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La escalada del dólar, algo más que estacional

La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por supuesto, la clara demanda de divisas para atesoramiento que hacen los particulares, en particular aquellos que tienen capacidad de ahorro para mediano plazo, tras el cobro del medio aguinaldo o algún bonus de fin de año.

Pero este 2014 arrancó con otros factores impulsores, los cuales eran esperados en forma proporcionalmente creciente a la medida en que se fue devaluando la capacidad del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ahora en la luz del ministro de Economía Axel Kicillof para corregir los severos desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando en los pasados dos años y algo más, esto es. desde que rige el cepo cambiario.

La reacción de muchos agentes económicos no es caprichosa
Pese a que la sociedad ha aceptado estoicamente el aumento persistente y sostenido de los impuestos, ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratificó que este año “vamos a salir a buscar agua en el desierto para cumplir con la meta de recaudación de impuestos”, al anunciar el aumento del cargo financiero a las empresas exportadoras que triangulan operaciones y, sobre todo, ratificar que se elevará la valuación de los inmuebles para el pago de Bienes Personales. Esto es más impuesto.

Por el contrario sigue ausente en el nuevo gabinete cualquier referencia al control del gasto público, pese a que crece a ritmo desenfrenado a más de 35% al año, cuando los recursos tributarios lo hacen a menos de 22%. El resultado es mayor dependencia del financiamiento del Banco Central con emisión, es decir, inflación.

Y en la Argentina de los últimos cincuenta años, con raras excepciones, la única alternativa de inversión de alta liquidez que posibilitó mantener el poder de compra de los ahorros de las empresas y familias fue el dólar. Ahora, naturalmente no es la excepción.

Por tanto, pretender fomentar la competitividad, conquistar mercados de exportación, mientras se fogonea la capacidad financiera y de inversión de las empresas y familias alentando la inflación, subiendo los impuestos y con un tipo de cambio oficial que corre de atrás, es una tarea no sólo infructuosa, sino que explica el acelerado enfriamiento de la actividad y, en algunos sectores como el mercado automotor, la caída de la producción a tasas de dos dígitos.

Ese cuadro explica la sostenida hemorragia de las reservas del Banco Central, las cuales se parecen cada vez más a un Pagadiós que a un reaseguro para hacer frente a inesperados acontecimientos externos, porque los adelantos al Tesoro Nacional de la autoridad monetaria ya representan más del 91% del valor de las reservas al tipo de cambio oficial y se reduce apenas a 58% al cambio libre.

De ahí que hasta tanto no aparezca un plan integral de reordenamiento macroeconómico, que sea capaz de recrear la confianza para reanimar la inversión, la creación de empleo privado y el ahorro en moneda nacional, a través de instrumentos probados, la desconfianza en la moneda no tendrá techo.

El Gobierno se niega a sumarse al ajuste salvaje

Enero comienza con ya el clásico más de lo mismo. A poco más de 40 días de cambios en el gabinete se advierte con claridad que nada cambió, al menos para bien. Por el contrario, el Gobierno avanzó en la línea de imponer obstáculos a los pocos sectores que habían escapado del ajuste forzoso que se inició desde fines de octubre de 2011, cuando de la mano del “vamos por todo” se impuso el cepo cambiario, la discrecionalidad en la aprobación de importaciones, el cambio de las reglas habituales que guiaban al mercado inmobiliario, las limitaciones de hecho al pago de dividendos a los accionistas de empresas que no residen en el país, en particular de firmas de capital extranjero, trabas a la autorización de venta de dólares para viajar al exterior, etc., y las idas y vueltas, en un círculo vicioso, en materia de control de precios, aunque se lo denomine de cualquier otra forma: acuerdos, precios administrados.

Por un lado, con la complicidad de un Congreso donde todavía mantiene mayorías, el Poder Ejecutivo impuso una extraordinaria suba de impuestos internos a los autos y motos de media a alta gama, con el argumento de contener las importaciones de unidades terminadas y también de partes, aunque el resultado fiscal podría resultar neutro o incluso negativo, por el impacto recesivo que generará en la producción nacional, la pérdida de ingreso de derechos de importación y también por el menor cobro de IVA, Ganancias, Cheque, sobre la oferta y demanda global de esos rubros, amén de aportes y contribuciones a la seguridad social, por despidos y suspensiones.

