Por: Daniel Sticco
Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.
Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.
Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.
Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.
Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.
Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).
Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.
Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?
Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.
Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.
Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.
Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.