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¿Devaluación o sinceramiento?

La salida anunciada del cepo cambiario, tras poco más de cuatro años de vigencia, junto a un régimen de tipos de cambios múltiples, generó interpretaciones dispares sobre si implica una drástica devaluación del peso, con su consecuente efecto propagador sobre la inflación, o si simplemente constituye el reconocimiento del valor del mercado, sobre el cuál deberá determinarse si la moneda nacional se aprecia o se debilita.

Claramente, sobre una paridad oficial que hasta ayer el consenso de mercado fijaba en $9,92, un tipo de cambio libre y único que se ubicó en la apertura entre 13,5 y 14,50 pesos por dólar, implica a priori una devaluación del 36 a 46%, que es la brecha entre esas paridades. Aunque técnicamente, con esas referencias la depreciación del peso sería de 27 a 32%, en cada caso, porque con $992 se podía comprar USD 100, más el anticipo de impuestos, y ahora se reduce la capacidad de compra a 73 o 68 dólares, respectivamente según la nueva banda de cotizaciones libres.

Sin embargo, en el caso particular de los trabajadores, en especial los que hasta ayer calificaban en la AFIP para comprar dólares a la paridad oficial, más un pago a cuenta de impuestos si optaba por retirar los billetes, representaban menos del 5% del total de los ocupados, y subía a 10% de los que estaban registrados, y sólo con un límite máximo de USD 2.000 por mes.

Pero el resto de los mortales, estaba vedado de acceder a ese subsidio y por tanto sólo podía acceder a la compra de dólares en forma legal por la vía de la compra y venta de títulos públicos y acciones que cotizan en simultáneo en pesos y dólares, a una paridad en torno a 14 pesos.

De ahí que si se toma en cuenta que el salario promedio de la economía que se estima en $14.000, según los últimos datos de distribución del ingreso que midió el viejo INDEC, el sueldo equivalente en dólares era USD 1.411 a la paridad oficial, antes del pago cuenta de impuesto. Pero de USD 1.000 al equivalente al contado con liqui. En ese caso, el nuevo precio de la divisa no implica devaluación del poder de compra de moneda extranjera.

El impacto sobre la inflación
Una economía que depende en un 20% de los insumos y bienes importados, y más aún en los casos de los productos de exportación del agro que ahora no deben sufrir la confiscación de las retenciones, en particular para el trigo país y maíz, que era de más de 20%, la liberación del mercado de cambios significa una mejora de precios neto de más de 60 por ciento.

Pero muchos precios de mercado se habían anticipado al prenunciado fin del cepo cambiario por las autoridades electas el 22 de noviembre, con ajustes de precios sobre los ya aumentados en los meses precedentes. De ahí que el impacto final sería parcial y no generalizado a todos los bienes y servicios que consumen los hogares.

Al respecto, cabe notar que desde la salida de la convertibilidad, a fines de 2001, el promedio de suba de precios de la economía que midieron las consultoras privadas fue de 1.245%, esto es $100 de entonces equivalen hoy a $13,45, que, casualmente, es muy próximo al precio comprador del dólar que marcó en la reapertura del mercado libre y único de cambios sin restricciones.

Sobre esa base, queda claro que el nuevo nivel del precio de la divisa implica una equiparación a la inflación acumulada, con precios de bienes y servicios que subieron hasta 2.000%, pero con otros que no llegaron a multiplicarse por diez.

Por tanto, para los salarios e ingresos de los trabajadores y jubilados, el nuevo tipo de cambio no implica una pérdida de poder de compra en pesos respecto de la que tenían hasta el último día del cepo cambiario, al menos de magnitud relevante, más allá de la inercia inflacionaria que arrastraba la economía en su conjunto.

Ahora queda esperar los planes monetario, fiscal y financiero que den previsibilidad a los agentes económicos de que desde ahora el Gobierno se encamina a un sendero de reducción sostenida y persistente del desequilibrio de las finanzas públicas y también el financiamiento vía emisión del Banco Central, porque se considera clave para desactivar las expectativas de inflación.

La Argentina atrasó dos décadas en el comercio exterior

Mientras el mundo fue avanzando hacia un intercambio de bienes y servicios cada vez más sofisticado, con el desarrollo de cadenas de valor agregado e innovación y progreso tecnológico, como camino obligado para elevar la calidad de vida del promedio de sus habitantes e incrementar las reservas en divisas, la Argentina se fue primarizando, cerró mercados y se abocó a una inexplicable política de sustitución de exportaciones por consumo interno, y perdió reservas.

Los resultados de ese proceso, que se agudizó desde la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, el restablecimiento de las Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importaciones, aún para sectores exportadores de bienes con incorporación de trabajo argentino, no sólo se manifiestan en las tensiones en el mercado de cambios por el drenaje de reservas, sino en la pérdida de mercados, por el deliberado cierre de la economía. Continuar leyendo →

Insisten con más de lo mismo en busca de resultados diferentes

El Gobierno nacional sigue sin encontrar la fórmula para que disminuyan las tensiones cambiarias que llevan a la constante caída de las reservas en divisas en el Banco Central, fenómeno que genera un círculo vicioso, y retrasa las inversiones productivas.

