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Mini ciclo virtuoso que requiere maduración

Las primeras dos semanas del fin del cepo cambiario transitaron por el sendero ideal: bajaron el dólar y las tasas de interés de referencia del Banco Central en simultáneo, al ir cumpliendo el Gobierno con varias de las promesas de campaña: eliminación generalizada de las retenciones; extinción de las DJAI; rebaja sustancial del Impuesto Adicional a los Autos de Alta Gama; refuerzo parcial del subsidio a los perceptores de Asignación Universal por Hijo; exención de Ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año; y el levantamiento de otras restricciones previas al cepo cambiario, junto con la prórroga de los programas Ahora 12 y Precios Cuidados y diversos impuestos que vencían hoy, pero que se prevé modificar íntegramente con proyectos de ley que se presentarán al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Claramente, tres semanas de Gobierno, con una herencia que trajo una mochila de deudas financieras y principalmente de obras de infraestructura demoradas, no sólo de la Nación, sino también de la provincias que reclaman asistencia de fondos para pagar sueldos y atender coberturas sociales impostergables, y carencias que se potencian en el verano con el pico estacional de consumo de energía, o la temporada largamente anticipada de exceso de lluvias, principalmente en las áreas ribereñas del Litoral, y ninguna joyas para rematar, es muy poco tiempo para hacer un balance.

Sin embargo, la ansiedad de unos, las urgencias de otros y las inevitables críticas de los afectados por el cambio de rumbo de política económica y social, echan a la luz la sensación de un desbalance entre las medidas que a primera vista favorecen más a los que más tienen o pueden generar riqueza, que a aquellos que tienen menos espaldas para soportar un nuevo impulso de los precios de los alimentos, en las franjas de menores recursos y también de las tarifas de los servicios que ya son básicos, como el abono del celular, la cuota de la medicina prepaga para el caso de los trabajadores autónomos, el alquiler de una cochera, o el cable, entre otros, para el segmento con ingresos promedio de $15.000 por mes para el jefe de hogar.

Naturalmente, no se puede generar riqueza de la nada y menos aún después de cuatro años de estancamiento y esperar rápidas respuestas de la economía real, para que las transferencias de ingresos de la nación a las empresas y familias, que significaron las medidas señaladas, redunden inmediatamente en la tonificación de la capacidad de compra de toda la población y disminuya la pobreza.

Pero sin duda se achican los tiempos de espera de la explicitación del plan integral de política económica y social que permitan desarmar las expectativas iniciales de muchas consultoras y de bancos de inversión de que la inflación se perfila para 2016 con un salto de unos 10 puntos porcentuales respecto del 25 a 26% que terminaría este año y que la economía deberá esperar al 2017 para volver a crecer a tasas mayores a un dos por ciento.

Una pesada y aún incierta herencia
Han transcurrido apenas tres semanas del cambio de Gobierno y para muchos parece una eternidad y por eso aparecen voces opositoras de queja y reclamos, por temores a estar peor de lo que estaban, porque consideran que el sinceramiento del mercado cambiario con una paridad única y sin cepos, acompañada de la eliminación de las retenciones, implicó una brutal devaluación del peso (50%), cuando en realidad se trató de un sinceramiento cambiario, dado que la paridad del contado con liqui ni se movió y frente a esa referencia el cambio único cayó un 3%; y que la bajo estudio disminución de los subsidios a los consumos de energía, gas y agua, significará un tarifazo, pese a que abarcaría a menos del 30% de los hogares y en proporciones seguramente progresivas.

Otros, en cambio, comienzan a percibir que se está frente a un cambio de estilo, con más diálogo y cercanía con los referentes políticos de todos los partidos y también con el sector real de la economía y de la sociedad que en los pasados doce años, y lo manifiestan con menos tensiones en el mercado de cambios y mayor predisposición a entregar sus excedentes de pesos al Banco Central a tasas menores que la semana previa.

Sin embargo, la maduración del mini ciclo virtuoso requiere de algo más que anuncios diarios de política económica, como la presentación de las nuevas pautas macroeconómicas de inflación, crecimiento, comercio y reducción del déficit fiscal; junto con un programa monetario consistente con esos objetivos y el plan financiero.

