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De gravar Ganancias se pasó a gravar el trabajo

Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario.

El principio de equidad indica que a condiciones de igual ingreso y características para generarlo, junto a una estructura del hogar similar, el pago del tributo por cada contribuyente no debe ser diferente. Sin embargo, desde 2013, tras el dictado del decreto 1.242, se estableció caprichosamente que quienes tuvieron entre enero y agosto de ese año un ingreso “normal y habitual” de hasta $15.000 en términos brutos quedaba exento del pago del Impuesto a las Ganancias a futuro, independientemente de que por efecto de la inflación y progreso laboral, hoy gane 20, 50 o 100 mil pesos al mes. Por el contrario, quien perdió un empleo y lo pudo recuperar con un ingreso de $15.000 o más hoy debe tributar. Continuar leyendo →

Se acepta el ajuste privado pero no el público

Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.

Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.

Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.

Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.

Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.

Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).

Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.

Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?

Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.

Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.

Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.

Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.

Confesiones ocultas en el Presupuesto 2015

Ya comenté como entre la abundancia de irrealidades que forman parte de la base del presupuesto nacional de gastos y recursos para el año próximo resaltan algunas grandes verdades, como que se prevé usar el 40% de las reservas en divisas del Banco Central para pagar deuda, al costo de alimentar las tensiones cambiarias y con ello de la inflación.

Pero también surge que, pese a pronosticar recuperación de la actividad económica, tanto del lado de la producción como del consumo, proyecta más pobreza e indigencia, y crecimiento del desempleo. Aunque para encontrar esas evidencias hay que tomarse el trabajo de leer al detalle la mayor parte de las 392 páginas del Mensaje del Presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional presentó en Diputados el último lunes, y no sólo detenerse en las pautas macroeconómicas. Continuar leyendo →

¿Los salarios subieron o realmente bajaron?

La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.

Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.

Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.

La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.

Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Menor capacidad de consumo

De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.

En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.

El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.

Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.

El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.

Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.

Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.

¿Estaremos en 2015 mejor que en 2007?

Antes de sacar una conclusión, me parece apropiado ir por partes y analizar los principales tópicos de la economía, de los más sensibles a los más duros que, claramente, son los responsables del desempeño de los primeros.

La ocurrencia de este balance de gestión y la herencia que queda para el próximo gobierno, cuando aún resta más de un año para concluir el segundo mandato presidencial, surgió a partir de los dichos de la Presidente cuando caía la tarde del lunes, sobre que dejará un país mejor al que recibió. Fue en un breve mensaje por videoconferencia desde la Casa Rosada cuando reinauguraba una planta que elaborará biodiesel en Timbúes, Santa Fe, luego de una inversión de 480 millones de dólares que completó en noviembre de 2013, pero que estaba paralizada por las sanciones comerciales que impuso la Europea, ante la lenta reacción del Gobierno nacional.

Está claro que el balance de gestión debe hacerse desde el comienzo de 2008, es decir cotejar los indicadores sociales y económicos con los que las cuentas nacionales registraban en 2007, y no como a veces se pretende hacer con 2003, o peor aún respecto de los niveles posteriores a la crisis de 2001 cuando la Argentina cayó en una profunda depresión, porque no sólo correspondió a otro presidente, sino porque no luce sensato hacer una evaluación de desempeño contra uno de los peores momentos de la historia política, económica y social. Del mismo modo que no parece sensato que otras presidencias se compararan con los cuadros que existían en 1989, 1975, 1958, 1949, u otros de los tantos años malos de la historia argentina y que dieron origen a nuevas administraciones.

Y si bien aún parece prematuro hacer un balance sobre qué país, en el orden económico y social, dejará Cristina Kirchner a fin de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, la magnitud de los desajustes macroeconómicos generados desde 2008 y las acciones espasmódicas con la que se vienen tomando medidas desde el cambio parcial de gabinete el 20 de noviembre último, no alientan un giro radical que permita, al menos, volver a los niveles de fines de 2007.

