La mutabilidad del comportamiento de las bandas criminales en Medellín

La alcaldía de Medellín y el vicealcalde de gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía, han destinado -en un gran esfuerzo administrativo- un aumento en el número de uniformados de la policía nacional que entrarían a reforzar los cuadrantes de la ciudad de Medellín, tratando con esto, entre otras importantes medidas que se han tomado, de disminuir de manera drástica los indicadores de delincuencia en la ciudad. Se espera que para principios de 2014 con otros mil policías, se logre la consolidación de 400 cuadrantes para la ciudad más innovadora del mundo. ¿Podrá esto contrarrestar seriamente la actividad de los combos y de las bandas criminales en cuanto a la extorsión a las empresas de transportes y a las tiendas de barrio y del sector productivo de la ciudad?, ¿por qué a pesar de un esfuerzo en gasto en seguridad y unidades de la policía, no logra restarle poder a las bandas criminales de la ciudad?, ¿el pacto entre combos que no ha sido aceptado de manera alguna por las autoridades, se ha convertido en una manera de reducir la violencia en la ciudad? Tres elementos nos permiten vislumbrar con mayor preocupación, lo que ocurre en la ciudad.

El crimen organizado 

Es innegable que tanto en el Departamento de Antioquia, y en particular en la ciudad de Medellín, la presencia de las bandas criminales y grupos ODIN (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico), han generado toda una gran red de microtráfico y microextorsión en toda el área metropolitana, que ante las perspectivas futuras, difícilmente se logrará controlar. ¿A qué se debe esta incapacidad institucional para hacer frente a este tipo de grupos criminales que operan en la ciudad? Por un lado, la percepción sobre la seguridad en la ciudad de Medellín no mejora de manera positiva, a pesar de los esfuerzos institucionales evidentes, las capturas a los cabecillas de las bandas y la incautación de gran cantidad de estupefacientes en las denominadas “ollas” del vicio. Es perceptible un clima de tensión en algunos barrios de la ciudad por un pacto, que si bien no es reconocido, ni aceptado, ni apoyado por la Alcaldía de Medellín, corre el rumor de un pacto que en algunos caso se hace evidente para la ciudadanía, y que permite en una cierta calma, hablar de reducción de ataques entre combos.

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La última carta de Juan Manuel Santos frente a la reelección

Colombia se enfrenta a un escenario complicado en los próximos años. En medio de un proceso de paz que se realiza en La Habana con el grupo terrorista de las FARC , y que ha tenido como telón de fondo el recrudecimiento de las acciones de terrorismo en el país -denominado “el octubre negro”-; un segundo elemento que es fundamental y no puede dejarse de lado: es la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el fuero militar por vicios de forma, que implicaría (de acuerdo con este alto tribunal) que tendría que iniciarse nuevamente el proceso legislativo que duraría un año completo; en tercer lugar, se da hoy un escenario preelectoral que no sólo tendrá las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, sino también la elección presidencial en la cual se debe incluir, sin lugar a dudas, la candidatura de Juan Manuel Santos. En este escenario, no es fácil ver con cierta previsibilidad lo que pueda ocurrir en el país, pero lo que parece ser más cercano a todo esto, y que se convierte en la hipótesis central de este artículo, es que el presidente Juan Manuel Santos aceptará o promoverá un cese bilateral de hostilidades para lograr con ello acelerar un acuerdo de paz con las FARC.

Las negociaciones en medio de la confrontación

Como primer elemento de análisis, las negociaciones con las FARC , de acuerdo con las declaraciones del presidente Santos, no tendrán un punto final en noviembre del año en curso (ver las palabras del señor presidente de Colombia en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 19 de octubre de 2013). Esto ha sido evidente desde que en otros momentos las FARC  se han pronunciado, afirmando que ellos no van a dejarse presionar para lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia. Es evidente que el tiempo de las FARC es el tiempo revolucionario, es decir, aquel que no puede fijarse con fechas en el calendario, y esto hará que la negociación se prolongue en el tiempo. Además, la presión sobre la mesa de negociación pasa por un momento coyuntural muy importante para este grupo al margen de la ley, y es que durante todo el mes de octubre se han incrementado sus acciones de sabotaje, terrorismo, y un escalamiento en los hostigamientos y la voladura de torres de energía (como en el caso del municipio de Tumaco, que ha permanecido casi un mes sin energía eléctrica por la voladura de al menos 10 torres de energía eléctrica, hecho ocurrido el 16 de agosto), que ponen a prueba la paciencia de la población y del mismo presidente, pero que en última instancia no lo han llevado a reaccionar con contundencia frente a estos últimos atentados, que han afectado directamente a la población civil. El octubre negro no sólo deja en claro que las FARC intentan poner en riesgo la seguridad del Estado, sino presionar al mismo a dar otro tipo de ventajas como las de extender el tiempo de la negociación e incluir, como lo han anunciado otras 99 propuestas, para que se agilice dicho proceso de paz. Por lo anterior, la hipótesis de un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC es posible en estos momentos.

