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En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

Paso a paso, el camino se hace largo y tortuoso

Uno a uno el equipo económico va derivando pilares que llegó a considerar indestructibles, como la apreciación desmedida del peso, la flexibilización del cepo cambiario, aunque sólo para pequeños ahorristas, la coordinación de la revisión de las estadísticas del Indec con el FMI, el endurecimiento de la política monetaria, para subir las tasas de interés con el objetivo de frenar la suba del dólar y la sangría de reservas y ahora el pago de una compensación a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF, después que se reafirmara no sólo que no se le iba a pagar sino que, por el contrario, se le iba a exigir un resarcimiento por supuesto daño ambiental.

En todos los casos, las iniciativas recibieron, con diferentes matices, la aprobación de los agentes económicos, esto de los bancos, industriales, del comercio y servicios y también de la mayoría de los economistas profesionales.

Sin embargo, esos giros, acentuados claramente desde el cambio parcial del gabinete el 20 de noviembre, no fueron suficientes para revertir las expectativas de corto plazo, y en particular sus principales efectos: la actividad productiva y comercial literalmente se derrumbó; la inflación se aceleró peligrosamente pese a la insistencia con fracasados controles de precios y encuentros con los empresarios de 38 cadenas de valor de la producción y los servicios; la balanza comercial registró el menor superávit comercial en 13 años; el desempleo cae más por el efecto de la menor oferta de trabajadores en respuesta a la destrucción de puestos en la actividad privada que a la creación de empleos netos y el rojo fiscal se incrementa por el debilitamiento de la capacidad de recaudar impuestos en una economía que se contrae.

Y si bien, se van dando pasos que apenas unos meses atrás parecían como impensables, aún restan muchos otros cruciales para que la Argentina pueda volver aspirar a competir en el mercado internacional de capitales, sea para obtener financiamiento ante el agotamiento de la capacidad de uso de la máquina de imprimir billetes para asistir al fisco, sea para encarar demorados emprendimientos de infraestructura, sea para darle vida a Vaca Muerta, más allá de un modesto plan piloto de unos 3.000 millones sobre 37.000 millones de dólares que se había planificado en junio de 2012 para el quinquenio hasta 2017.

Son muchos pasos los que quedan por dar, y hacerlo de a uno como anticipó desde el primer día el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no ayuda a cambiar las expectativas y reencauzar la economía al sendero de crecimiento con menor inflación y creación genuina de puestos de trabajo.

Asignaturas pendientes
En el orden internacional:
• Avanzar en la normalización de las estadísticas de PBI y sociales (no sólo de pobreza e indigencia, sino también de empleo donde aparecen muchos distritos con plena ocupación pese a que la oferta de trabajadores es inferior a un tercio de la población);

• Cierre del capítulo del default, tanto con los holdouts como con el Club de París. Para este último habrá que aceptar, como país miembro, que el Fondo Monetario Internacional audite las cuentas públicas y haga las recomendaciones de política, aunque eso no signifique que haya que tomarlas.

Mientras que en el orden doméstico, pero con claras implicancias para cambiar la percepción que tiene el resto del mundo sobre la economía Argentina quedan:
• Comenzar a desarmar la maraña de subsidios económicos, en particular los que benefician a los sectores de medianos a altos ingresos, y reforzar los programas asistenciales, aunque deberían tener como norte la superación de los factores que les dieron origen más que perpetuarlos como una causa perdida;

• Avanzar en forma decidida hacia el levantamiento del cepo cambiario;

• Abandonar los fracasados intentos de controlar la inflación con acuerdos de precios y reuniones multitudinarias con las cadena de valor;

• Destrabar al pago y autorización de importaciones, en particular de insumos y partes esenciales para la producción y la exportación;

• Liberar el giro de dividendos a los accionistas del resto del mundo, para que aliente el ingreso de capitales a través de inversiones extranjeras directas;

• Actualizar de manera automática por la variación de los precios reales de la economía los mínimos no imponible del Impuesto a las Ganancias, para dejar de cobrar el impuesto inflacionario a los trabajadores;

• Permitir a las empresas la actualización de sus balances por inflación, para dejar de gravar utilidades sólo nominales que desalientan la inversión productiva;

• Rediscutir el régimen de coparticipación de impuestos con las provincias, para que disminuya la discrecionalidad y crezca la racionalidad en el reparto de los recursos.