 

Algunos indicadores sensibles
Pobreza e indigencia: El resultado de los grandes desaciertos de política económica desde 2008, con la intensificación de los controles, el aumento de la presión tributaria y ahora el encarecimiento del crédito, fue la amplificación de los focos de precariedad de las familias argentinas, al punto que más del 40% de los jefes de hogar perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil y estudios privados como el Observatorio Social de la UCA y el IDELAS de la UCES ubican largamente por arriba de 25%. Sin embargo, el Indec no sólo dejó de publicar sus estadísticas, las cuales indicaban un índice de pobreza de apenas 3,7% de los grupos habitacionales, en contraste con 13,8% que informó para el segundo semestre de 2007, sino que peor aún, ahora el jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

Mercado de trabajo: La generación neta de empleos pasó de 284 mil puestos netos en 2007 a 119 mil en 2013, aunque ahora no fue menor por efecto de las desmedidas incorporaciones en el sector público, porque el privado acumuló un trienio de estancamiento y las expectativas para este año son más de destrucción de posiciones que de incorporaciones netas. Y si bien la tasa de desempleo se redujo a niveles mínimos históricos en más de 20 años, se explica fundamentalmente por el efecto desaliento al aumento de la oferta de trabajadores, ante las limitadas oportunidades para obtener un empleo genuino.

PBI: El crecimiento de la economía pasó de tasas de más de 8% anual acumulativo y con escasos cuestionamientos, a un cuasi estancamiento desde 2012 y perspectivas moderadamente recesivas para el corriente año, pese a que el contexto internacional se mantiene favorable para la Argentina, a juzgar por el nivel de precios de las materias primas que más exporta el país, por la activa demanda de alimentos y de minerales metalíferos de China. Las complicaciones comerciales con Brasil tienen su origen más en acciones aisladas del gobierno local, como las trabas al pago de importaciones, que en las dificultades del mayor socio en el Mercosur para crecer a tasas superiores a tres por ciento. Ese cuadro desalentó la inversión productiva, tanto de origen externo como también doméstico y se acentuaron las limitaciones de la infraestructura, aunque el Gobierno hizo esfuerzos para disimularla con importaciones de combustibles y aumento sostenido del precio de los combustibles para alimentar la caja de la ahora YPF con predominio estatal.

Inflación: De un ritmo de un dígito alto se pasó a dos dígitos elevados, con tendencia indefinida, como consecuencia del abandono de la política de solvencia fiscal, pese a que se forzó al extremo el aumento de los impuestos, porque el gasto alcanzó una dinámica desenfrenada de tal magnitud que hizo que el financiamiento del Banco Central con emisión no fuera suficiente y se debió recurrir al endeudamiento interno con organismos descentralizados, con el costo de provocar la escalada de las tasas de interés. De un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PBI pasó a un rojo de 4,6 por ciento y medido por la variación de la deuda pública neta se expandió de 8.000 millones de dólares a 12.500 millones de dólares. La consecuencia de ese proceso fue el rápido debilitamiento de la capacidad de consumo de las familias, una severa caída de la confianza de las familias y un golpe adicional a la pobre inversión productiva.

Sector externo: La persistencia de alto nivel de inflación, pese a la política de precios administrados, junto con los recurrentes cambios de las regulaciones del comercio y una política arbitraria de pagos de importaciones como estrategia de resguardo de las reservas del Banco Central, minaron las posibilidades de concretar nuevos negocios de exportación, más allá de los vinculados con la colocación de la cosecha de soja y derivados primarios, principalmente. La consecuencia fue un acelerado deterioro de la posición de divisas de la autoridad monetaria, de más de 46.000 millones de dólares que se computaron a fines de 2007 a poco menos de 31.000 millones al cierre de 2013 y actualmente se mantienen por debajo de 29.000 millones, pese a la estacionalidad favorable del comercio exterior.

