Mauricio Macri no lee los diarios. Ni escucha radio ni mira televisión. O tal vez sí. Aunque parece no haberle prestado atención a uno de los casos de corrupción comprobada de la administración kirchnerista.

En 2010 se publicó por primera vez que al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, le pagaba el alquiler de su departamento la empresa TEBA, que explota la Terminal de Ómnibus de Retiro. Un caso de corrupción pura y dura. El funcionario que debía controlar la concesión recibía una mensualidad de parte de Néstor Otero, dueño y señor de la Terminal de Retiro. Y de otras terminales que el kirchnerismo le otorgó en el interior del país desde 2003.

Otero tardó muy poco en “adquirir” a Jaime. El ex funcionario asumió el 28 de mayo de 2003 y 37 días después, el 4 de julio, ya estaba viviendo en el departamento que pagaba Otero. Jaime retribuyó con creces las dádivas -manera legal de llamar a las coimas- que recibió de Otero. Le extendió la explotación del redituable negocio de la Terminal de Retiro nada menos que hasta 2015. Y en nombre del Estado-es decir de todos y todas – le fijó un canon menor al que pagaba antes.

Por el affaire de los alquileres Jaime y Otero fueron procesados por el juez Norberto Oyarbide. El procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Federal. El fiscal Guillermo Marijuán pidió la elevación del caso a juico oral y público. El juez Claudio Bonadio elevó el expediente a juicio oral y público. La Cámara de Casación resolvió apelaciones y el caso debe ir a juicio oral y público. Todo esto se ha publicado entre 2010 y 2013. Se conoce. Es un caso de corrupción sin atenuantes. Así y todo, tal vez por desinformación o vaya a saber por qué, Macri le otorgó a Otero la Terminal del Sur de la Ciudad. Una excelente idea para descongestionar el tránsito de micros en Retiro y que beneficiará a los habitantes del relegado sur de la metrópolis. Pero el loable proyecto tiene cuestionamientos.

El ex legislador porteño Rafael Gentili, de Izquierda Democrática, hizo un análisis del negociado. “La nueva terminal surgió por iniciativa privada de TEBA, con el objetivo de apropiarse para sí de un negocio millonario, no solo por el volumen de facturación por la utilización de las dársenas por parte de las empresas de micros y los negocios colaterales de la terminal. La forma en la cual fue armada la licitación para la construcción y operación de la terminal implicará que la Ciudad realizará un préstamo a TEBA (instrumentado mediante un contrato de leasing) para que la empresa compre el predio, pagándolo en cuotas durante 18 años. En consecuencia, cuando TEBA ejerza la opción de compra la nueva terminal estará emplazada sobre dominio privado. Esto se debe a que el Gobierno porteño optó por vender tierra pública, en vez de conservar el predio y concesionar la construcción y operación de la terminal”, señaló Gentili.

El ex legislador concluyó que “de esta forma, la nueva terminal de ómnibus será privada, y la Ciudad perderá en un futuro el control de un servicio estratégico. Si durante esos 18 años, la empresa incurriera en incumplimientos, el Gobierno no tendría herramientas para sancionarla. La única forma que el leasing se caiga es si la empresa no cumple con el pago de las cuotas/canon mensuales. Las condiciones en las cuales fue estructurado el contrato de leasing implican que TEBA deberá pagar un monto trimestral a fin de devolver el préstamo, pero de ningún modo pagará un canon por la explotación de la terminal. En adición, tampoco se verá incrementado las cuotas del contrato de leasing por las mejoras que realice la Ciudad mediante la llegada de la extensión de la línea E y una nueva bajada de la autopista especialmente construida para la terminal”. Gentili, que apoya la idea de la construcción de la Terminal del Sur, es crítico del modo en que se establecieron las condiciones beneficiosas para TEBA.

Para que el proyecto se cristalizara, la semana pasada la Legislatura tuvo que votar el cambio de zonificación en el Código de Planeamiento Urbano para permitir construir en el predio una terminal de micros de larga distancia. Hubo 37 legisladores que votaron a favor: los del PRO y casi todo el interbloque del Frente para la Victoria. En contra votaron el espacio de Graciela Ocaña -Confianza Pública- y de Gustavo Vera -Verde Alameda. También el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Se abstuvieron en tanto, el interbloque UNEN y el sector de Pablo Ferreyra, Izquierda Popular.

Otero es un hábil empresario. Sabe como hacer dinero. Si el Estado Nacional le renueva el contrato de concesión de Retiro, gracias al negocio que le otorga Macri, tendrá el monopolio de las terminales de la Ciudad. En cambio si no le renovaran la concesión de Retiro, mantendrá en la Terminal Sur, el 40% de la operación anterior.

También sabe cómo pagarles a quienes lo benefician. Por lo menos eso es lo que comprobaron el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo en la investigación por el enriquecimiento ilícito de Jaime. Cuando en abril pasado Casanello procesó a Jaime y a sus testaferros, incluyó a varios integrantes del clan Otero. Su cuñado Raúl Glories compró una casa en un barrio cerrado que puso a nombre de la ex suegra de a Jaime, una octogenaria de Río Gallegos a la que le quedaba un tanto lejos San Isidro para descansar los fines de semana. La compra de la casa en el barrio cerrado “Camino Real”, realizada en abril de 2006, fue un mes antes de que Otero y Jaime firmaran un acuerdo para la extensión del contrato de Retiro. A fin de ese año, el decreto 1962 firmado por Néstor Kirchner, Julio De Vido y Alberto Fernández le garantizó a Otero la redituable administración de Retiro hasta 2015.

Casanello procesó como testaferros a dos de los directores de TEBA que armaron una sociedad que compró un hotel en Carlos Paz, Córdoba, lejos de los negocios de la Terminal. Le dieron el manejo de ese hotel a Julieta Jaime, la hija del ex funcionario kirchnerista. Esas son apenas algunas -las comprobadas- de las alegrías que Otero le dio a Jaime.

De nada de esto se enteró Macri. O tal vez sí.