Pero la principal restricción que enfrenta el Gobierno para avanzar en la elaboración de esas guías relevantes es la corta y negada transición, porque impidió aún hoy conocer con exactitud la situación de partida.

De ahí que el Presidente de la nación debió conceder un plazo de seis meses para que cada ministerio revise las contrataciones y designaciones de personal permanente de los últimos dos años y los organismos descentralizados y empresas públicas los pasados tres, con el explícito propósito de analizar la legalidad y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos de idoneidad e igualdad de oportunidades de los postulantes, pero con la clara intención de comprobar los casos de sobrepoblación de puestos en esos períodos. Eso se advierte en el aumento de la masa salarial en la administración pública en más de 10 puntos porcentuales respecto de la variación del gasto total en los primeros once meses del corriente año.

Por tanto, para evitar mayores demoras que puedan llevar a generar incertidumbre y con ello debilitar la confianza inicial que de advierte de modo mayoritario, no pleno, es de esperar que el rediseño del Presupuesto 2016 tenga una base cero, consistente con los postulados de reducir la inflación, generar empleos y exterminar la pobreza, y que se explicite en las próximas semanas.

De lo contrario, será muy difícil mantener el voto de confianza que parecen depositar los mercados, los cuales tienen por costumbre adelantarse, y que se manifiestan no sólo en la baja del dólar, la baja en cinco puntos porcentuales de las tasas de las Lebac en dos semanas, previa suba de 10 puntos, y la consecuente disminución del índice de riesgo país que representa la menor brecha entre los rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU y los títulos de la deuda pública local, a un rango inferior a los 450 puntos básicos y ubicarse en unos 80 pb menos del correspondiente a Brasil.

El cepo cambiario y los salarios

Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias.

Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de la paridad oficial alejada de las opciones alternativas y accesibles, como el contado con liqui, o MEP, en Bolsa; y la racionalización de divisas para los importadores mientras se las entregan a una pequeña porción de los trabajadores para ahorro; como la persistencia de las retenciones de las exportaciones y cupos a las ventas de diversos productos de la canasta familiar; y la veda al acceso al mercado de deuda internacional, por no haberse querido cerrar el capítulo del default con los holdouts, entre otras tantas restricciones.

De ahí que, más allá de insistir con las diferencias y conveniencias entre las soluciones de shock o graduales, tanto para salir del cepo cambiario, como para bajar una de las principales causas de ese instrumento ad hoc, como el desborde del déficit fiscal y la consecuente consolidación de la inflación en el rango de dos dígitos altos, porque una de las principales fuentes de financiamiento es la emisión de pesos por parte del Banco Central, parece apropiado explicar que no parece válido creer que es imposible liberar el mercado de cambios sin que provoque un efecto pobreza, por caída proporcional de los salarios, en dólares, y aceleración de la inflación. Continuar leyendo →

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.

La precariedad laboral se hizo presente

Más de tres años de insistir con fracasadas políticas de controles de precios, precios administrados, tarifas singularmente bajas al punto de provocar la descapitalización de las empresas prestadoras de servicios públicos, cepo cambiario, penalización a las exportaciones con retenciones que ayudaron a crecer a países vecinos en mercados tradicionalmente argentinos, prohibición de girar dividendos al exterior e insistir con la deshonra de fallos internacionales para el pago de la deuda en default, y continuar con el aumento de la presión tributaria, tanto sobre las empresas como los trabajadores, a través del creciente impuesto inflacionario, no han hecho más que agravar la recesión, quitar oportunidades laborales para los jóvenes que inercialmente quieren incorporarse al mercado de trabajo e incentivar la ocupación marginal.

Eso fue lo que detectó con singular nitidez, aunque no puede asegurarse con plena precisión, la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al registrar al cierre de 2014 un aumento de la población asalariada ocupada sin descuentos jubilatorio, esto es en negro, a poco más de un tercio, equivalente a 4,65 millones de personas. También se expandió la fuerza de trabajadores independientes en la marginalidad, a 2,57 millones de personas.

