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El peso se devalúa sí o sí

Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar dudas destacó “yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de octubre. La devaluación al inicio de mi gestión no fue un tema. Yo no la quiero hacer, no la he hecho. En este contexto, no sería una medida que mejore la competitividad”.

Y más allá de que es recomendable que un presidente del Banco Central no hable del valor de la moneda nacional, generalmente se alude a la devaluación cuando sube el tipo de cambio oficial de pesos por dólar y sus equivalencias en otras monedas, porque claramente se pasa a requerir mayor cantidad de la moneda nacional para obtener una divisa.

Sin embargo, poco se dice sobre que el peso se devalúa internamente día a día, a un ritmo de más de 2% por mes y casi 40% al año, porque las familias, las empresas y el propio Gobierno necesitan cada vez más cantidad de dinero para adquirir una cantidad fija de bienes y servicios.

No se trata de un juego de palabras, sino de una realidad cotidiana cuya incapacidad o desidia por resolverlo, porque se la niega, ha llevado a consolidar un escenario de singular deterioro de las variables monetarias, financieras y en particular reales, porque el fenómeno llevó a la recesión, el desaliento a la inversión y la consecuente destrucción de empleos y muerte acelerada de empresas incipientes.

Generalmente, cuando se deprecia el peso frente a cualquier divisa mejora la competitividad cambiaria, porque el valor de producción de los productos exportables se abaratan en términos de moneda extranjera, y se encarecen los bienes y servicios que se importan. De ese modo, mejora el resultado del intercambio y el excedente del intercambio posibilita acumular reservas, despejar las tensiones cambiarias y vuelve a apreciarse la moneda nacional sino se utilizan canales de compensación.

Esos canales de compensación, pocas veces utilizados como parte de la política exterior, pueden ser el pago de deuda externa; la flexibilización de los giros de divisas al resto del mundo sea por transferencias de utilidades, inversiones en el exterior para generar nuevas rentas futuras; o favorecer las compras de tecnologías de punta para mejorar la competitividad de las empresas y dar curso a obras de infraestructura demoradas por la recurrente restricción externa, entre otras alternativas.

Sin embargo, en la Argentina del cepo cambiario, con enamoramientos por la paridad cuasi fija, hasta que no da más, como ocurrió hace once meses, la devaluación de la capacidad de compra de la moneda nacional por el contexto de inflación acelerada, deriva en pérdida de competitividad de la producción nacional, mientras que las importaciones también caen por el cierre de la puerta de entrada, al no darle seguridad a los proveedores de la fecha de pago.

Baja sólo relativa
Se podrá insistir con que la inflación se está desacelerando, sea que se la mire por el desagio que le agrega el Indec mes a mes, sea por las estimaciones privadas e incluso de direcciones provinciales de estadística, como la de San Luis y el gobierno de la Ciudad, o por la dinámica de la nominalidad de los salarios, el gasto público en remuneraciones y jubilaciones, entre otras alternativas, respecto de los meses previos recientes, pero todavía se mantiene en niveles singularmente elevados.

Es probable que el ritmo de alza de los precios comience a atenuarse en comparación con los picos que se anotaron entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pero eso no cambiará la realidad de acumulación de un severo rezago del ritmo de ajuste del tipo de cambio respecto de la tasa de inflación, que continuará minando cualquier posibilidad de reanimación de la actividad productiva y comercial.

Los economistas saben bien que se pueden devaluar los costos de las empresas sin alterar la paridad del tipo de cambio oficial a través de la reducción de la presión tributaria; la eliminación de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o su consideración como pago a cuenta de IVA o de otro impuesto; la extinción del impuesto al cheque; la inversión en infraestructura vial, portuaria y de servicios esenciales de luz, gas y agua, para generar economías externas y también de la baja nominal del costo del dinero y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones. Pero eso requiere de un severo recorte del gasto improductivo e ineficiente y disciplina fiscal en todos los ámbitos, principalmente nacional, pero también provincial y municipal.

Pero eso casi nunca se ha logrado, porque cuando se lo intenta aparece el rechazo infundado a las “políticas de ajuste”, pese a que se ha caído de un desbarajuste generalizado, cómo ocurrió en repetidas veces en los pasados 70 años, que derivaron hasta llegar a extremos de hiperinflación y depresión.

Por ahora sólo se pasó del estancamiento con inflación a recesión con más inflación, pero insistir con negar el precio de la devaluación del peso, sea en términos de poder adquisitivo de moneda extranjera, sea en términos de adquisición de bienes y servicios dentro de las fronteras, sólo conducirá a mayor contracción de la actividad productiva y comercial, con las consecuentes derivaciones en destrucción de empleos, deterioro de las cuentas fiscales que, como ahora, ya no se podrán solventar exclusivamente con emisión del Banco Central, sino también del retorno al canje de deudas y aumento del endeudamiento interno y externo.

