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En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

El déficit fiscal y el peso de la deuda pública están en los peores niveles desde 2001-02

El último dato de las finanzas públicas correspondiente a marzo fue de un desequilibrio primario de 6% del PBI del mes antes, y escaló a 8,7% del PBI después del pago de intereses. El desendeudamiento se abandonó en 2012.

Esas proporciones surgen de comparar las brechas negativas entre ingresos totales (antes de los aportes de Anses y Banco Central a la Tesorería General de la Nación) y los gastos pagados con el PBI equivalente mensual, que reflejaron las cuentas del sector público no financiero en base caja, esto es entre los recursos tributarios y de Anses percibidos y los compromisos efectivamente pagados.

La crónica del momento dio cuenta de cómo de un excedente informado de $3.570 millones en marzo de 2014, antes del pago de los servicios de la deuda pública, se pasó un año después a un rojo de $17.429 millones; mientras que el resultado final negativo de $4.366 millones, se elevó a 27.895 millones de pesos. En ese período, los aportes de la Anses y Banco Central se redujeron de $12.897 millones a 6.050 millones de pesos.

El rojo fiscal primario de marzo fue de 6% del PBI del mes y el final subió a 8,7%

Se sabe que las finanzas públicas no pasan por su mejor momento, más allá de que en un año electoral es habitual un relajamiento de la política de gasto y propaganda, como el viernes último informó el Boletín Oficial por decisión compartida y aislada de los ministros Aníbal Fernández y Axel Kicillof, porque pese a la recesión que ha llevado a que la industria automotriz acumule 17 meses con caída de ventas; a un mercado inmobiliario que no repunta de modo significativo pese a haber bajado a los peores niveles en casi 20%; aumentan los índices de locales comerciales vacíos en las principales ciudades del país y el efecto desaliento afecta por año a más de 200 mil nuevos trabajadores, en un escenario de apreciable baja de los precios de exportación, las erogaciones de Hacienda han tomado una dinámica singular.

marzo mayor rojo fiscal 2001

El resultado es que el déficit fiscal real, esto es sin la denominada “contabilidad creativa” que representa contabilizar como recursos genuinos en lugar de nueva deuda, aunque sea intra sector público, a la miríada de millones de pesos que mes a mes transfieren la Anses y el Banco Central a la Secretaría de Hacienda, alcanzó niveles en términos del PBI que no se veían desde la crisis de 2001 y 2002, con 6% primario y 8,7% final, cuando un año antes fueron equivalentes a 3% y 5,6% del PBI, respectivamente.

Mientras los recursos crecieron 32,2%, los gastos se elevaron 44,8 por ciento.

Semejante salto, producto de una aceleración singular desde 2012, cuando el rojo antes del pago de intereses había subido de 0,6% del PBI mensual en marzo de 2011 a 1,3%, luego se incrementó el año siguiente a 2,4% y ascendió a 3% el año posterior, fue la consecuencia de la ampliación de la brecha negativa entre el crecimiento de los recursos tributarios genuinos (32,2%) y el de los gastos (44,8%) de entre 3 y 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014 a más de 12 puntos ahora.

Esa brecha deberá cerrarse por la vía de la disciplina fiscal y el aliento a la actividad productiva y comercial, sustentada no sólo en el consumo del sector público, sino en particular en el privado, junto a la inversión y las exportaciones, de lo contrario, constituirá una de las tantas mochilas pesadas que recibirá el próximo gobierno, cualquiera sea el signo partidario.

El mito del beneficio del desendeudamiento

Hasta el año último Economía cubría la brecha creciente entre gastos y recursos genuinos con el aumento de la presión tributaria, el impuesto inflacionario que significa postergar las actualizaciones de los mínimos no imponibles de Ganancias a los asalariados, pero también a jubilados, pensionados, autónomos y empresas, como a través de la negativa a permitir los ajustes de los balances por inflación, pese a que el ritmo de alza de los precios ya arrastra más de siete años por arriba del 20% al año; y giro anticipado de ganancias contables de la Anses y Banco Central.

