Por: Marcelo Ramal
La escalada judicial sobre ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo tuvo uno de sus puntos más álgidos en las sociedades fantasmas radicadas en el exterior, con el propósito de fugar capitales de origen dudoso. Pero súbitamente la ruta del dinero offshore se tropezó con un pasajero inesperado: nada menos que el Presidente apareció como director de una empresa offshore del grupo Macri. Las aclaraciones oficiales oscurecen: la empresa, según Mauricio Macri, estaba destinada a realizar inversiones en Brasil. Pero, ¿por qué no las hizo desde Argentina? La creación de una firma offshore sólo se explica para evadir las leyes fiscales. La cruzada anticorrupción ha terminado con los cruzados en el banquillo.
Fuga de capitales y deuda externa
Las firmas offshore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. Su nave insigne, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri —con sus afiliadas Socma y Sevel— es recordado por los autopréstamos que realizaba desde las cuevas offshore a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” fueron estatizadas (Domingo Cavallo de los ochenta) o bien pesificadas (Domingo Cavallo de fines de los noventa) y su pago, transferido al conjunto de la población a través de enormes padecimientos. En los últimos años, se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. Es lo que habría hecho Lázaro Báez para blanquear el dinero proveniente de La Rosadita y transferido al exterior. En suma: vuelve a quedar en evidencia que uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina son “nuestros” empresarios.
De la fuga al blanqueo
Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, Cristóbal López o Paolo Rocca son episodios menores en el extendido fenómeno de la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han duplicado largamente. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolão brasileño —y las de quienes lo denunciaron— se han sumado a esa bolsa negra.
Pero el Gobierno de Cambiemos ya pergeña una salida para los tenedores de la plata offshore: un blanqueo de capitales donde se cambie dinero negro por títulos de deuda, y a estos por activos nacionales. Al respecto, y aunque buena parte del patrimonio público fue rematado por el menemato, queda todavía un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los k han acordado en la Legislatura porteña la formación de una agencia de bienes cuya cartera de privatizaciones superaría los diez mil millones de dólares. Semejante operación bien podría valer a futuro una tregua en la guerra judicial, más aún si asegura un encubrimiento a dos bandas —los protagonistas de Panama Papers, de un lado, y los de la Rosadita, del otro.
Los carpetazos cruzados deben arrojar luz sobre el conjunto del proceso político y económico. La enorme crisis nacional que han dejado los Kirchner, los Jaime o los Macri —y toda la clase social que fugó el ahorro nacional— quiere ser ahora trasladada a trabajadores, jubilados y consumidores, por la vía de un ajuste brutal. Pero los ajustadores están flojos de papeles y no tienen autoridad política para avanzar en semejante desfalco. En medio del vodevil de los carpetazos y las sedes judiciales, los trabajadores deben hacer oír su voz y sus intereses.