La ciega preocupación por revertir la suba del dólar en el mercado interno, o dicho de modo más apropiado y profesional: detener la devaluación del peso, con medidas que sólo llevan a romper los termómetros que reflejan la enfermedad que afecta a la economía por estas horas, sólo contribuyen a agravar el estado del paciente.

Hace varios años que la economía argentina acusa una sostenida pérdida de vitalidad, al punto de haber caído en un estado delicado, porque sus principales alimentos: la solvencia de las finanzas públicas y el superávit de divisas de la balanza comercial, fueron contaminados con una política descabellada de gastar lo que no se tiene y de atrasar el tipo de cambio, a contramano de lo que hace el mundo, en particular Brasil, que en lo que va del año depreció el real en casi 60 por ciento, pese a que de ese modo pulverizó el superávit de la balanza comercial, al derrumbar las exportaciones.

Y para peor, el mal uso de los instrumentos de política económica para reordenar las principales variables, ha derivado en los últimos ocho años en una suba de la tasa de inflación a un rango de 25%, consolidándola en los primeros puestos del mundo.

De ahí la creciente propensión de los inversores, pero también de los consumidores, a desviar sus excedentes monetarios a los activos dolarizados, sea bonos, acciones que cotizan en Wall Street, o simplemente dólares, unos pocos con autorización de la AFIP y la mayoría en el mercado libre, o a través de un canal alternativo y más sofisticado del mercado de capitales: contado con liqui o MEP.

Frente a ese cuadro, en lugar de pensar el Gobierno en hacer algo distinto, para intentar obtener resultados diferentes, como atacar las causas que provocan semejantes deterioros, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard, tomó una medida inconsulta con el mercado, pero claramente avalada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, de quien depende, destinada a bajar el dólar implícito en las operaciones bursátiles, denominado contado con liqui, sin medir el costo que generó: una pérdida del ahorro acumulado por los Fondos Comunes de Inversión de USD4.000 millones, a razón de 20% por cada cuotapartista. Además, de provocar una pérdida de unos 50.000 millones de pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Nuevo golpe a la debilitada confianza
La medida de la CNV, claramente no fue estudiada en profundidad, como le gusta decir al ministro Kicillof, en particular en lo que respecta al efecto sobre la ya extremadamente deteriorada confianza de los inversores en la Argentina, la cual se manifiesta en la escaza maduración de emprendimientos de envergadura y que ha llevado al estancamiento de la economía en su conjunto en los últimos cuatro años.

Al respecto, cabe destacar que en una nueva convocatoria del Foro de Convergencia Empresarial, que integran unas 50 cámaras empresarias y adhieren otras 20 organizaciones profesionales, sociales y fundaciones, técnicos de los partidos de la oposición, encabezados por Ricardo Delgado, del Frente Renovador; Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, PRO; y Omar Duclós, diputado nacional, candidato a renovar la banca por el Frente Progresista que encabeza Margarita Stolbizer, presentaron sus propuestas de política económica en las áreas de infraestructura e inversiones, para el desarrollo. La conclusión primaria fue que el mayor prerrequisito es reconstruir la confianza.

Claramente, todas las propuestas, incluidas las del candidato oficialista que una vez más rehusó la invitación del FCE a alguno de sus técnicos para debatir las mejores propuestas para mejorar la infraestructura y la competitividad y buscar coincidencias para recuperar la senda del crecimiento de la inversión, el empleo de calidad y la generación de riqueza, claves para poder revertir el severo deterioro social del país, se encontraron con un nuevo freno, de la mano de la Comisión Nacional de Valores.

El consenso de los expertos de la oposición es que la inversión pública en infraestructura debe saltar de un mínimo actual de 2,5% del PBI a 5 o 6% del PBI entre 4 y 8 años, esto es de unos 10 a 12 mil millones de dólares a más de USD25.000 millones. Mientras que un nuevo informe de la Cámara Argentina de la Construcción que se anticipó en el Desayuno Debate del Foro de Convergencia Empresarial sobre Infraestructura que “la Argentina necesita recuperar una tasa de inversión de 25% del PBI, desde menos del 20% actual, para que la economía pueda crecer en forma sostenida a un ritmo de 5% en los próximos años.

Sin embargo, todas esas iniciativas demorarán aún más de lo previsto en iniciar su camino, porque no podrá haber inversión productiva de largo plazo si el Gobierno que se va toma medidas hasta el último día que esmerilan la poca confianza que existe en el país y sus instituciones, y dos de tres de los máximos candidatos para llegar a la presidencia de la nación aseguran que las correcciones de política necesarios para comenzar a revertir las severas distorsiones que acumulará la economía hasta el 9 de diciembre podrán hacerse de modo gradual, en un plazo mínimo de dos años.