Por otro lado, la insistencia con subsidiar el crédito a la producción con recursos que los bancos deben captar de sus clientes, en lugar de hacerlo con la derivación de rentas generales, también afectará la capacidad de generar negocios del sistema financiero, y con ello debilitará su contribución al PBI, al afectar la bancarización las tasas interés por debajo de la inflación para el ahorro privado.

La aceleración de la inflación, inducida por el desborde del gasto público improductivo, acentuó la contracción del consumo de productos básicos. Las ventas en supermercados pasaron de caer 6% en 2012 a más de 9% en los últimos meses de 2013. Y en los establecimientos más pequeños, la Cámara Argentina de Comercio detectó que en diciembre la mitad de los consultados vendió menos que un año antes, y sólo un cuarto pudo mostrar mejor desempeño.

La inversión en equipamiento y ampliaciones de plantas, junto a la demanda de construcciones de viviendas, se debilitaron aún más. De 21,3% del PBI que había representado en 2012 terminó el siguiente por debajo de 20%. La consecuencia se expresó en la brusca disminución de la creación de empleos: de 203.000 en 2012 se limitó a 23.000 un año después, y se concentraron exclusivamente en el sector público, los cuales ahora se pagan con emisión, porque la recaudación de impuestos no alcanza para pagar todos los gastos.

La construcción, clásica multiplicadora de industrias, pasó de crecer más de 10% en agosto a 3,4% en sólo tres meses después, y las expectativas para 2014 que recogió el Indec lucen contracctivas, las cuales son consistentes con la intensificación de la disminución de los pedidos de autorizaciones para edificar en los próximos meses.

En valores nominales, los recursos tributarios batieron récord, como también lo hizo la inflación, la pérdida de valor del peso respecto de otras divisas, la emisión, pero mientras los precios promedio de la economía aceleraron la variación mes a mes, no tanto por acciones oligopólicas, monopólicas y ejercicio de posición dominante de las empresas en diversos mercados, sino directamente por la política oficial que lo indujo (esto no surge de estudios privados, sino de las propias cuentas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, que está bajó la órbita del ministro de Economía Axel Kicillof), el crecimiento de la recaudación se atenuó de más de 27% en diciembre de 2012 a 21% en noviembre último.

El salario promedio de los trabajadores pudo sostener un aumento levemente superior a 25% al año, pero se agravó la brecha negativa respecto de la inflación, y más aún si se considera el ingreso de bolsillo porque ahora la actividad productiva y comercial no ofrecen las posibilidades de trabajar horas adicionales a las básicas de convenio.

Banco Central más activo, pero solitario
Juan Carlos Fábrega, como presidente de la autoridad monetaria, impuso su sello, con un drástico cambio de política respecto de la pasividad que había caracterizado la tarea de Mercedes Marcó del Pont: el tipo de cambio ahora sube a ritmo de casi 7% al mes, en contraste con menos de 2% en la etapa previa, y la base monetaria desaceleró la expansión de casi 40% a fines de 2012 a 24% al año doce meses después.

Pero se trataron de medidas aisladas, porque no respondieron a un giro hacia la austeridad fiscal, la flexibilización de la política comercial, la recuperación de las instituciones, el levantamiento de los cepos y otras restricciones. Y por tanto contribuyeron en poco o nada hacia la búsqueda de la estabilidad genuina de los precios y la competitividad con el resto del mundo. Por el contrario, el gasto público se mantuvo acelerado, con alza en noviembre que superó en casi 15 puntos porcentuales al tímido incremento de los recursos tributarios, y pago promedio de sueldos a los nuevos empleos públicos que más que duplicaron al de la media de toda la nómina.

Las reservas del Banco Central se derrumbaron en casi u$s13.000 millones, ahora no tanto por la fuga que provocaron los privados, sino por el uso y abuso del sector público, en contraste con apenas u$s3.300 millones que habían caído un año antes. El resultado fue la reaparición de tensiones en el mercado de cambios. Y el costo del dinero para las empresas, salvo el subsidiado, comenzó a subir y la consecuencia fue el alargamiento de los términos de pago a proveedores.

