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La ilusión monetaria ilumina la recaudación

Una vez más el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se mostró feliz al anunciar al comienzo de la semana un nuevo récord de la recaudación tributaria, más aún porque se ingresó en el rango de los doce dígitos! (105.000 millones de pesos), después de 108 meses con niveles de ingresos de 11 dígitos.

Sin embargo, el mérito de semejante logro no ha sido otro que la escalada de la inflación, la cual se ha traducido en que el Banco Central haya concentrado la emisión en el billete de máxima nominación, aunque un billete de cien pesos apenas se puede cambiar por 10,2 dólares en el limitado canal de venta para ahorro y poco más de ocho en el circuito informal (representa 62% del total de billetes en circulación y casi 92% de la masa monetaria), con el consecuente perjuicio que genera para las transacciones diarias de las familias en una economía donde más de 40% está en negro y donde la bancarización es de apenas un quinto del PBI.

Lejos está de invitar a festejar la aparentemente abultada recaudación de impuestos, cargas aduaneras y aportes y contribuciones a la caja de jubilaciones, no sólo porque no se apoya en un escenario de una economía pujante, floreciente, donde pagar Ganancias constituya un objetivo de “pertenecer” al sector pudiente, en el caso de los trabajadores, y al club de los líderes en el caso de las empresas y sectores exitosos, sino porque desde hace más de nueve meses consecutivos el aumento de los recursos se ubicó por debajo del ritmo de expansión del gasto público y con ello volvió a resultar insuficiente para evitar el abultamiento del déficit fiscal, que es el principal responsable de generar la ilusión monetaria.

Claramente, en una economía inflacionaria todo sube, no sólo los precios de los bienes y servicios, sino también del trabajo, de la moneda y del costo del dinero. De ahí que la prueba ácida que hacen los economistas, y que también debiera hacerlo el buen recaudador cuando no es tentado por el relato de la política, es analizar el desempeño de los tributos en función de las variaciones de dichos precios de la economía, para evaluar realmente la disciplina fiscal de la sociedad y el verdadero curso de la actividad productiva, comercial y sus efectos sobre el mercado de trabajo.

Todo en terreno negativo
El aumento de la recaudación total de 35,1% interanual en mayo se ubicó entre 6 a 9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto público.

El incremento de 26,8% del IVA sobre la producción nacional fue casi 14 puntos porcentuales menor al alza media de los precios minoristas, indicando que ese canal del consumo se derrumbó alrededor de 9% en los últimos doce meses; mientras que la suba de 25% de lo ingresado por el IVA aduanero estuvo 28 puntos porcentuales alejado del salto del tipo de cambio oficial en el período. De ahí se desprende una contracción de la demanda de bienes de origen importado del orden de 18%. Si se toma el agregado de los tributos al comercio exterior que repuntaron 39% en valores nominales, se advierte un deterioro en términos reales de 9,2 por ciento.

En tanto en el caso de la Seguridad Social, el incremento nominal de 28,1% en un año fue 4,8 puntos porcentuales inferior a la suba promedio de los salarios registrados que estimó el Indec.

Con algunos matices, aunque en general un poco más atenuado, se obtienen resultados negativos en el desempeño de los primeros cinco meses, fenómeno que indicaría que la recesión más que comenzar a revertirse se ha intensificado.

Por tanto, sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad permite festejar un número que debiera haber provocado angustia y la necesidad de revisar qué está pasando en la política económica para evitar que ese cuadro se agrave, sobre todo porque ya se manifiesta en pérdidas de puesto de trabajo, recorte de la jornada laboral y aumento de la porción de la población que demora su ingreso al mercado de trabajo, más la que abandona la búsqueda, al percibir que se desvanecieron las oportunidades de empleo.

Este fenómeno fue detectado por el Indec en la última Encuesta de Demanda Laboral, la cual arrojó que sólo 32,5% de las empresas buscó personal en el primer trimestre, en contraste con 39,4% que lo hacía antes del cepo cambiario impuesto en noviembre de 2011 y casi 42% antes de asumir Cristina Kirchner la primera presidencia en diciembre de 2007.

