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Flojos de papeles

La escalada judicial sobre ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo tuvo uno de sus puntos más álgidos en las sociedades fantasmas radicadas en el exterior, con el propósito de fugar capitales de origen dudoso. Pero súbitamente la ruta del dinero offshore se tropezó con un pasajero inesperado: nada menos que el Presidente apareció como director de una empresa offshore del grupo Macri. Las aclaraciones oficiales oscurecen: la empresa, según Mauricio Macri, estaba destinada a realizar inversiones en Brasil. Pero, ¿por qué no las hizo desde Argentina? La creación de una firma offshore sólo se explica para evadir las leyes fiscales. La cruzada anticorrupción ha terminado con los cruzados en el banquillo.

 

Fuga de capitales y deuda externa

Las firmas offshore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. Su nave insigne, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri —con sus afiliadas Socma y Sevel— es recordado por los autopréstamos que realizaba desde las cuevas offshore a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” fueron estatizadas (Domingo Cavallo de los ochenta) o bien pesificadas (Domingo Cavallo de fines de los noventa) y su pago, transferido al conjunto de la población a través de enormes padecimientos. En los últimos años, se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. Es lo que habría hecho Lázaro Báez para blanquear el dinero proveniente de La Rosadita y transferido al exterior. En suma: vuelve a quedar en evidencia que uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina son “nuestros” empresarios. Continuar leyendo →

De esta crisis nadie se fuga

La fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez pone de manifiesto una verdadera crisis de Estado. La impunidad de la fuga, por un lado, y la de sus movimientos posteriores, por el otro, sacaron a la luz los vínculos que unen a los tres condenados con los aparatos políticos, judiciales o represivos que han gobernado la provincia y el país en los últimos años.

Los Lanatta frecuentaban a los punteros de los intendentes y a los barrabravas de los clubes, la misma fuente de reclutamiento de los asesinos de Mariano Ferreyra. La fuga y la impunidad posterior son un resultado inevitable de todo este entrelazamiento. Muy tardíamente, el Gobierno de Mauricio Macri-María Eugenia Vidal ha “descubierto” lo inevitable: a saber, que la Policía bonaerense no hará nada por detener a sus ¿ex? socios. En este cuadro, han iniciado una purga improvisada y parcial de una cúpula policial y del servicio penitenciario, a la que —en un claro pacto de convivencia— habían dejado mayoritariamente intacta. Continuar leyendo →

Macri, un adelantado de la “nueva” deuda externa

En la sesión legislativa de hoy, jueves 8, el gobierno de Mauricio Macri hará votar un nuevo aumento en la deuda externa de la Ciudad –esta vez, en 185 millones de dólares. Entre 2008 y 2013, el gobierno PRO triplicó la deuda porteña en moneda extranjera.  Con los nuevos compromisos que se habilitarán este jueves, la factura alcanzará los 2000 millones de dólares, una cifra que –después de la última devaluación- representa el 27% de los ingresos presupuestarios de la Ciudad. Si, como reclaman los economistas “Pro”,  la escalada devaluatoria da otra vuelta de tuerca, esa proporción se ubicará entre el 35 y 40% del presupuesto porteño. Los funcionarios de Macri se vanaglorian de haber bajado la tasa de interés en las sucesivas emisiones de deuda de los últimos tres años. No dicen que ello se logró a cambio  de acortar los plazos de devolución de los nuevos compromisos de deuda.  Justamente, la emisión que quieren aprobar ahora se relaciona con esos gravosos vencimientos: es que  los 185 millones irán destinados a amortizar la deuda que vencía este año, y que agrandó su peso después de la devaluación.  El gobierno PRO, por lo tanto, ya ingresó en la espiral de quienes toman deuda para pagar deuda. Para colmo, el proyecto que se pretende aprobar no especifica ni plazos ni intereses a pagar:  Macri le exige a la Legislatura un verdadero cheque en blanco.

¿A dónde fueron a parar los 2000 millones contraídos en estos años? El macrismo creó un difuso “Programa de Asistencia Financiera”,  que ha servido para borrar el rastro sobre el destino de los préstamos obtenidos. La participación de las obras de infraestructura en el presupuesto total se ha mantenido constante en los últimos diez años.  O sea que la nueva deuda cubrió, en su mayor parte, el aumento de gastos corrientes  Por si quedaran dudas de la desinversión, está a la vista el desastre de las inundaciones, por el incumplimiento de las inversiones previstas para el arroyo Medrano. En el mismo lapso en que se triplicó la deuda, los recursos efectivamente desembolsados para vivienda e infraestructura social se redujeron a la mitad. En contrapartida, y en una de las pocas emisiones de deuda con destino específico, el macrismo la destinó a la indexación de los contratos de recolección de residuos.  También tienen nombre y apellido los comisionistas de la deuda: la primera emisión de la gestión macrista (2008), de casi 500 millones de dólares, fue encargada –sin licitación- al Credit Suisse, a través de una “consultora” presidida por el ex jefe de campaña del PRO. Una emisión posterior fue encomendada al BST, un banco que está siendo investigado por operaciones de lavado de dinero.