De este modo, sobre un total de 17,74 millones de personas que se estimó ocupadas en tareas remuneradas en el último trimestre de 2014 poco más de 7,2 millones lo hacían de manera precaria, porque no estaban cubiertas por aportes para una obra social, seguro de accidentes y ahorro para una jubilación. Se trata del 40,7% de aquel universo, la proporción más alta desde el segundo trimestre de 2013, cuando volvió a los índices de fines de 2010.

Pero la precariedad laboral no se limita sólo a esa franja de la población trabajadora, también involucra al 6,1% de los “subocupados demandantes”, esto personas que se emplean menos de 35 horas por semana, pese a que quieren y necesitan hacerlo por más tiempo, para poder acceder a una mejor calidad personal y familiar. Representan unas 1,06 millones de habitantes, a los cuales se suman 1,32 millones desocupados y otro tanto que no concurren al mercado de trabajo por el denominado “efecto desaliento”.

De ahí surge que la recesión, con inflación y crecientes trabas a la economía, el mercado laboral registra un estado de precariedad que afecta a más de 10 millones de personas, equivalente a 55,4% de la oferta total de trabajadores.

A tono con ese escenario, la Presidente de la nación dispuso ampliar el subsidio a través del Progresar para jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, no sólo de $600 a $900 a partir de abril, sino también ampliar el espectro de alcance a los integrantes de familias cuyos ingresos no alcancen a tres salarios mínimos vital y móvil de $4.716 por mes, en lugar de uno, y también a los hijos de las empleadas domésticas.

Sin embargo, con esas políticas lejos de avanzar en la predicada “inclusión social”, se tiende a profundizar la marginación y el distanciamiento del resto del mundo, porque paralelamente no toman medidas conducentes a recrear la capacidad de las empresas de generar empleos a través de la inversión productiva y producción competitiva con el resto del mundo.

Un trabajo presentado por el economista Diego Giacomini en el Congreso Económico Argentino en el el espacio de EXPO EFI 2015 que habilitó por tercer año consecutivo la ExpoEFI2015, dio cuenta de que mientras desde 1998 a 2014 el PBI por habitante en la Argentina disminuyó 14%, en el promedio de los países de la región se elevó 72 por ciento.
No sólo eso, también mostró que si la Argentina hubiera tenido un crecimiento similar a la media de la región y tasas de inflación controlada en el rango de un dígito bajo, con políticas amigables para la inversión extranjera, el PBI por habitante hubiese pasado de los 14.000 dólares actuales a más de 30.000 al cambio oficial, o 23.000 a la paridad del mercado libre o contado con liqui.

Las últimas medidas, como el aumento del Progresar, o la segmentación de las retenciones sobre las exportaciones de cereales y oleaginosas en forma decreciente para productores de hasta 100 toneladas al año a un máximo de 700 toneladas, no invita a ser más productivo, porque quien aumente la cosecha recibirá menos devolución por tonelada y al mismo tiempo mantiene en situación de quebranto a más del 80% de la producción. Por el contrario, conducirán a consolidar un escenario de deterioro de la calidad del trabajo y consecuente aumento de las situaciones de pobreza e indigencia, en particular en las zonas de influencia de las economías regionales y las extensivas alejadas de los centros de distribución y consumo.

Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

La minera Vale confirmó la falta de clima para invertir

La decisión de la minera Vale de frenar el plan de inversiones por u$s6.000 millones presupuestado originalmente, anticipado en diciembre último y ratificado a comienzos de esta semana, tras haber hundido en el país poco más de un tercio de ese monto, no se explica por la coyuntura externa, sino claramente por la doméstica.

Es cierto que el producto que iba a explorar y explotar, el cloruro de potasio, llegó a valer casi u$s900 la tonelada hace cuatro años y hoy cotiza a menos de u$s400, pero no puede tomarse como disparador de la decisión de la salida, habida cuenta de que la cotización actual más que triplica a la considerada en las pautas del proyecto.

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