Claramente, todos los análisis de mediano y largo plazo prenuncian un futuro floreciente, asumiendo que cada vez se está más cerca de un punto de giro hacia la vuelta a la institucionalidad y la recreación de un clima de negocios, sea por la inclinación a un capitalismo de mercado o a un socialismo con plan, que posibilite poner en valor la potencialidad que brinda la naturaleza en materia energética, agro y minería, junto al reconocido talento argentino y la muy baja bancarización, en un mundo donde prevale una elevada liquidez y la necesidad de diversificar el flujo de capitales hacia emprendimientos productivos y obras de infraestructura.

Pero el corto plazo luce cada vez más oscuro, porque cada anuncio de política económica, social y gubernamental, está vinculado con el aumento del gasto, pese a que se debilita aceleradamente la capacidad de generar recursos genuinos.

¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?

Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos dígitos en la producción y ventas de autos, maquinaria de uso agrícola, en el transporte de carga, o en la actividad inmobiliaria, y retracción real de la construcción superior a 4% o del consumo privado de más de 7%, la tasa de desempleo volvió a bajar respecto de un año atrás.

Lo curioso para muchos fue que la disminución de la desocupación en casi un punto porcentual del total de la oferta laboral tuvo lugar pese a que se asistió a una destrucción neta de más de 40 mil empleos y que la oferta de trabajadores se redujo en 163 mil personas, pese a que la población total del país creció en casi 400 mil, según la proyección de la tasa intercensal.

Sin embargo, aquel resultado respondió a un simple ejercicio estadístico que contrasta con la penuria que invade a cada vez más familias argentinas que no encuentran oportunidades para generar ingreso con sus capacidades y deben depender cada vez de la ayuda asistencial del Gobierno nacional.

Pese a esos datos, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó el logro de haber bajado la tasa de desempleo a 7,1% de la PEA. Y un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijera que “a Europa le costará un siglo lo que a la Argentina le tomó 10 años”, el ex gobernador de Chaco comparó las tasas de desempleo del país con algunas naciones europeas: “en España la desocupación es de 25,3 por ciento debido a los efectos de un ‘ajuste ortodoxo’ que se realizó en ese país y en otras naciones europeas. Países como los de América latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario, tuvieron políticas activas, casi son 50 mil desempleados los que participaron en el esquema global”, explicó el ministro coordinador.

Y luego contrastó: “los que sí han sufrido de un modo dramático, a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo, tienen que ver con los países europeos, 11,8 por ciento de tasa de desempleo en 17 países del Eurozona y tenemos casos como España, el 25,3 por ciento; Portugal del 15,2 por ciento; o de Croacia, con 17,3 por ciento”.

No sólo eso, Capitanich destacó que “de las cifras dadas a conocer el lunes por el Indec se obtienen tres conclusiones: una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al (primer trimestre de) 2013, de 7,9 a 7,1 por ciento; segundo, no existe una destrucción de empleo y, tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ningún incremento en la tasa de actividad, esto es más personas que hayan buscado empleo”.

Los números cantan la realidad
Sin embargo, lejos de asistirse a un escenario virtuoso donde la desocupación declina gracias a una economía pujante capaz de absorber el crecimiento natural del total de la oferta de trabajadores porque se generan puestos adicionales, lo ocurrido en el último trimestre, que replica en gran parte lo sucedido desde 2007, respondió a un efecto malicioso porque la baja del desempleo se originó en que la oferta de trabajadores disminuyó mucho más que la caída del empleo neto, como consecuencia a la pérdida de oportunidades.

