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Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta avanzar con la revisión del mínimo no imponible sobre los bienes personales y también con la aplicación de un IVA diferenciado para la compra de alimentos para jubilados y sectores de bajos ingresos, probablemente a través de un sistema de devoluciones hasta cierto nivel de compra, parece haber generado más rechazos que adhesiones, tanto de altos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, hasta encumbrados economistas y periodistas supuestamente especializados.

Semejante reacción, al punto de que se insiste en que “con la suba del mínimo no imponible, pero sin cambiar las escalas, se sigue cobrando el impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano, pero también lo sostuvo una amplia legión de comunicadores, analistas, políticos de oposición y encumbrados artistas y personalidades de la televisión abierta, parece exagerada si se tiene en cuenta que en la Argentina los asalariados alcanzados por Ganancias representan menos de 7% del total de los trabajadores, o dicho de otro modo, 1 por cada 15 ocupados en una tarea rentada, en blanco y negro. Continuar leyendo →

La urgencia social y la oportunidad política para atacar la inflación

Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con el consecuente deterioro de su calidad de vida, al punto de que desde hace un par de años casi un tercio de la población cayó en estado de pobreza.

Curiosamente, ese escenario se utiliza para argumentar la necesidad de seguir una política de baja gradual de la inflación, del 28 al 25 o a lo sumo 20% al año, porque provocar un poda sustancial del déficit fiscal, que es la causa de todos los males derivados que afectan a la economía argentina, en general y a las finanzas de las familias en particular, provocaría un tremendo ajuste con un alto costo social. Al menos eso es lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería el ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los humildes”.

Esa visión de la realidad fiscal, que ha sido la impulsora de la inflación reprimida durante más de ocho años, con una artificial paridad cambiaria; atraso en el valor de las tarifas de los servicios públicos respecto de los costos de producción, transporte y distribución y hasta la destrucción del Indec, me provoca escozor, porque implica desconocer que la principal fuente que alimentó y seguirá alimentando la inflación es un singular déficit fiscal que casi triplica al promedio mundial, porque sólo se puede financiar con emisión de pesos o endeudamiento improductivo.

Y pensar que generar ahorros impresionantes a partir de dejar de convalidar la corrupción en el gasto público que descubren a diario los diferentes Ministerios y reparticiones públicas; junto al exterminio de la real monto que se destina mes a mes a salarios ñoqui de gentes acomodadas y sin idoneidad alguna, como se va detectando en varios casos de beneficiarios que ni siquiera pisaron una oficina pública para cumplir una tarea, y otros lo hacían sólo para tomar mate porque no tenían ni escritorio, ni una silla, puede generar desempleo cuando claramente le han quitado con su accionar posibilidades de ocupación a más de un millón de personas en el sector privado, porque forman parte del engranaje de la crisis que se requiere revertir, es no tener un diagnóstico certero de la realidad sociomacroeconómica que ese cuadro provocó.

Acumulación de atrasos en el escenario internacional
Un reciente análisis retrospectivo de la economía argentina de los últimos 35 años y su comparación con el resto del mundo permitió comprobar que en ese período el país redujo en un tercio su contribución a la generación de riqueza mundial, en contraste con Chile y Colombia que lograron avanzar, o Paraguay y Perú que apenas sufrieron alguna merma, en un escenario donde China e India le quitaron una tajada a la mayor parte del planeta, aunque pocos como padeció la Argentina.

La explicación es clara y contundente, en esos 35 años el país transitó más de dos tercios con elevadísimas tasas de inflación, producto del desborde fiscal y monetario y pérdida el tiempo con controles de precios y anclas inflacionarias que lejos de proteger a los humildes los condenó a un estado recurrente de insatisfacción.

La crisis del Indec
Pese a semejantes antecedentes, en menos de 70 días de Gobierno las autoridades económicas se dejaron dominar por las repercusiones periodísticas que reflejaron las preocupaciones de altos dirigentes sindicales, analistas políticos y varios economistas por el impacto en precios del fin del cepo cambiario; la eliminación de algunas retenciones y bajas en otras, y la revisión del cuadro tarifario para el consumo de luz y pasos por puestos de peaje, mientras se anuncian autorizaciones periódicas de aumentos de la nafta pese a la baja del petrróleo, subas en cigarrillos, medicina prepaga y pedidos de otros, como las comisiones bancarias, y se esperan los nuevos cuadros tarifarios para el gas, agua y el transporte público de pasajeros, y decidieron el sorpresivo desplazamiento de la directora técnica del organismo oficial de estadística, Graciela Bevacqua.

Esa decisión de Jorge Todesca, quien responde a las directivas del ministro Alfonso Prat-Gay, no hizo más que dar a luz el estado de confusión y de prioridades invertidas que reina en una parte del gabinete económico, porque coronó una semana previa en la que muchos ministros se vieron en la necesidad de hablar de inflación y de pautas para las paritarias, sin advertir que con ello contribuían a alterar las expectativas del resto de los agentes económicos y a aumentar la ansiedad para que vuelva a funcionar el termómetro de la economía, mientras poco avanzaron con acciones concretas para bajar la alta temperatura de la enferma burocracia estatal, la cual se manifiesta en el desmadre de las finanzas públicas.

