¿Los aumentos de salario generan inflación?

El conflicto de las paritarias revive anualmente un viejo debate de la ciencia económica sobre la relación entre los salarios y la inflación. ¿Son los aumentos salariales causa de la inflación?

El Gobierno pareciera cambiar el libreto según el interlocutor. Cuando se dirige al sector empresarial lo responsabiliza por los aumentos desmedidos, de abusar de su posición dominante en vastos sectores de la economía y pide responsabilidad y solidaridad para no perjudicar el bolsillo de los argentinos.

En cambio, cuando se dirige hacia los trabajadores, les pide moderación en sus reclamos, no perjudicar al resto de la sociedad. Como dijo el Jefe de Gabinete en un programa de televisión hace pocos días, “no somos nosotros, sino la economía la que pone el límite a los aumentos de salarios”.

¿En qué quedamos? ¿El problema de la inflación se origina en el abuso de los empresarios o en los reclamos de los trabajadores?

Un primer error frecuente en la teoría económica tradicional es considerar la ecuación “salarios-inflación” y omitir un tercer factor protagónico que es la ganancia empresarial. Por ese “olvido” se cae en la discusión sobre la traslación de los aumentos salariales a los precios como si se tratara de una operación automática sin tomar en cuenta que, dado el precio de un bien, un aumento salarial tiene como primer impacto una reducción del beneficio empresarial. Es para defender o elevar ese nivel de ganancia que se produce luego el ajuste de precios, pero a diferencia de los trabajadores que dependen de extensas negociaciones y muchas veces de la realización de paros o protestas, a los empresarios les alcanza con apretar un botón del teclado de la computadora o a lo sumo ponerse de acuerdo con sus pares en alguna cena de gala o en un buen partido de Golf.

Al introducir la ganancia, lo que suele llamarse “puja distributiva” aparece como un claro desencadenante del aumento de precios, en un juego en donde el resultado es incierto y el rol del Estado no es en nada neutral. Entonces aparecen nuevas preguntas. ¿Son los niveles de rentabilidad empresarial tan bajos en nuestro país que imposibilitan absorber los reclamos salariales? Y además, ¿habrán atado los empresarios sus propios aumentos en las ganancias a los niveles de inflación en los últimos años?

Mientras que se escribe este artículo, se terminan de cerrar los detalles de la paritaria bancaria. Los trabajadores exigen aumentos que superen el 33% mientras que el Banco Central informa que las ganancias de los bancos privados durante 2014 crecieron un 56,2% respecto al 2013, año en el cual ya habían aumentado su rentabilidad en 50,2% respecto a 2012, año en que aumentaron un 32% sus beneficios en relación a 2011 y así siguen las cuentas.

En el sector agroalimentario el crecimiento de las ganancias fue aún más abultado. Según la información publicada por la Bolsa de Buenos Aires, en promedio las ganancias de las principales empresas del sector aumentaron nada menos que un 391% entre 2013 y 2014 destacándose Mastellone, Ledesma, Cresud, La Anonima, entre otras.

En la industria se destacan Aluar que aumentó sus ganancias un 274% y Siderar que lo hizo en un 55%. También en la construcción y el negocio inmobiliario hubo crecimientos importantes en donde firmas como IRSA, Caputo, Holcim, Polledo, entre otras, lograron incrementar en un 119% las ganancias sobre el patrimonio o un 61% si se miden sobre el nivel de ventas. Idéntica situación se registró en el sector energético, liderado por YPF.

Podría argumentarse que estos niveles de crecimiento en la rentabilidad de las empresas se explican por el bajo nivel del punto de partida durante los años más duros de la crisis financiera internacional. Pero los estudios sobre la rentabilidad de las principales empresas permiten desmentir esta idea al observar que los niveles de ganancias que se produjeron en nuestro país durante la crisis mundial, fueron superiores al resto del mundo. Según un estudio de Pablo Manzanelli (Flacso) durante el quinquenio 2008 – 2012 calculando las ganancias sobre el nivel de ventas, se concluyó que el nivel de rentabilidad de las principales firmas multinacionales que operan en nuestro país fue un 32,7% superior al promedio mundial. De aquí la correcta afirmación de la presidenta cuando se refirió a los que “la juntan en pala” en nuestro territorio.