Hoy la Argentina retrocedió a las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo que registraba siete años atrás y la proporción de ocupados fue la menor de los últimos ocho años. Una prueba ácida para determinar lo que se ha bautizado “efecto desaliento” es comparar para los diferentes aglomerados la tasa de empleo del primer trimestre de 2014 con la tasa de actividad promedio nacional de igual período de siete años. Ese ejercicio determinó que el nivel de desempleo para el total país sería de 10,2% y sube a 16,6% si se agrega el efecto de los 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajo y que ahora se los quiere seducir con el plan Progresar.

Y si se avanzara un poco más y se replicara la tasa promedio de actividad del primer trimestre de 2007 a cada una de las 31 jurisdicciones se comprobaría que la tasa cero de desempleo en Gran Resistencia, Chaco, la provincia que fue gobernada hasta noviembre último por el Jefe de Gabinete, tiene una tasa de desempleo oculta de 33% de la población: una vez y media la que tiene España y duplica virtualmente a las de Portugal y Croacia.

Podrá argumentarse que Chaco tiene una proporción de menores de 14 años y mayores de 65, que es lo que técnicamente se define como población económicamente activa, superior al promedio nacional, y por tanto registra una tasa de participación inferior a la media nacional. Sin embargo, esa brecha no es de 15 puntos porcentuales como surge de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual toma en cuenta quiénes tienen un empleo más lo que lo buscan y los coteja con los ocupados, sea en blanco o en la informalidad, sin límites de edades.

Fenómenos similares se observarían en Formosa, donde el 2,1% se transformaría en 26,8%; el 1,5% de San Luis pasaría a 16,1%; el 1,2% de Santa Rosa-Toay en 16,3% y también anotarían tasas de desocupación superiores a las de Portugal y Croacia y en algunos casos mayores a las de España San Nicolás-Villa Constitución 24%; Concordia 24%; Corrientes 20%; Jujuy-Palpalá 19,1%; Gran San Juan 17%; Posadas 16,5%; Nequén-Plottier 15,5%; Salta 15,5%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15% y La Rioja 15 por ciento.

De ahí que en lugar de compararse con los males y penurias ajenas, y en particular con casos aislados de una reducida selección del resto del mundo, sería bueno que en este fin de ciclo los funcionarios que tienen cargos que los habilitan para contribuir a mejorar en serio la calidad de vida de cada uno de todos los argentinos, miren con más detenimiento lo que ocurre en “el interior profundo” y también las múltiples experiencias exitosas que se registran en el mundo en general y en el vecindario en particular, en materia de empleo, oferta laboral, inflación, apertura al mundo y desempeño del PBI, entre otras variables socioeconómicas, que son tan relevantes para el objetivo de la inclusión social como los planes asistenciales para los sectores más relegados de la sociedad.

¿El FMI es duro o realista?

La presentación de un nuevo informe semestral del Fondo Monetario Internacional, con las perspectivas económicas de los países miembros, volvió a dejar la sensación de otro “más de lo mismo”. No sólo porque nuevamente ubica a la Argentina en el mismo rango que Venezuela, pese a que claramente aún existe un abismo, no sólo en lo referente a brecha cambiaria, de inflación, potencial económico, y más aún en cuanto a la situación política y social, sino principalmente porque, sin decirlo, parece insistir con la muletilla de los 80 del “ajuste fiscal”.

Desde el Gobierno, pero también muchos economistas de la oposición y consultores profesionales, destacan que en el primer trimestre de 2014, después de haber asimilado las nuevas funciones de modo formal, la dupla Kicillof- Fábrega, se abocaron a una vuelta a la denominada ortodoxia económica, como devaluar, bajar los salarios, subir las tasas de interés, reducir los subsidios, enfriar la economía, acordar las condiciones de expropiación de las acciones que Repsol tenía en YPF y que con esas herramientas ahora cuentan con argumentos de peso para recibir una aprobación y recomendación del FMI para que los acreedores del Club de París acepten consensuar la superación del capítulo del default y quedar habilitada la obtención de financiamiento internacional y a menores tasas.

