Por: Daniel Sticco
La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de 50 veces ese monto) y presiona sobre la inflación.
Se puede asumir que la competencia de instrumentos de absorción monetaria y, a la vez fuente de financiamiento del sector público en su conjunto, como la emisión de Bonar 2020 por USD 5.000 millones, unos $70.000 millones, pudo haber contribuido a ese resultado. Pero como la licitación fue declarada desierta porque el rendimiento que buscaron los inversores superó con creces las expectativas de Hacienda, aún restarían esterilizar más de $110.000 millones.
La cuenta parece sencilla: para equilibrar la cantidad de dinero primario con las reservas en divisas a un cambio en torno de $14 por dólar la base monetaria no debería superar los $350.000 millones, esto es $250.000 menos que el nivel actual. De ese total, unos $75.000 millones pueden sostenerse porque el plan para salir rápido del cepo cambiario logró disipar la demanda de los importadores; mientras que otros $60.000 millones se requieren para las transacciones en una economía que entre diciembre y enero acumuló casi 10% de inflación.
Sin embargo hay una diferencia sustancial entre las Lebac y el Bonar 2020: las primeras son de corto plazo, menos de un año, y el segundo de largo, más de 3 años promedio y 5 entre extremos. No es un tema menor, porque del éxito de uno depende la calidad de la aceptación del mercado del otro.
Me explico, una sostenida disminución de las tasas de las Lebac debiera leerse como la respuesta a sólidos progresos en la reducción de la inflación y consecuente de una mejora en la predisposición de los inversores para diversificar sus portafolios con títulos de mayor maduración sin exigir tasas estrafalarias de dos dígitos reales en dólares.
Es cierto que se partió de una suba sustancial previa para contar con un reaseguro fuerte para poder salir de más de cuatro años con cepo cambiario sin generar un escenario traumático, y ahí los resultados están a la vista: mejoró el humor de quienes estaban preocupados por la inestabilidad cambiaria.
Pero también es cierto que las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, como del Ministerio de Energía, han optado por salir de una situación extrema e insoportable de atraso tarifario y elevado costo fiscal de modo gradual, en lugar de haberse decidido por acciones contundentes y de una vez, para poder dar rápidas respuestas a los sectores sociales necesitados de recursos para enfrentar un necesario e irrenunciable cambio de precios relativos para poder poner en marcha las fuerzas productivas después de cuatro largos años de estancamiento.
Ya se dijo en este espacio que las primeras medidas de Gobierno fueron audaces en lo monetario y cambiario, y favorecieron inmediatamente las expectativas de los productores agropecuarios, como de muchos exportadores del área; y otras prometen rápidas mejoras de los sectores de altos ingresos con la devolución atrasada de impuestos retenidos, o el cambio del régimen de Ganancias para asalariados y pymes.
Pero por el contrario, poco se ha avanzado en dar alivio a los amplios sectores postergados, luego del previsible impacto en precios de los alimentos de la eliminación de las retenciones y el sinceramiento cambiario, y que temen con fundamento que también se manifieste en los estacionales aumentos de precios de los artículos escolares en febrero, mientras carecen de certezas sobre si además deberán pagar desde febrero o marzo más tarifa por sus consumos de servicios básicos.
Semejante cuadro explica que en las encuestas y sólo en las encuestas, los empresarios expresen un mejor humor en sus expectativas de crecimiento y resultados respecto de las que tuvieron en los últimos cuatro años. Pero, por el contrario, en las previsiones del consenso de los economistas persisten los pronósticos de otro año con muy alta inflación, incluso superior al 28% de 2015, y estancamiento del PBI por quinto período consecutivo.
La receta para revertir el ciclo de estanflación
En este momento la mayor parte de las miradas de los agentes económicos y del periodismo en general están puestas en el foro anual de Davos donde concurren los principales referentes del mundo empresario y de las finanzas internacionales, y también varios líderes políticos, porque se espera recordar a esos dirigentes que “la Argentina existe”, sobre todo para canalizar inversiones y líneas de préstamos. A eso fueron el presidente Mauricio Macri,la canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Sin embargo, una parte no menor de las miradas de los agentes económicos y del periodismo también se mantiene en el frente doméstico, porque ven con inquietud que el Gobierno parece haber optado por esperar los primeros y principales logros en materia de reducción del déficit fiscal, y consecuentemente de la inflación, a través de la reactivación de la economía, al liberar las ataduras que implicaban el cepo cambiario, el atraso de la paridad del peso con el resto de las divisas de los países con los que más comercia, extinguido las DJAI al reemplazarlas por un Sistema de Monitoreo de Importaciones.
Pero esa estrategia estaría subestimando que una atadura no menor, que llevó al Gobierno anterior a imponer las restricciones mencionadas junto con los Precios Cuidados y el Ahora 12, la provocó el desmadre de las finanzas públicas con un déficit fiscal financiero de 8% del PBI.
De ahí que un valor objetivo de 6% del PBI para el corriente año (4,8% primario y 1,2% por pago de intereses de la deuda pública), como anunció el ministro Prat-Gay, no sólo no cambia mucho las cosas, sino tampoco asegura achicar el alza de los precios al consumo por debajo de 25 del año.
Únicamente si se acelera la disminución del déficit fiscal, no sólo con una racional y transparente política destinada a constituir una administración pública eficiente y responsable en la asignación de todos los recursos, para no afectar injustamente a quien no lo desea, sino también con una rápida extinción de los mega subsidios a los consumos de energía y gas de los sectores de altos ingresos (se dijo que comprendería a no más del 30% de los hogares), y se destina inmediatamente parte de esos ahorros al 30% de los sectores de menos ingresos, vía aumento de la Asignación por Hijo y de los subsidios familiares por escolaridad, se podrá avanzar más rápido que tarde en la dirección de normalizar la economía y volver a crecer con menor inflación.
En ese contexto, el curso descendente de las tasas de interés y la absorción del aún abultado excedente monetario, podrá seguir sorteando los pesados obstáculos que dejó el gobierno anterior, y las promesas de inversiones y asistencia financiera que Macri, Malcorra, Prat-Gay y Sturzenegger recibirán en Davos puedan traducirse en hechos concretos más temprano que tarde.