Pero en los últimos meses, el agotamiento natural de esas fuentes, llevó a que tuviera que acudir a la emisión de deuda, principalmente en el mercado interno a tasas del 27 a 28% al año y en el exterior, acotada y a medida de inversores “amigos” que exigieron tasas en dólares del 9% anual, esto es entre dos y tres veces más que las que pagan países vecinos.

Los intereses de la deuda ya representan 2,7% del PBI, pese al desendeudamiento

Además, como ese proceso coincidió con los efectos de las regularizaciones de la deuda externa con los países que integran el denominado Club de París y también con Repsol, la deuda pública total que había caído a un mínimo de 33,4% del PBI en 2011 retomó la senda alcista hasta 42,8% en junio de 2014. Desde entonces, se dejó de informar su actualización, aunque se estima que actualmente supera el nivel del 53,7% del PBI que existía al momento de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.

costo deuda sube 3 pbi

La conjunción del singular aumento del endeudamiento con la sobretasa que acepta pagar el ministro Axel Kicillof, que es el costo de no cerrar el pleito con los bonistas de acuerdo al fallo desfavorable de la justicia de los EEUU que eligió el Gobierno argentino, explica que el servicio de la deuda pública haya trepado en marzo último a casi 3% del PBI del mes, casi el doble de la relación que predominó en la década previa.

Privados ajustan forzados por el exceso de gasto público

El consenso de los economistas de las consultoras privadas mantiene pronósticos de un leve receso de la actividad productiva y comercial para el corriente año, en un rango de 1,5 a 2%, aunque con una aceleración de la caída a más de 2,5% en mayo y junio en la variación del PBI.

Esa supuesta modesta baja de la generación de riqueza en un escenario de aceleración de la tasa de inflación a 40% al año, aunque en los últimos meses se atenuó a un ritmo equivalente anual de 30%, ha instalado la idea de que se transita por un escenario de estanflación. Esto es de estancamiento con inflación.

Sin embargo, ¿se puede definir como estancamiento cuando el PBI real por habitante está deteriorándose a una tasa superior a 3,5% real en pesos en mayo y junio, y más de 20% en dólares? Más aún, cuando se advierte claramente que a la hora de medir el aporte del sector público y privado a la variación del PBI, el primero, que en términos de gasto representa el 50% del total de la economía, contribuye con un aumento de poco más de cinco puntos porcentuales en términos reales, mientras que el segundo resta unos diez puntos porcentuales.

El ejercicio es simple. En abril el gasto total del sector público se elevó 47,6% mientras que la inflación ascendió a 40%, de ahí surge un crecimiento en términos reales de 5,4% en comparación con un año atrás, con un aporte al total general de 2,7 puntos porcentuales. Por tanto, para llegar al resultado neto final de 2,5 puntos porcentuales negativo el conjunto de la actividad privada debió contraerse un 10,4 por ciento.

El pobre desempeño de los ingresos fiscales originados en el IVA -cayó más fuerte en términos reales sobre los productos de fabricación nacional, que sobre los de origen importado-, como en Ganancias, luce consistente no sólo con una contracción marcada de la actividad en el sector productivo, sino también comercial. Las ventas en supermercados bajan más de 7% en cantidades, similar a la disminución promedio de empleados por establecimiento que midió el Indec.

La misma fuente oficial dio cuenta de que en el quinto mes del año el transporte de cargas disminuyó casi 11% y en los primeros cinco meses la baja superó 23 por ciento.

Entre los bienes durables, como automotores, motos y viviendas, la declinación de la producción y ventas se ubicó en mayo y junio entre 15 y 37 por ciento respecto de los niveles de un año antes. Mientras que el conjunto de la actividad industrial y la construcción acusaron caídas de 7,4 y 4,4%, respectivamente, y las previsiones para julio y agosto no lucen mejores, habida cuenta de los altos valores relativos que mantenían en similar tramo del año anterior.

