. A esa velocidad en los primeros días de octubre el país se queda sin reservas.

Claramente que eso no va a ocurrir, al menos en forma inmediata, porque antes la tasa de interés trepará a valores que hoy aparecen como insospechados y se asume como altamente improbable, que el Gobierno deje que esos dos fenómenos ocurran. Aunque la historia Argentina muestra varios episodios en los que las reservas cayeron a niveles inferiores a u$s5.000 millones, en los papeles, como en los setentas y ochentas, aunque disponibles mucho menos aún.

Eso es lo que está intentando hacer el Banco Central luego de que abandonara el gradualismo que mantuvo en la suba diaria del tipo de cambio oficial que iniciara el 20 de noviembre, tras comprobar en dos meses de esa estrategia que lejos de haber sido un principio de solución de los problemas, los agravó porque desalentó la liquidación de divisas por parte de los exportadores y tentó a importadores, empresas y futuros turistas a tomar posiciones, para evitar suba de sus costos.

Lo mismo, pero al revés
Ahora repite una estrategia similar con el manejo de las tasas de interés, con la convicción de que de ese modo se secará la plaza de pesos y por tanto quita un lubricante que considera esencial para el mercado de cambios, libre y oficial.

Sin embargo, aquí también Juan Carlos Fábrega y su equipo podrían equivocarse porque el exceso de pesos se estima en más de 100.000 millones, el cual surge de la dinámica del financiamiento al Tesoro con emisión, y eliminarlo con operaciones de $5.000 millones en los vencimientos semanales de Letras y Notas que luego se colocan con un plazo mínimo de 70 días, llevaría casi cinco meses.

Pero además, porque si comparte que existe semejante desborde monetario, equivalente a casi cinco puntos del PBI y logra absorberlo, paralelamente tendrá que ocurrir que la principal fuente de emisión se detenga: el exceso de gasto público que avala la Secretaría de Hacienda, que hasta ahora se cubrió con adelantos de pesos a la Tesorería.

Y si bien el Jefe de Gabinete aseguró que política de suba de las tasas de interés no afectará a las pequeñas y medianas empresas porque el Gobierno ha decidió elevar en $22.000 millones el crédito productivo a tasa subsidiada, no ocurre lo mismo para el resto de las empresas y en particular de las personas físicas que se endeudaron a tasa variable, sea para la compra de una vivienda, de un auto o de un artefacto para el hogar.

Y peor aún para las nuevas necesidades de crédito de empresas que necesitan descontar un documento o pedir un adelanto bancario de corto plazo en cuenta corriente, y por supuesto para nuevos préstamos.

Más regulaciones sobre la economía real sin atacar las causas de los desequilibrios
Una vez más, el equipo económico avanza en su afán de controlar todos los movimientos de los agentes económicos, empresas y familias, menos de poner en orden la casa propia,, poniendo una regla simple que limite el aumento del del gasto público a los recursos que obtiene con la estructura impositiva tradicional, sin agregados y comenzar a desarmar la maraña de subsidios a sectores de altos ingresos, para poder fortalecer los destinados a los que realmente los necesitan.

De ese modo, profundiza los desajustes fiscales, cambiarios y en los mercados de bienes, sin querer aceptarlo, como hace con la inflación, la pobreza y la recesión, los cuales se manifestaban inicialmente en la escalada de la inflación y del dólar libre, luego se sumó la pérdida de reservas y ahora se agregó el aumento de las tasas de interés, dando lugar a un círculo vicioso que amenaza con espiralizarse, porque no alcanzan para revertir las expectativas negativas y recrear la confianza.

Si realmente se quiere esterilizar el exceso de dinero emitido a lo largo de los últimos dos años, la herramienta más recomendada es la suba de los encajes bancarios, porque se hace de una vez, y rápidamente se puede flexibilizar, según sea la respuesta de los agentes económicos.

Pero hacer eso sin un plan integral que cierre la fuente principal del desequilibrio macroeconómico, que es el salto del déficit fiscal, no habrá ni acuerdos de precios, ni deslizamiento cambiario oficial, ni alza de las tasas de interés que puedan estabilizar los precios y el dólar libre y por el contrario precipitará la actividad productiva y comercial a un pozo depresivo, con el consecuente impacto inmediato sobre el alza del desempleo y caída del salario real, como ocurrió en repetidos episodios de la historia económica argentina. Incluso en el caso del Rodrigazo de 1975: la economía pasó de crecer 5,4% a caer 0,4%, seis puntos de diferencia! y no puedo afirmar que el Indec de entonces era intachable.

