Por: Marcelo Ramal
La Legislatura porteña acaba de votar una ley que fija ‘topes’ al aumento del ABL en 2014. Los aumentos “no podrán ser superiores” a porcentuales que van del 20 al 40%, según el valor de la propiedad. Antes de la sanción de esta ley, el gobierno macrista tenía previstos aumentos del 50 al 100% para esas mismas franjas de viviendas. Por eso, los diputados K -que votaron sin vacilaciones la reducción de los aumentos- se vanagloriaron de haberle puesto límites a la voracidad fiscal del PRO.
En 2011, Macri reformó el impuesto inmobiliario, impulsando un plan de incrementos anuales en la tarifa y en la valuación de las propiedades. Desde entonces, las quejas por aumentos superiores al 100% han sido moneda corriente en la mayoría de los barrios de la Ciudad. Pero Macri va por más: su objetivo declarado es que las viviendas aporten en un año el 1% de su valor, el doble de lo que -según el gobierno- se paga actualmente.
La ley votada el jueves por el macrismo y los K hace más lento el camino del tarifazo, pero lo legitima. Por caso, se han autorizado aumentos de hasta el 30% en una propiedad de entre 150.000 y 300.000 de valuación fiscal. Considerando que estos valores fiscales representan alrededor de la cuarta parte del precio de mercado, y tomando el valor del “dólar Cedin”, un aumento del 30% -como el que acaba de convalidar la Legislatura- afectaría a propiedades de 100.000 de dólares, lo que valen dos o tres ambientes en un barrio de clase media de la Ciudad. El cheque en blanco otorgado por los legisladores tampoco toma en cuenta cuál será la inflación de 2014: una baja brusca (y un congelamiento correlativo en los salarios) volverían a estos aumentos directamente confiscatorios.
La mayoría de Proyecto Sur se abstuvo. Ello, después de haberle votado al PRO en diciembre de 2012 las correcciones tarifarias que derivaron en los posteriores impuestazos.
Impuesto y especulación inmobiliaria
En los últimos años, la especulación inmobiliaria ha empujado para arriba los valores de la propiedad y del suelo en la Ciudad. El gobierno de Macri ha sido un agente activo de esa especulación, recientemente reforzada con los proyectos de enajenación de tierras públicas votados en acuerdo con los K.
Pero esa valorización no implica una renta económica para el propietario de una vivienda de uso familiar: si la vendiera y quisiera reemplazarla por otra de comodidades similares, debería desembolsar la misma suma. (Por este mismo motivo, debería abolirse cualquier impuesto a la tenencia de una vivienda única). En cambio, el impuestazo en el ABL transforma al gobierno PRO en beneficiario de la especulación inmobiliaria que él mismo genera, al capturar bajo la forma de impuestos la renta extraordinaria que surge de esa especulación. Si Macri llega a su objetivo -recaudar el 1% del valor de la propiedad en un año-, una vivienda de 70 metros cuadrados, por ejemplo, obligaría a una familia que gana la canasta familiar a pagar ¡el 5%! de sus ingresos anuales en concepto de impuesto inmobiliario.
En oposición a esta confiscación económica, planteamos la abolición de todo impuesto a la vivienda única. El presupuesto de la Ciudad debe financiarse con impuestos progresivos al gran capital inmobiliario, financiero y de servicios radicado en la Ciudad, que sí obtiene un usufructo económico extraordinario de su radicación en la capital del país.