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El apellido de un Estado policial

El máximo tribunal porteño abrió el camino para que Macri equipe a su policía con  pistolas Taser,  un arma largamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.  Las Taser son verdaderas picanas portátiles.  Aunque su uso es defendido por sus supuestos efectos no letales,  la aplicación de electrochoques abusivos ha sido causa de muertes en diversos países.  Las descargas no dejan huellas en sus víctimas, lo que pavimenta el camino a las mayores arbitrariedades policiales. 

El tribunal consideró infundadas las advertencias de los fallos de primera y segunda instancia, a las que juzgó de “conjeturales” e “hipotéticas”. Pero no se trata de conjeturas, sino de la práctica concreta de la Metropolitana, la policía fundada por Fino Palacios.  Para demostrarlo, están las brutales represiones en el Hospital Borda o en la sala Alberdi del  Teatro San Martín.   Las Taser no son un hecho excepcional,  sólo le ponen apellido a la matriz de un Estado policial.

La venia a las Taser nos deja fuertes enseñanzas de carácter político.

El rearme del Estado PRO es simultáneo al anuncio de la alianza Macri –Sanz,  que pretende gobernar el país en nombre del republicanismo y la transparencia. En la mesa de acuerdos de este pacto, figuran, de un lado, los importadores  de las Taser. Del otro, los que debutaron con una represión en Corrientes que cobró dos muertos, y se fueron del gobierno con decenas de víctimas fatales en la tarde de un 20 de diciembre.

Por otra parte,  la Metropolitana de las Taser, de la represión al Borda y otros episodios brutales se encuentra bajo la dirección política de un ministro que, en la interna macrista,  apoya la candidatura de “Gabriela”. Que sirva de advertencia para aquellos que creen que en las PASO porteñas existe un mal menor (y que Michetti se enfrenta “al aparato”).

El kirchnerismo ha salido a rasgarse las vestiduras por estos hechos.  Pero  ¿cuál es su autoridad, de cara al nefasto Proyecto X o a los abultados presupuestos dirigidos a reforzar la inteligencia militar al mando del represor Milani?

Contra los partidos y gobiernos que refuerzan sus aparatos de represión y espionaje al servicio de la precarización laboral, el hipotecamiento del país o la privatización del suelo,  la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes marcharemos este 24 de marzo.

Trabajar por la urbanización de la Villa 20

La reunión de la Comisión de Vivienda del lunes 1 de setiembre concentró todas las tensiones políticas derivadas del desalojo de Lugano. Más de doscientos vecinos, de la villa 20 y de otros barrios, se hicieron presentes y expusieron su situación: la brutalidad del desalojo ejecutado por la Metropolitana y la gendarmería nacional; el maltrato y hostigamiento que reciben ahora en los paradores u hogares donde fueron alojados; la vía libre a los narcos por parte del Estado y de sus fuerzas de ‘seguridad’.

Fue una denuncia brutal contra los dos Gobiernos. A renglón siguiente, el presidente de la comisión propuso tratar los proyectos “relacionados con la toma de Lugano”. Entre ellos, varias declaraciones o “pedidos de informes”. Pero no incluyó en el temario al proyecto de urbanización integral del barrio “Papa Francisco” y de la Villa 20, que nuestra banca presentó junto con otros diputados a partir de un trabajo de docentes de Arquitectura de la UBA y de los propios delegados villeros.

El argumento exhibido por la mayoría de los diputados, tanto macristas como kirchneristas, es que resultaba “absurdo” votar un proyecto que aún no había sido discutido por los asesores de la comisión. Una pura dilación, porque hace semanas que fue presentado y porque el PRO no quiere ninguna urbanización, cualquiera sea el proyecto que se trate.

En estas condiciones, mocionamos que el proyecto se incluyera en el orden del día y que también fuera votado por la comisión. Se encontraban presentes cinco diputados del PRO y cinco de la oposición, y el desempate por parte del presidente podía ser favorable al proyecto. De distintos modos, intentamos ser persuadidos por los K para que “no se vote”, ya que “no estaban asegurados los votos en el recinto”. Señalamos que era al revés: que teníamos que arrancar un dictamen favorable en la comisión, y luego, a través de una enérgica campaña política, preparar las condiciones para una votación favorable en el recinto. Nuestra moción, apoyada por el bloque de La Alameda, fue calurosamente sostenida por los vecinos presentes. El diputado kirchnerista “Quito” Aragón, que intentó denostar nuestro planteo, fue abucheado. La reunión se convirtió en una caldera, mientras el público reclamaba “que se vote, que se vote”.