No se trata de ser patriota o no patriota, ni de inquietarse porque “se habla con el corazón y el mercado responde con el bolsillo”, sino de aceptar los repetidos y agravados errores de política económica, en particular los cometidos en los últimos 27 meses y comenzar a repararlos desde su origen, sin atajos, ni amenazas.

¿Quién deprecia más la moneda nacional?

Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos.

Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los medicamentos, por la presencia de “empresas monopólicas y oligopólicas que ejercen posición dominante y remarcan los precios en forma desopilante” (qué antigüedad), y también sumó a los narcos y el lavado de dinero.

Frente a ese diagnóstico siempre aparece una amenaza y, por supuesto, más regulaciones que generan el efecto contrario y ubican cada vez más arriba a la Argentina entre las naciones que más reprimen la vida económica de las personas y empresas, sin medir el costo en términos de capacidad de atraer inversiones y generar empleos. “Vamos a combatir el mercado marginal de cambios con la Ley”, dijo Jorge Capitanich en la mini conferencia de prensa de esta mañana.

Y eso es lo que falta en la Argentina, en particular de los últimos dos años y medio. Si se hubiera cumplido con la ley primera del sentido común de la solvencia fiscal que indica que “no se debe gastar más de lo que se recauda”, en particular cuando caprichosamente se decidió cancelar deuda barata con uno de reservas del Banco Central y uso y abuso de la emisión espuria de dinero, no se habría generado el caldo de cultivo del mercado marginal de cambios.

Pero no sólo eso, sobre el filo del cierre del mercado oficial de cambios la pizarra del Banco Nación subió la paridad entre el peso y el dólar para las transacciones comerciales y las financieras autorizadas, junto con la base para el dólar tarjeta, de 6,94 a 7,14, pesos por unidad, acumulando en la jornada un salto de 25 centavos, equivalente a 3,63% en día. Superó a la inflación Congreso de diciembre de 3,4 por ciento.

Es cuestión de tiempo
Claramente, en cualquier medición de corto plazo, tras un largo período de virtual intrascendencia, la suba de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, esto es la desvalorización de la moneda nacional, que tanto dice defender el Jefe de Gabinete, fue sensiblemente superior a cualquier cálculo extremo de alza de los índices generales de precios de la economía y por supuesto también al de la variación del tipo de cambio oficial que rige las operaciones comerciales, algunas financieras y la base para el turismo.

Pero esas brechas desaparecen si se toma un período más amplio, como por ejemplo desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió el primer mandato la actual Presidente de la Nación. El tipo de cambio oficial de entonces de $3,138 sube a 11,71 pesos hoy si se lo ajusta por la inflación Congreso, la cual, de acuerdo con cálculos aislados de varias de las consultoras que alimentan esa fuente ubican en torno a 4,5 por ciento.

Y la razón principal por la que la inflación se fue empinando de menos de 8% al año hasta 2007, estabilizarse en un rango de 22 a 28% en los siguientes hasta 2013 y dispararse a más de 35% en la actualidad, con clara perspectiva ascendente si no cambia la política económica de fondo, es la pérdida del superávit fiscal: de más de dos puntos del PBI se fue consumiendo precipitadamente y hoy ya se ubica en un rango deficitario de 3 a 4% del PBI, en un contexto de presión tributaria récord (para los que pagan, por supuesto!).

En ese escenario, “los privados actúan en consecuencia, no son la causa de la depreciación de la moneda de los argentinos, para terminar comprando bienes a precios de remate, a costo de la producción y el empleo de los argentinos”, como intenta hacerle creer a la sociedad el Jefe de Gabinete.