Pese a esa agenda tan amplia, gran parte de la dirigencia empresaria y muchos economistas se aventuraron a predecir un futuro inmediato mejor tras el acuerdo del Gobierno con Repsol, pese a que aún resta superar un escollo no menor, como es el Congreso que no sólo deberá refrendarlo sino también firmar el abandono de la política de desendeudamiento y autorizar la emisión de deuda: ahora para Repsol, más adelante para acordar con los holdouts y seguramente también con el Club de París.

En un par de días la presidente, Cristina Kirchner, hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí se verá si hay decisión tomada de acelerar el paso, o si será tiempo una vez más de hacer revisionismo de la última década y continuar con el gradualismo, pese a que esa estrategia hasta ahora ha mostrado más costos para la sociedad que beneficios.

Gradualismo versus políticas de shock

La primera lectura de las definiciones de política que hicieron a la prensa el flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, es que se profundizará el esquema de tipos de cambios comerciales múltiples y diferenciados, tanto para las exportaciones, en particular para las economías regionales, más alto, seguramente a través de la eliminación de retenciones, así como más elevado para las importaciones de bienes considerados suntuarios, vía la suba de impuestos internos y tal vez también de los derechos de importación para autos de alta gama y cupos.

También se desprende de las primeras declaraciones de los funcionarios la posibilidad de que se dispongan incentivos a la generación de empleos a quienes sustituyan importaciones, probablemente a través de la exención de cargas laborales patronales sobre los nuevos empleos netos, como impulsó Domingo Cavallo en los 90 con los planes de competitividad.

Se advierte claramente la apuesta a un plan integral, como requiere la hora, para comenzar a reordenar las variables macroeconómicas, para corregir singulares desequilibrios en lo monetario, fiscal, cambiario y también en la actividad productiva, aunque en forma gradual: “se prevén más de 200 metas”, dijo Capitanich.

Sin embargo, la urgencia para detener la pérdida de reservas a un ritmo de u$s4.000 millones al mes, desacelerar la tasa de inflación y atraer el crédito internacional, se requieren políticas inmediatas y contundentes, de alto impacto.

Entre ellas se ubican:
* La eliminación de subsidios para la mitad de la población ubicada en el rango de mediano a altos ingresos y mantener el subsidio al resto de la población con métodos directos, sobre la demanda, más que sobre la oferta.

* Volver al Fondo Monetario Internacional para admiitir la revisión de las cuentas públicas, para destrabar en forma inmediata la superación del default con el Club de París, clave para acceder al crédito internacional para encarar planes de inversión pública y privada en infraestructura, equipamiento y desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

* Levantar la restricción al giro de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras radicadas en el país que residen en el exterior, porque mientras se mantenga cerrada la puerta de salida de los capitales será casi imposible esperar la entrada. Para alentar la reinversión se requiere generar condiciones propicias y atraer a nuevos inversores.

* Agilizar la autorización de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación de insumos, partes y equipos relevantes para el proceso productivo. En octubre, excluidos combustibles cayeron en cantidades más que en el promedio de los diez meses, informó el Indec.

* Eliminar los cupos a las exportaciones de productos primarios, carnes, lácteos, trigo, etc., así como ofrecer precio pleno a las exportaciones de combustibles y elevar la tasa de corte de diesel con biodiesel para sustituir importaciones de combustibles, para incentivar la producción y generar divisas.

* Elevar la tasa de interés al nivel de la tasa real de inflación, para recrear la cultura del ahorro interno y desalentar los excesos de consumos. El exceso de pesos se puede corregir con aumento de los encajes bancarios.

* Establecer una restricción presupuestaria que impida que el gasto público real, esto es el devengado, no sólo la parte que se paga, crezca más del 80% de la tasa de crecimiento de los recursos tributarios., y se prescinda de la asistencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y del Banco Central de la República Argentina.

* Renunciar al uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, y, en particular el uso de emisión monetaria para pagar gastos corrientes. El mercado tiene avidez por nuevos instrumentos de inversión, como sería la emisión de bonos para reemplazar los que van venciendo.

El diagnóstico de los funcionarios parece consistente. Ahora falta esperar las políticas, las cuales deberán dejar de asentarse en la discrecionalidad y la enunciación y pasar a respaldarse en resoluciones y decretos precisos, que contribuyan a dar certidumbre a los agentes económicos.

