La reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo avanza en el marco de un trámite exprés y de restringido debate parlamentario.
En su acelerado recorrido, deja tras de sí los rastros de la evidencia que señalan con claridad que el objeto de esa iniciativa se aleja de las preocupaciones del ciudadano común para internarse y focalizarse en los intereses políticos del gobierno nacional, exclusivamente.