Los altísimos niveles de rentabilidad no son una novedad en nuestro país, pero sí permiten desmontar algunas ideas fuertemente instaladas en el sentido común y que aparecen cuando se discuten las paritarias y las causas de la inflación. La primera es la falsa idea de la economía liberal que coloca al Estado como responsable del aumento en el nivel de precios y ubica a las empresas como víctimas. La segunda conclusión es la falsedad respecto de los supuestos “problemas de rentabilidad” que enfrentarían las grandes firmas, ya que incluso en un contexto de estancamiento  y crisis internacional como el que vive nuestro país en los últimos años las cifras son contundentes. Por último y más importante, es que la contracara del proceso inflacionario que ocurre en la Argentina no es la evolución del salario, sino las ganancias exorbitantes del sector empresario. En lugar de discutir la ecuación de causalidad “salario – inflación” debiéramos comenzar a plantearnos la de “ganancia empresarial – inflación”.

Ahora sí, volvamos al punto de partida. El Gobierno intenta estabilizar las paritarias en porcentajes aproximados al 27,8%. Este número supone un incremento acorde a las expectativas de inflación y podría garantizar la estabilidad en el bolsillo de los trabajadores para el 2015, lo cual no es poco cuando los principales grupos económicos están reclamando ajuste en las cuentas fiscales y recuperación de la competitividad a partir de la caída de los salarios.

Pero esta política de contención de las demandas salariales de ninguna manera es el mejor resultado posible para los trabajadores. En primer lugar porque no permite recuperar la pérdida salarial de 2014 originada en la devaluación de enero. En segundo lugar porque por lo expuesto anteriormente los niveles de rentabilidad empresarial son la verdadera causa de la inflación. La expectativa inflacionaria debería ser un piso, pero de ninguna manera un techo para las necesidades de mejora salarial de los trabajadores de nuestro país.

La contención salarial se fundamenta en la necesidad de dar estabilidad al equilibrio macroeconómico. Pero esta política, aunque lograra sostener el poder adquisitivo de los trabajadores durante el presente año, seguirá funcionando a costa de postergar la necesidad de avanzar sobre las ganancias y rentas extraordinarias que se generan en nuestro país. La historia demuestra que sin afectar esos beneficios será imposible asumir la agenda postergada de terminar con el trabajo precario y los salarios de subsistencia y pasar a construir una sociedad en donde la dignidad del trabajo este por encima del lucro del capital.

Alquilar (no) se puede

Recientemente el Gobierno de la Ciudad lanzó un plan llamado “Alquilar se puede”, orientado a otorgar préstamos a inquilinos. En este artículo te voy a demostrar por qué este programa no va a mejorar la situación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y de qué manera podría resolverse este problema.

En la actualidad hay 380.000 familias que alquilan en la CABA. Esto representa un 50% más de lo que había hace diez años, es decir que todos los años se suman unos 10.000 nuevos inquilinos.  ¿Por qué crecen tanto los inquilinos? En primer lugar hay que aclarar que la población total de la Ciudad no varió en todos estos años, por lo que el aumento no se debe a que haya más gente. La razón es la más obvia, cada vez es más difícil acceder a una vivienda propia por los altos precios y la falta de créditos hipotecarios accesibles. Continuar leyendo

Luces y sombras del acuerdo con China

El protagonismo que China ganó en nuestro país y en la región remite a importantes cambios en el sistema económico mundial, con sus inevitables consecuencias en política internacional. La emergencia, con cada vez más fuerza, de la potencia oriental preocupa a quienes ostentaban hasta ahora el dominio del planeta y por lo tanto China aparece como un posible aliado geopolítico para los países latinoamericanos que buscaron salir de la órbita norteamericana.

Pero al mismo tiempo el crecimiento del país asiático no se contrapone de manera directa al funcionamiento del capitalismo globalizado heredado del neoliberalismo sino que incluso profundiza muchos de sus aspectos, dejando a América Latina como proveedora de materias primas con mayor o menor nivel de procesamiento. Continuar leyendo

Patear el tablero en la Ciudad de Buenos Aires

Con el anuncio por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la implementación del voto electrónico y la reglamentación de las PASO para las elecciones porteñas, solo resta saber si los comicios serán en fecha desdoblada respecto de las PASO nacionales de agosto y las generales de octubre. Parece muy difícil que el PRO opte por realizar ambas elecciones en la misma fecha, dado que logísticamente sería toda una complicación.