Como se ve, casi todo el sector privado ajustó violentamente su ritmo de producción, consumo, inversión, empleo. Obviamente, en un país de 42 millones de habitantes siempre hay varios millones que pueden manifestar altos índices de gasto, llenar los lugares de veraneo, sea en la costa, las sierras, o el norte y sur del país, pero la gran mayoría hoy acusa intenciones y posibilidades de gasto sustancialmente menores a la de un año antes.

Por el contrario, en el sector público, que es el que provocó todos los desequilibrios macroeconómicos descriptos, el ajuste, entendido por limitar la expansión del gasto total al que acuse los recursos genuinos, sigue ausente y, lo que es peor, no da señales de dar un giro rotundo en todo lo hecho en los últimos dos años. Ahora queda esperar si en las 200 metas-objetivo que prometió anunciar para estos días el Jefe de Gabinete aparece alguna pista en esa dirección. Por lo hecho y dicho en los últimos 40 días, todo indica que se avanzará hacia más trabas y regulaciones a la actividad privada, que hacia la liberación y recuperación de los superávit gemelos, la estabilidad de precios, la apertura de la economía, a la inversión abierta, es decir, hacia el crecimiento sustentable.

Para no tener grandes problemas hay que gestionar

Después de doce años de una de las peores crisis que afectó a la Argentina, las máximas autoridades de Gobierno no hacen más que minimizar el caos actual, en lo social, en las finanzas públicas, lo monetario y en el orden cambiario, y para eso lo comparan con la situación que predominaba en los últimos días de 2001 y primeros meses de 2002.

Desde entonces, no sólo ha gobernado un mismo signo político, sino que más del 90% del tiempo estuvo bajo el dominio de supuestas ideas progresistas que levantaron las banderas de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y generación de millones de empleos, pero siempre los errores y desaciertos fueron atribuidos al otro y, en el mejor de los casos, compartidos, nunca propios.

Sin embargo, se insiste en el relato más que en la realidad. El Jefe de Gabinete repite en sus ya habituales conferencias de prensa matutinas que “en los últimos diez años se generaron más de 6 millones de empleos”, pero no hay estadística oficial, incluso del devaluadísimo Indec, que avalen esa cifra. En el mejor de los casos se crearon en términos netos 4,6 millones de puestos desde fines de 2001, de los cuales 900 mil se originaron en el miniciclo de Eduardo Duhalde.

Los saqueos, la injustificable sublevación de fuerzas policiales en las provincias en reclamo de ajustes de salarios, los apagones, el persistente deterioro de la calidad educativa, la pérdida del excedente energético, la hemorragia de las reservas del Banco Central (ahora controlada con medidas de poco alcance), por citar hechos dominantes en las últimas semanas, son las consecuencias de la negación de la realidad, de vivir de un relato que no puede ser avalado por las propias cuentas públicas.

Las innumerables pérdidas de vidas humanas por las incapacidades manifiestas del Gobierno, aunque siempre se encarga de minimizar las responsabilidades cargando con la culpa del otro: las provincias, la oposición, los empresarios, los sindicatos no afines y, por supuesto, la prensa independiente, exigen ya un Nunca Más al relato, a esquivarle el pecho a los problemas, más aún cuando claramente la mayoría han sido auto infligidos.

Medidas que probaron su fracaso
La inflación no se combate negándola y menos aún con congelamientos prolongados de precios de una canasta básica, análisis de la cadena de valor, la matriz de insumo-producto o con la crítica pública a los empresarios a los cuales se los tilda de inescrupulosos con abuso de posición dominante, etc. Es mucho más sencillo, al menos para encauzarla a niveles tolerables: equilibrar las finanzas públicas y prescindir del financiamiento espurio del Banco Central, o usando recursos de jubilados en fines no productivos.

El Gobierno ha encontrado una singular respuesta positiva de los agentes económicos a los sostenidos aumentos de impuestos, pero no ha cumplido su rol de asegurar la eficiencia en el destino de esos fondos para honrar los objetivos que les dieron origen, y por el contrario se ha excedido a niveles que ya se tornan insoportables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

La liquidación de divisas de los exportadores, como el ingreso para inversión, sea de residentes, como también del resto del mundo, no se logrará con atajos, como la emisión de Letras dolarizadas del Banco Central, o con mini ajustes diario del tipo de cambio que superan largamente el nivel de las tasas de interés. Se requiere una política de competitividad integral, que incluya estabilizar los precios de la economía, alentar el comercio internacional con igual énfasis que el mercado interno (fue un error tornarlos antagónicos), y no apropiarse de la renta con impuestos ad hoc y políticas discrecionales, tanto para exportar como para importar.