Por tanto, más que pensar qué país se dejará el 10 de diciembre de 2015 sería mejor que la Presidente y su equipo aceptaran escuchar a los referentes de los partidos de oposición y también a los empresarios sobre sus reclamos para que la Argentina avance hacia un salto de calidad que permita no tanto contentarse en la herencia que recibirá el próximo gobierno, sino mejor aún para poder comenzar ya a transitar el futuro mejor que ofrece el mundo para el país, en lugar de presentarlo hostil y persistir en la confrontación, pese a los elevados costos sociales que ya no se pueden ocultar, aunque Economía decida no difundir los datos reales de pobreza e indigencia, ni los precios que toma para calcular la inflación.

El Indec no solo deo de difundir los indices de pobreza…, sino que peor aun, ahora el Jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

¡Estamos del tomate!

Ahora parece que la culpa de todos los males de la política económica se reducen a una hortaliza muy difundida no sólo en la mesa de los argentinos, sino del mundo, cuya aparente escasez forzó romper con el largamente predicado “vivir con lo nuestro” para acudir al mercado internacional para nivelar la oferta y demanda a los precios que quiere el Jefe de Gabinete.

Claramente se está frente a un escenario de acelerada devaluación de los instrumentos de política económica, el cual como es natural el mercado anticipa y lo refleja en la acelerada pérdida de valor de la moneda, sea a través de la inflación, sea a través de la escalada del tipo de cambio, oficial y más aún el libre.

Primero se intentó regular y administrar los precios de 10.000 productos, luego se redujo a 500, y desde comienzos del año nuevo a 100, pero ahora se advierte que el acento se pone en uno. Más de 220 años de historia económica ampliamente difundida en el mundo moderno fueron reducidos a la nada en la Argentina de hoy.

Y la pregunta clave es por qué este Gobierno muestra tanta vocación por remunerar a los proveedores internacionales, sea de petróleo venezolano, gas de Bolivia, energía de Uruguay y ahora tomate de Brasil, con precios singularmente mayores a los que se les niega a los productores argentinos.

Se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias

Naturalmente, frente a semejante señal que se le envía a los agentes económicos no sorprende que la reacción sea el debilitamiento de la inversión productiva y por tanto la escasez aparece a la vuelta de la esquina en varios rubros donde la Argentina tiene condiciones naturales para ser claramente excedentaria y ser fuente de mayor generación de divisas, como la carne vacuna, el trigo, el petróleo, la energía, los lácteos, la minería, los vinos, el turismo receptivo, entre muchos otros rubros.

La miopía de los funcionarios, o el capricho de quienes no se animan a contradecir los lineamientos que reciben de la primera mandataria, continúa pese a que esa actitud ya se manifiesta en destrucción de puestos de trabajo en algunas industrias, reaparición de las vacaciones anticipadas como paso previo a las suspensiones y consecuente deterioro de la capacidad de consumo de las familias argentinas y por tanto conspiran contra el logro de las metas de recaudación de impuestos.

Para peor, ese escenario no se traduce como en el pasado en mayores exportaciones de saldos ocasionales, porque pese a haberse acelerado el ritmo de devaluación del peso a un ritmo que parece superar a la inflación real en unos cinco puntos porcentuales, muchas firmas exportadoras, principalmente pequeñas y medianas, no se atreven a generar negocios por la creciente incertidumbre para el corto y mediano plazo.

Por tanto, a fuerza de ser reiterativo con columnas previas, cabe resaltar que mientras se niegue la realidad y con ello la señal que transmiten los precios en todos los mercados, hoy es el tomate, ayer fue la carne o la harina del trigo, y se insista con que los aumentos de precios surgen de prácticas inescrupulosas de empresarios que sólo se ocupan de maximizar las ganancias, sin mirar sus consecuencias en términos de pérdida de ventas, en lugar de observar los desaciertos que se vienen cometiendoen materia de política monetaria, fiscal, comercial y de respeto de las instituciones, la inflación y el dólar seguirán su carrera ascendente e incontrolable.