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Un fiscal creíble debe investigar la muerte de Nisman

El disparo que se llevó la vida del fiscal Alberto Nisman golpeó también fuertemente en la credibilidad de las instituciones y de la Justicia en particular. Para peor, buena parte de la información sobre las circunstancias del hecho resultaron desmentidas al poco tiempo. Asímismo brotan a diario inconsistencias en las horas iniciales del procedimiento de ingreso al domicilio del funcionario, que aumentan la zozobra de la opinión pública.

Además de esclarecer la muerte del fiscal es vital restaurar la confianza en la Justicia. A tal fin necesitamos “un Campagnoli” que investigue tanto la causa Nisman como la causa AMIA. Sin que esto signifique menoscabar la figura de la fiscal interviniente, Viviana Fein, estoy convencido de que la trascendencia de los hechos requiere asignar estas investigaciones a figuras de coraje e idoneidad probada en muchas batallas y, sobre todo, insospechadas de complicidad con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es en el interés del Ministerio Público y de la propia Gils Carbo y del Ejecutivo disipar suspicacias y respaldar una investigación independiente.

Quizás la Procuradora General pueda pedirle a la Asociación de Magistrados y/o a la Asociación de Fiscales una propuesta de terna de la cual se escoja a quien quede a cargo de la investigación.

La elección de nuevos fiscales, elegidos de esta forma, contribuiría a bajar el nivel de descreimiento y la generalizada sensación de desamparo. Si no se supo ni pudo asegurar la integridad física del fiscal a cargo de la causa más importante del momento ¿qué seguridad se puede esperar para el resto de la población? No tenemos justicia independiente si los jueces y fiscales no pueden llevar a cabo su tarea sin poner en riesgo su vida.

Sólo se puede salir de esta dramática encrucijada si ponemos las instituciones de pie. A tal fin, empecemos por confiar la investigación penal a quienes inspiren confianza.

¿2015 será el fin de la impunidad?

A fin de año solemos tener la costumbre de hacer un balance del año que está terminando. Festejamos lo que salió bien, repasamos lo que no salió del todo bien y, así, proyectamos cómo queremos encarar el año entrante.

Si hiciésemos un balance de este año en materia judicial, tendríamos sobrados motivos para celebrar. Fue un año marcado por dos grandes factores: el primero, la participación comprometida de la ciudadanía en los temas de Justicia. El segundo, el retroceso de la impunidad del Poder. No tengo dudas, lo segundo es consecuencia de lo primero.

Repasemos: a finales del 2013, el fiscal José María Campagnoli, en un juicio exprés y sin posibilidades de defenderse, fue suspendido de sus funciones por investigar la corrupción en el seno del poder político. Luego de varias idas y vueltas, que incluyeron el desmantelamiento de su equipo de trabajo, la rebaja de su salario y el sometimiento a un Jury de enjuiciamiento plagado de irregularidades y jurados de dudosa imparcialidad, la farsa se tornó insostenible: el kirchnerismo no llegó con los votos y, para finales de octubre, optó por la salida decorosa de restituirlo en sus funciones por agotarse el tiempo del jury. Gran parte de esta victoria de la justicia independiente fue gracias a la participación ciudadana: sólo a modo de ejemplo, podemos recordar la movilización de 20 mil personas a la sede de la Procuración General de la Nación el 18 de Junio, en medio del Mundial, el enorme apoyo en las redes sociales y la campaña de recolección de firmas iniciada por la agrupación de abogados Será Justicia que culminó con la presentación de estas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego de Campagnoli, el embate contra la justicia independiente continuó: en octubre, dos camaristas de la Seguridad Social pasaron a estar en la mira. Se trató de los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fueron denunciados por la ANSES  ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por fallar a favor de que, en un contexto inflacionario, se aumenten las jubilaciones. Afortunadamente, y luego del repudio masivo en las redes sociales y en distintas movilizaciones a tribunales, el Consejo de la Magistratura rechazó por unanimidad la apertura del proceso de remoción a principios de noviembre.

En un caso más reciente, el Juez Claudio Bonadío fue sancionado, basándose en denuncias viejísimas, con una rebaja salarial del 30% por avanzar con sus investigaciones en el caso Hotesur, donde investiga a la familia Kirchner por lavado de dinero. Sin embargo, esto no frenó al magistrado, quien continúa avanzando en la causa. El intento de destituirlo no encontró mayoría suficiente en el Consejo de la Magistratura. Fue el mismo Bonadío quien envió a juicio oral al Vice Presidente de la Nación, Amado Boudou, por falsificación de documentos. Recordemos que Boudou ya había sido procesado por el juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone.

No perdamos el foco: no hay indicios de que la arremetida kirchnerista contra la Justicia y contra aquellos que denuncian o investigan hechos de corrupción vaya a detenerse. Sin ir más lejos, Alberto Eduardo Sadous, ex-embajador en Venezuela, fue denunciado por Julio de Vido y enviado a juicio oral hace días por presunto falso testimonio, por haber denunciado pedidos de coimas a empresarios para poder sumarse a negocios relacionados con exportaciones.

Haber valorado como sociedad la decencia y defender a aquellos que cumplen con su deber fue definitivamente un factor clave para que la impunidad del Poder retrocediese. A partir de allí la justicia tendrá en 2015 el marco institucional y ciudadano propicio para avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de la última década.

El miedo al caudillo ausente

En los días siguientes al confuso comunicado de Presidencia que informaba la prescripción de reposo a Cristina Kirchner me encontré inmerso en repetidos diálogos con gente muy preocupada por la suerte del país durante la incierta transición que se abría. No estoy hablando de personas apenadas por la salud personal de la mandataria -congoja que muchos de ellos también sienten, naturalmente- sino de ciudadanos apesadumbrados por la salud institucional del país. La mayoría de ellos antikirchneristas, que seguramente participaron del 13S, 8N y 18A.

Durante esta década se ha criticado la fenomenal acumulación de poder político y recursos económicos en la Presidencia de la Nación. Mucho se ha censurado un estilo de gobierno personalista en exceso, que ignoró los frenos y contrapesos de nuestro régimen constitucional. Por ello, me resultó notable que se suscitase angustia ante la temporaria ausencia de la líder vituperada. Si hasta hace ese día deplorábamos una gestión que postergaba los problemas de fondo como la inflación, la inseguridad y el empleo y nos imponía una agenda de conflictos innecesarios como el 7D, la “democratización” de la Justicia, el cepo publicitario, el ataque a LAN o los altercados con los países vecinos, ¿qué había cambiado de repente?

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