El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval) se abocó a salir a la calle para controlar los precios.

No era la primera vez que funcionarios del Gobierno nacional alertaban a empresarios industriales y del comercio que si es necesario aplicar las normas vigentes y hasta abrir la competencia de las importaciones lo iban a hacer para que no haya abusos en la remarcación de precios.

Era sabido que entre los costos de la herencia recibida estaban la salida del cepo cambiario, por el consecuente atraso deliberado de la paridad entre el peso y el dólar, y el fin para gran parte de las retenciones que terminaron por deprimir las exportaciones de todo tipo, y la inflación contenida, porque levantar esos obstáculos iba a provocar un natural cambio de precios de los bienes que estaban constreñidos. No se escapó la cotización del dólar, pero sí la de muchos alimentos, no sólo la de la carne, la harina o la leche.

Lo mismo puede decirse de la inevitable corrección del cuadro tarifario de los servicios públicos, con la eliminación de gran parte de los subsidios a los sectores de mayores ingresos. Primero empezó por la energía eléctrica, pero se sabe que están en la lista de próxima actualización los del gas natural, el transporte y también el agua, con el consecuente impacto sobre los bolsillos de la trabajadores y jubilados, muchos de los cuales se habían acostumbrado a gastar más en bienes y servicios prescindibles.

Y como no podía ser de otra manera, también se inició el proceso de discusión de las nuevas pautas salariales para el año en paritarias entre trabajadores y empresarios, y en dónde todos quieren opinar de antemano, desde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; hasta el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el propio ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quienes contagiaron al presidente Mauricio Macri.

Y si todos los precios suben, los de los bienes, los servicios, el costo del dinero y los salarios, ¿cómo se puede creer que con la prolongación del régimen de “Precios Cuidados” heredado, que fue un fracaso porque no contribuyó ni a bajar la inflación y mucho menos la pobreza, al punto que se la dejó de medir hace tres años y ahora habrá que esperar casi otro más para volver a estimarla, se podrán controlar, esto es limitar, los aumentos?

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, decidió controlar los precios vía internet y puso al director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Muiño, a cargo del nuevo programa que, en principio, será obligatorio para las grandes cadenas de supermercados; mientras que el secretario de Comercio, Miguel Braun, invitó a emular a Lita de Lázzari, que decía “camine, señora, camine”. “Ahora entre todos vamos a caminar y colaborar para conocer los mejores precios”, publicó el funcionario en Twitter, en un mensaje que tuvo rápidas de interacciones con usuarios de esa red social.

Sobran pesos y persiste activa la maquinita que los genera
Está acabadamente probado que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, dijo hace ya más de 60 años el recordado Premio Nobel en Ciencias Económicas, Milton Friedman, y aunque se puedan agregar factores estructurales y hasta a veces climáticos, que inducen a modificar el nivel de precios de un bien o servicio, la persistencia y generalización de los aumentos tiene una sola causa dominante que es el exceso de pesos en la economía respecto de la cantidad de bienes, la cual se originó y lo seguirá haciendo, en un abultado déficit fiscal: más de 7% del PBI en 2015 y un proyectado oficialmente de 6% del PBI para el corriente año.

De ahí que intentar repetir los errores del Gobierno anterior para controlar algunos precios, pese a que llevaron al estancamiento con alta inflación y más pobreza, y esperar resultados diferentes, será sólo perder el tiempo.

Se sabía que la herencia fiscal, monetaria y cambiaria no contenía riquezas sino pesadas hipotecas que levantar, incluida la de los holdouts. Y que los primeros inventarios, aún no cerrados a 60 días de funciones de las nuevas autoridades, revelan vicios que involucran a mucha gente, y por tanto cada vez más se habla del “temor al costo político” que habría que enfrentar si se optara por tomar el toro por las astas, y hacer como se hizo con el cepo cambiario, tomar las principales medidas correctivas de una vez, y volver a empezar.

Caer en falsos atajos, con políticas de reducción del déficit fiscal de modo gradual, y de ese modo también de la inflación, y tomar como bueno los fracasados “precios administrados”, “precios cuidados”, “control de precios en la web” y “salir a la calle a comparar precios”, sólo conducirá a llenar páginas de diarios, utilizar millones de caracteres en los portales, amén de consumir horas de radio y TV por parte de analistas, funcionarios, industriales, comerciantes y gremios, hablando del tema, pero en poco se avanzará hacia un mejor clima de estabilidad y crecimiento.

El Banco Central está haciendo un enorme esfuerzo por absorber los pesos excedentes y lo está logrando con una tasa de interés apenas superior a la que regía hasta el 9 de diciembre, y posibilitó reducir la tasa de expansión de la cantidad de dinero primario al nivel más bajo en 10 meses, a 28% anual, sin que el tipo de cambio libre se disparara como aseguraban muchos economistas, incluidos varios de los que el Gobierno incorporó a sus filas en puestos relevantes. Pero claramente, la dinámica que están mostrando los precios revela que todo eso no es suficiente.

Cierto es que en el primer mes calendario pleno de Gobierno, las finanzas públicas se caracterizaron por una singular eficiencia del lado del cobro de impuestos y notable austeridad a la hora de gastar. Pero eso no sería extrapolable al resto del año, a juzgar por el plan fiscal y la meta de inflación que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay el 14 de enero.

Para peor, la estrategia de disponer aumentos escalonados de tarifas atrasadas, como las de la luz, gas, agua, y transporte, en pleno proceso de inicio de las negociaciones salariales, sólo está contribuyendo a alimentar expectativas de que todo aumenta y seguirá aumentando, fenómeno que conduce a un escenario en el que todos pierden.

De ahí que el mejor camino para revertir ese proceso no parece que sea la amenaza de competencia de importaciones, o de aplicar la Ley de Abastecimiento, o imponer listas más amplias con precios administrados o cuidados, y profundizar los controles.

Por el contrario, más efectivo sería poner en marcha un plan integral, con la definición e instrumentación de todos los cuadros tarifarios; actualización de los montos de los planes sociales, como Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, reforma tributaria de Ganancias para asalariados, autónomos y Pyme, junto con la actualización de los balances por inflación y un plan ambicioso de disciplina fiscal que sólo incluya como fuente de financiamiento del desequilibrio al sector privado, interno o externo, de modo de prescindir del financiamiento del Banco Central al Tesoro, y proponer, por única vez, cerrar acuerdos de salarios en paritarias por un trimestre, sobre la base de la inflación pasada desde el último ajuste, como próximamente ocurrirá con las jubilaciones y pensiones; mientras reacciona a esos estímulos toda la economía, con más producción, inversión y empleo.