Quién determinó que el tipo de cambio comercial saltara en apenas dos meses del nombramiento de los nuevos ministros en 18%, a un ritmo de 170 anual (bien dicho 63% de depreciación porque con 7,14 pesos se podrían adquirir en un año apenas 37 centavos de dólar en ese circuito) y que el dólar para el turismo volara en 33% (aunque 35% sea a cuenta de futuros impuestos, aunque su recupero en el mejor de los casos se obtiene dos meses después de terminado el año en curso, y por tanto se le aplica un desagio mínimo de 20 a 25%, según la inflación actual), fueron las nuevas autoridades económicas, no los monopolios, oligopolios y los narcos.

Es decir, dos variables que no la fijó ni el mercado libre, ni surgió del precio del tomate, el trigo, o de las acciones monopólicas u oligopólicas, ni de los narcos, sino que fueron instrumentadas por la autoridad monetaria y de la AFIP, forzaron una “desvalorización de la moneda nacional de 15% y 25% respectivamente, en apenas dos meses, aun ritmo anualizado de más de 60 por ciento.

Las causas están cada vez más claras, aunque se las desestime

De ahí que no se trata de seguir operando sobre las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la suba de los precios, la escalada del tipo de cambio, la pérdida de reservas y el freno del crecimiento de la actividad productiva, forzando el cierre de la economía y la imposición de nuevos cepos a las libertades individuales para disponer de las decisiones de gasto y forma de proteger los recursos que genera familias y empresas con su trabajo y emprendimientos.

Es tiempo de hacer un real diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos, en el orden fiscal, monetario, comercial, tarifario y laboral, para actuar sobre las causas. El consenso de los economistas lo ubican en el primer plano: exceso de gasto público respecto a la capacidad saturada de pago de impuestos, y su financiamiento con emisión espuria y uso de reservas del Banco Central.

De allí se deriva todo el resto y desde hace un año ha provocado la anulación de la capacidad de generación de empleos por parte del sector privado y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría que conservó el empleo, como bien lo refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, muchos trabajadores debieron resignar horas de trabajo, en particular en las industrias, comercio y transporte, y con ello vieron menguado sus capacidades de compra respecto de la que tenían un año antes. Justamente lo que dice que quiere evitar el Jefe de Gabinete.

No es cierto que ordenar la macroeconomía llevará a la marginación de 10 millones de argentinos. Ya hoy en Chaco apenas concurre al mercado de trabajo un tercio de sus habitantes, menos que doce años antes. Por el contrario, con un plan de sentido común y creíble, en poco tiempo se podrían restablecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo, esto es ingresar divisas, generar incentivos para el ahorro en la moneda nacional y fomentar el crecimiento sustentable con un horizonte que lejos de oscurecerse cada día tienda gradualmente a despejarse. Muchos países lo hicieron, la Argentina no será la excepción si se lo propone fuera de cualquier ideología.

¡Estamos del tomate!

Ahora parece que la culpa de todos los males de la política económica se reducen a una hortaliza muy difundida no sólo en la mesa de los argentinos, sino del mundo, cuya aparente escasez forzó romper con el largamente predicado “vivir con lo nuestro” para acudir al mercado internacional para nivelar la oferta y demanda a los precios que quiere el Jefe de Gabinete.

Claramente se está frente a un escenario de acelerada devaluación de los instrumentos de política económica, el cual como es natural el mercado anticipa y lo refleja en la acelerada pérdida de valor de la moneda, sea a través de la inflación, sea a través de la escalada del tipo de cambio, oficial y más aún el libre.

Primero se intentó regular y administrar los precios de 10.000 productos, luego se redujo a 500, y desde comienzos del año nuevo a 100, pero ahora se advierte que el acento se pone en uno. Más de 220 años de historia económica ampliamente difundida en el mundo moderno fueron reducidos a la nada en la Argentina de hoy.

Y la pregunta clave es por qué este Gobierno muestra tanta vocación por remunerar a los proveedores internacionales, sea de petróleo venezolano, gas de Bolivia, energía de Uruguay y ahora tomate de Brasil, con precios singularmente mayores a los que se les niega a los productores argentinos.

Se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias

Naturalmente, frente a semejante señal que se le envía a los agentes económicos no sorprende que la reacción sea el debilitamiento de la inversión productiva y por tanto la escasez aparece a la vuelta de la esquina en varios rubros donde la Argentina tiene condiciones naturales para ser claramente excedentaria y ser fuente de mayor generación de divisas, como la carne vacuna, el trigo, el petróleo, la energía, los lácteos, la minería, los vinos, el turismo receptivo, entre muchos otros rubros.

