Archivo de Tag: mínimo no imponible

La indisciplina fiscal y las tensiones cambiarias

Septiembre cerró con un crecimiento de la recaudación tributaria del 37,5% en comparación con un año atrás, y para muchos constituyó una sorpresa, porque superó sus expectativas. La sorpresa parece lógica, habida cuenta de que frente a una economía que se derrumba a tasas inquietantes, no sólo en la industria automotriz y de electrónica a tasas de dos dígitos porcentuales, sino también en el mercado inmobiliario y la construcción, o el consumo masivo y el transporte, agravado con una brutal contracción del intercambio comercial con el resto del mundo por el cepo y atraso cambiario y una inflación que ya se posicionó en más de 41 por ciento, los ingresos de la AFIP acusaron una baja real de apenas 2,5 por ciento.

Sin embargo, un análisis fino del origen del fuerte aumento nominal de los recursos agregados de la DGI, Aduana y Anses, permitió advertir que el impuesto inflacionario le sacó a los trabajadores y empresas sólo en septiembre y únicamente por la vía de dos tributos 2.250 millones de pesos: 2.213 millones por Ganancias ficticias y 41 millones por bienes personales pese a que valen menos en términos reales. Se trata del equivalente a 3,2 puntos porcentuales del crecimiento interanual de dichos recursos. Sin ese aporte, la baja real se hubiese aproximado a 4,7%, que es lo que hoy está marcando la caída del PBI en las estimaciones privadas más realistas.

El ejercicio es muy simple. Se trata de depurar del salto de lo percibido por Ganancias y Bienes Personales el efecto del aumento de la masa de contribuyentes por los incrementos que recibieron en sus salarios e ingresos por la inflación: en un caso a través de los ajustes acordados en paritarias y en otro por la suba de precios que disparan los mayores costos, al resistirse la AFIP a elevar los mínimos no imponibles y las escalas de deducciones especiales que rigen desde 2001 para las personas físicas, como de reinstaurar el ajuste por inflación, acorde a una economía inflacionaria de dos dígitos porcentuales elevados y en aceleración, para las jurídicas. La planilla de septiembre mostró que en esos dos tributos se pasó repentinamente de un salto de 38 a 39% anual promedio hasta agosto a 55% en Ganancias y 51% en Bienes Personales el mes siguiente.

Recursos fiscales insuficientes
Semejante salto de la tasa de confiscación de los ingresos de los trabajadores y de las empresas que tiene su correlato en la caída del consumo y de la actividad de la mayoría de los agentes económicos no fue suficiente para cubrir las necesidades de cobertura de un gasto público desbordado y que acelera al punto de debilitar las fuerzas del sector privado para sostenerse en pie.

Por eso se intensifica la recesión, cae el empleo y se realimenta la desconfianza en el peso, al punto de haber forzado el cambio de otro presidente del Banco Central, como si la causa del problema fuera netamente de origen monetario. En ese flanco se advierten las consecuencias de la indisciplina fiscal que ha llevado al uso y abuso de la emisión espuria, con su impacto sobre el mercado de cambios.

Así se desprende de los informes semanales de la autoridad monetaria. A cinco días de cerrar septiembre la principal y casi única fuente de expansión de la cantidad de dinero de base fue el sector público con más de 10.000 millones de pesos. Por quinto mes consecutivo la expansión de base para disimular el verdadero rojo fiscal se ubicó en el rango de los once dígitos: más de 10.000.000.000 de pesos.

Y sólo en un día, el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, dispuso al inicio de octubre la autorización de aumento del gasto público en 10 dígitos: 6.228 millones, de los cuales 5.600 millones deberán ser financiados con más impuesto inflacionario y transferencias al Tesoro por la vía de la emisión del Banco Central, recursos de la Anses y de otros organismos, como el PAMI y fondos fiduciarios. Con semejante aumento de partidas, los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el presupuesto de gastos para todo 2014 se elevó en 62,7% respecto del que finalmente se autorizó para el año anterior.

De ahí que la pax cambiaria de los últimos días sólo es explicable por una tregua que el mercado le concedió a las nuevas autoridades monetarias, luego de que repentinamente el ministro de Economía y el nuevo presidente del Banco Central decidieran iniciar una ronda de diálogo con los empresarios y banqueros, no sólo de compañías nacionales, sino también extranjeras, después de que hasta la semana anterior habían sido denunciados como los responsables de la crisis, la demanda de los holdouts y las tensiones que se manifestaron en la disparada del dólar libre y la aceleración de la inflación.

Pero la calma no podrá extenderse por mucho tiempo si la política monetaria y fiscal mantienen su carrera alcista y se postergan las decisiones de fondo para comenzar a reordenar la macroeconomía, empezando por la vuelta a la austeridad en la expansión del gasto público, al menos al ritmo de la inflación; la reducción de la presión fiscal y empezar a desarmar los nudos que fueron estrangulando la economía real. No hacerlo, bajo la excusa de que con eso se profundizará la recesión, sin medir el efecto severamente contractivo que genera en el conjunto de la actividad privada, reavivará las tensiones cambiarias más temprano que tarde.

