En la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros del 12 de marzo de 2014, la senadora por la provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, solicitó a Jorge Capitanich que indique en qué momento el gobierno nacional pagará a su provincia los $ 823 millones que le se deben en concepto de coparticipación. Este mismo reclamo ya había sido efectuado el 30 de diciembre de 2013 por el gobernador Claudio Poggi, sin resultado positivo. Siendo que la actual administración elude las respuestas y tampoco cumple con los pagos que adeuda a mi provincia, corresponde recordar los fundamentos de dicho reclamo y los fundamentos que le otorgan legitimidad.

El 27 de febrero de 2002 el Gobierno Nacional y varias administraciones provinciales firmaron el “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este pacto fiscal estableció dos cuestiones centrales:

1) Eliminó temporariamente el porcentaje mínimo que la Nación debe girar mensualmente a las provincias, sobre los impuestos nacionales recaudados. Ese porcentaje mínimo en ese momento era el 34% de lo recaudado.

2) Creó un plan financiero mediante el cual los Estados provinciales le transfirieron al Estado nacional parte de su deuda pública (en gran medida nominada en dólares), para que este último renegociara con los acreedores externos e internos. A cambio de ello, el gobierno nacional se convirtió en acreedor de los Estados provinciales. El objetivo de este canje fue “desendeudar” en moneda extranjera a las provincias, ya que la devaluación de 2002 hacía imposible el cumplimiento efectivo por parte de aquellas de las obligaciones contraídas en dólares.

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