La dilatada decisión obedece a las especulaciones y cálculos al interior del PRO de Mauricio Macri. Quienes argumentan a favor del desdoblamiento, ven como una necesidad para las aspiraciones nacionales de Macri mostrar un triunfo contundente en la Capital antes de las PASO presidenciales de agosto. La interna del PRO no da respiro y allí disputan, en primer lugar, Gabriela Michetti  y Horacio Rodríguez Larreta.

En el 2015 los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tendremos la oportunidad de elegir nuestros representantes una vez más. La atención estará centrada en quién será el próximo Jefe de Gobierno porteño, pero también se renovarán los cargos en la Legislatura y, por segunda vez, siete comuneros serán elegidos por cada una de las quince comunas porteñas.

La fuerza que lidera Mauricio Macri buscó representar desde el comienzo una suerte de renovación en la política. Poniendo el énfasis en la gestión, decía querer “desideologizar” la discusión sobre el modelo de ciudad, proponiendo soluciones concretas a los problemas concretos. Pero la emergencia de graves problemas como el déficit habitacional, la basura, la situación de los hospitales y escuelas porteñas demostraron que todas las “soluciones” tienen una concepción por detrás, implica conflicto de intereses y por tanto beneficiados y perjudicados.

El caso del desfinanciamiento de la educación pública y la caída sistemática de las partidas presupuestarias de vivienda son quizás las mayores evidencias del sentido que la gestión PRO ha tenido en la Ciudad de Buenos Aires. Es precisamente por esto que hemos visto innumerables conflictos vinculados a estos dos ejes, con los estudiantes y docentes defendiendo una educación de calidad y al alcance de todos, y con fuertes movimientos exigiendo soluciones para los vecinos de las villas y para la inmensa población que tiene la necesidad de pagar un alquiler y a la que le es imposible acceder a la vivienda propia.

La gestión del PRO apuntaló un modelo de ciudad excluyente, privilegiando el negocio inmobiliario y los servicios privados, en detrimento de los derechos que todos los ciudadanos deberíamos tener garantizados. La Ciudad, poco a poco, se va convirtiendo en exclusiva y excluyente.

 

El desafío de la oposición

La verdadera oposición al modelo PRO de Ciudad no son los conglomerados políticos que aparecen en las elecciones. La oposición efectiva son los movimientos y organizaciones populares que día a día enfrentan en cada territorio a la privatización que promueve la fuerza de gobierno. Sin embargo cuando llegan las elecciones, no hemos sido capaces de traducir eso en una alternativa real.

Es por eso el espacio de la “oposición” es ocupado elección tras elección por armados de estructuras tradicionales cuyo interés no está atado al de los sectores populares que habitan en la Ciudad de Buenos Aires. Tal es el caso de UNEN, al que algunos medios asocian con un supuesto “progresismo” y que con sólo un año de existencia demostró ser un fiel aliado de las políticas del macrismo en la Ciudad, avalando las reformas educativas contra los docentes y las políticas de endeudamiento serial del PRO. No es casual entonces que sus referentes estén discutiendo tanto en el país como en la Ciudad, un acuerdo electoral con el PRO.

También es el caso del Frente para la Victoria que con la salvedad de algunas pocas (aunque valorables) excepciones, acordó y votó junto al macrismo numerosas leyes antipopulares como la venta de terrenos públicos para negocios inmobiliario privados o la disolución del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad (IEM).

Pero si existe tan variada y rica experiencia de organización política, social y cultural en la Ciudad, una fuerte militancia comprometida con los sectores populares, ¿por qué no somos capaces de transformar eso en una alternativa de gobierno popular en la Ciudad? Es hora que nos pongamos a construir una propuesta política unitaria que pueda ser alternativa al modelo PRO. Que sea oposición efectiva y no rosca palaciega en la legislatura. Que esté atada y constituida a partir de las experiencias concretas de lucha de la Ciudad

El 2015 nos presenta una gran oportunidad para presentar un espacio amplio y unitario, que contenga a expresiones distintas pero que tenga la mira puesta en resolver el problema de la vivienda, en construir una educación pública y de calidad y en desarticular este modelo expulsivo y excluyente para hacer de Buenos Aires una ciudad justa e igualitaria.

