En los años 60 y 70, el sistema político de la región vio crecer  cada vez más la influencia de un actor corporativo muy fuerte como eran entonces las Fuerzas Armadas. Así, el Cono Sur se pobló de dictaduras militares, en el marco de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que identificaba al “enemigo” como “interno” a las sociedades, en los sectores de izquierda o nacional-populares.

Esas presiones se extendieron también durante los años 80, dirigidas hacia las jóvenes democracias sudamericanas: el expresidente Raúl Alfonsín debió enfrentar tres alzamientos “carapintadas”, en tanto que otras democracias de la región mantenían relaciones de tensión con el actor militar en el marco de transiciones “pactadas”.

En las últimas décadas, mientras los militares redujeron su nivel de influencia, otros actores comenzaron a ejercer distintos grados de presión corporativa hacia los funcionarios electos en forma democrática. Uno de ellos y muy notorio han sido las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2013, distintas Policías provinciales se rebelaron como parte de un movimiento que el Gobierno tildó de “desestabilizador”. Los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) sufrieron también, en 2010 y 2012, respectivamente, rebeliones policiales que llegaron a poner en cuestión su estabilidad política. El expresidente paraguayo Fernando Lugo comenzó a vivir la crisis política que derivó en el comienzo del fin de su mandato cuando se registró en circunstancias muy poco claras la muerte de once campesinos y seis uniformados durante un desalojo de tierras agrícolas llevado adelante por la Policía local. A partir de esos violentos hechos se desencadenó el peculiar juicio político que lo destituyó, provocando una ruptura del orden institucional del vecino país. Continuar leyendo →