En muy pocas líneas de las 80 páginas del trabajo de marras, los técnicos del FMI indican que “las perspectivas de la Argentina y Venezuela han vuelto a desmejorar”. Claramente, si se repara en la caída del 36% de las ventas de autos, de más de 40% en el caso de las motos, de 7% en el consumo masivo de alimentos, perfumería, ropa, y electrónicos, del promedio de los supermerados, y la caída real de la recaudación tributaria, entre otros, el diagnóstico está en lo cierto.. Mientras que si se observa el giro parcial de política, podría decirse que es exagerado.

“Se prevé que la actividad de la actividad en la Argentina y Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, aunque las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre”, agrega el paper en otra breve referencia a los dos países, en contraste con las previsiones para la mayoría del resto de los países miembros del organismo. La aceleración de la inflación a un rango de 40% y más aún del ritmo de aumento del gasto público y consecuentemente del déficit fiscal, avalan esa consideración.

Y concluye, “las medidas administrativas adoptadas para reducir los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de precios, de cambio y del comercio, están afectando aún más la confianza y la actividad. Y si bien ambos países ajustaron sus tipos de cambio y la Argentina elevó las tasas de interés, se precisan modificaciones importantes de las políticas para evitar un ajuste desordenado”. Esto es lo que parece subestimarse, y si bien las condiciones son muy distintas, no debiera olvidarse que tras la desprolija salida de la convertibilidad a fines de 2001 se necesitó de casi dos años para reencauzar la economía.

Rojo creciente en las cuentas públicas
El viernes último, la Secretaría de Hacienda difundió el resultado base caja de las finanzas de la administración central correspondiente a febrero, el cual pese a su dinámica desestabilizante, no afectó en demasía al mercado de deuda pública, por el contrario, muchos economistas aparecieron haciendo recomendaciones de compra de bonos públicos, de cara al largo plazo, en la convicción de que en algún momentos se harán los ajustes.

Eso es lo que recomiendan y volverán a hacerlo los técnicos del FMI al ministro Kicillof si en su participación en la Asamblea Anual hiciera un pedido informal de recibir una señal de inmediato apoyo para poder cerrar el capítulo del default con los acreedores del Club de París. No se puede esperar otra cosa cuando se acaba de difundir que el gasto público retomó un ritmo de crecimiento que no se veía desde fines de 2010, y se pasó de un paupérrimo superávit fiscal doce meses antes a un singular desequilibrio ahora, con empresas públicas que pierden el triple en el término de un año.

El descuido de las finanzas públicas, con la consecuente vuelta a un también alarmante aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en un año, pese a haber utilizado u$s7.000 millones de reservas del Banco Central para afrontar vencimientos y haber licuado otros 14.000 millones de dólares con la devaluación del peso, ha sido el principal factor determinante de la crisis de la convertibilidad a fines de 2001, y también lo es ahora que parece haberse agotado la capacidad de financiamiento con aumentos de impuestos, incluido el inflacionario.

Podrá evitarse la palabra ajuste, y también evitar hablar de inflación, devaluación, alza de tarifas, recesión, control de precios, etc., y volver a desoír las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero no podrá ocultarse que mientras la mayoría de los países dan claras señales de superación, la Argentina y Venezuela siguen retrocediendo en su contribución a la generación de la riqueza mundial y al comercio internacional, con el consecuente costo en términos de calidad de vida de la mayor parte de sus habitantes, al no poder ofrecer suficientes oportunidades laborales productivas.

Deuda pública y salario mínimo, una relación desafortunada de la Presidente

En su mensaje a los legisladores y al pueblo argentino en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo, la presidente Cristina Kirchner hizo referencia a la relación entre el total de la deuda pública externa y la cantidad de salarios mínimos vital y móvil por habitante “para que podamos tener una idea de cómo estamos posicionados”.

La relación no parece muy afortunada, por diferentes motivos:

En primer lugar, porque el acceso al salario mínimo vital y móvil no es para toda la población, sino, en el mejor de los casos, para el total de los trabajadores, los cuales según los últimos números del Indec ascienden a unos 17,85 millones de personas.

