Por: Horacio Minotti
En estas pocas horas, desde que la presidente sufrió un problema importante de salud que la mantendrá alejada de sus funciones, se multiplicaron las preguntas por el funcionamiento del sistema de relevos previsto legalmente para estas situaciones, y algunas cuestiones coyunturales que acompañan el nuevo panorama institucional. De ese modo, vale la pena evacuarlas todas juntas, una por una.
Lo primero que hay que decir es que el Poder Ejecutivo es “unipersonal”. El vicepresidente no es parte de él. Pero tampoco es un legislador. La figura es más bien un híbrido jurídico que cumple el rol de “suplente”. Su trabajo habitual es presidir el Senado, y el extraordinario, suplantar al presidente. De tal manera, el vicepresidente de la Nación solamente será “Poder Ejecutivo” cuando las circunstancias descriptas por la Constitución lo lleven a suplantar al presidente. Sería el caso de Amado Boudou ante esta ausencia de Cristina Fernández.
En este contexto no juega rol alguno la Ley de Acefalía, porque la Constitución misma prevé el mecanismo de forma explícita y operativa. A todo evento, la función la desempeña el vice. Ahora bien, muchas de las inquietudes recibidas tienen que ver con la particular situación justamente de Boudou. A diferencia de otros vice, el actual tiene algunos temitas por resolver. Detenta la friolera de 54 causas judiciales, y tiene pendiente un pedido de juicio político, basado en una de esas 54 causas, en la Cámara de Diputados.
Esto de por sí no implica nada. En ninguno de esos 54 expedientes penales se ha llegado ni siquiera al punto de convocarlo a declaración indagatoria, por ende se encuentra muy lejos de alcanzar ni tangencialmente, el primer tercio de un proceso penal, que es el auto de procesamiento. En esa inteligencia, los 54 expedientes bien podrían ser 54 denuncias inmotivadas, donde ni Boudou personalmente ni en su calidad de funcionario público, haya cometido ningún delito que haga presumir la falta de idoneidad para ejercer el cargo.
Muchas de estas causas tienen ya, al menos un par de años, y se encuentran en esa situación, digamos anodina jurídicamente. Y resulta indiferente si esto es así porque no hay pruebas suficientes para avanzar o porque algunos jueces prefieren por ahora llevarlas a paso de tortuga para no tener problemas con el gobierno. Esa es la realidad y en tal contexto, el vice está plenamente habilitado para ejercer el rol.
Respecto a los planteos por el mencionado pedido de juicio político hay que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista jurídico, fue presentado en marzo de 2012. A efectos de que no pierda “estado parlamentario” (condición para ser tratado), fue representado en 2013. Y si se quisiese mantener con posibilidades de avanzar con él, en 2014, habría que representarlo otra vez. Hoy, a solamente un mes y medio de terminado el año legislativo (30 de noviembre), se está a días de que la iniciativa caiga.
Desde la faz política, es imposible que sea tratado ni siquiera en comisión, dadas las mayorías que maneja el Frente para la Victoria. Sobre 31 miembros que tiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (encargada de llevar adelante la acusación en un proceso como éste), 16 de ellos pertenecen al Frente para la Victoria, e incluso alguno más a bloques constantemente aliados como el Frente Cívico por Santiago o Nuevo Encuentro. Así que, más allá del resultado electoral de octubre, hasta el 10 de diciembre al menos, a nadie se le va a ocurrir tratar el delicado tema.
Luego viene el receso del Congreso hasta el 1º de marzo y, aun en caso de llamarse a sesiones extraordinarias, el temario lo fija el Ejecutivo, y los legisladores no pueden correrse de él, por más mayorías que tengan. De modo que el horizonte más acelerado consistiría en que el proyecto de juicio político al vicepresidente empiece a tratarse en Comisión en marzo de 2014. Con los ritmos políticos argentinos, de acá a seis meses, podríamos ser una provincia de Sudán o la capital de Alemania.
En ese contexto temporal, y dado que la presidente podría estar recuperándose de su cirugía entre 90 y 120 días, pierde coherencia hablar de la aplicación de la Ley de Acefalía. Para los “adelantados” que pretenden conocer un escenario futuro, totalmente hipotético y eventual e insisten con el tema, debe decirse que: si la presidente quisiese extender su licencia por más largo tiempo para recuperarse mejor, y se tomase, digamos, 8 meses, y en ese lapso el vicepresidente fuere procesado en algunas de las causas que tiene y evolucionase el proceso de juicio político en su contra (todas hipótesis al menos disparatadas, pero bueno, esto es Argentina, la tumba de las teorías políticas); y en tal lógica, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo fuese, hipotéticamente suspendido, en principio, recién allí comenzaría a jugar un rol la ley 20.972 modificada (de Acefalía), donde se establecen mecanismos provisorios para que el presidente provisional de Senado primero, el presidente de la Cámara de Diputados luego (si el anterior defecciona o es inhábil) y el presidente de la Corte Suprema en tercer orden; se hagan cargo del Poder Ejecutivo, deban convocar a Asamblea Legislativa y ésta designe a un funcionario con el cargo de legislador nacional o gobernador de provincia para concluir el mandato.
Cabe establecer en el marco de esta descabellada hipótesis, que además, para que todo esto se desarrolle, la presidente no solamente debería estar “de licencia”, sino imposibilitada de seguir ejerciendo su cargo, de lo contrario, cualquiera de esos funcionarios especificados en el párrafo anterior llevarían adelante el Ejecutivo sólo de manera provisoria, hasta que esta retome el ejercicio de sus funciones.
La Argentina es un país institucionalmente serio, por más que políticamente sea un cambalache. Los mecanismos jurídicos no constituyen un sainete para que cualquiera haga lo que quiera. Hay un orden jurídico preciso y minucioso, con un presidencialismo acentuado, y bien protegido por el sistema legal, preservándose la idea madre, que es que los gobiernos elegidos por el pueblo, deben terminar sus mandatos salvo circunstancias especialísimas. Con el cuadro actual, ambiciosos abstenerse, a prepararse para 2015 y ganarse la confianza del pueblo como corresponde.