El impulso de la inversión extranjera no se logrará con misiones puntuales y desesperadas de un par de funcionarios a Angola, China o Rusia, sino con acciones más simples: garantizar el respeto de la propiedad privada, la retribución del capital, sea nacional o externo y con la vuelta a un tipo de cambio único y flotación con intervención del Banco Central.

Los subsidios se admiten como políticas de corto plazo, para enfrentar situaciones de crisis, o deficiencias estructurales, mientras se adoptan las acciones tendientes a revertir esas carencias, pero nunca son recomendables sostenerlos por tiempo prolongado, porque pierden efectividad al comenzar a revelar la incapacidad del gobernante para cumplir con sus promesas de una efectiva inclusión social.

Volver a las fuentes
Los libros de economía, finanzas públicas y sobre el comercio internacional que se han escrito en los últimos 200 años no son novelas y ensayos destinados a una lectura efímera en las vacaciones de verano, sino que constituyen enseñanzas de quienes se ocuparon y ocupan de analizar el comportamiento de las personas, las empresas y gobiernos (la economía es una ciencia social), para luego poder diseñar políticas que conduzcan de modo eficiente al mejor manejo de los recursos escasos para poder elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no de un simple promedio, con distribuciones crecientemente desiguales.

Desestimarlos, al punto de creer que “la seguridad jurídica es un concepto horrible”, como declarara el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, durante su monólogo en el Senado al día siguiente de desalojar a los empujones de YPF a sus directores y gerentes, en los primeros días de abril de 2012, llevó a la crisis actual, pese a que el relato lo niegue.

Empresarios, banqueros, economistas y un amplio espectro de la dirigencia política, se manifiestan convencidos de que el país mantiene condiciones estructurales y coyunturales para poder volver rápidamente a un sendero de estabilidad de precios, captar inversiones singulares y superar la crisis social. Sólo falta que el Gobierno diga Nunca Más al relato, despeje el velo que durante los últimos años ha usado para no ver la realidad, y acepte que la estabilidad de las reglas, el respeto de las instituciones y el verdadero debate en el Congreso, donde las buenas ideas y propuestas de opositores sean incorporadas, posibiliten una transición ordenada hacia una saludable alternancia política, de personas y también de partidos

Saqueos: datos dudosos llevan a políticas erróneas

Reiteradamente el Gobierno nacional se ha negado a revaluar las funciones del organismo oficial de estadística, y en particular el resultado de sus informes mensuales y trimestrales de precios, actividad, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, entre otros.

Sin embargo, ahora que se agotan las reservas del Banco Central, porque han caído a niveles críticos, menos de tres meses de importaciones representan las de libre disponibilidad, se accede a lanzar un nuevo IPC Urbano y Nacional, a partir de febrero desde 2014, y el recálculo del PBI a precios de 2003 desde marzo de 2014, para poder quedar más cerca del acceso a créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional.

Pero mientras tanto no se sabe qué pasó en la pomposamente llamada “década ganada” para que no sólo aparezcan abultadas demandas de subas salariales por parte de las fuerzas policiales de las provincias, las cuales están siendo rápidamente reconocidas, sino que también amenazan con derivar en reclamos de igual tenor por parte de docentes, personal de la salud, y otros servicios públicos, incluida la administración pública, justo cuando las finanzas se debilitan por el efecto de la inflación desantendida.

Se argumenta que la situación de pleno empleo en varias provincias del norte del país y reducción de la desocupación a valores desusadamente bajos en los últimos 30 años no justifican reclamos salariales, porque a la luz de las estadísticas oficiales que no reflejan la realidad sino lo que el Gobierno quiere que revelen, en particular en el orden social, no hay hoy incapacidades extremas de poder de compra de las familias.