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Los dilemas de la gobernabilidad de Juan Manuel Santos

A las últimas declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos, en las cuales había dicho que no hay paro general en Colombia, le ha respondido (una parte de la población colombiana) con una serie de protestas de características mayúsculas que al parecer no preocupaban al primer mandatario. El presidente ha tratado de disminuir el impacto restándole importancia a todos los brotes de protesta: a los camioneros que protestan por el precio alto de los combustibles y las bajas tarifas de los fletes, a los campesinos, en especial los paperos y los caficultores que piden un mejor precio para sus productos y los mineros que se encuentran en una encrucijada en la normalización de su situación como empresas legalmente constituidas, y que a su vez se enfrentan al crecimiento de la minería ilegal y la influencia de grupos criminales que los extorsionan por la actividad que desempeñan. El tema de la estabilidad social de Colombia no es claro, y podríamos resumir esta circunstancia en tres dilemas cruciales de la gobernabilidad del presidente de Colombia.

El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros. 

Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.

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¿Gana o pierde Colombia frente a Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia definió en el fallo del día lunes,  unas nuevas fronteras limítrofes entre Colombia y Nicaragua en el Caribe. ¿Qué implicaciones tiene este fallo histórico para la soberanía nacional colombiana  ante el contexto internacional? En el mediano plazo, Colombia tendrá que resolver pretensiones con otros países con los cuales limita en el Caribe, y en especial tendrá que indagar la posibilidad de una negociación con Venezuela, país con el cual se tiene un litigo no resuelto aún. ¿Qué tan importante puede ser una política internacional de quedar bien con todos los vecinos, como lo ha pretendido el presidente Juan Manuel Santos, sin definir posiciones claras frente a temas tan fundamentales como el terrorismo de las FARC y los problemas limítrofes con sus vecinos?.

 

Tres aspectos  para analizar de este fallo de la Corte Internacional de Justicia.

En primer lugar, un fallo que no admite apelación, difícilmente podrá ser revisado a pesar de que Santos haya expresado que la Corte Internacional cometió errores en la sentencia expresada. En estas circunstancias, en efecto, el debate interno en el país tendrá que hacerse de cara a una reforma constitucional donde se deberá modificar el acápite referido al Territorio Colombiano, Art 101 de la Constitución Nacional, debiendo incorporar el fallo de la CIJ para fijar unos nuevos límites marítimos en la región Caribe. Este primer elemento- a pesar de que Colombia ha mantenido una tradición de respeto al Derecho Internacional- no deja de ser grave para el país, pues representa una pérdida importante de su territorio en el mar, es una pérdida geopolítica y geoestratégica importante para Colombia en lo referido a la exploración, explotación e investigación marítima y la seguridad nacional.

 

En segundo lugar, el fallo de la corte da mayores ventajas a las pretensiones de Nicaragua al aumentar su área de influencia marítima. Constituye esto un elemento de ventaja geopolítica frente a Colombia. El presidente Daniel Ortega se atribuye de esta manera un éxito en sus pretensiones frente a Colombia, que en varias ocasiones ha sido muy exagerada, pues ha tratado de desconocer el respeto que Colombia ha sostenido frente al Derecho Internacional y que para el mandatario nicaragüense ha sido desconocido en varios momentos.  En esta perspectiva, la reacción de los demás mandatarios “revolucionarios” y miembros del ALBA, será la de apoyar pretensiones que favorezcan a cada uno de sus países, invocando razones alejadas de los argumentos legales y formales. Entre ellos será fundamental reclamaciones como en el caso de  Bolivia y Venezuela.

 

Venezuela y Colombia: ¿un litigio próximo?

En tercer lugar, Venezuela ha tenido aspiraciones importantes frente al escenario territorial de Colombia y esto  no se ha discutido con profundidad excepto por algunos debates que  han hecho  algunos académicos en Colombia,  quienes  han señalado con preocupación que existen dentro de la constitución venezolana temas de suma importancia que afectarían los intereses de Colombia  y que no han sido analizados aún. Parte de las negociaciones y discusiones no resueltas tienen que ver con el tema de los Monjes, y con la delimitación de aguas marinas y submarinas que desde hace más de 50 años se discute sin lograr un punto final de acuerdo.

Lo importante del tema fronterizo con Venezuela, que no ha sido discutido en el gobierno de Juan Manuel Santos, es que el gobierno colombiano debe estar alerta a las nuevas reclamaciones que van a surgir a partir del fallo de ayer con Nicaragua, y en especial tomar cartas en los asuntos referidos a la integridad del territorio nacional. Esto pondrá a prueba la política exterior del presidente Juan Manuel Santos, que se ha caracterizado en varios momentos por quedar bien con todos los países vecinos,  evadiendo  la discusión en los temas de trascendencia para el país y que sólo ha servido para postergar asuntos claves para la seguridad nacional de Colombia y la  preservación de la integridad territorial.

En conclusión,  no es muy alentador el panorama para Colombia en temas de litigo internacional, y tendrá que fijarse como  temas de interés nacional la integridad del territorio nacional y la seguridad nacional, para evitar el debilitamiento geopolítico y estratégico como parece estar sucediendo. En consecuencia, la encrucijada para el gobierno de Colombia se encuentra en lograr unir  las fuerzas políticas del país definir y consolidar  políticas de Estado duraderas y serias que represente claridad ante los demás países en el contexto regional de América Latina.