Por: Juan Curutchet
A fin de año solemos tener la costumbre de hacer un balance del año que está terminando. Festejamos lo que salió bien, repasamos lo que no salió del todo bien y, así, proyectamos cómo queremos encarar el año entrante.
Si hiciésemos un balance de este año en materia judicial, tendríamos sobrados motivos para celebrar. Fue un año marcado por dos grandes factores: el primero, la participación comprometida de la ciudadanía en los temas de Justicia. El segundo, el retroceso de la impunidad del Poder. No tengo dudas, lo segundo es consecuencia de lo primero.
Repasemos: a finales del 2013, el fiscal José María Campagnoli, en un juicio exprés y sin posibilidades de defenderse, fue suspendido de sus funciones por investigar la corrupción en el seno del poder político. Luego de varias idas y vueltas, que incluyeron el desmantelamiento de su equipo de trabajo, la rebaja de su salario y el sometimiento a un Jury de enjuiciamiento plagado de irregularidades y jurados de dudosa imparcialidad, la farsa se tornó insostenible: el kirchnerismo no llegó con los votos y, para finales de octubre, optó por la salida decorosa de restituirlo en sus funciones por agotarse el tiempo del jury. Gran parte de esta victoria de la justicia independiente fue gracias a la participación ciudadana: sólo a modo de ejemplo, podemos recordar la movilización de 20 mil personas a la sede de la Procuración General de la Nación el 18 de Junio, en medio del Mundial, el enorme apoyo en las redes sociales y la campaña de recolección de firmas iniciada por la agrupación de abogados Será Justicia que culminó con la presentación de estas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego de Campagnoli, el embate contra la justicia independiente continuó: en octubre, dos camaristas de la Seguridad Social pasaron a estar en la mira. Se trató de los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fueron denunciados por la ANSES ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por fallar a favor de que, en un contexto inflacionario, se aumenten las jubilaciones. Afortunadamente, y luego del repudio masivo en las redes sociales y en distintas movilizaciones a tribunales, el Consejo de la Magistratura rechazó por unanimidad la apertura del proceso de remoción a principios de noviembre.
En un caso más reciente, el Juez Claudio Bonadío fue sancionado, basándose en denuncias viejísimas, con una rebaja salarial del 30% por avanzar con sus investigaciones en el caso Hotesur, donde investiga a la familia Kirchner por lavado de dinero. Sin embargo, esto no frenó al magistrado, quien continúa avanzando en la causa. El intento de destituirlo no encontró mayoría suficiente en el Consejo de la Magistratura. Fue el mismo Bonadío quien envió a juicio oral al Vice Presidente de la Nación, Amado Boudou, por falsificación de documentos. Recordemos que Boudou ya había sido procesado por el juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone.
No perdamos el foco: no hay indicios de que la arremetida kirchnerista contra la Justicia y contra aquellos que denuncian o investigan hechos de corrupción vaya a detenerse. Sin ir más lejos, Alberto Eduardo Sadous, ex-embajador en Venezuela, fue denunciado por Julio de Vido y enviado a juicio oral hace días por presunto falso testimonio, por haber denunciado pedidos de coimas a empresarios para poder sumarse a negocios relacionados con exportaciones.
Haber valorado como sociedad la decencia y defender a aquellos que cumplen con su deber fue definitivamente un factor clave para que la impunidad del Poder retrocediese. A partir de allí la justicia tendrá en 2015 el marco institucional y ciudadano propicio para avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de la última década.