La convocatoria debe ser generosa y poniendo por encima los intereses de los sectores populares de la Ciudad por sobre todas las cosas. Solo por mencionar algunos, aunque la lista puede ser mucho más amplia, creemos que espacios como los que aglutinó el año pasado Camino Popular, las fuerzas del Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, Seamos Libres de Pablo Ferreyra y otras fuerzas presentes en las batallas cotidianas de la Ciudad, deberíamos converger para construir un gran polo articulador de un cuarto espacio alternativo a las viciadas estructuras del PRO, UNEN y el PJ.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) son una herramienta que puede ser utilizada para construir esta unidad y patear un tablero que de continuar de esta forma nos sigue condenando a la marginalidad, y conduce a un nuevo triunfo conservador en la ciudad. Desde Patria Grande nos proponemos trabajar para lograr ese objetivo.

¿Cómo evitar una nueva devaluación?

La Argentina se acerca al último trimestre del año y comienzan los pronósticos. Las entidades empresarias volvieron a la carga con la necesidad de “actualizar” el tipo de cambio, los economistas mediáticos pro establishment agitan nuevamente el mal del “atraso cambiario” y hasta la propia presidenta hizo una referencia a un posible diciembre convulsionado.

Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos. Continuar leyendo

¿Quién protege a los inquilinos?

Con toda seguridad podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más acuciantes en la vida cotidiana de los porteños. Los datos acompañan: el último Censo Nacional arrojó que son 164 mil las personas que viven en las villas miserias de Capital Federal, así como 144 mil las que residen en viven en hoteles familiares, pensiones, casas tomadas, etc. Contemplando estas preocupantes cifras, vamos a detenernos en otra de las expresiones de este problema: el número creciente de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires.

En una nota del diario Clarín publicada el 27 de julio pasado, se afirma que “el 32,1% de los hogares de la Ciudad están ocupados bajo el modo alquiler. El porcentaje de inquilinos sobre el total de hogares viene creciendo en forma sistemática. En 2003 eran el 23,9”. Es decir que en poco más de diez años la cantidad de inquilinos ha ascendido en un 34%.

A estos números hay que sumarle que actualmente más de un tercio del salario se va en alquileres. Por si fuera poco, el sueño de comprar una vivienda se ha ido alejando un poco más de la realidad en los últimos años. Si en 2011 hacía falta acumular en promedio 46 sueldos para comprar un inmueble de tres ambientes, en 2013 esa cifra aumentó a 69.

En resumen, de un total de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, 350.000 son ocupados por inquilinos que cada dos años desconocen si permanecerán en el mismo hogar y lidian permanentemente con precios, condiciones y exigencias cada vez mayores por parte de las inmobiliarias.

La vivienda como negocio: mercado inmobiliario y socios políticos

¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico se haya alcanzado esta situación? ¿Será que no hay espacio o viviendas suficientes para todos? La ecuación es sencilla: desde 2004 se otorgaron permisos para construir casi 20 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría por ejemplo a 200.000 departamentos de 100 metros cuadrados. Sin embargo, en la actualidad existen aproximadamente 150.000 viviendas ociosas. Se trata de unidades totalmente vacías: ni habitadas como viviendas, ni destinadas a otro uso; ni alquiladas, ni en venta ni prestadas. Vacías. Entonces, ¿para qué construir tanto si finalmente nadie ocupa esos inmuebles? La respuesta es simple: el mercado inmobiliario se transformó en un fabuloso negocio para pocos. La consecuencia, concreta: cientos de miles sin el derecho a la vivienda garantizado, entre ellos los inquilinos, que ya representan ⅓ de los habitantes de la ciudad.

Frente a semejante problemática social, la política del macrismo ha sido a veces pasiva y muchas veces cómplice, favoreciendo a las corporaciones inmobiliarias. En sus 7 años de gestión ha hecho gala de la venta de terrenos y propiedades del Estado a grandes empresas, la privatización del espacio público y la vista gorda en el control e inspección de la construcción de edificios.