Se había avanzado en la dirección correcta con la declaración de la Emergencia Estadística y también con el reconocimiento formal de los índices de precios del Gobierno de la Ciudad y de San Luis, como sustitutos transitorios del IPCNu del Indec, porque no sólo se trata de oficinas públicas que siguen criterios internacionales, sino que en los últimos años mostraron variaciones consistentes tanto con el promedio de las mediciones privadas, sino también otros parámetros de la economía, como el índice de salarios y la recaudación tributaria. Pero una vez más, la política intervino sobre la ortodoxia económica, y su costo será convivir un rato largo con alta pobreza, a la espera de la oportunidad política de hacer el ajuste, o mejor dicho de imponer la disciplina fiscal de gastar mejor y acorde a los ya abultados recursos que recibe del conjunto de la ciudadanía.

No se trata de llevar agua para el molino de los economistas estudiosos, a los que muchas veces se los busca devaluar calificándolos de ortodoxos, esto es que siguen a pie juntillas las recomendaciones de los libros para corregir desequilibrios, más aún cuando se está frente a un diagnóstico claro, contundente y generalmente aceptado, pero no hay duda de que pretender buscar atajos y demorar la puesta en orden las finanzas públicas, con medidas antipáticas en muchos casos, como el del decidir el fin de los subsidios a los servicios públicos esenciales para los sectores de mayores ingresos, aunque para los “humildes” como definió Prat-Gay se estableció una tarifa social con costo cero peso para un consumo base, pese a que ni funcionarios y menos aún analistas y muchos periodistas rescatan el valor de esa excepción, sólo condenará al país a seguir transitando por el camino de la mediocridad, y al Gobierno a perder más rápido que tarde el respaldo que le brindó la mayoría de la ciudadanía en los primeros 70 días de Gobierno.

Las urgencias por comenzar a resolver las necesidades sociales no deben definirse en términos de conveniencias y oportunidades políticas, sino de acciones concretas e integrales de una vez, para que la ciudadanía se adapte a una nueva realidad, con otro nivel de precios, pero que inicie el franco camino hacia la estabilidad inmediata. El gradualismo no era recomendado para salir del cepo cambiario, tampoco lo es para encarar la disciplina fiscal. En el primer caso el shock funcionó y no generó tensiones sociales ni crisis como vaticinaban todos los economistas de la oposición, no se explica por qué se teme que ocurra lo contrario en el segundo.

Tomar decisiones aisladas, primero la baja de las retenciones, luego el sinceramiento cambiario, a posteriori la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, más tarde la discusión salarial en paritarias y nada se dice de medidas efectivas y metas ambiciosas de disciplina fiscal, pese a que diario se descubren actos de corrupción, sabotajes y un singular ausentismo de personal, no solucionará los problemas de fondo. Peor aún, aumentará las necesidades de ajuste de quienes han sido los más afectados en los últimos años: los que cayeron en la pobreza, los que desde hace cuatro años se encuentran con un mercado laboral cerrado para el primer empleo, los que por pagar el impuesto inflacionario perdieron mercados de exportación y no pudieron encontrar plazas sustitutas a la menor demanda de Brasil. Nada cambiará porque por urgencias políticas el Indec acelere la elaboración de un índice de precios.

Otra vez los ineficientes controles de precios

El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval) se abocó a salir a la calle para controlar los precios.

No era la primera vez que funcionarios del Gobierno nacional alertaban a empresarios industriales y del comercio que si es necesario aplicar las normas vigentes y hasta abrir la competencia de las importaciones lo iban a hacer para que no haya abusos en la remarcación de precios.

Era sabido que entre los costos de la herencia recibida estaban la salida del cepo cambiario, por el consecuente atraso deliberado de la paridad entre el peso y el dólar, y el fin para gran parte de las retenciones que terminaron por deprimir las exportaciones de todo tipo, y la inflación contenida, porque levantar esos obstáculos iba a provocar un natural cambio de precios de los bienes que estaban constreñidos. No se escapó la cotización del dólar, pero sí la de muchos alimentos, no sólo la de la carne, la harina o la leche. Continuar leyendo →

10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas

El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso.

A poco más de 40 días de la acertada decisión de comenzar a normalizar la economía, eliminando restricciones que causaron sólo daños a la mayoría de los argentinos, sea por la destrucción de las reservas del Banco Central, al erosionar groseramente la competitividad de la producción nacional, sea por la destrucción de las oportunidades laborales, sea por haber resultado un ancla fallida contra el control de la inflación, aquellos temores virtualmente desaparecieron.

