Por: Itai Hagman
La Argentina se acerca al último trimestre del año y comienzan los pronósticos. Las entidades empresarias volvieron a la carga con la necesidad de “actualizar” el tipo de cambio, los economistas mediáticos pro establishment agitan nuevamente el mal del “atraso cambiario” y hasta la propia presidenta hizo una referencia a un posible diciembre convulsionado.
Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos.
A esta situación se le agregan dos factores que hacen más dificultosa la situación respecto al año anterior. Por un lado el cuadro de recesión con su contraparte en situaciones de despidos y/o suspensiones. Un salto devaluatorio en este marco tendría como consecuencia directa mayor caída de la actividad y del consumo y por ende más desempleo.
La otra novedad es el bloqueo al curso de acercamiento a los mercados internacionales generado por la justicia norteamericana al favorecer a los fondos buitres. Hasta que no se resuelva el asunto, la Argentina no gozará de la supuesta “lluvia de dólares” que traerían los acuerdos con el Club de París, Repsol y el CIADI.
Medidas para proteger nuestra economía y a los sectores populares
Hasta ahora la única medida oficial en esta materia ha sido activar el “swap” firmado con China, que le brinda un colchón de divisas para enfrentar una corrida. Pero se trata de una medida coyuntural y de incierta suficiencia para contrarrestar las presiones del mercado.
Como sostuvimos luego de la devaluación de enero aquí, el análisis no debe limitarse al manejo de ciertas variables de la política económica. No se trata de buscar simplemente la correcta administración de la política monetaria, cambiaria o fiscal, sino de modificar la correlación de fuerzas que existe en la estructura económica argentina, hoy dominada en todos los sectores estratégicos por el capital privado y multinacional.
La medida central para proteger nuestra economía y a la población que sufre las consecuencias de estos ajustes es establecer el control público del comercio exterior, nuestra principal fuente de divisas. La actual retención de la producción es aun superior a la del año 2013, ya que con una cosecha mayor que el año pasado las exportaciones primarias cayeron un 21% interanual, potenciada también por la caída de los precios internacionales de la soja. Sólo ocho grandes empresas explican casi el 90% de las ventas sojeras al mundo y su accionar especulativo afecta a los 40 millones de habitantes de nuestro país.
Esta decisión debería ser acompañada con el control sobre el sistema financiero. La banca privada ha sido el sector económico más beneficiado en los últimos años, con un exponencial crecimiento de sus ganancias que superó el 50% en el 2013. A su vez, sólo con la devaluación de enero lograron un rédito extraordinario equivalente a un tercio de la rentabilidad total de todo el año pasado. Controlar el sistema financiero es una herramienta clave para evitar maniobras especulativas contra nuestra moneda y orientar el ahorro hacia la producción y los ingresos de los sectores populares.
Estas medidas podrían ser complementadas con otras que por razones de extensión no desarrollamos en esta nota pero que hemos señalado en otras. Por ejemplo una revisión de la política de deuda externa, una reforma tributaria, entre otras. Pero lo urgente es considerar hacernos del manejo de las dos variables claves mencionadas: comercio exterior y sistema financiero.
Algunos afirman que esta propuesta es utópica porque las entidades empresariales opondrían una feroz resistencia y cuenta con apoyo de los grandes medios. Pero como se vio con el debate sobre la absolutamente moderada ley de abastecimiento en donde el presidente de la Sociedad Rural pronosticó el fin de la propiedad privada, el titular de la UIA comparó al Congreso con la dictadura militar y los grandes medios comenzaron a hablar de “argenzuela”, el rechazo de grupos económicos no guarda ninguna proporcionalidad con las medidas cuestionadas. Lo ilusorio, podríamos decir, es en realidad considerar que no tomando medidas radicales se obtendrá el apoyo del establishment.
Lo que el poder económico quiere es marcar la cancha para la Argentina que se viene y en particular para los presidenciables de 2015. Ellos ya tienen su programa definido y es de una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. En ese marco y como dice el arte de la guerra, no hay mejor defensa que un buen ataque.