En segundo lugar, porque los números que desde el Ministerio de Economía o de Trabajo le acercaron a la Presidente están muy alejados de la realidad, porque, en el mejor de los casos se limitaría a los trabajadores registrados, sean asalariados o independientes, los cuales representan menos del 60% del total de los ocupados.

Cristina Kirchner dijo que en “el año 99, cada argentino debía 10,6 salarios mínimos, vitales y móviles de deuda externa. En 2003, eso había llegado a 25,6 salarios mínimos, vitales y móviles por argentino. A junio de 2013, estábamos en 1,9 salarios mínimos, vitales y móviles; no alcanzábamos a dos salarios mínimos, vitales y móviles luego de la reestructuración de deuda externa más exitosa de la que se tenga memoria”.

Sin embargo, si a los 58.400 millones de dólares de deuda externa pública que se registraba a fines de junio de 2013 se los convierte a pesos al “cambio oficial de equilibrio de convergencia macroeconómica” de ocho pesos y se lo divide por 42,3 millones de habitantes se obtiene una carga por persona de 11.055 pesos, la cual comparada con el salario mínimo vital y móvil actual de 3.600 pesos determina una proporción de 3,1 veces. Mientras que se eleva a 7,3 veces por cada trabajador (en blanco y en negro).

Desendeudamiento relativo y SMVM inalcanzable
No obstante, allí no se cierra la discusión sobre cuánto realmente debe cada argentino, por los compromisos a plazo del sector público en su conjunto, como si ya no contribuyera con el pago de sus impuestos sobre los consumos y ganancias. Es que una característica de la última década fue que el Gobierno siguió una “política de desendeudamiento” con el resto del mundo, a cambio de un abultado endeudamiento con el mercado interno, principalmente con el Banco Central, la Anses, el PAMI y también bancos privados, al punto de acumular el equivalente a 196.100 millones de dólares a fines de junio de 2013 (último dato oficial) y una proyección conservadora a hoy de unos 205.000 millones de dólares.

De ahí que si se repite el ejercicio anterior de convertir el total de la deuda del sector público a pesos al cambio de ocho pesos y se lo divide primero por habitante y luego por el SMVM surge una relación de 10,6 veces y trepa a 25,2 veces por trabajador.

En tercer lugar, y más importante, porque de la última información del Indec sobre distribución del ingreso surge que más de 42% de los jefes de hogar no llega a cobrar por todo concepto (salario y asistencia social) el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. El cuadro es aún más inquietante, cuando de la misma fuente se desprende que más de 48% de las familias argentinas no logra reunir ingresos equivalentes a dos SMVM, pese a que su consumo es estimado por el propio organismo oficial de estadística en el equivalente a 3,09 adultos.

Por tanto, más que contentarse la Presidente por la indiscutida actualización del nivel del salario mínimo vital y móvil en la última década, debiera preocuparse porque sus ministros no logran que los actores del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario: dirigentes sindicales, empresarios y el propio Poder Ejecutivo Nacional, hagan cumplir aguas abajo el dictado de la Constitución Nacional: “el SMVM es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral, para asegurarle la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional”.

¿Hay que ahorrar divisas o generarlas?

Una vez más, la ministra de Industria, Débora Giorgi, cargó contra los sectores que demandan moneda extranjera. Ahora fue el turno de los importadores a quienes responsabilizó de ser impulsores de la “devalueta” del peso.

La respuesta de los empresarios agrupados en la Cámara de Importadores de la República Argentina no se dejó esperar y advirtieron que “la entidad jamás pidió la devaluación”, al tiempo que “rechazaron el término vulgar que el Ministerio de Industria emitió en su propio comunicado”.

No se trata de tomar partido por uno o por otro, sino simplemente de comprender la racionalidad del debate en los términos utilizados.

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