Nunca me he opuesto ni he criticado que la justicia colombiana investigue y castigue a todos aquellos que desde posiciones de jerarquía en el Estado o en ámbitos civiles han sido llevados a los estrados acusados de pertenecer o haber realizado tratos y acciones con grupos al margen de la ley, trátese de guerrillas, paramilitares o mafias. Las abundantes manifestaciones de dicho fenómeno ameritan la intervención de las autoridades judiciales.

Pero, a raíz de mandatos recientes de magistrados de distintos tribunales en contra de algunos dirigentes uribistas y el propio ex presidente Uribe Vélez, considero válido y necesario formular las reflexiones que a continuación quiero compartir con mis lectores. No tengo la pretensión de escribir un tratado, mucho menos el de darle un carácter académico. Tampoco intentaré defender a quienes tienen argumentos y abogados para hacerlo. Son opiniones derivadas de la observación atenta del discurrir nacional.

Lo primero que se debe tener en cuenta cuando se habla de alianzas entre dirigentes políticos y grupos paramilitares es que la inmensa mayoría de los judicializados militaban en los partidos liberal y conservador o en fracciones de ellos. Esos dirigentes migraron hacia el llamado uribismo sólo después de 2002, llevados, en buena parte, por su instinto y olfato clientelar. Al gobierno Uribe se le acercó, con excepción del Polo Democrático, todo el espectro político y las elites económicas, a sabiendas de los rumores que los enemigos de Uribe habían puesto a circular.

El Pacto de Ralito, de un contenido similar a la reciente declaración de las FARC en La Habana, que llamaba a la refundación del Estado, por el cual fueron juzgados los “parapolíticos” por la Corte Suprema de Justicia, fue firmado en 2001 cuando Álvaro Uribe ni siquiera era candidato a la presidencia.

Si la Justicia nacional fuese equilibrada, si se mantuviera vendada y usara correctamente la balanza, como simboliza la diosa Astrea y manda la constitución política, no miraría para un solo lado del problema de violencia que azota a nuestra sociedad. No solo abandonó la venda sino que sufre de estrabismo, es bizcorneta, pues si aplicara los mismos criterios con los que condenó a varias decenas de políticos y mantiene en salmuera a otros tantos, por uribistas y por comprometer su fuero de altos funcionarios de Estado, tendrían que estar en la cárcel o en juicio una cantidad apreciable de dirigentes de izquierda. Al menos el Comité Central de los comunistas que gestó y estructuró la tenebrosa política leninista de la combinación de todas las formas de lucha bajo la inspiración ideológica de Manuel Cepeda, según el testimonio de Álvaro Delgado, ex miembro de ese organismo. De igual forma, algunos congresistas liberales y dirigentes de ese partido que, como en el caso de Piedad Córdoba, han realizado acuerdos con las FARC, según computadores decomisados en campos de batalla. También periodistas, columnistas, profesores universitarios, dirigentes sindicales y un largo etcétera.

Pero no lo están ni lo van a estar. ¿Cuál es la razón? Son varias, aludiré a la que considero seminal, madre de todas las demás. Los comunistas, las guerrillas, la extrema izquierda y gran parte de la izquierda democrática, uno que otro liberal y godo despistado, académicos y activistas de ONG, piensan que las guerrillas tienen un estatus moral y ético más edificante que los paramilitares y sus amigos y aliados. Las guerrillas, dicen, nacieron como producto de la inconformidad social, de la exclusión política, de la ausencia de libertades y democracia. En cambio, el paramilitarismo es una política de Estado, producto de imposiciones de la doctrina de la seguridad nacional, del imperialismo yanqui y la oligarquía criolla que apelan a la guerra sucia para derrotar a las fuerzas populares.

De tal consideración se deriva, en los hechos, una política judicial asimétrica. Se dice, por ejemplo, que con los paramilitares en el proceso de paz hubo impunidad, aunque sus mandos medios y altos están en las cárceles, pero agregan que a los jefes guerrilleros máximos responsables de delitos de lesa humanidad no se les puede enviar a la cárcel. Lo afirma el presidente, el fiscal general, los congresistas gobiernistas, magistrados y todos los que justifican la lucha guerrillera desde los grandes medios.

Traigo a colación contenidos de algunos documentos que nos ayudan a comprender la grave asimetría de la Justicia colombiana. Empecemos por el texto “Nunca Más” de autoría del famoso Colectivo José Alvear, la Congregación de Justicia y Paz de jesuitas radicales de izquierda, y otras organizaciones sociales y ONG. Allí se expresa la idea de que las guerrillas no pueden ser juzgadas con el mismo rasero con que se juzga a militares y paramilitares, ni siquiera se les puede aplicar el DIH porque, ¡oh injusticia!, ese estatuto es para guerras regulares: “la guerra de guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura estatal, detentora de medios muy poderosos de Guerra… La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento… entra en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.” Y más adelante añaden “Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de “Condenar toda violencia, venga de donde viniere”. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable… La política de las simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que “todos los actores son igualmente perversos””. De donde se deduce que la violencia insurgente es legítima y por tanto impune.

Interesante es la declaración de Carlos Lozano, jefe comunista y dirigente de la Marcha Patriótica cuando en entrevista reciente afirmó, ante varias preguntas:

“¿Cómo llega usted a la conclusión de que las FARC están en serio?

-Llego a la conclusión porque tengo intercambios de mensajes con Timoleón (nótese el aire de confianza) una vez él asume después de la muerte de Cano y me doy cuenta de que tienen ya una decisión tomada… Hubo debate en el Secretariado y en el Estado Mayor. Pero al final se logró adoptar la decisión de ir todos juntos.

¿Y cómo es la relación entre él (Timochenko) e Iván Márquez?

-De respeto, de cariño, le pregunté off the record, por todos esos rumores. Él me decía: ‘Yo con Márquez me converso mucho, porque somos los dos dirigentes más antiguos.”

Es decir, Lozano debió tener una información de contacto directo, de primera mano antes del inicio de negociaciones. ¿No es todo esto una confesión de parte? Por actuaciones similares se ha enjuiciado a más de un parapolítico.