Sólo escapan al escenario recesivo la producción agrícola, tras un mal año previo, la elaboración de alimentos, excluida bebidas que declinan casi 10%; los servicios esenciales de electricidad, gas y agua y la industria financiera, aunque en este caso también se advierte una apreciable desaceleración.

Desplazamiento del crédito privado
Para peor, el abultamiento del déficit fiscal y la consecuente necesidad de financiamiento a través del uso y abuso de la emisión del Banco Central para transferir al Tesoro ganancias meramente contables, previa al cálculo del rojo que genera la hipermillonaria colocación de Letras a los bancos, está alimentando el crowdingout, esto es el debilitamiento del financiamiento a la actividad privada, y también de su liquidez, para asistir a un desequilibrado sector público.

La consecuencia directa de ese escenario no sólo es el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos de las familias por la alta inflación que ese cuadro provoca, sino también el derrumbe de la inversión, la extranjera directa declinó 50%, informó el Indec y la local más de dos puntos de PBI, y la destrucción de empleos privados.

Para revertir ese cuadro que comienza a generar un círculo vicioso, porque torna insostenible una política fiscal expansiva con un sector privado que se estrangula con exceso de regulaciones y trabas inexplicables, como al ingreso de insumos y partes del resto del mundo necesarias para producir bienes finales no sólo para satisfacer el consumo interno, sino también la generación de divisas vía exportaciones de bienes terminados para pagar esas y otras importaciones, además de los servicios de la deuda pública y privada, más rentas de inversiones, será clave que el sector público acomode el ritmo de expansión del gasto a su capacidad de obtener recursos tributarios sin aumentar más la insoportable presión fiscal. Las áreas que requieren más atención son la política de subsidios y las pérdidas desmedidas de las empresas del Estado.

A partir de ahí, y en simultáneo, se torna imprescindible comenzar a generar un clima amigable para los negocios del conjunto del sector privado. Eso requiere empezar a desandar el camino iniciado a fines de 2011cuando con la imposición del cepo cambiario se agudizaron las trabas a las importaciones, se intensificaron los obstáculos a las exportaciones agropecuarias y se acentuaron los fracasados controles de precios y, más recientemente de las tasas de interés.

De lo contrario, los esperados progresos en la resolución de la saga de la deuda con los holdouts, que han hecho que el Índice de Riesgo País cayera ayer a 600 puntos básicos, volverá pronto a niveles elevados, porque los fundamentals no lucen consistentes con esa prima que impone el mercado financiero internacional.

La negativa del Gobierno a encuadrar las finanzas públicas, por considerar que eso sería provocar un cuadro recesivo, ha generado una severa contracción de la actividad en el ámbito privado que ya se manifiesta, naturalmente, en la pérdida de vitalidad de la recaudación y consecuente desborde del desequilibrio fiscal, pero principalmente en el creciente grado de angustia en las familias que ven perder el empleo de alguno de sus miembros, o recortada la jornada laboral y esfumarse las posibilidades de ocuparse a los jóvenes que buscan trabajo.

Más precios máximos, pese a sus probados fracasos

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, dijo el sabio Albert Einstein. La contundencia, y a la vez simplicidad de semejante reflexión, no logra tener eco en quienes tienen a cargo la conducción de la economía.

Pese a los singulares perjuicios que generaron en la actividad productiva y comercial los controles de precios, desde los “administrados” en 2007, luego “controlados” y ahora “cuidados”; como el sistema de tipo de cambio regulado, porque ya ni siquiera existe una “flotación sucia” que rige desde fines de 2011, ahora el Banco Central, a pedido del Jefe de Gabinete y de Economía dispuso fijar límites a las tasas de los préstamos personales y prendarios, porque el Gobierno consideró que “son usurarias”, aunque logró atenuar el rigor que le exigían desde Balcarce 50 e Hipólito Yrigoyen 250.

