En apenas cuatro meses, el presupuesto 2013 sancionado por el Congreso el 1° de noviembre quedó rezagado por el vértigo de las novedades económicas, que dejaron a la vigente “ley de leyes” al borde de la irrelevancia. Es que la norma fue elaborada en base a objetivos difíciles de cumplir a lo largo del año y que ponen bajo cuestionamiento su utilidad.

Uno de ellos es la inflación, prevista en 10,8% para los doce meses. En la medición oficial, sólo en enero alcanzó el 1,1%, y el 2,58% según un promedio de consultoras privadas. Los acuerdos de precios en los supermercados por 60 días dejaron en claro que incluso las perspectivas del Gobierno superan ampliamente el cálculo inicial, como para que se justifique esa medida drástica. Según el IPC que difunden legisladores de la oposición, la inflación anualizada se sostiene sobre 26% interanual.

En el mismo sentido, estipula un dólar oficial promedio de $5,10 para todo el año, cuando cotiza a $5,04 antes de concluir febrero. Desde ya, la norma no contempla el salto alcista del dólar informal, aun cuando tiene cierta incidencia en la formación de precios y en las expectativas de inflación y depreciación del peso.

En la ley 26.784, el Ministerio de Economía anticipó un incremento de la actividad económica del 4,4% para este año, una meta más realista, al preverse una ligera aceleración de la economía brasileña -principal demandante de las manufacturas nacionales- y una cosecha 20% mayor en la actual campaña, después de la magra producción agrícola de 2012 por la sequía.

En los últimos dos años, el presupuesto fijó metas de crecimiento exageradas, incluso por encima de las proyecciones privadas, cuando hasta 2010 siempre había subestimado el incremento del PBI esperado. Por ejemplo, en el presupuesto 2011 se contempló un crecimiento económico de 4,3%, que resultó finalmente 8,9 por ciento. En cambio, en la ley de 2012 se fijó un crecimiento de 5,1%, cuando el resultado del año pasado según el Indec fue de 1,9% y para los cálculos privados, más cerca de cero.

A la hora de reconocer un menor pago de deuda, es razonable que el Gobierno mida entonces un crecimiento más cercano al real en 2013, incluso inferior al 3,26% anual que gatillaría en 2014 el desembolso de dólares por el cupón atado al PBI. El eventual pago de este cupón asciende a u$s3.500 millones y completa los u$s7.967 millones destinados al Fondo de Desendeudamiento para cancelar deuda privada y pública del corriente ejercicio. De no hacerse efectivo el pago, el Gobierno contará con ese dinero extra para reubicarlo a su criterio, por ejemplo, en importaciones de combustibles o inversiones para YPF.

En años anteriores la subestimación de las cifras permitió profundizar la reasignación de fondos sin intervención legislativa y mostró un superávit más abultado que el pronosticado. La actual sobreestimación disfraza un creciente déficit fiscal y reemplaza aquel efecto contable positivo por un pronóstico que busca mejorar las expectativas sobre una economía estancada.

En otros aspectos, los cálculos del Ejecutivo se acercan a la realidad: se espera un crecimiento nominal de la recaudación del 22,7%, un porcentaje próximo a la inflación. También se estima un alza del consumo del 4,3%, similar al del incremento que se augura para la actividad económica. Los derechos por exportaciones ($77.963,5 millones) contribuirán a los ingresos tributarios la mitad que el impuesto a las Ganancias ($161.579,9 millones). También es consistente un superávit comercial de u$s13.325 millones, un 5,2% más que en 2012.

Un ejemplo claro de la divergencia entre los números reales y los presupuestados -y convalidados por el voto de los legisladores- es el del resultado fiscal del año pasado. El presupuesto estimaba un superávit primario cercano a $46.300 millones, mientras que según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) concluyó con un déficit primario de $8.181 millones, atenuado por las transferencias del Banco Central y la ANSeS. Sin embargo, para este año, el presupuesto estipula un superávit primario de $55.893 millones, un 20% más que la meta prefijada para 2012.

Desde hace una década que la ejecución presupuestaria mantiene groseros desfasajes con las leyes sancionadas por el Congreso, mientras que siguen vigentes las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros -los llamados “superpoderes”- para redistribuir partidas, que otorgan a los Gobiernos la posibilidad de disponer de los fondos en forma arbitraria. Aún más grave es la delegación de esas atribuciones por parte del Poder Legislativo y su desidia para exigir que se rindan cuentas sobre la administración del dinero público.