Hong Kong, nueva expresión del desafío de las ciudades inteligentes

En los últimos años, el surgimiento de movilizaciones masivas convocadas por ciudadanos en diferentes ciudades inteligentes de todo el mundo evidencia un nuevo desafío global en el vínculo entre gobernantes y gobernados.

El concepto smart city o ciudad inteligente puede resumirse como la aplicación de tecnología en transporte, medio ambiente, gobierno, energía y todas aquellas áreas que son centrales para una ciudad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Según los rankings más reconocidos, los distritos mejor posicionados son megaciudades como Londres, New York, Barcelona o Berlín, entre otras. En América Latina, Medellín, Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires y Santiago son las más destacadas. Así, rara vez encontramos una “ciudad inteligente” que no sea global, grande y con un PBI elevado. También existen ciudades inteligentes creadas desde cero, como Songdo (cercana a Seúl), Masdar (Abu Dabi) y Yachay (Ecuador).

Hay, sin embargo, un dato que rara vez se tiene en cuenta al analizar estas ciudades inteligentes: la mayoría de ellas ha tenido en los últimos años manifestaciones masivas, en las que la tecnología ha sido una herramienta central para la organización ciudadana. Hubo protestas en Londres, Nueva York y Boston con el movimiento Occupy; Madrid y Barcelona, con los indignados y el reciente movimiento por la independencia catalana; Río de Janeiro y San Pablo, con movilizaciones antes del mundial de fútbol; Santiago, con manifestaciones estudiantiles; Buenos Aires, con cacerolazos, y más recientemente Hong Kong, con movilizaciones prodemocráticas en contra el régimen chino.

Estamos siendo testigos de cómo los ciudadanos se organizan inteligentemente, con sistemas descentralizados de comunicación y sin la necesidad de instituciones formales. Las actuales movilizaciones de Hong Kong son un claro ejemplo de ello. Ante la censura y control de determinadas redes sociales por parte del gobierno, una de las aplicaciones más utilizadas por los manifestantes es FireChat, un servicio de mensajería instantánea que no necesariamente requiere internet para funcionar. Aunque el gobierno chino controle la infraestructura de comunicación y esto le permita bloquear noticias sobre la protesta, gracias a este sistema los manifestantes han creado una red de conexión por proximidad mediante dispositivos con Bluetooth, intercambiando mensajes sin la necesidad de conectarse a internet. Desde las primeras movilizaciones de los indignados o el Occupy, la organización ciudadana aprende en el tiempo, se hace más inteligente, y se adapta a los obstáculos y particularidades de cada contexto.

A diferencia de las innovaciones industriales, lo revolucionario de estas tecnologías es que el usuario define el designio y la utilidad de las innovaciones. Los creadores de Facebook o FireChat no pensaron inicialmente en una tecnología para organizar movilizaciones contra regímenes políticos. Pero el usuario completa la tecnología, la adopta y transforma según sus necesidades.

A pesar que en su gran mayoría las protestas son dirigidas hacia gobiernos nacionales, son en las grandes ciudades donde estos conflictos se materializan. La combinación de densidad poblacional y las diferencias en el acceso a la toma de decisiones las han transformado a en centros de autoexpresión. No es casual que en ciudades globales que poseen altos niveles de desarrollo se den al mismo tiempo protestas masivas. Un individuo movilizado es un individuo que interactúa con y hace uso del medioambiente urbano, sus espacios y sus calles. A la interacción que generan las ciudades se suma el impacto de las tecnologías para diseminar ideas entre pares.

Las ciudades no son un lugar en el espacio, sino historias en el tiempo. Más de allá de que las construcciones e infraestructuras inteligentes pueden tener un impacto positivo en la vida cotidiana, no hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Hace años que venimos presenciando cómo la gente se organiza gracias al uso de la tecnología, para marchar frente a un gobierno, combatir el cambio climático o reclamar derechos denegados. La ciudad es la plataforma que permite este intercambio, siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora no necesariamente precisamos de organizaciones formales para coordinar acciones colectivas. En épocas donde nunca antes hemos contado con tantas herramientas para escuchar a los ciudadanos, el desafío estará en fortalecer y mejorar los canales de transmisión de demandas. Una smart city deberá ser también una ciudad abierta.

Por eso, las ciudades inteligentes ya no se definen por su orden y equilibrio, sino por la posibilidad que brindan a sus habitantes para una mayor autodeterminación. Algo que generalmente produce tensiones, como las expresadas por los movimientos ciudadanos actuales.

Instituciones activas para mejorar nuestra democracia

En los últimos años, hemos sido testigos de un movimiento internacional por la apertura de los datos que maneja el Estado denominado open data (datos abiertos). En nuestro país, el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias como Neuquén y Misiones, y algunos municipios, como Bahía Blanca, comenzaron a abrir datos en formatos que pueden ser “leídos” no solo por humanos, sino también por aplicaciones o software.
Este movimiento pregona por la transparencia, es decir, que los datos estén disponibles en la web y que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos sin ninguna restricción.

A pesar de ser una iniciativa muy valiosa, es un principio incompleto. La transparencia es una causa necesaria pero de ninguna manera suficiente para generar cambios positivos en la calidad de los gobiernos democráticos. El open data puede ser un insumo sumamente valioso tanto y en cuanto mejore el accionar de las agencias de rendición de cuentas. El principio de la transparencia se transforma en un ideal incompleto si no existen agencias o instituciones con capacidad de sancionar y obligar a la rendición de cuentas. Si el poder de la transparencia se deriva en el “poder de la vergüenza”, su influencia sobre los sinvergüenzas puede ser muy limitada.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Estado nacional a brindar información requerida por CIPPEC sobre los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social remarca que “la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, o que “el Estado tiene la información solo en cuanto representante de los individuos”. El fallo tiene una gran similitud con el espíritu de los datos abiertos: el Estado es un recolector y administrador de los datos de la ciudadanía.

Es clave entender que el fin de los datos abiertos es mejorar la calidad de nuestras democracias. Y en la mejora de esa calidad se necesitan instituciones activas, algo más que desarrolladores, hackers e internet. Para “hackear el sistema” primero necesitamos instituciones.

Aunque las nuevas tecnologías han debilitado el accionar de muchos intermediarios, estos siguen siendo importantes. Que en el ecosistema del open data existan organizaciones de la sociedad civil, periodistas y programadores permite reforzar o activar los controles intraestatales de la transparencia. Pero sin un adecuado marco normativo de acceso a la información pública -nuestro país todavía no tiene una ley nacional al respecto- y una eficaz aplicación de la ley, las posibilidades de los datos abiertos son limitadas.

Más que camino a la transparencia, como componente esencial del gobierno abierto el open data debe ser un camino a la rendición de cuentas, por lo que los incentivos estatales a la transparencia deben estar respaldados por mecanismos de obligatoriedad. El avance de las nuevas tecnologías en las actividades de gobierno puede tener verdaderos impactos positivos, pero no por ello debemos dejar de lado el papel y la importancia de las instituciones en el tema.