La miopía de los funcionarios, o el capricho de quienes no se animan a contradecir los lineamientos que reciben de la primera mandataria, continúa pese a que esa actitud ya se manifiesta en destrucción de puestos de trabajo en algunas industrias, reaparición de las vacaciones anticipadas como paso previo a las suspensiones y consecuente deterioro de la capacidad de consumo de las familias argentinas y por tanto conspiran contra el logro de las metas de recaudación de impuestos.

Para peor, ese escenario no se traduce como en el pasado en mayores exportaciones de saldos ocasionales, porque pese a haberse acelerado el ritmo de devaluación del peso a un ritmo que parece superar a la inflación real en unos cinco puntos porcentuales, muchas firmas exportadoras, principalmente pequeñas y medianas, no se atreven a generar negocios por la creciente incertidumbre para el corto y mediano plazo.

Por tanto, a fuerza de ser reiterativo con columnas previas, cabe resaltar que mientras se niegue la realidad y con ello la señal que transmiten los precios en todos los mercados, hoy es el tomate, ayer fue la carne o la harina del trigo, y se insista con que los aumentos de precios surgen de prácticas inescrupulosas de empresarios que sólo se ocupan de maximizar las ganancias, sin mirar sus consecuencias en términos de pérdida de ventas, en lugar de observar los desaciertos que se vienen cometiendoen materia de política monetaria, fiscal, comercial y de respeto de las instituciones, la inflación y el dólar seguirán su carrera ascendente e incontrolable.

El Gobierno se niega a sumarse al ajuste salvaje

Enero comienza con ya el clásico más de lo mismo. A poco más de 40 días de cambios en el gabinete se advierte con claridad que nada cambió, al menos para bien. Por el contrario, el Gobierno avanzó en la línea de imponer obstáculos a los pocos sectores que habían escapado del ajuste forzoso que se inició desde fines de octubre de 2011, cuando de la mano del “vamos por todo” se impuso el cepo cambiario, la discrecionalidad en la aprobación de importaciones, el cambio de las reglas habituales que guiaban al mercado inmobiliario, las limitaciones de hecho al pago de dividendos a los accionistas de empresas que no residen en el país, en particular de firmas de capital extranjero, trabas a la autorización de venta de dólares para viajar al exterior, etc., y las idas y vueltas, en un círculo vicioso, en materia de control de precios, aunque se lo denomine de cualquier otra forma: acuerdos, precios administrados.

Por un lado, con la complicidad de un Congreso donde todavía mantiene mayorías, el Poder Ejecutivo impuso una extraordinaria suba de impuestos internos a los autos y motos de media a alta gama, con el argumento de contener las importaciones de unidades terminadas y también de partes, aunque el resultado fiscal podría resultar neutro o incluso negativo, por el impacto recesivo que generará en la producción nacional, la pérdida de ingreso de derechos de importación y también por el menor cobro de IVA, Ganancias, Cheque, sobre la oferta y demanda global de esos rubros, amén de aportes y contribuciones a la seguridad social, por despidos y suspensiones.

Por otro lado, la insistencia con subsidiar el crédito a la producción con recursos que los bancos deben captar de sus clientes, en lugar de hacerlo con la derivación de rentas generales, también afectará la capacidad de generar negocios del sistema financiero, y con ello debilitará su contribución al PBI, al afectar la bancarización las tasas interés por debajo de la inflación para el ahorro privado.

La aceleración de la inflación, inducida por el desborde del gasto público improductivo, acentuó la contracción del consumo de productos básicos. Las ventas en supermercados pasaron de caer 6% en 2012 a más de 9% en los últimos meses de 2013. Y en los establecimientos más pequeños, la Cámara Argentina de Comercio detectó que en diciembre la mitad de los consultados vendió menos que un año antes, y sólo un cuarto pudo mostrar mejor desempeño.

La inversión en equipamiento y ampliaciones de plantas, junto a la demanda de construcciones de viviendas, se debilitaron aún más. De 21,3% del PBI que había representado en 2012 terminó el siguiente por debajo de 20%. La consecuencia se expresó en la brusca disminución de la creación de empleos: de 203.000 en 2012 se limitó a 23.000 un año después, y se concentraron exclusivamente en el sector público, los cuales ahora se pagan con emisión, porque la recaudación de impuestos no alcanza para pagar todos los gastos.