Más aún considerando que desde la salida de la convertibilidad la presión tributaria global, que es el porcentaje que representa la recaudación propia de la Nación, provincias y municipios del total de la generación de riqueza del país (PBI), se elevó en más de 15 puntos porcentuales, a casi 50% del producto, gracias a los aportes de las retenciones sobre las exportaciones, el impuesto al cheque, y el impuesto inflacionario sobre las empresas y también sobre el gasto de las familias.

Está claro que gran parte de esos recursos adicionales que hasta 2011 habían posibilitado acumular reservas se destinaron al pago de la deuda externa del sector público, principalmente con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito multilateral. Pero ahora no aparece claro qué porción se destinó a saldar la elevada deuda social.
Los jubilados nacionales no logran acceder al 82% móvil dispuesto por ley, pese a que la Anses se muestra con fondos excedentes para financiar el ahora abultado desequilibrio de las cuentas públicas.

Los índices de pobreza e indigencia que estiman los estudios universitarios, como el Observatorio Social de la UCA, superan en varias veces las cifras que difunde el Indec y se ubican en valores de dos dígitos altos.

La porción de los jóvenes de más de 18 años que revisten en la nómina de ni-ni-ni -no estudian, no trabajan y no buscan trabajo- ya supera el millón, y no se trata de personas adineradas que se pueden dar el lujo de vivir del ocio o de rentas heredadas, sino en gran parte corresponden a poblaciones en asentamientos precarios que se sospecha obtienen recursos mal habidos, como la delincuencia juvenil y saqueos.

La supuesta situación de pleno empleo no hace más que ocultar inquietantes bolsones de desocupados desalentados por no lograr el objetivo de ocuparse en tareas dignas y, muchos de ellos, por el temor a perder generosos planes asistenciales sin contraprestación laboral, aunque también sufren las consecuencias de la erosión que provoca la inflación.

Lamentablemente, por efecto de la sublevación policial en la mayoría de las provincias, hoy nos enteramos que esas fuerzas de seguridad, pese a su alta exposición al riesgo, apenas percibían, con adicionales, horas extras, jornadas de 48 horas, etcétera, poco más que el salario promedio de toda la economía. Lo mismo vale para el sistema de salud y la educación.

Demanda de transparencia hoy
Es tiempo de blanquear las estadísticas ya y hacer los análisis correspondientes sobre cómo se llegó a este estado de estancamiento de la actividad económica, alta inflación, reconocimiento de un dólar turista que supera en 35% al oficial, y en más de 74% al que regía un año atrás, debilitamiento acelerado del crecimiento de la recaudación tributaria, dos años de estancamiento del empleo en la actividad privada y, consecuentemente, creciente mal humor social.

Buscar financiamiento externo, aunque sea para obras de infraestructura; sostener el control de precios e intentar limitar también el margen de ganancias de las empresas y acelerar el ritmo devaluación para tentar a exportadores a que liquiden sus operaciones y desalentar a los importadores, es sólo insistir con atenuar las consecuencias de los crecientes y abultados desequilibrios macroeconómicos, provocados por caprichos transgresores. Seguir demorando las decisiones para enfrentar las causas que le dieron origen sólo conduce a generar más trastornos sociales y pérdida inquietante de vitalidad de la actividad económica. La producción de autos se desmorronó 20% en noviembre.

Para peor, el viento de cola del mundo parece haber comenzado a cambiar: los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina cayeron en promedio 13%, según el índice del Banco Central de la República Argentina, y nada asegura que el ajuste declinante haya cesado. Parte de ese fenómeno explica la caída de los ingresos de la AFIP por retenciones sobre las exportaciones, justo cuando se elevan día a día las necesidades de divisas para pagar importaciones de combustibles que requieren las centrales térmicas.

Seguir buscando conspiradores y desestabilizadores, en lugar de reconocer desaciertos en la gestión y corregirlos, en particular los incurridos en los últimos dos años, sólo conducirá a agravar el descontento social el cual se manifestó en las últimas elecciones legislativas, aunque ese mensaje hasta ahora se desestimó.

La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.

Las reservas del Central caen a zona crítica

No se trata de una relación psicológica, como podría ocurrir en pocas semanas, ya que al ritmo de hemorragia de los últimos diez días perforarán el nuevo piso emblemático de u$s30.000 millones, como se contabilizaban exactamente siete años atrás, sino porque bajarían al equivalente a menos de cinco meses de importaciones en valores nominales y por debajo de dos meses si se consideran sólo las tenencias de divisas propias de la autoridad monetaria.