El kirchnerismo porteño denuncia al endeudamiento del gobierno PRO,  pero se trata de pura demagogia.  En medio del tobogán de las reservas internacionales, el gabinete Capitanich-Kicillof  alienta abiertamente a las provincias al endeudamiento en dólares, con dos claros objetivos. Por un lado, desligar al tesoro nacional del auxilio a los distritos. Por el otro, asegurar, a como sea, el ingreso de dólares, para subir artificialmente el nivel de reservas.  Es claro que la nueva deuda que tomará Macri jugará esa función,  ya que le evitará al banco Central K desembolsar los dólares necesarios para amortizar la deuda que debía pagar este año el gobierno PRO. Al igual que YPF, los derechistas porteños están siendo peones del nuevo ciclo de endeudamiento externo que quiere abrir la administración “nacional y popular”.

En la sesión del jueves, denunciaremos esta tentativa, que forma parte de una orientación presupuestaria al servicio de la patria contratista y los negocios inmobiliarios.  El gobierno que se endeuda sostiene casi el 100% de sus ingresos en impuestos que gravan el consumo y el ingreso popular,  mientras que los capitalistas no aportan un peso por la renta extraordinaria que implica su sola radicación en el centro político, comercial y financiero del país. Plantearemos que se archive este nuevo pedido de deuda, y  una investigación  integral de las operaciones de endeudamiento desde que se inauguró la Ciudad Autónoma: destino de los fondos captados, comisiones pagadas y tenedores de sus títulos.

La otra cara de la toma de Lugano

Mientras la Metropolitana y la Federal tramaban el desalojo de la toma de Lugano, Mauricio Macri anunciaba la licitación para construir la “Villa Olímpica” a algunas cuadras del predio ocupado. El proyecto tiene como destino los terceros Juegos Olímpicos de la juventud, previstos para 2018 en Buenos Aires. La inversión anunciada, de 200 millones de dólares, equivale a todo el presupuesto anual de vivienda en la Ciudad. El macrismo dice que, después de los juegos, las obras quedarán “para provecho de los vecinos”. Pero el abismo entre el megaproyecto y la condición social de la Comuna 8 (Soldati-Lugano) es completo. Por caso, se ha prometido que el natatorio olímpico proyectado se destine luego a las escuelas, cuando en esta zona el déficit de vacantes escolares en escuelas estatales es pavoroso en todos sus niveles.

La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

El tarifazo

La Justicia porteña habilitó a Macri a un aumento del 40% en la tarifa del subte. El aumento del subte consuma el pacto entre Macri y el gobierno nacional, en ocasión de transferirle los subtes, que otorgaba ‘facultades ilimitadas’ al gobierno PRO para financiar la concesión. El aumento del subte apresura un boletazo general en el transporte. El jefe de Gabinete, Abal Medina, anticipó ‘una revisión de tarifas (…) necesaria’. Claro, el presupuesto 2014 prevé una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. 

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

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El círculo rojo y el círculo negro

La alusión de Mauricio Macri a un ‘círculo rojo’ de figuras ‘influyentes’ en torno de sí mismo ha levantado polvareda en la campaña electoral. Cristina Kirchner no dudó en identificar a ese círculo con una conspiración de las ‘corporaciones’, en alianza con la oposición. Pero olvidó decir que, en ese mismo reportaje, Macri relata las tratativas en torno de una alianza entre él, Massa y Scioli, que el jefe del PRO no descarta para un futuro próximo. La presidenta, en ese caso, debería reconocer que ha pactado su propia sucesión con uno de los preferidos del ‘circulo rojo’, el gobernador de Buenos Aires.

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

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Detrás del escrutinio, una crisis de poder

El kirchnerismo ha sufrido una colosal derrota electoral. Obtuvo un 26 % de los votos, menos de la mitad que hace dos años. Se cayó el “nos votó el 54 %”. El retroceso fue mayor al de 2009, cuando Kirchner sacó un 31 % y perdió en la provincia de Buenos Aires. Este domingo, además, el gobierno retrocedió o fue derrotado en provincias donde sus gobernadores habían obtenido la reelección en 2011 -particularmente, en el norte del país. El resultado electoral detonó una nueva diáspora en el kirchnerismo.

Final de un arbitraje tardío

Los resultados del domingo entierran la pretensión oficial de la re-reelección y han debilitado incluso una sucesión de Scioli, quien tendrá que rever su política. Los acercamientos a Massa de los intendentes bonaerenses que se habían quedado con los K anticipan un desbande político en la base principal de sustentación del kirchnerismo: el aparato de punteros pejotistas de Buenos Aires. A esto se agrega el éxodo anterior de buena parte de la burocracia sindical. Massa, sin embargo, enfrenta una dificultad enorme para poder asimilar esta nueva ola de emigrados. Esta crisis de orden general alimenta la ilusión del oficialismo de que podría remontar la derrota.

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Una guerra de “servicios” en el final de la campaña

El tramo final de campaña ha sacado a luz el verdadero rostro de los bloques políticos que pugnan por el primer lugar este domingo. A raíz del robo a la casa de Sergio Massa, la disputa electoral ha tomado la forma de una guerra al interior de los servicios de “seguridad”. En este caso, por la participación de un prefecto de la inteligencia estatal en delitos comunes. Del otro lado del mostrador, Massa quería darle un “perfil bajo” a su denuncia, para no revelar que en su “municipio modelo” la inseguridad ciudadana está desafiada por la misma cuestión que en todo el país: el entrelazamiento entre el aparato represivo del Estado (que Massa reforzó por todos los medios) y el delito organizado.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.