Bajo esa gigantesca presión, los dos diputados kirchneristas presentes tuvieron que apoyar la moción del Frente de Izquierda. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Comisión, de UNEN. El despacho, con voto mayoritario, estaba en condiciones de ser aprobado. Mientras algunos diputados macristas interponían chicanas para ganar tiempo, otros entraban en estado de desesperación. En esas condiciones, el macrismo trajo de su casa al diputado José Luis Acevedo, con el único objetivo de levantar la mano e impedir una votación a favor de la urbanización de la Villa. La llegada de Acevedo desató el escándalo y el repudio de todos los presentes. Lo mismo ocurrió con los reclamos para la sesión de un predio donde puedan erigirse viviendas transitorias a los desalojados, que se lo exigimos igualmente a la Nación y a la Ciudad.

Ningún encubrimiento

Despejada nuestra tentativa de debatir la urbanización de la Villa, la presidencia de la comisión propuso aprobar los pedidos de informes y declaraciones relacionados con la crisis de Lugano. Nos opusimos a firmarlos, no por su contenido, sino por la función política de esos proyectos inocuos: distraer la atención legislativa de la única cuestión que importa, o sea, la urbanización de la Villa 20. Señalamos que, en relación al punto, sólo íbamos a apoyar lo que implicara la conquista efectiva del derecho a la vivienda. De ese modo, desenmascaramos el parlamentarismo vacío de los bloques patronales. Los vecinos presentes desarrollaron toda una experiencia política.

La reunión de la legislatura ha dejado dos tareas precisas. Por un lado, es necesario redoblar la campaña por la aprobación del proyecto de urbanización. En segundo lugar, reagrupar y rodear de solidaridad a los desalojados, que el Gobierno pretende expulsar de los paradores para promover su desmoralización. Todo el movimiento de lucha por el techo debe sumarse: una victoria en Lugano servirá de palanca para impulsar la lucha de todas las villas de la Ciudad.

El PRO y los K, juntos y en silencio, por el pago a los buitres

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad aprobó una declaración consensuada entre el kirchnerismo y la mayoría del PRO, saludando las gestiones oficiales y de opositores en pos de un arreglo de deuda con los fondos buitre, y para continuar con el pago del conjunto de la deuda.

La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

Macri, un adelantado de la “nueva” deuda externa

En la sesión legislativa de hoy, jueves 8, el gobierno de Mauricio Macri hará votar un nuevo aumento en la deuda externa de la Ciudad –esta vez, en 185 millones de dólares. Entre 2008 y 2013, el gobierno PRO triplicó la deuda porteña en moneda extranjera.  Con los nuevos compromisos que se habilitarán este jueves, la factura alcanzará los 2000 millones de dólares, una cifra que –después de la última devaluación- representa el 27% de los ingresos presupuestarios de la Ciudad. Si, como reclaman los economistas “Pro”,  la escalada devaluatoria da otra vuelta de tuerca, esa proporción se ubicará entre el 35 y 40% del presupuesto porteño. Los funcionarios de Macri se vanaglorian de haber bajado la tasa de interés en las sucesivas emisiones de deuda de los últimos tres años. No dicen que ello se logró a cambio  de acortar los plazos de devolución de los nuevos compromisos de deuda.  Justamente, la emisión que quieren aprobar ahora se relaciona con esos gravosos vencimientos: es que  los 185 millones irán destinados a amortizar la deuda que vencía este año, y que agrandó su peso después de la devaluación.  El gobierno PRO, por lo tanto, ya ingresó en la espiral de quienes toman deuda para pagar deuda. Para colmo, el proyecto que se pretende aprobar no especifica ni plazos ni intereses a pagar:  Macri le exige a la Legislatura un verdadero cheque en blanco.

¿A dónde fueron a parar los 2000 millones contraídos en estos años? El macrismo creó un difuso “Programa de Asistencia Financiera”,  que ha servido para borrar el rastro sobre el destino de los préstamos obtenidos. La participación de las obras de infraestructura en el presupuesto total se ha mantenido constante en los últimos diez años.  O sea que la nueva deuda cubrió, en su mayor parte, el aumento de gastos corrientes  Por si quedaran dudas de la desinversión, está a la vista el desastre de las inundaciones, por el incumplimiento de las inversiones previstas para el arroyo Medrano. En el mismo lapso en que se triplicó la deuda, los recursos efectivamente desembolsados para vivienda e infraestructura social se redujeron a la mitad. En contrapartida, y en una de las pocas emisiones de deuda con destino específico, el macrismo la destinó a la indexación de los contratos de recolección de residuos.  También tienen nombre y apellido los comisionistas de la deuda: la primera emisión de la gestión macrista (2008), de casi 500 millones de dólares, fue encargada –sin licitación- al Credit Suisse, a través de una “consultora” presidida por el ex jefe de campaña del PRO. Una emisión posterior fue encomendada al BST, un banco que está siendo investigado por operaciones de lavado de dinero.