Al mismo tiempo, la política de construcción de vivienda para que más porteños accedan a la casa propia nunca fue una prioridad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha tenido como dinámica persistente la subejecución y reducción de su presupuesto. Mientras que en el 2008 la partida presupuestaria representaba el 3,5% del total, en 2013 se había reducido a un 1,76%, es decir la mitad. Al mismo tiempo, año a año se han subejecutado cientos de millones de pesos, aplazando el derecho de miles de ciudadanos de acceder a su vivienda propia

Una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad

Son muchos los sectores que se levantado en la Ciudad para denunciar esta situación por demás indignante. El caso más cercano lo encontramos hace pocos meses, y en uno de los sitios más emblemáticos de la Capital: los 53 días que estuvo plantada la Carpa Villera al pie del Obelisco, además de concluir con un contundente triunfo en el reclamo por urbanizar las villas de la Ciudad, significó poner sobre la mesa de la agenda pública el problema del acceso a una vivienda y un hábitat dignos.

Atendiendo a este problema fundamental de la Ciudad, durante las próximas semanas distintas organizaciones políticas y sociales llevarán adelante una campaña por la sanción efectiva de una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad. Sin la regulación de precios y condiciones de los alquileres; sin un impuesto a la vivienda ociosa que permita crear un Fondo de Garantías para locaciones con destino vivienda; sin la creación de una Defensoría de los Inquilinos que ponga un freno a los abusos de las inmobiliarias; y sin la creación del Ministerio de la Vivienda que lleve adelante un Plan Integral de Vivienda y que intervenga decididamente en el mercado inmobiliario. Sin que se efectivicen todos estos reclamos, difícilmente pueda torcerse el rumbo de una Ciudad cada vez más excluyente

Ante la crisis, prohibir despidos y suspensiones

Argentina vive una situación de crisis. Si es pasajera o profunda, catastrófica o sobrellevable, es algo que está por verse, y es deseable evitar los pronósticos apocalípticos. Pero que hay crisis es inocultable, y la pretensión de algunos analistas y funcionarios del oficialismo de aparentar que la casa está en orden y todo marcha según los planes resulta cada vez más difícil de sostener.

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Continuar leyendo

Investigar la deuda externa es posible y necesario

El fallo de Griesa abre la oportunidad perfecta para explicar por qué es absolutamente inviable seguir pagando la deuda externa en los términos que propone el sistema financiero internacional. ¿Se puede investigar la deuda y modificar las condiciones de pago de la Argentina? Sí, es perfectamente posible política, económica y jurídicamente.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

Continuar leyendo

Las consecuencias políticas del acuerdo con el Club de París

En varias publicaciones anteriores venimos haciendo referencia al giro pro-mercado que el gobierno definió luego del resultado electoral de octubre del año pasado. Planteamos que para los últimos dos años de gestión de Cristina la estrategia oficial estaba signada por un “pacto de gobernabilidad” que intente asegurar una transición ordenada en 2015. El centro de esta política es buscar el apoyo de al menos un sector del establishment y por eso se comprende la constante apelación al empresariado en los discursos de la presidenta, así como el pedido de mesura hacia los trabajadores y el rechazo a las protestas sociales, como en el caso de Gestamp.

En materia de política económica tuvimos la devaluación de enero, los aumentos de las tasas de interés y el “redireccionamiento” de subsidios. En términos de variables macroeconómicas, las medidas permitieron estabilizar el tipo de cambio a 8 pesos y frenar la caída de reservas. Pero en términos de costo social, esto implicó una transferencia regresiva de ingresos, es decir que se perjudicó a la clase trabajadora y se benefició a las grandes empresas, bancos y en particular a las exportadoras.

Sin embargo esta estabilidad lograda podría ponerse en riesgo en el segundo semestre del año. Sin la cosecha que se liquida en el primer semestre, ¿cómo evitar que el 2014 no termine igual que el 2013? ¿Cómo evitar una nueva sangría de reservas, una nueva corrida contra el peso y en consecuencia una nueva devaluación?

