Reflexiones sobre la productividad y las políticas públicas

Hace algunas semanas, la dirección de la imprenta Donnelley discontinuó su negocio en la Argentina, una decisión que afecta no sólo a 400 trabajadores, sino también a proveedores y clientes. A la fecha, la empresa se encuentra ocupada por trabajadores pertenecientes al sindicato gráfico. No resulta claro si los activos serán liquidados y reasignados a otros usos, comprados por algún inversor con el objetivo de mantener la planta en funcionamiento, o puestos bajo el control de los actuales trabajadores de la empresa, sea en el marco del sindicato que los agrupa, de una cooperativa o alguna otra forma organizativa.

El cese de actividad y el despido de empleados de cualquier empresa resultan eventos traumáticos. Sin embargo, contribuyen a reasignar recursos de sectores donde la productividad marginal de estos es menor a aquellos donde es mayor.

Esta reasignación es necesaria para el crecimiento económico del país: la diferencia de productividad que el recurso (por ejemplo mano de obra, galpones o camiones) tiene en el sector que se contrae, y la que logra en el sector al cual migra, es el “delta” de producción que el país obtiene como consecuencia del proceso de reasignación. Obsérvese que este “delta” no requiere inversión externa o doméstica, sino que ocurre sólo con sacar recursos de un lado y ponerlos en otro. El desafío no es frenar la reasignación de recursos (por ejemplo, mediante la cesión de la empresa a los trabajadores, o por medio de créditos concesionales a un grupo empresario “salvador”) sino facilitar que los recursos desplazados (en especial los trabajadores) puedan reinsertarse en otra actividad. Y aquí la política pública tiene campo para la acción.

Existen otros aspectos a resaltar. En los Estados Unidos, Donnelley es líder no sólo en procesos convencionales de impresión gráfica sobre papel, sino en actividades de los electrónicos impresos, tecnología que tiene enorme potencial en aplicaciones tan diversas como rótulos de embalaje, calcomanías y etiquetas “inteligentes”. También produce antenas impresas que pueden transmitir datos de temperatura, humedad, o -por ejemplo- la presencia de nicotina en un ambiente. Donnelley, en efecto, migra sus actividades desde aquellas destinadas a contraerse (impresión sobre papel legible) a otras más sofisticadas -dentro de una década mucho de lo que la empresa hacía hoy será visto como un anacronismo.

¿Qué implicancias tiene lo anterior para nuestro país? La respuesta es la siguiente: como ha sido demostrado en muchas investigaciones, es el cambio tecnológico -y no la mera inversión en capital físico- lo que permitió los importantes aumentos de PBI per cápita que experimentaron muchos países en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Cuando una empresa como Donnelley se va, esta posibilidad de cambio tecnológico y de formación de capital humano se reduce. La partida de Donnelley de ninguna manera se ve compensada con “un empresario amigo”, y mucho menos una “cooperativa de trabajadores” que permitan que la planta siga en producción. Lo valioso no son los galpones o las impresoras, sino el acceso al conocimiento y a capacitación de avanzada para los que allí trabajan.

El triunfo de los corruptos

El tema de la “corrupción” en la reventa de entradas a un espectáculo deportivo podría parecer de menor importancia en relación con los muchos y graves problemas que enfrentamos. Sin embargo, no es así. En efecto, analizar este caso ayuda a comprender una gama mucho más amplia de fenómenos ligados directa o indirectamente a la corrupción que se observa en el país.

Primero los hechos. El precio de las entradas a los partidos del Mundial dependían del partido en cuestión: para la “Categoría 1”, aproximadamente US$ 175 en los partidos de grupo, aumentando hasta llegar a US$ 990 en la final. En todos los partidos un cierto número de entradas no salen a la venta, sino que son “de cortesía”. Para la final, aproximadamente el 15 por ciento de la capacidad del estadio correspondía a esta categoría. Durante la Copa las entradas fueron vendidas de acuerdo a un detallado reglamento. El objetivo (no logrado) era evitar que revendedores lucren “especulando” con diferenciales entre el precio de compra y el de posible venta.

El precio de US$ 990 que valía (para la final) la entrada “Categoría 1” aumentó más de 7 veces (hasta casi los US$ 7.500) entre el momento inicial de puesta a la venta y el día del partido. Ninguna inversión rinde un retorno de 600 % en pocos meses. Cuando una de este tipo aparece, son muchos los tentados a aprovecharla, por más reglamentos que existan.

Precios “oficiales” marcadamente inferiores a los que equilibran oferta y demanda crean exceso de demanda, que en definitiva se elimina a través de mecanismos de racionamiento alternativo: amiguismo, el mercado negro u otros.
Sea cual fuere el origen de las entradas puestas en reventa, el problema es el mismo: en la medida que el mercado impersonal se reemplaza por otros mecanismos aparecen rentas que algunos intentan capturar. Si las entradas se vendieran a precios donde oferta iguala demanda (por ejemplo a través de una subasta), lo anterior no ocurriría.

Algunos dirán que esto permite que sólo “los que tienen” pueden ver los partidos. Es cierto. La venta a través de un mecanismo de subasta generaría que muchos que quisieran ver el partido a US$ 990 no puedan hacerlo, al tener que pagar un precio más alto. Pero nada impide que el país anfitrión le cobre a la FIFA una regalía por los ingresos extra generados por los ahora más altos precios de entradas. Y con esta regalía, por ejemplo, podría construir un hospital de niños de alta complejidad. ¿Qué es más importante? ¿Vender las entradas a precio menor al de equilibrio, con la reventa resultante, o permitir que Joao o María reciban atención médica de primer nivel?