Sin embargo, en materia fiscal, el Gobierno sigue respondiendo a las recetas de quienes aconsejan un avance gradual hacia el encuadramiento del desmadre que recibió en las finanzas públicas, con anuncios parciales y resoluciones confusas sobre los cambios en los cuadros tarifarios y asignaciones discrecionales en el reparto de los fondos coparticipables con las provincias, pese a que de ese modo en poco contribuye a corregir los singulares problemas de fondo.

De ahí que no sorprendió que en el primer mes de Gobierno la confianza de los consumidores se haya mostrado mezquina en su evolución, con una modesta baja 1,6%, atenuada por una leve mejora en la Capital Federal y en menor medida en la Provincia de Buenos Aires, donde ganó el actual oficialismo, dada la brusca caída que un informe para la Universidad Torcuato Di Tella detectó en el resto del país.

Ese escenario determinó que por segunda semana consecutiva el Banco Central tuviera que limitar al mínimo en la última licitación de Lebac la política de absorción del abultado excedente monetario que recibió en herencia, más los $40.000 millones que debió inyectar al mercado en compensación por la irresponsable venta de dólares a futuro a una paridad singularmente subsidiada por el equipo que respondía a las decisiones e iniciativas de Alejandro Vanoli en el último mes de la presidencia de la Nación de Cristina Kirchner.

Inflación, recesión y algo más
Uno de los grandes costos que está enfrentando el presidente Mauricio Macri es que el gradualismo en la corrección de los grandes frentes abiertos en el plano fiscal, que ha dejado un arrastre de déficit de más de 7% del PBI, es que en lugar de haber provocado un cambio de una vez en el nivel de precios relativos de la economía, con la eliminación de las retenciones, con la excepción del complejo sojero, el sinceramiento cambiario; la supresión de los subsidios a los consumos de luz y gas para los sectores de altos ingresos; congelamiento nominal del gasto público -dado el colchón que tiene incluido en sobreprecios en las contrataciones, empleados ñoquis, y superposición de tareas y asignaciones de gastos, en particular en publicidad y propaganda, y asesorías externas-, está provocando una espiral inflacionaria que sólo en las expectativas de todos los bien intencionados se espera que se corte hacia el comienzo del segundo semestre, aunque a costa de una nueva recesión del consumo y la producción.

Los índices de inflación reconocidos oficialmente hasta que el Indec vuelva a publicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, arrojó en diciembre 3,9% en el caso de la medición de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y 6,5% en la estimación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis; y se proyecta otro tanto, para enero, y también para febrero con los aumentos que comenzarán a regir para los cuadros tarifarios de luz, pese a que se atenuarán con el establecimiento de una tarifa social, y para los pasos por los puestos de peajes, y marzo con la estacionalidad de los productos y servicios escolares, el cambio de temporada para la ropa y los servicios de turismo para la temprana Semana Santa.

Este no es el mejor escenario para evitar tensiones y reclamos de los gremios de recomposición salarial muy superiores a las metas objetivo que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prar-Gay, del 20 a 25%, y menos aún respecto de la banda más cercana al extremo que anticipo Mauricio Macri en Davos.

Todavía se está a tiempo para anunciar un plan concreto de reordenamiento fuerte de las finanzas públicas, que facilite la tarea del Banco Central de tender a la estabilidad monetaria y de los precios, clave para poder reimpulsar el crédito hipotecario, como se han fijado como objetivos relevantes los nuevos presidentes del Banco Nación, Carlos Melconian y del Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y dejar para presentar al Congreso el 1 de marzo las discusiones también relevantes de cambios en la coparticipación federal de impuestos; reforma tributaria, Asignación Universal por Hijo y prioridades en el plan de obras públicas, entre otras iniciativas.

De lo contrario, los anuncios y decisiones casi diarias de política económico-social lejos de contribuir a mejorar el escenario para volver a crecer y reconstruir la confianza, pueden llevar a realimentar un estado de incertidumbre que podría tornase creciente a medida que se diluye la clásica “luna de miel” que acompaña inicialmente a todo nuevo gobierno.

El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos

La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de 50 veces ese monto) y presiona sobre la inflación.

Se puede asumir que la competencia de instrumentos de absorción monetaria y, a la vez fuente de financiamiento del sector público en su conjunto, como la emisión de Bonar 2020 por USD 5.000 millones, unos $70.000 millones, pudo haber contribuido a ese resultado. Pero como la licitación fue declarada desierta porque el rendimiento que buscaron los inversores superó con creces las expectativas de Hacienda, aún restarían esterilizar más de $110.000 millones.

La cuenta parece sencilla: para equilibrar la cantidad de dinero primario con las reservas en divisas a un cambio en torno de $14 por dólar la base monetaria no debería superar los $350.000 millones, esto es $250.000 menos que el nivel actual. De ese total, unos $75.000 millones pueden sostenerse porque el plan para salir rápido del cepo cambiario logró disipar la demanda de los importadores; mientras que otros $60.000 millones se requieren para las transacciones en una economía que entre diciembre y enero acumuló casi 10% de inflación. Continuar leyendo →