La iniciativa resulta claramente paradójica, habida cuenta de que el principal responsable de la suba de las tasas de interés es el propio Gobierno nacional, con su política de exigir al Banco Central la creación primaria de dinero para financiar el desbordado y creciente gasto público y luego forzar a la autoridad monetaria a que retire esos pesos con la colocación de títulos, como letras y notas, ofreciendo a los bancos tasas que saltaron de 15 o 16 por ciento a 27 a 28% al año, en diferentes plazos.

De ese modo es el Gobierno nacional el que impone un piso y no un techo nominalmente elevado a la tasa de interés, y no las entidades financieras. Para disimular ese efecto, Economía forzó a la autoridad monetaria a que regule la tasa de interés de los depósitos y préstamos en función de la renta que pague por las Lebac. Y como el argentino piensa en dólares, los intereses de los plazos fijos no podrán ubicarse por debajo de la tasa de devaluación, para no recrear tensiones en el mercado cambiario.

Y no se trata de defender a los bancos por lo que cobran y ganan, sino de alertar que con estas políticasse avanza aún más en la dirección de poner obstáculos a la vida de las personas y empresas, que a levantarlos.

Es que cuando se acuerda un aumento de la deuda pública y de gasto público sin contrapartida de ingresos fiscales genuinos, se presiona al alza sobre todos los precios de la economía, desde la moneda, el salario, el valor de los bienes y por supuesto el costo del dinero, con los consecuentes perjuicios que están a la vista sobre el consumo, la inversión, el empleo, el comercio exterior y, consecuentemente el deterioro fiscal y balance del Banco Central.

El Jefe de Gabinete justificó “el tope a las tasas de interés porque también se aplica desde hace varios años en Alemania, Francia, Colombia, Chile, Uruguay, entre otros, como base para penalizar la usura”. Sin embargo, Jorge Capitanich omitió destacar el respeto a las instituciones en esos países, desde el organismo oficial de estadística, hasta honrar las deudas y estar más abiertos al mundo, y no interferir en la política de regulación monetaria, como más aún la estabilidad de precios y la real flotación de sus monedas que ese escenario permite.

Sigue ausente un plan económico integral
Claramente, la economía necesita tender a la normalización y recomposición de los precios relativos, porque está más que probado que con una inflación del 40% anual, tipo de cambio que en forma retrospectiva subió 53% y en perspectiva aumenta más de 20% y sindicatos que negocian aumentos de salarios con pisos 28% y recomposición de 10 puntos de desfase en los pasados doce meses, forzar que la tasa de interés se ubique por debajo de esos parámetros conducirá a distorsiones y desequilibrios financieros sustancialmente mayores.

Por eso el repetido reclamo de los economistas de las diferentes corrientes opositoras al Gobierno nacional de que comience a nivelar todas las variables en forma integral hacia abajo, no alguna aislada como ancla, ya que con políticas compulsivas, en lugar de regulaciones que tiendan a premiar la inversión, el empleo y la disciplina fiscal, tanto del lado de los contribuyentes que deben pagar sus impuestos en función de ganancias genuinas y no derivadas de la inflación, como del lado del gasto público, sólo se contribuirá a profundizar los desequilibrios fiscal, externo, financiero y de la economía real en su conjunto, con su ya visible efecto contractivo sobre la creación de empleos y deterioro del salario de bolsillo de muchos trabajadores por el impacto de Ganancias y la caída de las horas extras.

Sin embargo eso no parece formar parte de la estrategia del equipo económico y una vez más, desoyendo la enseñanza de Einstein, se insiste por el mismo camino de la regulación con carácter restrictivo, y por tanto no hay motivo para tener esperanzas de que se obtengan resultados distintos en los aspectos monetario y financiero a los que se obtuvieron con esas políticas en materia de inflación, crecimiento, comercio exterior y finanzas públicas.