Creer que el cuadro podría comenzar a despejarse a partir de enero 2015, cuando supuestamente quede sin efecto la cláusula RUFO que impide cerrar un acuerdo con los holdouts en los términos que falló el juez Griesa, porque destrabará el acceso al mercado internacional de deuda, es desconocer la vocación expansiva de gasto de este gobierno, más aún en un año electoral, y por tanto no asegura la reducción del desequilibrio fiscal, sino, en el mejor de los casos, un cambio de la fuente de financiamiento con un Pagadiós y las mismas consecuencias negativas sobre la economía en su conjunto.

Trabajadores y jubilados cobrarán $1.100 millones más pero les sacarán $12.300 millones

A través del decreto 1.242 el Poder Ejecutivo resolvió unilateralmente, usurpando una potestad del Poder Legislativo Nacional otorgada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, inyectar en el bolsillo de una pequeña franja de asalariados y jubilados unos $1.100 millones por mes, hasta diciembre, a través de la suba arbitraria y selectiva de las exenciones del Impuesto a las Ganancias.

Sin duda que la iniciativa recogió una clara expresión de las urnas en las PASO, dado que la mayoría de los candidatos enarbolaron la bandera de la actualización del mínimo no imponible, para corregir el efecto del impuesto inflacionario sobre Ganancias en debate en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Pero el Gobierno nacional no sólo se hizo propia esa propuesta, sino que llegó al extremo de introducir cambios discrecionales y parciales, violando facultades constitucionales, según advierten expertos tributaristas como Raúl Cuello.

Son discrecionales, porque la suba de las exenciones para reducir el universo de los asalariados y jubilados alcanzados por Ganancias es plena hasta el umbral de $15.000 de remuneración bruta mensual, esto es, antes de cualquier descuento legal que se haya aplicado en algún momento de los pasados ocho meses, de 20% para la franja siguente, hasta $25.000, mientras que no se movieron los mínimos no imponibles y las escalas fijas de alícuotas, en este caso en los últimos trece años.

Además, es discrecional porque el cambio no se hizo extensivo a los trabajadores autónomos, ni se actualizaron las escalas para los monotributistas, y se excluyó a los asalariados que perciben ingresos superiores a $25.000 brutos por mes, pero que en términos netos se licuan singularmente por la aplicación de tasas de imposición superiores, en términos relativos, a la que pagan las empresas.

Y es parcial, porque también viola una vez más una característica propia del Impuesto a las Ganancias, que es de base anual. La suba de las exenciones se aplica a partir de los ingresos de salarios y jubilaciones que se liquiden desde el 1° de septiembre, y por tanto no se habilita la restitución de las retenciones que los empleadores hicieron en los ocho meses previos.

Financiamiento inflacionario
También, recogiendo iniciativas de los candidatos a sumarse al cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el 27 de agosto el proyecto de ley que gravará con 10% el pago de dividendos por parte de las empresas que no cotizan en Bolsa y con 15% la renta por la transferencia de acciones y títulos valores de empresas no cotizantes.

La propuesta no hace referencia a la coparticipación con las provincias de los eventuales ingresos estimados con esos impuestos, $2.056 millones para el último cuatrimestre de 2013, pese a que surgieron como fuente de compensación de la renuncia al cobro parcial de un gravamen que cobra la Nación pero que luego comparte las 24 grandes jurisdicciones.

Además, no existen antecedentes y registros que avalen la previsión de cobro de esos impuestos, más aún en una economía inflacionaria en la que no se actualizan los valores de los balances de las empresas.

No sólo eso, el Gobierno nacional ha desalentado al extremo la práctica del pago de dividendos, en particular a las empresas con accionistas radicados fuera del país. Por tanto se busca imponer un cargo a una política empresaria que previamente prácticamente se la prohíbe o restringe.

El Poder Ejecutivo Nacional niega la relevancia del impuesto inflacionario, pero surge de gravar valores nominales en ascenso, como ocurre tanto con los salarios, como las jubilaciones y las ganancias de las empresas, amén del pasaje de monotributistas al régimen general de Ganancias e IVA, pese a que en la mayoría de los casos se pierde capacidad de compra de bienes y servicios por la suba del promedio de precios de la economía.

El Estado nacional ha podido sortear parte de ese efecto acudiendo al senoriaje, que es la capacidad de emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar la escalada del gasto público.

Sólo en agosto los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno Nacional se elevaron en $12.300 millones, en contraste con apenas $5.074 millones que lo hizo la base monetaria. Totalizan más de $152.000 millones y equivalen a 47% del total de la base monetaria y casi 67% del total de billetes y monedas en manos de toda la población y de las empresas.

Semejante inyección de pesos explica que la Argentina haya recaído en un estadio inflacionario a ritmo de dos dígitos altos al año, más de 20% según el consenso de las mediciones privadas que difunden mes a mes legisladores de la oposición al Gobierno y más de 30% en las expectativas de la población.

De ahí que si bien es aplaudible y saludable que se actualicen las exenciones de Ganancias, para que surtan efecto y no violen principios básicos de equidad de la tributación es necesario que no sólo se actualice en forma automática el mínimo no imponible y las escalas de imposición, sino que, previamente, o al menos simultáneamente, se cambien las políticas que han llevado a la Argentina a los primeros puestos en materia de inflación, desalentado la inversión productiva y la creación de puestos en el sector privado, fenómenos que han llevado a la vuelta de los denominados déficit gemelos de las finanzas públicas y de las cuentas externas.