Sin embargo, lo que ocurrió con las entradas del Mundial resulta insignificante en comparación con la oportunidad de captura de rentas (léase corrupción) en el comercio internacional argentino. Las importaciones totales del país oscilan en los 60-70 mil millones de dólares anuales. Una parte importante de éstas se hallan sujetas a permisos otorgados en forma discrecional por parte de funcionarios. Otra fracción la componen importaciones gestionadas en forma directa por el Estado (por ejemplo energía).

En el caso del Mundial, la “corrupción” existe por el hecho de que los precios de las entradas son mantenidos en forma artificialmente baja, dando lugar a rentas resultantes de reventa. En el caso de las importaciones, las trabas también resultan en oportunidades de arbitraje: lo que están dispuestos a pagar los importadores por un repuesto o materia prima excede en mucho el precio de este recurso en el mercado internacional. La diferencia es la “renta” que el funcionario que otorga permisos puede llegar a capturar para sí mismo. Hay mucha renta a repartir cuando las importaciones totales son más de 60 mil millones de dólares anuales. Así, lo del Mundial 2014 pasa a ser cambio chico.

Derecho de huelga y derecho de trabajar

Hace pocas semanas, un motociclista fue arrojado de un puente por intentar pasar un piquete integrado por trabajadores en huelga. En una entrevista periodística, un dirigente gremial explica el hecho como resultado de que “el motociclista era un rompehuelgas”. El caso mencionado es extremo, sin embargo pone sobre el tapete los límites del derecho de huelga, del derecho de protesta y por supuesto del derecho de trabajar. Las consideraciones anteriores son pertinentes en momentos como los actuales, donde huelgas docentes resultaron en importantes pérdidas de días de clase, y varios gremios resolvieron un paro de actividades para el 10 de abril.

El artículo 14 bis de la Constitución Argentina establece el derecho de huelga de los trabajadores. En contraste con lo anterior, el artículo 14 establece el derecho “a trabajar y ejercer toda industria lícita”. La interpretación que se haga de estos dos artículos tiene profundas implicancias para la generación de riqueza del país, y por supuesto para las perspectivas de progreso de amplios sectores de la población.

Una huelga se ejecuta cuando representantes de los trabajadores de una empresa demandan salarios -o condiciones laborales- que la empresa (u organización pública) no está dispuesta a conceder. La huelga se inicia o mantiene a través de un mecanismo político, donde los trabajadores no deciden en forma individual, sino a través de representantes o una decisión colectiva en asamblea. Si una huelga se decide en una asamblea de trabajadores y el 51 % vota por cesar actividades y el 49 % por continuarlas, las actividades cesarán y la “minoría” del 49 % se verá obligada a un curso de acción no preferido, aún cuando este acaree para ellos importantes costos.

El éxito de los huelguistas depende de la posibilidad de impedir que aquellos que preferirían acordar (y así trabajar) puedan hacerlo. Si los huelguistas pretenden ganar 100 y la empresa ofrece 80, muy bien puede ocurrir que trabajadores tanto dentro de la empresa (actuales empleados) como fuera de ella (empleados potenciales) prefieran aceptar 80 y trabajar que pedir 100 y no hacerlo. El éxito de la huelga, en definitiva, tiene como condición necesaria la coerción (física, psicológica o moral) de unos contra otros.

El hecho de que la huelga se decide en forma “democrática”, ya sea en forma directa (asamblea de trabajadores) o indirecta (representantes de estos) no elimina el carácter coercitivo que ésta en general tiene para con aquellos que preferirían un curso de acción distinto al de los huelguistas. La “democracia” del mecanismo de huelga se asienta, en definitiva en amenaza de violencia, o violencia efectiva de parte de algunos en contra de otros. La existencia del derecho de huelga, consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución no debe hacernos ignorar el derecho a trabajar, claramente establecido en el Artículo 14 del mismo texto legal. Muchos gobiernos, sin embargo, han ignorado estos principios. Las consecuencias sobre la libertad individual resultan evidentes.

Siguen importando las ideas

Lo que importa es resolver los problemas de la gente. Las ideologías son cosa del pasado. La dicotomía “más mercado” o “más Estado” es falsa. El pragmatismo y sobre todo la honestidad es lo que importa. Nos permitimos disentir con el planteo anterior. El diseño de las reglas de juego que guían la organización económica de un país requiere más que sentido común y supuesta armonización de intereses entre partes.

El reciente affaire entre el gobierno argentino y la empresa LAN ilustra a las claras lo que está en juego. La presidenta acusa a Chile de no “ofrecer reciprocidad” en lo relativo a acceso a rutas en el vecino país. ¿Por qué esto resulta una variable a tener en cuenta? Lo que como argentinos nos importa en definitiva es el acceso al transporte aéreo barato y de buena calidad, cosa que puede ofrecer en mejores condiciones un mercado aéreo local más competitivo. Nos conviene que LAN ofrezca vuelos aquí, aún cuando Aerolíneas no lo haga en Chile. Que Aerolíneas penetre en otros mercados si Chile no lo permite, o que venda aviones y reduzca personal si tiene recursos ociosos. Es lo que cualquier empresa haría. Mariano Recalde, el mandamás de Aerolíneas, reclama para “nuestra” compañía privilegios que en última instancia los pasajeros o los contribuyentes terminan pagando.

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