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.

Competencia por los malos récords

El Gobierno parece empeñado en romper todas las marcas históricas, no tanto en comparación con tiempos pasados, sino respecto del resto del mundo, porque aquello no sólo sería más que serio, como volver a la hiperinflación del 89-90, o la depresión del 2002, pasado por el singular desempleo que disparó la crisis del Tequila entre fines de 1994 y principios de 1995, sino principalmente porque la memoria colectiva lo tiene presente, sea porque se sufrió en carne propia, sea porque lo recuerdan los familiares maduros, y por tanto no lo toleraría.

Se sabe que la Argentina comparte el top ten de las naciones que conviven con la mayor tasa de inflación del planeta, sea tomando la medición de Indec que acumula más de 20% en los últimos doce meses, como más aún la denominada inflación Congreso que ya supera el 40% en prospectiva y los sondeos de opinión la ubican por arriba de ese rango para los próximos doce meses.

En cambio, poco se dice que mientras la mayoría de los países productores de alimentos en cantidades excedentes para satisfacer sus necesidades internas, como los de otras materias primas, acumulan reservas en divisas y deben hacer malabares para contener la apreciación de sus monedas, en la Argentina la posición de divisas del Banco Central se derrumba a ritmo de más de 7.000 millones de dólares al año.

Menos se repara en que los datos del intercambio comercial que difundió el Indec para agosto dieron cuenta de sendos desplomes de las exportaciones y de las importaciones, tanto en divisas como también en cantidades, fenómeno que cuesta encontrar muchos casos en el mundo de receso a tasas de dos dígitos anuales.

Lo mismo podría decirse del caso del desequilibrio de las cuentas públicas, más aún cuando se origina mayormente en gastos corrientes, subsidios a empresas públicas ineficientes, salvo para generar empleos remunerados que superan en más de tres a cuatro veces la media del mercado de trabajo, según se desprende de los datos del Indec sobre distribución del ingreso.

Y si bien en muchas economías se advierte que este año atraviesan por un ajuste, principalmente por desaceleración de la tasa de crecimiento y en pocos casos pasarán a tasas negativas, cuesta encontrar recesos de la magnitud que está mostrando la Argentina, principalmente en lo que respecta a los productores de bienes de consumo durable y de inversión.

Pese a este escenario, no se ve a los funcionarios preocupados por analizar los números de la realidad y su cotejo con lo que sucede en el resto del mundo, para al menos aspirar estar entre el promedio, con el objetivo de superación, y evitar seguir retrocediendo a los puestos más bajos. Sólo se detienen en casos puntuales, como las potenciales reservas de Vaca Muerta.

Claramente, el cuadro está lejos de ser dramático, pese a que el dólar libre se haya disparado a una brecha de más de 80% con el oficial, sobre todo por el potencial de recursos naturales, humanos y de capital ociosos en el país, como pocos países pueden mostrar.

Pero, la resistencia a tomar los libros que guían a las naciones exitosas, está contribuyendo a generar un escenario cuya superación no podrá lograrse con políticas gradualistas y bajo costo social, en particular para quienes se han acostumbrado a vivir de la dependencia del estado sin trabajar, y no me refiero a la porción de la población con reconocidas amplias necesidades básicas insatisfechas.

Con default o sin default, el daño ya está hecho

Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).

Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.

La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.

Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.

Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.

Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.

Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.

YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.

La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.

Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.

Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.

La negociación de la deuda afecta a la inversión

El Jefe de Gabinete de Ministros se muestra convencido de que la negociación de la deuda pública no guarda correlación alguna con la tasa de inversión de la economía. No sólo eso, para reafirmar su posición, claramente no comprobable en las estadísticas oficiales, como demostraré más adelante, dejó flotando la idea de una correlación inversa positiva: en 2001 la tasa de inversión era de 14,2% del PBI y había caído a 12% en la crisis de 2002 y subió a más de 21% del producto en 2005, pese a haber transitado el país más de tres años en estado de cesación de pagos y hoy está más abajo.

Sin embargo, un repaso menos ligero de la historia reciente de la economía argentina permite recordar que las tasas de inversión de comienzo del presente siglo fueron las más bajas de la historia contemporánea, con alguna excepción en los tiempos de la hiperinflación. Por tanto no parece un gran mérito superar esos pobres registros, aún en estado de default, si se avanzaba hacia un claro proceso de normalización de las instituciones.

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¿Los salarios subieron o realmente bajaron?

La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.

Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.

Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.

La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.

Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Menor capacidad de consumo

De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.

En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.

El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.

Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.

El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.

Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.

Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.