Guerra contra los niños

Nadie sabe qué ha desatado el flujo de menores de edad a Estados Unidos procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El número de niños detenidos en la frontera entre México y EEUU se ha duplicado en los últimos meses y se estima que alcanzará más de 100 mil este año. Se calcula que 3/4 de este total provienen de Centroamérica y 1/4 de México, pero eso supone que todos los menores de edad dicen la verdad cuando se les pregunta de dónde son. Sería lógico disimular su nacionalidad mexicana, ya que es más fácil deportarlos a México que a Centroamérica.

La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

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Lo bailado con Francia…

El lunes 15 de mayo Enrique Peña Nieto instaló en Palacio Nacional el Consejo Estratégico Franco-Mexicano que buscará coadyuvar, primero, a colocar de nuevo las relaciones entre México y Francia al nivel existente antes del affaire Cassez, y luego intentar llevarlas a las alturas que el potencial y la historia permiten y exigen. Peña Nieto y José Antonio Meade, secretario de Relaciones, me designaron presidente del Capítulo Mexicano de dicho consejo, a la par de Philippe Faure, presidente del Capítulo Francés. Ya se ha informado en las páginas noticiosas sobre los objetivos de este consejo, así como de quienes lo integran por el lado mexicano y por el lado francés: empresarios, intelectuales, políticos, hombres y mujeres de las letras y las artes. Quisiera dedicar este espacio para explicar a mis escasos pero fieles lectores los motivos que me llevaron a desempeñar esta función, y a describir su naturaleza.

Para empezar, como lo señaló el comunicado emitido por la SRE el 9 de junio, y como lo dijo el mismo Peña Nieto en su intervención este lunes, se trata de un cargo pro bono u honorario, es decir, sin remuneración alguna por parte de México o de Francia. En segundo lugar, es un cargo sin prestaciones, y sin financiamiento de gastos por los gobiernos de México y Francia. Éste fue el caso también del llamado Grupo de Alto Nivel que se creó a principios del sexenio anterior y que se desempeñó con éxito hasta que sucediera la debacle Cassez. No tengo nada en contra de ejercer cargos remunerados y con prestaciones en el sector público; lo he hecho y no me haría de la boca chica si surgiera una nueva oportunidad de hacerlo. Pero en esta ocasión no es el caso.

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