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Por: Itai Hagman

En estos días de corridas cambiarias, golpes de mercado y cambios en la política económica oficial, pocos de los análisis que se ofrecen en los medios de comunicación presentan a los actores sociales y a los intereses en juego detrás de estos movimientos. En cambio, la mayoría prefiere aludir a cuestiones técnicas o hablar de la ineficiencia de tal o cual aspecto de la gestión gubernamental. Por eso no pueden explicar que el gobierno haya convalidado – al menos parcialmente – las exigencias que le hacía el poder económico concentrado. Como ya no pueden decir que los males de la Argentina se deben al atraso cambiario – actualizado en un 60% en el último año – ni al llamado “cepo”, ahora salen a plantear que en realidad no eran esos los problemas sino una deficiencia general – casi emocional – de falta de confianza hacia el gobierno por parte de los mercados. En definitiva, todo apunta a la idea de que no importa lo que se haga, las inversiones no vendrán y la cosa sólo se podría resolver con un cambio de gestión en el 2015. Pero cuando el relato liberal habla de “los mercados”, no se refiere a poderosos grupos económicos con capacidad de formar precios o realizar maniobras especulativas en búsqueda de ensanchar sus ya abultados márgenes de ganancia, sino pobres “agentes” víctimas de un clima de incertidumbre, a su vez hijo de la improvisación de un plan económico deficiente.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Muchos analistas aciertan en colocar el impacto inflacionario como el peligro más relevante a corto plazo, ya que tanto por razones de aumento de costos o por simple juego especulativo, todos los empresarios están prestos a remarcar sus productos, si es que no lo hicieron ya en estos días. Las medidas “compensatorias”, como el Plan PROGRESAR, aunque positivas, aparecen claramente como insuficientes, y la posibilidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y el conjunto de la población dependerá fundamentalmente de la capacidad de movilización y presión que se pueda generar desde abajo. La paritaria docente que debería comenzar a negociarse próximamente puede ser un botón de muestra de lo que vendrá en el futuro inmediato.

Pero, independientemente de lo que ocurrirá en los próximos caldeados meses, interesa preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Había otras alternativas? ¿Qué evidencia este cambio en el panorama económico nacional?

La sartén por el mango

Detrás de los movimientos de la cotización del dólar existen poderosos intereses económicos. El “problema cultural” que tenemos los argentinos que nos lleva a buscar permanentemente transformar nuestros ahorros en moneda norteamericana sólo explica una parte (y probablemente pequeña) de la escasez de divisas.

La devaluación operada la semana pasada es hija del fracaso de una estrategia que ya había demostrado sus límites en reiteradas oportunidades y es la creencia de que haciendo “política cambiaria” y negociando precios con los grandes grupos económicos se lograrían sortear los profundos desequilibrios que enfrentamos. Es decir, sin encarar las cuestiones estructurales.

El problema de fondo es el dominio absoluto (con excepción reciente de YPF) del sector privado en todas las áreas sensibles y estratégicas de nuestra economía. ¿Qué esperaba el gobierno por parte de las grandes cerealeras y los pooles de siembra sino la especulación con el tipo de cambio? Luego de intentar convencerlas de que liquiden sus cosechas y ofrecerles bonos atados al tipo de cambio, finalmente terminaron por convalidar su estrategia: los que especularon, ganaron. Ahora pueden liquidar exportaciones un 33% más caras. No estamos hablando de “mercados desconfiados” sino puntualmente de ocho grandes empresas multinacionales que explican aproximadamente el 90% de las ventas sojeras al exterior.

Poco más de un mes atrás planteábamos en otro artículo [1] la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior y terminar con la especulación privada de este puñado de multinacionales, que impacta además en el precio de los alimentos que consumimos todos los días. Comercio exterior, producción de alimentos, sistema financiero, grandes conglomerados industriales, cadenas de comercialización interna, todas estas áreas siguen dominadas por el capital privado (y en su mayoría multinacional), algunas incluso con marcos regulatorios heredados de la última dictadura militar. ¿Algún kirchnerista honesto puede suponer que es posible conquistar la justicia social y la soberanía económica sin avanzar en este terreno, pactando y re-pactando con un empresariado que ya demostró que lo mueve el bolsillo y no el compromiso con “El Proyecto”? Y al mismo tiempo, ¿es posible razonar que si nada de esto se hizo en estos diez años se debe simplemente a que “no se pudo”? Y si no se puede ahora, y a sólo año y medio de la campaña presidencial del 2015, ¿cuándo se va a poder?

Volvamos a la actualidad, ya que mientras todos estos problemas estructurales no se encaran hay que dar respuesta a los conflictos que se avecinan en el corto plazo: la inflación y su posible aceleración por el impacto cambiario. ¿Qué hace pensar que, a diferencia de lo que ocurrió con los acuerdos de precios anteriores, esta vez va a fructificar? Desde el escepticismo es que nos animamos a hacer una propuesta. ¿No será hora de pensar que el Estado participe en forma directa en la comercialización de productos? ¿Tan osado es? ¿Qué impide montar una red de distribución de alimentos y productos de la canasta básica administrada por el propio Estado y marcando precios de referencia a las grandes cadenas de supermercados? ¿Y qué impide desarrollar una campaña comunicacional señalando los precios acordados y los abusos de los grandes comerciantes? La existencia de una activa y numerosa militancia en los barrios populares a lo largo y ancho de la Argentina permite pensar soluciones creativas que de seguro no se encontrarán en ningún manual de economía. Eso sería realmente empoderar al pueblo, algo que suele declamarse en los actos pero no en políticas concretas. Lo contrario es volver a apostar, una vez más, a la buena voluntad de los dueños de la sartén y el mango. Pero, seamos serios, si por enésima vez la estrategia no prospera no vale echarle la culpa a “la gente”.