Esta será la mejor manera de asegurar un crecimiento sustentable, creación neta de puestos de trabajo, más en el sector privado que en el público y posibilitar una mejora en el ingreso real medio de los trabajadores.

La Argentina cumple con las deudas, pero a medias

“Nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones”, señaló en la última semana el ministro de Economía Hernán Lorenzino en sus encuentros con ministros y funcionarios del FMI, del Banco Mundial y del BID, en Washington.

Sin embargo, eso no es lo que se observa en el caso de las obligaciones vencidas con el denominado Club de París, desde la crisis de 2001, las cuales entre capital e intereses superan los u$s10.000 millones, y si bien se dice que “siempre se está en conversaciones”, lo cierto es que, por tratarse de deudas con un grupo de países altamente desarrollados no agrupados como entidad, como ocurría con el caso del Fondo Monetario Internacional, no se advierte vocación por regularizarlas.

También, en su participación en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional – Banco Mundial, Lorenzino llamó la atención “de la comunidad internacional sobre estos asuntos y hacemos hincapié en la importancia de abordar nuestros desafíos. Tenemos que reconocer y buscar soluciones sobre la necesidad de reglas internacionales más claras, transparentes y coherentes para garantizar resoluciones de crisis de deuda rápidas y justas”.

No obstante, eso no es lo que se observa en el tratamiento de la deuda pública ajustable por CER, es decir, aquella que se emitió para los canjes de 2005 y 2010 con cláusula de actualización por la tasa de inflación que publica el Indec, porque desde hace seis años se subestima el alza real del promedio de los precios de la economía. Y si bien en gran parte esa falencia y carencia de transparencia fue compensada con el cálculo de un crecimiento del PBI superior al efectivamente verificado, no se corresponde con el reclamo que el funcionario hizo fuera de la Argentina.

Tampoco se percibe dentro de la frontera una política consistente con el llamado que el ministro formuló en Washington, cuando invitó a los países de la región “a encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas“. “Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”, ”en un contexto externo con disponibilidad para el financiamiento”.

Por el contrario, el exagerado aliento del consumo, con una viciada política de subsidios, favorece más a los que más tienen que a los sectores que se busca asistir, porque éstos sufren en mayor medida las consecuencias del flagelo de la inflación que provoca una política monetaria pasiva, destinada a satisfacer las necesidades insaciables del fisco.

No es equitativo el efecto de la inflación sobre la población, sino que afecta más a los de menores ingresos que a los más altos, y en particular a los que dependen de haberes fijos y que de rentas variables.

Enamoramiento de la heterodoxia

No se honra la formalidad cuando se buscan recurrentes atajos contra la ortodoxia para obtener resultados en el corto plazo que no podrán sostenerse en el largo.

Y tampoco se incentiva la productividad, cuando se desalienta la inversión con políticas de precios administrados, cepo cambiario, exigencias de declaraciones juradas de necesidades anticipadas de necesidades de importación, obstáculos para el pago de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras en el país que residen en el exterior y deliberadamente se atrasa la tasa de devaluación del peso respecto del alza promedio de los costos de producción, porque de ese modo se desincentiva el ahorro, al menos dentro del circuito institucionalizado.

Los economistas no se ponen de acuerdo sobre si después de las elecciones legislativas del 27 de octubre el Gobierno decidirá mantener la política económica que sigue desde 2007 y que profundizó desde 2011 o si, a la luz de los resultados electorales, pero fundamentalmente en términos económicos y laborales, optará por tender a lo que Lorenzino definió como la necesidad de “encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas. Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”.

En pocas semanas lo sabremos. Las operaciones bursátiles con papeles de los paneles energético y bancario parecen anticipar un cambio.

La minera Vale confirmó la falta de clima para invertir

La decisión de la minera Vale de frenar el plan de inversiones por u$s6.000 millones presupuestado originalmente, anticipado en diciembre último y ratificado a comienzos de esta semana, tras haber hundido en el país poco más de un tercio de ese monto, no se explica por la coyuntura externa, sino claramente por la doméstica.

Es cierto que el producto que iba a explorar y explotar, el cloruro de potasio, llegó a valer casi u$s900 la tonelada hace cuatro años y hoy cotiza a menos de u$s400, pero no puede tomarse como disparador de la decisión de la salida, habida cuenta de que la cotización actual más que triplica a la considerada en las pautas del proyecto.

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