Las respuestas del gobierno a estos interrogantes no se distancian mucho de la agenda propuesta por la oposición y la palabra clave es “confianza”. Había que dar “seguridad” para que vengan los dólares a través de inversiones y/o nueva deuda. Para lograr confianza había que sincerar al menos parcialmente los números del Indec, había que darle una compensación “razonable” a Repsol, había que dejar de rechazar las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de Libre Comercio y había que llegar a un acuerdo con el Club de París.

La confianza tiene precio

¿Cuánto cotiza la confianza? En el corto plazo sale barata. El gobierno espera que gracias a todas estas señales pro-mercado en el segundo semestre y en el comienzo de 2015 tengamos una verdadera “lluvia de dólares” con inversiones en la industria, en la minería y en el sector energético a través de Vaca Muerta. Y también contar con acceso al mercado financiero internacional tanto para las empresas privadas como para la emisión de deuda pública a tasas “razonables”. Por supuesto que esto habrá que verlo, pero supongamos que fuera cierto y el objetivo es logrado. En ese caso en el corto plazo esto permitirá al Estado mejorar sus reservas internacionales, enfrentar posibles corridas y si todo sale bien liberar importaciones que están frenadas y hasta contar algún recurso para hacer política expansiva.

Pero el contrato tiene una letra chica y que eleva muy alto el precio de la seguridad brindada al mercado. Con esta orientación de reconciliación con los mercados internacionales el gobierno está firmando la renuncia a las transformaciones estructurales que no se hicieron durante estos diez años y que muchos creían que a lo mejor se podrían comenzar a hacer en los próximos. Esta nueva orientación es incompatible con sancionar una nueva ley de inversiones extranjeras que afecte los intereses de las grandes multinacionales, con avanzar en el control público del comercio exterior, de ir por las rentas extraordinarias del agro y la minería, de regular el sistema financiero o de simplemente elevar el nivel de presión tributaria sobre los grandes capitales. Cualquiera de estas medidas y varias más que podríamos enumerar dinamitarían el objetivo enunciado y por el cual se hicieron todos los deberes en los últimos meses.

Las consecuencias políticas de esta orientación, por lo tanto, no son para nada gratuitas. El establishment ya ha expresado su vocación de contar a partir de 2015 con un gobierno más confiable, más previsible, tal como expresó a través del “Foro de Convergencia Empresarial”. Massa, Macri o Cobos ya se anotaron en esa carrera. El Frente para la Victoria no quiere quedar atrás y el círculo se va cerrando. Lógicamente, el candidato más cómodo y acorde a la nueva versión del modelo que se prepara para el 2015 se llama Daniel Scioli. 

¿Cómo combatir realmente la informalidad laboral?

El pasado miércoles el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley para promover el trabajo registrado y combatir la informalidad y el fraude laboral. El objetivo declarado es reducir la proporción de trabajo “en negro” del 33,5% actual a un 28% en un plazo de un año. La metodología elegida es mediante incentivos económicos a los empresarios (descuentos de contribuciones patronales) a cambios de blanqueo o contratación de nuevos trabajadores formales. En caso de lograrse la meta, por supuesto que se trataría de una mejora para cientos de miles de trabajadores, pero programas similares fracasaron en años previos y tanto el diagnóstico como la solución no parecen ajustarse a las necesidades de poner fin a una práctica que afecta de manera directa a casi 5 millones de familias en nuestro país, y de manera indirecta al conjunto de la clase trabajadora.

La nueva ley supone que la principal razón de la informalidad laboral son los altos costos de las empresas (sobre todo las Pymes), de allí que las exenciones impositivas sean el mecanismo ideado para facilitar el blanqueo, ya que reducir la carga fiscal permitiría a las empresas aliviar sus costos y dar margen para asumir el pago de las cargas sociales que implican formalizar el empleo. Supongamos por un momento que esto es cierto y las Pymes efectivamente enfrentan un problema de rentabilidad, habría no obstante varios aspectos discutibles que el proyecto de ley no asume.

