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Consulta y pregunta

Este lunes Milenio publicó una entrevista con Videgaray donde decía: “Respecto a la eventual consulta popular para echar atrás los cambios energéticos, [...] se mostró seguro de que no afectará; sin embargo, indicó que mucho tendrá que ver la pregunta que se le haga a la población, por lo cual lo más importante es cuidar cómo sea…”. Para alguien que suele hablar con precisión, la declaración puede leerse como una aceptación tácita de la consulta popular sobre la reforma energética que ha pedido la izquierda. Con una condición: que la pregunta se formule de una manera que no sesgue el referéndum hacia el “no”.

Se trata de un cambio importante y positivo. No sé cuántos seamos, pero algunos estamos totalmente a favor de la reforma energética de Peña Nieto, y a la vez a que se someta a una consulta popular vinculante. La discusión jurídica sobre la misma tendrá lugar en los meses que vienen y en caso de no haber un acuerdo político, será zanjada por la Suprema Corte. Pero si se llegara a un entendimiento entre por lo menos una parte de la izquierda y el gobierno sobre los puntos torales, representaría un gran avance para todo el mundo.

Algunos buenos amigos legisladores priístas me han comentado que independientemente de lo que diga el nuevo artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, tercer párrafo, la Constitución no puede ser modificada por la vía de la consulta popular. La razón que esgrimen es que el artículo 135, sólo prevé una vía para cambiar el documento de 1917, a saber, “por el voto de las dos terceras partes [del Congreso de la Unión] y por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Pero esta interpretación presupone otra, no necesariamente correcta.

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Ingenieros

Con la reforma energética, una vez que se resuelvan los enigmas que la rodean, y con los cambios en telecomunicaciones, una vez que se conozca la legislación secundaria, es probable que llegue un importante caudal de inversión extranjera a México. Un factor adicional que impactará en el monto de los recursos transferidos al país, así como su destino preciso y su incidencia, será la demanda de mano de obra calificada que generarán, y la oferta de esa mano de obra en México. Por razones obvias, dentro de esa fuerza de trabajo, destacarán los ingenieros mexicanos que podrán aspirar a empleos mucho mejor remunerados que los que obtengan connacionales con niveles de estudio inferiores.

Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

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Dos reformas, un aplauso

Hay que aplaudir la doble reforma aprobada por la mancuerna PRI-PAN en estos días, o como diría Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el “PRIAN”. Tanto los cambios políticos y electorales como la normatividad constitucional en materia de energía constituyen transformaciones, éstas sí, a diferencia de las anteriores de este mismo gobierno, paradigmáticas, y que pueden surtir un efecto trascendental en el futuro del país. Ambas, por el momento, siguen incompletas; serán sin duda modificadas todavía, encierran defectos importantes, y seguramente tendrán consecuencias perversas e imprevistas, algunas previsibles y otras no. Pero si de reformas se trata, esto sí sabe a jugo de tomate.

Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

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Referendum

Pocos saben a ciencia cierta cuál será el contenido final de la llamada reforma político electoral, y aún menos son los legisladores y funcionarios quienes conocen con precisión la naturaleza de la reforma energética que se votará en el Congreso. Cualquier especulación al respecto puede ser riesgosa o francamente temeraria. Pero ese es el chiste ser comentócrata. Con esa advertencia van algunas reflexiones preliminares.

Primera: pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al artículo 28 constitucional. De confirmarse la primera vía, probablemente sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.

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Golpe de timón

Esta última ha sido una pésima semana para los habitantes del Distrito Federal, para su gobierno, tal vez para la educación nacional, y sin mayor duda para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los capitalinos padecimos los bloqueos, plantones, vandalismo y demás fechorías de los maestros reales y menos reales, pero el gobierno de EPN fue víctima de un fuego cruzado, ciertamente no amigo. Cuauhtémoc Cárdenas manifestó su tajante oposición a la reforma energética, el PRD se negó a aprobar la Ley del Servicio Profesional Docente, se revisó a la baja, a 1.8%, la previsión de crecimiento del PIB de este año, y se mostró una sorprendente falta de coordinación entre distintas dependencias en todo este sainete. Y por último, apenas ayer, el gobierno canceló la visita de EPN a Turquía y, ojalá, recorte su asistencia a la Cumbre del G-20 en San Petersburgo. Puede uno especular ad infinitum sobre las causas que llevaron al gobierno a encontrarse en una situación tan adversa en tan poco tiempo, pero tal vez resulte más interesante preguntarse qué hacer para salir de este callejón que tiene… salidas.

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

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El “poison pill” de Cárdenas

No conoceremos el desenlace de la importante propuesta de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto sino hasta dentro de varios meses, cuando sea aprobada la legislación o reglamentaria correspondiente a las modificaciones constitucionales de los artículos 27 y 28. Lo que es más, los verdaderos beneficios de la reforma en su conjunto no se verán hasta dentro de varios años, ya que será necesario comprobar qué tan apetecibles resultan los contratos de utilidades compartidas para las grandes empresas petroleras del mundo, y si realmente hay tanto aceite y gas en las aguas profundas del golfo y en las zonas de shale oil y gas en el norte del país. Por lo pronto, sin embargo, podemos aventurar algunas reflexiones preliminares sobre la forma en que se han desarrollado las cosas.

Nunca entendí el empecinamiento de EPN de invocar al general Lázaro Cárdenas. Es cierto que la redacción del párrafo sexto del artículo 27 versión de 1940 es distinta a la de 1960: la segunda afirma que “no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, mientras que el primero sólo dice que no se “expedirán concesiones”; efectivamente la redacción de 2013 vuelve a la de 1940; se limita a decir que “no se expedirán concesiones”, enviando a la ley reglamentaria los detalles, tal y como sucede en la versión del 40 y del 60.

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