El clima electoral en la Argentina está que arde. Las múltiples denuncias de fraude, quema de urnas, telegramas apócrifos, robo de boletas y múltiples etcéteras, han puesto en alerta a la población sobre la eventualidad de un latente fraude generalizado que arroja un manto de sospecha sobre todo el proceso electoral.
Frente a esta situación, la Cámara Nacional Electoral ha decidido tomar medidas para afianzar la confiabilidad de un sistema que de por sí es proclive a facilitar el fraude, pero que los camaristas no pueden cambiar, simplemente porque ellos no legislan.
En otros artículos se ha mencionado la necesidad de que la Argentina cuente con una autoridad electoral autónoma, que sea la que organice los comicios, al margen del Poder Ejecutivo, que por lógica está controlado por un partido político que participa de la elección. Pero la conformación de dicha autoridad electoral es también una cuestión legislativa y no podría concretarse en medio de un proceso como el que estamos atravesando.
Por otro lado, dicha Cámara Nacional tiene un problema adicional. Es, en realidad, un tribunal de alzada, de apelación; la elección la conducen los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias. Un tercio de la totalidad de esos magistrados son subrogantes, es decir, están a merced del Poder Ejecutivo o, para decirlo en términos más claros, del kirchnerismo. Y por otro lado, no son jueces de la especialidad: Cumplen roles de otros fueros y solo en forma contingente la función electoral. La existencia de un fuero electoral exclusivo y autónomo es urgente si pretendemos transparencia y eficiencia. Continuar leyendo