La nueva ley invisibiliza la responsabilidad de las grandes empresas

Si bien es cierto que la mayoría del trabajo informal se concentra en las Pymes, es equivocado asumir que se trata un problema exclusivo o aislado de ese sector, ya que nuestra estructura productiva gira alrededor de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que aquí se ubican fuera del radar. Y es que en gran medida estas pequeñas y medianas empresas son proveedoras de las grandes industrias y en muchos casos directamente empresas tercerizadas de las grandes cadenas, una modalidad de producción que se ha extendido en todos estos años, a medida que se fue fortaleciendo una estructura económica inserta en las cadenas de valor del capitalismo global. Lógicamente, el poder de las grandes firmas les permite fijar precios que las Pymes asumen como dados y por tanto compensan sobre-explotando a sus trabajadores al “contratarlos” en negro. En cualquier caso la variable de ajuste siempre es el salario y el trabajo, es el eslabón más débil de toda la cadena.

Pero lo que no se puede soslayar es el rol de las grandes empresas en la estructuración del mercado de trabajo. La tercerización es una forma que las firmas líderes tienen para “lavarse las manos” de sus responsabilidades y traspasarlas a las Pymes. Un proyecto de ley que se proponga combatir la informalidad laboral no puede eludir esta realidad y concentrarse en bajar los costos de las pequeñas empresas. Dicho de otro modo, la informalidad laboral no es otra cosa que la contracara de la altísima rentabilidad de las empresas más concentradas de nuestra economía, por lo que resulta imposible atacar verdaderamente un aspecto dejando inmutable al otro. Aunque en apariencia sean cuestiones separadas, las brutales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo, por ejemplo no son independientes de las enormes ganancias de las grandes exportadoras.

La nueva ley elude el problema de la democracia sindical

Las razones por las cuales una empresa “negrea” no son sólo de costo salarial en un sentido directo. La informalidad permite, además de bajar costos, evitar la conquista de la estabilidad laboral y por sobre todas las cosas el “dolor de cabeza” que significa para los empresarios la sindicalización. El “negreo” es la forma más directa de evitar que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos. Si incluso en empresas que contratan mano de obra de manera formal existen todo tipo de artilugios para evitar la organización gremial, más difícil aún resulta para quienes no cuentan con ningún amparo formal.

En este sentido la nueva ley sólo tiene en cuenta como sujeto para resolver el problema de la informalidad a los empresarios de las Pymes y no a sus trabajadores, quienes no son convocados a reclamar, organizarse o movilizarse para exigir sus derechos. De esta manera no se asume otra dimensión clave para terminar con la informalidad y precarización laboral: promover la organización y la democracia sindical en los lugares de trabajo. Distintas estadísticas laborales demuestran que los establecimientos laborales que cuentan con delegados sindicales electos por sus compañeros no llegan al 15% del total. Asumir esta realidad y esta dimensión de la precarización laboral, permitiría un abordaje mucho más serio y efectivo para terminar con el trabajo informal. Incentivar la sindicalización y sobre todo la democratización de la representación gremial en los lugares de trabajo, daría mayor capacidad a los trabajadores y trabajadoras para pelear por trabajar en condicionar dignas y con derechos plenos.

Vale la pena mencionar también el ninguneo a los trabajadores de la Economía Popular que vienen organizándose gremialmente en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y exigiendo su reconocimiento al Ministerio de Trabajo. En lugar de concentrarse exclusivamente en beneficios impositivos para los empresarios, otorgar legalidad a un sindicato integrado por trabajadores precarizados o informales, sería una gran herramienta para avanzar en la lucha contra el fraude laboral.

Ausencia de una perspectiva integral

En resumen, aislar el problema de la informalidad laboral constituye un diagnóstico equivocado, que explica los fracasos previos. Incluso concediendo que las exenciones impositivas puedan llegar a ser un mecanismo útil, lo cual también es discutible, lo concreto es que hecho de manera aislada probablemente no produzca los resultados esperados y sobre todo no permita resolver la cuestión de fondo. Es que la precarización laboral en un sentido amplio y en particular el “negreo”, no son problemas sectoriales, sino un rasgo estructural del conjunto del mercado laboral que se fue diseñando en las últimas décadas.

Por eso, combatir la informalidad debería contemplar derogar las leyes de flexibilización laboral, discutir una ley para terminar con el fraude laboral de las tercerizaciones de las grandes empresas y promover la organización democrática de los trabajadores. Puede parecer utópico, pero en realidad es la única vía hasta en el sentido más pragmático del asunto. Lo que sin dudas resulta utópico es pretender combatir la informalidad con políticas focalizadas de dudosa aplicabilidad.