Son valores ciertamente críticos, que reafirman una tendencia singularmente inquietante para los actores económicos, dada las restricciones operativas que prevalecen para la obtención de créditos internacionales, no sólo por el alto índice de Riesgo País, por arriba de siete puntos porcentuales en términos anuales en dólares, sino más aún porque se agregó la aceleración del ritmo de devaluación a una tasa superior a 50% al año.

Un año atrás las divisas de la autoridad monetaria equivalían a 7,8 meses de compras externas de bienes, de las cuales casi 90% imprescindible para sostener la actividad productiva y las necesidades de inversión de las empresas y del sector público, aunque bien medidas no alcanzaban para adquirir 4 meses de importaciones.

Con pocas variantes, esas proporciones eran las que prevalecían antes de la imposición del cepo cambiario y del resurgimiento de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Necesidades de Importación, en octubre de 2011.

Pero desde comienzos del año en curso el proceso tendió a agravarse aceleradamente y se manifestó en la escalada de la brecha cambiaria entre los tipos de convertibilidad de los pasivos monetarios del Banco Central y el oficial, del orden de 60% a más de 100% en la actualidad.

Contención peligrosa
Aunque el factor novedoso en esta desarticulación de las variables monetarias, cambiarias y comerciales con el resto del mundo, provocado por un incontenible gasto público, es que ahora la brecha entre el tipo de cambio de convertibilidad y la cotización del dólar en el mercado libre se amplió a 30%, cuando hasta septiembre último rara vez superaba el 10%, para arriba o para abajo.

Ese punto de giro, que comenzó a generarse en el mes de las elecciones legislativas, se intensificó en la última semana con la llegada de Juan Carlos Fábrega a la presidencia del Banco Central, porque decidió apelar al auxilio del Banco Nación y de la Anses para la tarea regulatoria del mercado cambiario y de bonos dolarizados.

Se percibe en la plaza que esas instituciones comenzaron a ofertar divisas propias para el pago de compromisos comerciales del Gobierno, como importaciones de combustibles, ante las claras carencias de caja de la Tesorería de la Nación, y también a vender títulos públicos dolarizados, para forzar una disminución del tipo de cambio implícito en esas transacciones (“contado con liqui”, en la jerga del mercado bursátil), a un rango de $8,50 por dólar, o menos.

Con esos artilugios, se logró bajar la cotización del cambio libre a $9,74 por dólar, después de haber saltado a poco más de $10 antes de las elecciones legislativas, mientras que la paridad implícita en los indicadores monetarios escaló de 10 a más de 12 pesos en la actualidad, porque mientras el Banco Central no pudo frenar la hemorragia de dólares que provoca el rojo fiscal, la cantidad total de dinero siguió expandiéndose.

El nuevo equipo económico provocó un modesto cambio en las expectativas empresarias, al anunciar una relación más amigable entre sector público y privado y reconocer la necesidad de recuperar competitividad de la industria y de las denominadas economías regionales, así como que avanzará en el retorno al mercado internacional de deuda para financiar obras de infraestructura para mejorar la oferta de dólares.

Sin embargo, en los primeros días en funciones del trío Capitanich-Kicillof-Fábrega, han sido limitadas las medidas concretas y abundaron los anuncios de expresiones de buenos deseos para alcanzar 200 metas de gestión para el próximo bienio.

El intercambio comercial con el resto del mundo sigue siendo superavitario en más de u$s8.000 millones, pese a que el déficit de la balanza energética se amplió en más de u$s4.000 millones. De ahí que trabajar sobre el fortalecimiento del excedente para poder responder a las necesidades financieras y aliviar las tensiones en el mercado de divisas, resultan claramente bienvenidas.

Sin embargo, mientras no se dispongan de acciones concretas e inmediatas que conduzcan a recuperar la solvencia fiscal sin aumentar la presión tributaria, y contener la creación de dinero no deseado, no se podrán evitar las presiones alcistas en el mercado libre de cambios y el drenaje de reservas. Según las estadísticas monetarias, el dólar libre acumuló en las últimas semanas un atraso de más de dos pesos respecto del de convertibilidad teórica.