El kirchnerismo porteño denuncia al endeudamiento del gobierno PRO,  pero se trata de pura demagogia.  En medio del tobogán de las reservas internacionales, el gabinete Capitanich-Kicillof  alienta abiertamente a las provincias al endeudamiento en dólares, con dos claros objetivos. Por un lado, desligar al tesoro nacional del auxilio a los distritos. Por el otro, asegurar, a como sea, el ingreso de dólares, para subir artificialmente el nivel de reservas.  Es claro que la nueva deuda que tomará Macri jugará esa función,  ya que le evitará al banco Central K desembolsar los dólares necesarios para amortizar la deuda que debía pagar este año el gobierno PRO. Al igual que YPF, los derechistas porteños están siendo peones del nuevo ciclo de endeudamiento externo que quiere abrir la administración “nacional y popular”.

En la sesión del jueves, denunciaremos esta tentativa, que forma parte de una orientación presupuestaria al servicio de la patria contratista y los negocios inmobiliarios.  El gobierno que se endeuda sostiene casi el 100% de sus ingresos en impuestos que gravan el consumo y el ingreso popular,  mientras que los capitalistas no aportan un peso por la renta extraordinaria que implica su sola radicación en el centro político, comercial y financiero del país. Plantearemos que se archive este nuevo pedido de deuda, y  una investigación  integral de las operaciones de endeudamiento desde que se inauguró la Ciudad Autónoma: destino de los fondos captados, comisiones pagadas y tenedores de sus títulos.

Una historia de estafas

La Justicia volvió a ordenar el desalojo del predio ocupado en la Villa 20 a los gobiernos nacional y porteño. En las últimas horas, la gendarmería y la Federal se estuvieron reuniendo con la policía de Macri. El desalojo violento remataría una larga historia de defraudación a las familias sin techo de la Villa 20 y de toda la Comuna 8. Las leyes de urbanización de esa villa, votadas hace ocho años, nunca se llevaron adelante. En cambio, sí se invirtió en el polo empresarial farmaceútico que se erige a pocas cuadras de allí.

En 2010 se prometió a las familias que ocuparon el Parque Indoamericano “un peso de Nación por cada peso de Ciudad” para la construcción de viviendas. Otra mentira, en perjuicio de muchos de los que hoy ocupan en Lugano. En su abrumadora mayoría, esas familias alquilan piezas ínfimas en la Villa 20, a un costo de más de mil pesos mensuales. La miseria salarial, por un lado, y la suba de los alquileres, por el otro, las obligaron a dejar sus viviendas y tomar un terreno. La ocupación retrata la miseria social extrema a la que condena la política capitalista a los más explotados.

Desde el principio, el PRO rechazó tratar en la Legislatura cualquier iniciativa para poner en marcha una urbanización de la Villa 20 con los actuales ocupantes censados, incluidas sus necesidades habitacionales. Esto es lo que planteamos nosotros a través de un proyecto de ley. El gobierno de Macri, en cambio, presentaba ante la Justicia un llamado “plan de urbanización”, previo “desalojo de las tierras ocupadas”. Un verso. Los diputados del kirchnerismo, UNEN y MST han denunciado, en un comunicado, “la violación sistemática de las leyes (de urbanización), pero agregando que “la ocupación de los terrenos no debería ser la forma de alcanzar una vivienda digna”. También llaman a una “solución pacífica”, pero no defienden el derecho a la vivienda por parte de los ocupantes. El que no quiere los medios no quiere los fines.

Una vez más, la cuestión de fondo en esta crisis es el destino de las tierras ociosas del sur de la Ciudad, que para Macri y Cristina Kirchner deben reservarse para que el capital financiero extienda la especulación inmobiliaria desde Puerto Madero. Así lo refleja el Plan Maestro para la Comuna 8 y la negativa sistemática a urbanizar las villas, o refaccionar y reconstruir los complejos habitacionales de Lugano y de Soldati.

En este cuadro, planteamos:

1) ningún desalojo

2) realización de un censo integral para establecer el universo de todas las familias con necesidades habitacionales en la Villa 20, incluyendo a quienes alquilan y a los actuales ocupantes

3) inmediato inicio de la urbanización de la villa bajo control de representantes electos, incluyendo al conjunto de las tierras originalmente destinadas para ello -incluidas las que intrusa la Policía Federal

4) plan de urbanización bajo participación y control de representantes electos

5) créditos para acceder a las viviendas, que no superen el 20% del ingreso familiar.