La construcción, clásica multiplicadora de industrias, pasó de crecer más de 10% en agosto a 3,4% en sólo tres meses después, y las expectativas para 2014 que recogió el Indec lucen contracctivas, las cuales son consistentes con la intensificación de la disminución de los pedidos de autorizaciones para edificar en los próximos meses.

En valores nominales, los recursos tributarios batieron récord, como también lo hizo la inflación, la pérdida de valor del peso respecto de otras divisas, la emisión, pero mientras los precios promedio de la economía aceleraron la variación mes a mes, no tanto por acciones oligopólicas, monopólicas y ejercicio de posición dominante de las empresas en diversos mercados, sino directamente por la política oficial que lo indujo (esto no surge de estudios privados, sino de las propias cuentas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, que está bajó la órbita del ministro de Economía Axel Kicillof), el crecimiento de la recaudación se atenuó de más de 27% en diciembre de 2012 a 21% en noviembre último.

El salario promedio de los trabajadores pudo sostener un aumento levemente superior a 25% al año, pero se agravó la brecha negativa respecto de la inflación, y más aún si se considera el ingreso de bolsillo porque ahora la actividad productiva y comercial no ofrecen las posibilidades de trabajar horas adicionales a las básicas de convenio.

Banco Central más activo, pero solitario
Juan Carlos Fábrega, como presidente de la autoridad monetaria, impuso su sello, con un drástico cambio de política respecto de la pasividad que había caracterizado la tarea de Mercedes Marcó del Pont: el tipo de cambio ahora sube a ritmo de casi 7% al mes, en contraste con menos de 2% en la etapa previa, y la base monetaria desaceleró la expansión de casi 40% a fines de 2012 a 24% al año doce meses después.

Pero se trataron de medidas aisladas, porque no respondieron a un giro hacia la austeridad fiscal, la flexibilización de la política comercial, la recuperación de las instituciones, el levantamiento de los cepos y otras restricciones. Y por tanto contribuyeron en poco o nada hacia la búsqueda de la estabilidad genuina de los precios y la competitividad con el resto del mundo. Por el contrario, el gasto público se mantuvo acelerado, con alza en noviembre que superó en casi 15 puntos porcentuales al tímido incremento de los recursos tributarios, y pago promedio de sueldos a los nuevos empleos públicos que más que duplicaron al de la media de toda la nómina.

Las reservas del Banco Central se derrumbaron en casi u$s13.000 millones, ahora no tanto por la fuga que provocaron los privados, sino por el uso y abuso del sector público, en contraste con apenas u$s3.300 millones que habían caído un año antes. El resultado fue la reaparición de tensiones en el mercado de cambios. Y el costo del dinero para las empresas, salvo el subsidiado, comenzó a subir y la consecuencia fue el alargamiento de los términos de pago a proveedores.

Como se ve, casi todo el sector privado ajustó violentamente su ritmo de producción, consumo, inversión, empleo. Obviamente, en un país de 42 millones de habitantes siempre hay varios millones que pueden manifestar altos índices de gasto, llenar los lugares de veraneo, sea en la costa, las sierras, o el norte y sur del país, pero la gran mayoría hoy acusa intenciones y posibilidades de gasto sustancialmente menores a la de un año antes.

Por el contrario, en el sector público, que es el que provocó todos los desequilibrios macroeconómicos descriptos, el ajuste, entendido por limitar la expansión del gasto total al que acuse los recursos genuinos, sigue ausente y, lo que es peor, no da señales de dar un giro rotundo en todo lo hecho en los últimos dos años. Ahora queda esperar si en las 200 metas-objetivo que prometió anunciar para estos días el Jefe de Gabinete aparece alguna pista en esa dirección. Por lo hecho y dicho en los últimos 40 días, todo indica que se avanzará hacia más trabas y regulaciones a la actividad privada, que hacia la liberación y recuperación de los superávit gemelos, la estabilidad de precios, la apertura de la economía, a la inversión abierta, es decir, hacia el crecimiento sustentable.