Una frase popular retumba al constatar la política de seguridad del recientemente asumido Gobierno de Mauricio Macri: “Es peor el remedio que la enfermedad”. Ante una situación incontrastable de aumento de la delincuencia, la violencia y la inseguridad en los últimos años —signo de la disgregación de las relaciones sociales en el marco de una crisis más general—, las fuerzas de seguridad habrían obtenido la vía libre para incrementar su rol de vigilancia en términos que no se veían desde hacía muchos años.
Esto es perceptible no sólo por la excepcionalidad peligrosa de las fuerzas policiales al irrumpir en una villa miseria disparando balas de goma mientras una murga ensayaba en sus calles estrechas, lo que dejó niños heridos por los proyectiles, sino también por las filas de hombres con los brazos contra la pared al salir de una estación del ferrocarril. Se suman inspecciones colectivas de documentos de los pasajeros en colectivos del conurbano al que se suben policías con tal fin, un periodista de origen mapuche demorado por inspección de antecedentes en la estación Carlos Gardel del subte porteño, cacheo de jóvenes por la sospecha de caminar por una calle cotidiana de Mataderos, etcétera. Todos acontecimientos que se tornan comunes en el país y que permiten que sean registrados por las cámaras de los celulares de cualquier ciudadano —como también fueron registrados con esos celulares los disparos de los policías contra los miembros de la murga en la villa 21-24 hace pocas semanas. Continuar leyendo