El tarifazo

La Justicia porteña habilitó a Macri a un aumento del 40% en la tarifa del subte. El aumento del subte consuma el pacto entre Macri y el gobierno nacional, en ocasión de transferirle los subtes, que otorgaba ‘facultades ilimitadas’ al gobierno PRO para financiar la concesión. El aumento del subte apresura un boletazo general en el transporte. El jefe de Gabinete, Abal Medina, anticipó ‘una revisión de tarifas (…) necesaria’. Claro, el presupuesto 2014 prevé una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. 

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

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El círculo rojo y el círculo negro

La alusión de Mauricio Macri a un ‘círculo rojo’ de figuras ‘influyentes’ en torno de sí mismo ha levantado polvareda en la campaña electoral. Cristina Kirchner no dudó en identificar a ese círculo con una conspiración de las ‘corporaciones’, en alianza con la oposición. Pero olvidó decir que, en ese mismo reportaje, Macri relata las tratativas en torno de una alianza entre él, Massa y Scioli, que el jefe del PRO no descarta para un futuro próximo. La presidenta, en ese caso, debería reconocer que ha pactado su propia sucesión con uno de los preferidos del ‘circulo rojo’, el gobernador de Buenos Aires.

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

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ABL: la política del tarifazo asegurado

La Legislatura porteña acaba de votar una ley que fija ‘topes’ al aumento del ABL en 2014. Los aumentos “no podrán ser superiores” a porcentuales que van del 20 al 40%, según el valor de la propiedad. Antes de la sanción de esta ley, el gobierno macrista tenía previstos aumentos del 50 al 100% para esas mismas franjas de viviendas. Por eso, los diputados K -que votaron sin vacilaciones la reducción de los aumentos- se vanagloriaron de haberle puesto límites a la voracidad fiscal del PRO.

En 2011, Macri reformó el impuesto inmobiliario, impulsando un plan de incrementos anuales en la tarifa y en la valuación de las propiedades. Desde entonces, las quejas por aumentos superiores al 100% han sido moneda corriente en la mayoría de los barrios de la Ciudad. Pero Macri va por más: su objetivo declarado es que las viviendas aporten en un año el 1% de su valor, el doble de lo que -según el gobierno- se paga actualmente.

La ley votada el jueves por el macrismo y los K hace más lento el camino del tarifazo, pero lo legitima. Por caso, se han autorizado aumentos de hasta el 30% en una propiedad de entre 150.000 y 300.000 de valuación fiscal. Considerando que estos valores fiscales representan alrededor de la cuarta parte del precio de mercado, y tomando el valor del “dólar Cedin”, un aumento del 30% -como el que acaba de convalidar la Legislatura- afectaría a propiedades de 100.000 de dólares, lo que valen dos o tres ambientes en un barrio de clase media de la Ciudad. El cheque en blanco otorgado por los legisladores tampoco toma en cuenta cuál será la inflación de 2014: una baja brusca (y un congelamiento correlativo en los salarios) volverían a estos aumentos directamente confiscatorios.

La mayoría de Proyecto Sur se abstuvo. Ello, después de haberle votado al PRO en diciembre de 2012 las correcciones tarifarias que derivaron en los posteriores impuestazos.

Impuesto y especulación inmobiliaria 

En los últimos años, la especulación inmobiliaria ha empujado para arriba los valores de la propiedad y del suelo en la Ciudad. El gobierno de Macri ha sido un agente activo de esa especulación, recientemente reforzada con los proyectos de enajenación de tierras públicas votados en acuerdo con los K.

Pero esa valorización no implica una renta económica para el propietario de una vivienda de uso familiar: si la vendiera y quisiera reemplazarla por otra de comodidades similares, debería desembolsar la misma suma. (Por este mismo motivo, debería abolirse cualquier impuesto a la tenencia de una vivienda única). En cambio, el impuestazo en el ABL transforma al gobierno PRO en beneficiario de la especulación inmobiliaria que él mismo genera, al capturar bajo la forma de impuestos la renta extraordinaria que surge de esa especulación. Si Macri llega a su objetivo -recaudar el 1% del valor de la propiedad en un año-, una vivienda de 70 metros cuadrados, por ejemplo, obligaría a una familia que gana la canasta familiar a pagar ¡el 5%! de sus ingresos anuales en concepto de impuesto inmobiliario.

En oposición a esta confiscación económica, planteamos la abolición de todo impuesto a la vivienda única. El presupuesto de la Ciudad debe financiarse con impuestos progresivos al gran capital inmobiliario, financiero y de servicios radicado en la Ciudad, que sí obtiene un usufructo económico extraordinario de su radicación en la capital del país.